Empresas privadas y de seguridad y los Derechos Humanos: El juicio a los empleados de Blackwater por la masacre de Al Nasur en Irak

Por: Manuel José García 

Miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional 

Antecedentes

Semanas después de la invasión de la coalición multinacional liderada por los Estados Unidos de América que derrocó el régimen de Sadam Husein en Irak en el 2003, se constituyó la Autoridad Provisional de la Coalición que gobernó durante el periodo de ocupación entre 2003 y 2004. En ese periodo este organismo profirió la orden N 17 que le concedió inmunidad a las fuerzas estadounidenses , extranjeras y a los contratistas extranjeros que operaban bajo la órbita de la fuerza multinacional de ocupación.

El 16 de septiembre de 2007 en la plaza Al Nasur en Bagdad, 17 civiles murieron y 20 quedaron heridos tras un enfrentamiento armado en el que participaron ex guardias de la compañía privada de seguridad Blackwater, una empresa  contratista del Departamento de Estado los Estados Unidos, encargada entre otros, de la protección del personal diplomático en Irak.

Las investigaciones posteriores encontraron inconsistencias en las justificaciones realizadas por los ex miembros de Blackwater sobre el uso de la fuerza en esta operación. La polémica que generó esta situación llevó a que Irak revocara esta orden 17 y después cancelara el permiso de operación de la compañía, la cual debido a la mala publicidad recibida por  sus operaciones a nivel global, cambiaria de nombre en 2009 por Xe Services y en 2011 por Academi.

Un Juez Federal de los Estados Unidos de América desestimó una primera demanda contra los funcionarios en 2009 y posteriormente un Tribunal Federal profirió un fallo el pasado 22 de octubre en el que un jurado encontró culpables a tres ex empleados de la compañía de homicidio voluntario y a un cuarto de homicidio en primer grado, al determinar que la respuesta a una presunta agresión no demostrada, fue completamente desproporcionada.

El rol de estas compañías en los conflictos trasnacionales y la dificultad para juzgar a los responsables de violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario han llevado a discutir  la necesidad de regular su actuación por el derecho internacional.

Evolución de  las Empresas Privadas de Seguridad

El control de los Estados sobre las fuerzas armadas no ha sido una constante en la historia. Desde la China y Grecia antiguas hasta la edad media existían ejércitos privados, conformados por mercenarios. No fue sino hasta el surgimiento del Estado de derecho moderno, cuando se enfatiza en el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, que se manifiesta a través de la existencia de ejércitos profesionales permanentes, que  se encuentran subordinados al poder civil.

Sin embargo en la década de los noventa esta situación empezó a cambiar cuando diversos factores como la reducción de los ejércitos después de la guerra fría, el replanteamiento de la función del Estado, con la intención de una mayor eficiencia y optimización de recursos, así como la búsqueda por minimizar los impactos que generaban los ataúdes de los soldados en la opinión publica y las encuestas,  empezó a llevar  a subcontratar muchas de las operaciones que realizaban los ejércitos con contratistas privados.  Así, en las últimas décadas se ha producido un auge de este tipo de compañías, que no solamente prestan servicios de apoyo logístico y consultoría, sino también se han convertido en proveedoras de servicios de seguridad, operando en el campo de batalla.

Problemas

El incremento de estas compañías, plantea varias dificultades para el derecho internacional. El primero tiene que ver con la naturaleza jurídica de los servicios prestados por estas empresas. Por ejemplo no es claro si sus actividades coinciden con las de los mercenarios que se han buscado proscribir en el derecho internacional. Existe una convención que considera estas actividades como un crimen internacional. Igualmente al funcionar en varios países se puede generar una confusión sobre el régimen legal aplicable a las mismas.  También, debido a los distintos tipos de tareas que cumplen, no es tan sencillo determinar si sus empelados son personas que participan directamente en las hostilidades o no.

El segundo tópico  tiene que ver con que estas empresas normalmente son de accionistas de países desarrollados que prestan sus servicios en Estados débiles, donde en muchas ocasiones las condiciones de negociación son muy favorables para estas compañías, como sucedió en Irak, donde se establecieron acuerdos de inmunidad para sus empleados, lo que plantea dudas respecto al control que se puede ejercer sobre las mismas. En este caso concreto la jurisdicción norteamericana terminó investigando la masacre, pero se presenta un riesgo de situaciones que pueden llevar a la impunidad.

Regulación

En los últimos años el Derecho Internacional ha visto la importancia de las empresas multinacionales, que aunque no son en sentido estricto sujetos del derecho internacional, ejercen un impacto importante en las relaciones internacionales. Así han surgido propuestas como el Global Compact que invita a las empresas a comprometerse de forma voluntaria con estándares en la protección del medio ambiente, los derechos humanos, derechos sociales y en la lucha contra la corrupción. y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. Así mismo, en materia de Derechos Humanos existen iniciativas voluntarias como los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos  y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, realizado en el 2011 por el Representante Especial del Secretario General , John Ruggie.

Sin embargo hay sectores que consideran que los desarrollos actuales no son suficientes, como lo señala el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, que considera que el fallo que se acaba de proferir en el Tribunal Federal es una excepción y no es la regla en este tipo de situaciones y considera que se debe establecer un marco regulatorio internacional, a través de la realización de un tratado internacional, que regule específicamente el funcionamiento de estas compañías, para evitar la impunidad en los conflictos transnacionales.

Esta postura contrasta con la de las Empresas, que normalmente no son partidarias de ser objeto de regulación en un tema como los derechos humanos, que muchas consideran como una obligación de los Estados. Existe entonces una tensión en el derecho internacional entre la regulación y la libertad de empresa, entre la codificación y el desarrollo de iniciativas de tipo voluntario y el reto para el derecho internacional consiste en integrar la regulación nacional con la internacional, así como las iniciativas voluntarias con las vinculantes, para potenciar el respeto y la garantía de los Derecho Humanos.

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