Mecanismos extrajudiciales y judicialización: Impacto para Colombia ante la Corte Penal Internacional

ICC

Image: By Anca Pandrea (Licensed with Creative Commons BY 2.0)

Por: Andrea Mateus Rugeles/ Miembro Fundador ACCOLDI

En el contexto de las negociaciones en La Habana y específicamente en la indagación acerca de soluciones judiciales viables que satisfagan los derechos de las víctimas pero que permitan a su vez un campo de negociación con los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra, ha surgido la pregunta sobre la relación existente entre mecanismos de esclarecimiento extrajudicial y procesos de judicialización. Esta pregunta puede responderse desde el derecho interno y desde el derecho internacional. Esta entrada se enfocará en la última perspectiva, a la luz de la Corte Penal Internacional (CPI) y su posible interés en abrir una investigación en la situación de Colombia.

En primera medida, hay que recordar que en este momento la situación de Colombia se encuentra bajo observación por parte de la Fiscalía de la CPI. Esta observación está en fase III, significando que la Oficina de la Fiscalía de la Corte ya ha encontrado la existencia de fundamento razonable para creer que en Colombia se han cometido crímenes de la competencia de la Corte (artículo 5 del ER) y actualmente se encuentra estudiando la admisibilidad de la situación de nuestro país.

Ahora bien, para contestar el interrogante sobre la relación entre los mecanismos extrajudiales y la judicialización, y su impacto en la CPI, en el supuesto de que Colombia decidiera no llevar a cabo ningún proceso judicial (investigación o enjuIciamiento), sino solo hacer uso de mecanismos extrajudiciales frente a los miembros de las guerrillas negociadoras responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra, debe plantearse la respuesta a partir de dos escenarios; la admisibilidad y el interés de la justicia.

En cuanto al primero, estaríamos frente a una presunción de admisibilidad, que se entiende ocurre cuando hay inactividad judicial dentro del Estado. En esta medida, se cumpliría el primer componente del test de admisibilidad decantado por la Corte, esto es, el principio de complementariedad y sólo haría falta demostrar la gravedad, como segundo componente. Las Salas de Cuestiones Preliminares en las decisiones de apertura de investigación de las situaciones de Kenia y Costa de Marfil, recuerdan que el análisis de la gravedad deberá hacerse sobre los casos potenciales dentro de la situación bajo estudio; siendo dos los criterios determinadores del concepto de casos potenciales: los grupos de personas involucradas que serán probablemente el foco de una investigación” y  “los crímenes de la competencia de la Corte que se alegan fueron cometidos durante los incidentes, que serán probablemente el foco de una investigación”. Bajo ambos supuestos, una gran parte de los crímenes cometidos por los líderes de las guerrillas, parecen cumplir con este componente de gravedad.

Frente al segundo, en lo que respecta al Interés de la Justicia, es necesario referirse no sólo al artículo 53 del ER, sino también al Policy Paper[1] de la Oficina de la Fiscalía de la CPI, en esta materia (septiembre de 2007).

Conforme al ER, para determinar el interés de la justicia se deben tener en cuenta la gravedad, el interés de las víctimas y las condiciones específicas del acusado.  En el 2009, la Oficina de la Fiscalía de la CPI, bajo la dirección del anterior Fiscal, Luis Moreno Ocampo, expidió una política para dicha oficina en materia de interés de la justicia, en donde hizo referencia a dos aspectos adicionales como “consideraciones potenciales bajo los artículos 53.1 literal c y 53.2 literal c del ER,” (interés de la justicia). Estos dos aspectos adicionales son: otros mecanismos (alternativos) de justicia y los procesos de paz.

De conformidad con el Policy Paper, puede afirmarse que la oficina de la Fiscalía bajo este criterio de interés de la justicia, no comprende el reemplazar su función de investigación por otros mecanismos de justicia dentro del Estado, ni está centrada en analizar los posibles procesos de paz que existan en un Estado determinado. Lo primero, en razón a considerar dichos mecanismos como complementarios de los procesos penales que deben adelantarse frente a los graves crímenes de derecho internacional. Y lo segundo, por cuanto como se refirió expresamente, “la situación de la paz y la segurdad internacional no es de responsabilidad del Fiscal, sino que recae bajo el mandato de otras instituciones”,[2] haciendo referencia al Consejo de Seguridad (CS). Cabe recordar en este contexto, que el ER en su artículo 16 consagra la facultad del CS –basado en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas-, de solicitar a la CPI la suspension de la investigación o enjuiciamiento iniciado en una situación específica, y que la CPI debe proceder conforme a dicha solicitud.

En conclusión, la no realización de procesos judiciales en Colombia en contra de los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y de guerra, como resultado de las negociaciones y del proceso de paz, podría llevar a que la situación de Colombia sea admisible ante la CPI y el proceso de paz no sería razón suficiente para sustentar la no apertura de investigación al encontrarla contraria al interés de la justicia. En esta medida, y por el contrario, al verificarse el cumplimiento de los criterios a nivel interno, para que una situación sea inadmisible ante la Corte, se cumpliría un doble objetivo: la garantía y respeto de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia y el cumplimiento de estándares internacionales que garanticen la no activación del principio de complementariedad por la CPI.

[1] Fiscalía de la Corte Penal Internacional (2007). Policy paper on the interests of justice [fecha de consulta: 19 de abril de 2014]. Disponible en http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/772C95C9-F54D-4321-BF09-73422BB23528/143640/iccotpinterestsofjustice.pdf

[2] Ibídem.

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