Naciones Unidas: Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución para investigar ataques de Israel en Gaza

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Votación en Ginebra – 23 de Julio

Por: Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público – Universidad de Costa Rica

PRIMERA PARTE

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución S-21/1 con fecha del 23/07/2014, aprobó crear una comisión internacional de investigación sobre las posibles violaciones cometidas durante la reciente ofensiva militar israelí en Gaza. El saldo en víctimas mortales palestinas al momento de aprobar esta resolución superaba las 650 personas, de las cuales 170 niños.

El texto aprobado (disponible aquí) precisa que el Consejo: “13. Decide enviar urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, especialmente en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014 /…/ ” .

Palestina: un Estado más Estado desde  el 2012

Desde el 29/11/2012, Palestina ostenta el estatuto de Estado No Miembro Observador (remitimos al lector a una modesta nota al respecto y a una más extensa en francés de la Sentinelle, numéro 329 de janvier 2013). Leemos en el Washington Post del mismo día de aquella sesión newyorquina (ver edición del 29.11.2012) que “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied” (sic).  Desde la perspectiva jurídica, Palestina logró afianzarse con esta votación de noviembre del 2012, al poder suscribir como Estado tratados internacionales. En mayo del 2014, cinco de los ocho tratados suscritos por Palestina entraron en vigor (ver nota de prensa).

Recordemos que el establecimiento por parte de Costa Rica de relaciones oficiales de Estado a Estado con Palestina en febrero del 2008 fue seguido de similares gestos en América Latina: Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011).

En un artículo de diciembre del 2012, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2006-2010), Bruno Stagno (quién fungió como Presidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) durante el período 2005-2008), escribía: “Más allá de la importancia que tiene esta decisión sobre la autodeterminación de Palestina, tiene importantes efectos jurídicos y políticos sobre las eventuales negociaciones de paz en el Medio Oriente. En primer lugar, por primera vez en su historia, Palestina ahora podrá suscribir tratados internacionales, incluyendo en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (Nota 1).


El derecho penal internacional: temores de Israel y de Estados Unidos

Como es sabido, Estados Unidos e Israel comparten preocupaciones con relación a una entidad encargada de juzgar penalmente a responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión: la CPI. Recientemente se leyó en un artículo que para la diplomacia norteamericana, “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). La actual administración norteamericana no pareciera sobre este punto preciso distanciarse mucho de la del Presidente G.W. Bush, ni esta última de la del Presidente B. Clinton.

Tuvimos la oportunidad de escribir en un artículo que, “pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tantos esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán”.

El primer acuerdo bilateral de inmunidad (o “ABI”, que busca impedir el traslado de personal norteamericano a la CPI – ver artículo del profesor Christian G. Sommer) suscrito en el 2002 por Estados Unidos fue precisamente con Israel (el 8 de abril). El primer ABI suscrito con un país de América Latina fue con El Salvador (firmado el 25/10/2002, y ratificado el 29/4/2004). Luego seguirían los ABI con República Dominicana (suscrito el 13/9/2002), Honduras (firmado el 19/9/2002, ratificado el 30/5/2003), Bolivia (suscrito el 19/5/2003), Nicaragua (suscrito el 4/6/2003 y ratificado el 9/7/2003), Panamá (firmado el 24/6/2003), y Colombia (17/9/2003). En el caso de Colombia (ver texto), su aprobación no pasó por el Congreso: una tesis del 2006 sobre el texto afirma (p. 64) que: “… el Acuerdo /…/ firmado en Bogotá el 17 de septiembre de 2003 es violatorio de la Constitución Política y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. En un artículo del 2006 titulado “El control constitucional de los acuerdos en forma simplificada en Colombia: un caso de evasión del control”, se critica la decisión de la Corte de Constitucionalidad: “Adicionalmente y sin argumento alguno, la Corte Constitucional se negó a evaluar los efectos que aún surte la norma demandada, contrariando con ello su propia regla, según la cual, sí procede el juicio de constitucionalidad sobre normas demandadas, en aquellos casos en los que a pesar de la falta de vigencia de la misma, se siguen surtiendo efectos en el tiempo”. Notemos que el ABI con Colombia fue considerado como un verdadero modelo en un cable diplomático del 7/01/2004: “The Ambassador noted that the USG is using its Article 98 agreement with Colombia as a model for negotiations with other nations”.

Las presiones de diversa índole ejercidas sobre Costa Rica para que suscribiera un ABI, incluyendo un intento de la embajada norteamericana para evitar su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa (ver artículo de La Nación del 11/3/2011), llevaron al canciller de Costa Rica a expresar que: “For the love of God, this is not the way to treat a country that is your friend” (ver cable confidencial del 9/09/2005 reproducido por Wikileaks).

Nota 1: Véase STAGNO B., “Palestina y la CPI”, La República (Costa Rica) con fecha del 3/12/2012. Con relación a lo que le significó a Costa Rica defender la integridad del Estatuto de Roma ante la arremetida inédita de la administración de G.W. Bush, a partir del 2002 remitimos al lector a un estudio del mismo Bruno Stagno, editado por la Universidad para la Paz de la Naciones Unidas (Costa Rica)  en el 2012, disponible aquí.

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