La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997

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PARTE II

Por: Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Ambiental, Cátedra UNITAR en la Maestría de Derecho Ambiental / Universidad de Costa Rica / Profesor en la Maestría en Diplomacia / Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta

Un instrumento casi ignorado en América Latina:

Al consultar el estado de firmas y ratificaciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997, según la tabla oficial (disponible  aquí), resulta llamativo que el continente que concentra mayores recursos hídricos, que cuenta con una interesante práctica en materia de acuerdos bilaterales o regionales en la materia (Nota 3) y en el que se contabilizan una gran cantidad de fronteras internacionales localizadas en ríos fronterizos (o cuencas hídricas compartidas) esté prácticamente ausente de dicha tabla: nos referimos a América Latina.

Una firma de Venezuela (1997) y una de Paraguay (1998) parecieran ser los únicos “logros” obtenidos durante 17 años de diversas campañas a favor de su ratificación promovidas por diversas organizaciones regionales y ONG en un (también sin fin …) número de foros y reuniones en la región. A la fecha, ningún Estado de América Latina es parte a este instrumento, ya que, como bien se sabe, además de firmar un tratado, hay que ratificarlo. Una evaluación rigurosa  (y ojalá crítica) de las distintas campañas de ratificación realizadas por algunas organizaciones se impone, ya que raramente se ha observado un impacto tan limitado de una campaña en favor de la ratificación de un instrumento a vocación universal.

Independientemente de su entrada en vigor, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha hecho referencias expresas en su jurisprudencia a los principios contenidos en esta Convención adoptada en 1997: lo hizo incluso en el mismo año de 1997, con ocasión del asunto de la represa Gabcikovo Nagymaros (Hungría c. Eslovaquia, sentencia del 25 de septiembre de 1997) (Nota 4). Cabe recordar que el texto de la Convención es el resultado de más de más de 20 años de arduas discusiones en el seno de la Comisión de Derecho Internacional (CDI), órgano técnico encargado de codificar las reglas del derecho internacional público según el organigrama de las Naciones Unidas: los inicios de los trabajos sobre este tema en el seno de la CDI datan de 1974, y el anteproyecto de Convención fue aprobado por este órgano tan solo en 1994.

Durante esos 20 años, la CDI tuvo siempre la ocasión de contraponer los avances de su proyecto con las posiciones oficiales defendidas por los Estados, en las valoraciones de estos al texto propuesto, expuestas anualmente en el seno de la VI Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Después de 1994, año en que fue aprobado el anteproyecto por parte de la CDI, los Estados miembros de Naciones Unidas conformaron, en el seno de la VI Comisión antes mencionada,  un grupo de trabajo inter-estatal. Lograron adecuar el texto para garantizarle una adopción final mediante la resolución A/RES/517229 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta última resolución fue adoptada en 1997 por 103 votos a favor, 3 en contra (Burundi, China y Turquía) y 27 abstenciones. Por parte de América Latina votaron a favor: Brasil, Chile, Costa Rica, Haití, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. Se abstuvieron los siguientes Estados de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú.

Por su parte, Belice, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana aparecen entre los “No shows” que sumaron en total 52 Estados: se trata de un número extremadamente elevado para la práctica usual en materia de votaciones en el seno del órgano plenario de las Naciones Unidas (ver detalle del voto).

La protección de un curso de agua internacional:

La Parte IV de esta convención (reglas aplicables a cursos de agua internacionales en materia de protección del ambiente) constituye una útil herramienta para Estados partes a una cuenca hidrográfica compartida. Varias de esas reglas pueden ser interpretadas como un eco cercano a lo dispuesto en la Declaración de Río de 1992.  La formulación de estas reglas puede ser contrastada con las reglas enunciadas por la CIJ en el caso de las Plantas de Celulosa (Argentina c. Uruguay, sentencia de abril del 2010): este caso, resuelto de manera sumamente cuestionable  – y cuestionada – por parte de los jueces de la CIJ, recientemente dio lugar a tensiones entre Argentina y Uruguay que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en este artículo.

De la misma manera el contenido de la Parte IV de la Convención deberá ser comparado con las reglas que sean enunciadas por parte de la CIJ con ocasión de los dos casos que enfrentan a Costa Rica y Nicaragua con relación al Río San Juan: el asunto del dragado del río, con la demanda interpuesta por Costa Rica en el 2010 contra Nicaragua; y la denominada “trocha fronteriza” construida por Costa Rica, objeto de la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2011 contra Costa Rica. Ambos contenciosos fueron objeto de una inusual – e inédita – “unión” por parte de los jueces de la CIJ en el 2013 (Nota 5) a solicitud de Nicaragua. Tuvimos de igual manera la posibilidad de analizar en su momento el proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas en Costa Rica desde la perspectiva de las implicaciones (para Costa Rica) de las regulaciones internacionales sobre recursos hidrográficos compartidos (Nota 6).

 Conclusión:

Como suele a veces suceder en algunos campos de la ciencia jurídica, el derecho internacional tiende a modernizar de manera mucho más ágil que el derecho nacional un marco jurídico existente, ofreciendo a los Estados una útil herramienta para guiarlos en álgidos campos donde deben encontrar soluciones de manera conjunta y consensuada. Es el caso de la Convención de 1997 sobre cursos de agua internacionales. Por ejemplo, dos Estados partes a esta Convención, España y Portugal, han entendido de manera muy clara la invitación a la cooperación que les extiende la Convención de 1997: ambos Estados, de manera ejemplar en nuestro modesta opinión, han logrado encontrar en ella una valiosa guía para el aprovechamiento, gestión y protección comunes de las numerosas cuencas hidrográficas que comparten, sean estas superficiales o subterráneas: la Convención de 1997 ha servido de motor para articular una impresionante lista de acuerdos técnicos de aprovechamiento y de cooperación de las aguas superficiales y subterráneas que ambos Estados comparten.

Leemos incluso que el primero de ellos, el convenio de Albufeira de 1998 titulado “Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas” resulta de la influencia directa del texto de 1997 al precisar el autor de un artículo reciente que: “…Finalmente tras cinco años de intensas negociaciones técnicas y diplomáticas, el Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas, se firmó en la ciudad portuguesa de Albufeira en noviembre de 1998, y entró en vigor en el ordenamiento jurídico de Portugal y España el 17 de enero de 2000. No hay dudas de que ha sido claramente influenciada por la Convención de las Naciones Unidas, firmada en Nueva York, en 1997, sobre el Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” (Nota 7).

Es de esperar que esta entrada en vigor reciente sirva también para inspirar a muchos Estados a ratificar este instrumento internacional, en aras de facilitar en acuerdos posteriores, la gestión conjunta de muchos cursos de agua internacionales, en particular en América Latina.

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Nota 3: Véase estudio publicado por la CEPAL de QUEROL M., “Estudio sobre los convenios y acuerdos de cooperación entre los países de América Latina y el Caribe, en relación con sistemas hídricos y cuerpos de agua transfronterizos”, CEPAL, 2003. Disponible aquí.

Nota 4: Véase por ejemplo: RODRIGUEZ HERNANDEZ J.I., “La aportación del asunto Gabcikovo-Nagymaros al derecho internacional del medioambiente”, disponible aquí. 

Nota 5: Véase nuestro modesto análisis, BOEGLIN N., “Costa Rica /Nicaragua et CIJ, Une procédure incidente revisitée: la jonction d´instances”, Publicado en el Boletín Sentinelle de la Société Francaise pour le Droit International (SFDI), Mayo 2013. Disponible aquí. Lo inaudito se mantuvo unos meses después con el rechazo por parte de la CIJ de solicitudes de ambas partes de modificar la medida provisional ordenada el 8 de marzo del 2011, rechazo que tuvimos la oportunidad de analizar brevemente en esta pequeña nota en Elpais.cr (edición del 10/08/2013).

Nota 6: Véase nuestro artículo BOEGLIN N., “Minería química a cielo abierto en el trópico húmedo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: el proyecto minero Crucitas y sus implicaciones internacionales“, Sociedad Latinoamericana para el Derecho Internacional, Perspectivas, Julio 2009 disponible aquí. Con posterioridad al histórico fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de noviembre del 2010, se analizó el tema desde la perspectiva de los acuíferos transfronterizos en un breve artículo, titulado “Acuíferos transfronterizos: respuestas desde el derecho internacional y vacíos en Centroamérica”, Boletín Geológico y Minero (España), 2012, disponible aquí.

Nota 7: Véase OLIVEIRA DO PRADO R.C., “La obligación de cooperar en la gestión de cuencas hidrográficas internacionales. El caso del convenio de Albufeira analizado a la luz del derecho internacional del medio ambiente”, Revista Monfragüe (España), 2012. Disponible aquí.

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