Principios rectores sobre empresas y derechos humanos: Promoción y protección al derecho de consulta previa de grupos étnicos en Colombia

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Este artículo dará continuidad al debate planteado por el Vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Álvaro Francisco Amaya, y se centrará en el impacto y responsabilidad que poseen las empresas en la vigencia y subsistencia de grupos étnicos en Colombia.

Si bien aún no se ha constituido un instrumento internacional que obligue jurídicamente a las empresas a respetar y garantizar los derechos humanos, si existe un amplio marco jurídico para la protección a los derechos humanos que crea obligaciones a los Estados para su cumplimiento.[i] Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, instrumento que pese a ser una mera declaración,  impuso deberes a los Estados y adquirió fuerza vinculante como costumbre internacional debido a su generalizada aceptación e incorporación a las constituciones nacionales de los países,[ii] los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos así como sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que versan sobre Principios Fundamentales y Derechos de Trabajo y  los tratados que tutelan los derechos individuales y colectivos de grupos étnicos y población vulnerable.[iii]

Como se señalaba anteriormente, aunque las empresas no están obligadas directamente a cumplir estos estándares internacionales, esto no es un pretexto para no establecer unos parámetros mínimos que garanticen su protección, lo cierto es que es responsabilidad del Estado hacer que las empresas acaten normas en esta materia. Así lo manifestó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en 2011 en el desarrollo de un evento sobre empresas y derechos humanos, en el que también hizo mención a la construcción de un marco normativo relativo a la responsabilidad de las empresas. Así pues, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esgrimió los principales pilares de la protección y promoción de tales derechos,[iv] esto con objeto de impulsar a las empresas a ajustar sus acciones, evitar cualquier posible violación a los derechos humanos y tomar medidas para reaccionar oportunamente.

Ahora bien, el desarrollo de proyectos y actividades económicas en Colombia en el marco de un conflicto interno ha generado mayores desafíos para las empresas, principalmente en el escenario hipotético de llevar a cabo por ejemplo grandes inversiones en territorios indígenas o poblaciones vulnerables que pudieran haber sido víctimas de dicho conflicto, aumentando el número de la población en situación de desplazamiento. Este hecho suele ser vinculado con la apropiación ilícita de tierras en Colombia por parte de grupos insurgentes y/o sectores económicos. Es por esto que, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece medidas para la materialización de los derechos de las víctimas, involucrando tanto al Estado como sujeto activo garante de los derechos humanos como a la empresa privada, en caso de haber lesionado a la población en el marco del conflicto, por lo que se le atribuye responsabilidad de reparación.[v] Las empresas también deben hacer aportes y por tanto se constituyen como una de las fuentes de financiación del fondo de reparación para las víctimas de la violencia,[vi] esto en escenarios en los cuales se les atribuya haber financiado grupos al margen de la ley.[vii]

Para la especial protección a grupos étnicos en Colombia, es necesario determinar la posible afectación y subsistencia de vidas humanas ante el desarrollo de proyectos empresariales enfocados en la extracción de recursos naturales, hecho que aunado a la explotación minera acrecentada en los últimos años por configurarse como una de las ventajas económicamente comparativas de nuestro país, supone un desafío a la integridad cultural de pueblos indígenas y comunidades afro. Respecto a estos grupos poblacionales, existen derechos reconocidos en normas internacionales que les conceden poder de decisión, particularmente en torno a la posibilidad de expresar su consentimiento previo y libre frente al desarrollo de proyectos que puedan poner en peligro su subsistencia. Este derecho está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,[viii] y también es uno de los pilares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce la participación de las comunidades y su importante papel en pro de actividades económicas, además de indicar que el reparto de beneficios debe ser mutuo y favorecer tanto a las empresas como a la población.

En lo que concierne al derecho a una consulta previa, la Corte Constitucional Colombiana sentó un precedente al referirse a la explotación de recursos en pueblos indígenas y señalar que tanto las disposiciones constitucionales como las regulaciones del Convenio 169 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad,[ix] e igualmente reiteró el derecho de la comunidad indígena (refiriéndose al pueblo Uwa) a su subsistencia[x] e integridad étnica. Conjuntamente, en lo que se refiere a la subsistencia de los pueblos indígenas, el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2013 ofrece recomendaciones específicas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones en este ámbito, por lo que exhorta al Estado colombiano a llevar a cabo consultas previas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.[xi]

Las empresas deben crear mecanismos tendientes a respetar los derechos humanos conforme a las leyes nacionales e internacionales que garantizan su cumplimiento debido a que son de carácter universal y su aplicación debe darse en todo momento y circunstancia. Una buena forma de promover la protección y promoción a los derechos humanos por parte de las empresas es la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,[xii] el cual supone compromisos para implementar acciones y desplegar su actividad económica con un enfoque de derechos humanos, creando estándares laborales que propendan por la eliminación del trabajo forzoso o coaccionado, la protección al medio ambiente y la creación de estrategias para combatir la corrupción. Si bien esta adhesión carecería de carácter vinculante, si establece la incorporación de medidas de protección para los derechos humanos y entra en consonancia con las leyes que pretenden contribuir a la materialización de los derechos humanos en Colombia así como la debida planificación de proyectos empresariales que beneficien a grupos vulnerables y minorías étnicas.

[i] La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen, evitando y mitigando consecuencias negativas sobre tales derechos.

[ii] Cárdenas Castañeda, Fabián; Uribe Vargas, Diego. “Fuentes del Derecho Internacional Ambiental”, en Derecho Internacional Ambiental, Universidad  Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2010, pp. 178.

[iii] Para ampliar información ver: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.

[iv] Los principios descritos por el Consejo de Derechos Humanos fueron: 1) Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y libertades fundamentales, 2) Las empresas tienen la responsabilidad de respetar las leyes y los derechos humanos y 3) Las víctimas de infracciones o abusos cometidos por empresas deben tener acceso a justicia y remedios efectivos.

[v] Colombia, Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, artículo 33.

[vi]  Ibídem, artículo 177.

[vii]  En el 2003 pudo determinarse que la filial Banaldex de la multinacional Chiquita Brands, productora y distribuidora de plátanos, entregó dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia desde el año 2000,  cuya finalidad era que dicha compañía pudiera operar en la región de Urabá. Para ampliar información ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-pecados-de-chiquita-brands-articulo-391790

[viii] Los ejes centrales del Convenio giran en torno al resto de las culturas, las formas de vida e instituciones de los pueblos indígenas y a la consulta y participación efectiva en las decisiones que les afecte.

[ix] Colombia, Corte Constitucional, Sentencia Unificadora 039 de 1997.

[x] Ver artículo 330, Constitución Política de Colombia, 1991.

[xi] El artículo 91 del Informe Anual expresa textualmente la preocupación existente en materia del derecho a la consulta previa en Colombia afirmando que las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico.

[xii] Para ampliar información ver: http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.HTML

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