Deber de castigar de los Estados: La jurisdicción universal como norma emergente y la responsabilidad penal individual ante crímenes internacionales

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Este documento expone las principales discusiones jurídicas que emanan del ejercicio de “jurisdicción universal” como norma emergente ante la necesidad de perseguir y castigar crímenes internacionales cometidos por jefes de Estado. Así mismo, se analizan los desafíos en su aplicación a partir de la existencia de un régimen de inmunidad penal de funcionarios del Estado.

Ante la aparición de un conjunto de valores reconocidos por la comunidad internacional desde el siglo XX y relativos al bienestar, la dignidad y los derechos humanos, se han venido consolidando instrumentos jurídicos que, en la práctica internacional, han cimentado las bases que permiten establecer la responsabilidad penal individual más allá de una concepción tradicional meramente referente a la soberanía estatal, es decir, al juzgamiento de individuos por parte del Estado al cual son nacionales.[i]

El ejercicio de sancionar delitos que se cometen fuera de las fronteras de un Estado supone una excepción al principio básico de territorialidad de la ley penal, según el cual los Estados pueden enjuiciar hechos cometidos al interior de sus fronteras, como expresión así del ejercicio de soberanía vinculado al ámbito territorial de un Estado.[ii]

La existencia de un consenso e interés supranacional por perseguir y castigar conductas violatorias del derecho internacional da lugar al concepto de jurisdicción universal como principio emergente en derecho internacional. Cabe señalar que este término se refiere a una potestad o a una facultad de un Estado para castigar crímenes internacionales, no estrictamente a una norma tipificada en algún tratado internacional. Al respecto, podría mencionarse que, el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra una de las violaciones de derechos humanos más graves y frecuentes de nuestro tiempo es la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas de 1984[iii], en los que se prohíbe esta práctica incluso en situaciones de excepción o conflicto armado (Artículo 1 de la Convención).

Así pues, se entiende por jurisdicción universal la capacidad del tribunal de cualquier Estado para juzgar a personas por delitos cometidos fuera de su territorio que no estén relacionados con el estado de la nacionalidad de los sospechosos o las víctimas o daños a los propios intereses nacionales del Estado. A veces esta regla se llama jurisdicción universal facultativa.[iv] Es el poder de un país a legislar, aplicar, juzgar y castigar a una persona por delitos cometidos fuera de las fronteras de ese país, y se  aplica en relación con crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.[v] En este orden de ideas, la existencia, al menos en la práctica, de este concepto, demuestra que algunos sistemas jurídicos nacionales están dispuestos a ejercer jurisdicción para perseguir crímenes contra la humanidad que hayan sido cometidos en el extranjero por extranjeros y contra extranjeros.[vi] No obstante, existen diversos tratados internacionales que demuestran la cooperación entre los Estados para extraditar o castigar[vii], lo que supone la maduración y existencia de la jurisdicción universal.

Pese a la importancia que tendría este concepto en el derecho internacional puesto que compensa las limitaciones del derecho nacional y territorial, las discusiones jurídicas se han centrado esencialmente en la licitud del ejercicio de jurisdicción universal. Se han presentado varios casos en los cuales la inexistencia normativa del “ejercicio de jurisdicción” da lugar a controversias entre Estados, por cuanto la incapacidad de judicializar a un individuo que comete delitos en el extranjero se puede convertir en un acto de impunidad, ya sea por la aplicación de leyes de amnistía, por la existencia de principios de inmunidad penal o por la falta de voluntad política entre los Estados en los cuales se ha suscitado la controversia.

Algunos de los casos más efectivos del ejercicio de jurisdicción universal se dan en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tales como el proceso contra el Coronel nazi Adolf Eichmann[viii] quien sería juzgado por tribunales de Israel por haber cometido crímenes aun cuando este Estado no existía y la solicitud de extradición de Israel enviada a Estados Unidos para sancionar a Demjanjunk, quien habría trabajado como guardia en el campo de exterminio de Treblinka.[ix]

Estrictamente en lo que se refiere a funcionarios de Estado, el caso de Augusto Pinochet detenido en Londres y posteriormente dejado en libertad[x] y un empleado en ejercicio de la República del Congo solicitado en detención por Bélgica[xi] demuestran que, la concepción respecto a la justicia universal es distinta desde la óptica de la Corte Internacional de Justicia en virtud de las inmunidades personales y funcionales de altos funcionarios, y la labor de la Corte Penal Internacional.

Pese a que los jefes de Estado gozan de inmunidad para la persecución criminal, salvo en casos de crímenes internacionales (guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión), la promulgación de leyes de amnistía no es compatible con el deber de los Estados de castigar e imponer sanciones adecuadas. En los dos últimos casos citados se puede mencionar que en las inmunidades personales de funcionarios de Estado la violación del derecho internacional no es imputable al agente oficial sino al Estado.[xii] Sin embargo, esto no se traduce en la exoneración de responsabilidades individuales penales para la persona que comete los delitos.

Aunque por ejemplo los agentes diplomáticos no pueden ser objeto de detención o arresto[xiii], el Estado que envía al agente puede renunciar a la inmunidad en caso de violar las normas del Estado receptor.[xiv] A pesar de la necesidad de establecer un principio de justicia universal, algunos Estados mantienen reservas respecto del juzgamiento de sus nacionales, sea el caso de los Estados Unidos ante la creación de los denominados “Acuerdos de impunidad”[xv] que impiden su aplicación.

[i] Arán, Mercedes,“Crimen internacional y jurisdicción universal, el caso Pinochet: el principio de justicia universal”, en www.uclm.es consulta de noviembre 17 de 2013.

[ii]Ibídem, pp. 64.

[iii] Kälin, Walter. “La lucha contra la tortura”, Revista Internacional de la Cruz Roja, 1998, pp. 1.

[iv]Benenson, Peter,Universal jurisdiction: a preliminary survey of legislation around the world, Amnesty International Publications, London, 2011, pp. 6.

[v]  Kohn, Irit, “Israel at 60: Its Historical and Legal Rights Still Challenged?   “Universal jurisdiction”, en Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), Israel, 2010, en www.isn.ethz.ch consulta de noviembre 17 de 2013.

[vi] Fuentes, Ximena.“La jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional”, Revista de Estudios de la Justicia, 2004, (4), pp. 123.

[vii] Ver Convención Internacional contra la Toma de Rehenes (1979).

[viii]Benenson, Peter, Eichmann supreme court judgment: 50 years on, its significance today, Amnesty International Publications, London, 2012, pp. 21.

[ix]Holtzman, Elizabeth, “The John Demjanjuk Case”, en NY Times, Nueva York, marzo 23 de 2012.

[x] Jiménez. Jhonny. “Pinochet y la Corte Penal Internacional. Nuevo orden internacional en materia de derechos humanos”, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 2001, pp. 193.

[xi] Ver CIJ, caso de Arrest Warrant (2002).

[xii] Monroy Cabra, Marco Gerardo, “Introducción al derecho penal internacional: inmunidades”. Legis, Bogotá, 2011, pp. 142.

[xiii] Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, Artículo 29.

[xiv] Ibídem, artículo 32.

[xv] Los acuerdos de impunidad establecen que los países que firmaron el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional en 1998 se abstienen de perseguir o enviar a la Corte a cualquier nacional de Estados Unidos de cometer los crímenes de competencia de la misma, con el objetivo de excluir a las tropas norteamericanas de toda transferencia o juzgamiento.

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