El delito de Trata de personas: Instrumentos internacionales y alcances de la ley penal colombiana

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Este artículo describe los principales elementos jurídicos derivados de instrumentos internacionales que tienen relación con el delito de trata de personas y hace una referencia especial a los alcances de la ley penal nacional para combatir este flagelo.  

Definidos los derechos humanos como garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana[i], los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir la trata de seres humanos, concepto antiguamente vinculado con prácticas esclavistas de los Estados y cuyo contenido en principio era racial (venta de esclavos negros y mujeres blancas con fines de explotación sexual) se materializaron en la Convención de Palermo, instrumento normativo que define el concepto de trata de personas[ii] y lo presenta como una de los principales fuentes de financiación de organizaciones criminales transnacionales.

Pese a que no existe ninguna alusión expresa a la explotación sexual, este instrumento lo incluye como una de las finalidades  más frecuentes de la trata de personas. Por otra parte, la existencia de diferentes instrumentos internacionales para describir conductas que en principio están estrechamente vinculadas ha dado lugar a múltiples interpretaciones respecto a la identificación de las conductas punibles en las legislaciones nacionales, sea por ejemplo el caso de esclavitud[iii], trabajos forzosos o trata de personas.[iv] Es por ello que para fortalecer la lucha contra estos delitos los Estados buscan armonizar su legislación penal nacional para una efectiva judicialización de los victimarios, para la creación de mecanismos de sanción y represión, para la asistencia y atención de las víctimas  y para evitar incurrir en una duplicidad de esfuerzos y aplicar efectivamente la norma que corresponda.

Ante las responsabilidades que adquiere un Estado frente a la ratificación de acuerdos internacionales con valor constitucional (esencialmente en lo que se refiere a normas sobre los derechos humanos y los convenios internacionales del trabajo)[v], la trata de personas en Colombia ha sido incorporada en la legislación penal como una conducta típica, antijurídica y culpable que busca proteger entre otros el bien jurídico de la autonomía personal.

Esta protección a la autonomía, se explica en la necesidad de garantizar la capacidad del individuo de autodeterminarse libremente, de tomar sus decisiones, regirse por las mismas y cambiarlas cuando considere sin presiones externas, razón por la cual los elementos descriptivos del tipo penal actual de trata de personas suponen como conducta reprochable el establecimiento de una relación visible o invisible de dominación y disponibilidad de un individuo sobre otro con fines de explotación.

Como vulneración de los derechos humanos, este delito es tipificado en Colombia en el artículo 188 A del Código Penal[vi], y está contemplado como delito autónomo a la desaparición forzada, al secuestro y al secuestro extorsivo, es decir, otros delitos que afectan la libertad y autonomía de las personas.

No obstante, por estar estrechamente relacionados con el delito de trata, el derecho a la libertad y a la autonomía personal se ven inmersos en esta dinámica. Así, la libertad se define como la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier forma de limitación de la autonomía de la persona[vii], y la desaparición se configura como vulneración a la libertad en la medida en que esta última puede ser interpretada como una limitante para la autodeterminación.

Pese a que se ha presentado un proceso de adecuación de la ley penal con la Convención de Palermo sobre trata, la lectura e interpretación de la ley penal colombiana en esta materia es mucho más amplia que la contenida en los instrumentos internacionales. Para que se configure el delito de trata según la Convención es necesario que concurra uno de los verbos rectores (captar, trasladar, acoger o recibir), y se den tres elementos constitutivos: el acto, los medios y la finalidad de explotación. La ley penal nacional no se adapta de conformidad con esta característica, y en este caso, para que exista el delito de trata en Colombia no es necesario que se produzca la explotación, por el contrario basta con la intención manifiesta de explotar a otra persona, y meramente con la comisión del acto a través de alguno de los medios anteriormente señalados.

Es claro que la existencia de normas jurídicas para reprimir y sancionar estas conductas punibles es un elemento clave para la mitigación del delito. No obstante, las medidas deben estar encaminadas a fortalecer las herramientas de prevención del delito y la efectiva atención a las víctimas. Estas situaciones complejas pueden presentarse cuando una persona es víctima de trata externa o transnacional e ingresa a su territorio nacional, e inclusive, sufre este flagelo al interior de sus fronteras y no cuenta con los elementos y la ayuda por parte de las instituciones que deben prestarle asistencia inmediata (una vez el caso se conozca por las autoridades competentes) y mediata (una vez interpuesta la denuncia).[viii]

[i] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “¿Cuál es la relación entre los derechos humanos, la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio?”, en Preguntas frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, Ginebra, 2006, en www.ohchr.org consulta de 15 de junio de 2014.

[ii] Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Ver Convención de Palermo, artículo III (2001).

[iii] La esclavitud también constituye parte de las competencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ya que sus prácticas constituyen: a) “Un «crimen de guerra» cuando son practicados por un Estado beligerante contra los nacionales de otro Estado beligerante; b) Un «crimen de lesa humanidad» cuando son practicados por funcionarios públicos contra cualquier persona independientemente de las circunstancias y la nacionalidad de ésta; c) Un delito internacional común cuando son practicados por funcionarios públicos o particulares contra cualquier persona”

[iv] Desde la perspectiva de la OIT, la abolición de la esclavitud constituye una norma imperativa del derecho internacional sobre los derechos humanos, de carácter vinculante y que no admite derogaciones.

[v] El artículo 93 de la Constitución Política de Colombia señala que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

[vi]  Colombia, Congreso de la República, Ley 985 de 2005.

[vii]  Colombia, Corte Constitucional, C-024/1994.

[viii] Uno de los riesgos para la víctima de trata es ser capturada por delitos que pudo haber cometido mientras estaba bajo situación de víctima, y es por esto que efectivamente se pone a consideración de los Estados la posibilidad de cerciorarse de que la legislación impida que las víctimas de la trata de personas sean procesadas, detenidas o sancionadas por el carácter ilegal de su entrada al país o residencia en él o por las actividades en que participen como consecuencia directa de su situación como tal.

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