El Proceso de Paz y el peligroso discurso de la impunidad. Algunos apuntes desde el derecho internacional.

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Por: Gilberto Zuleta Ibarra

Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derechos Humanos y Democratización

correo electrónico: gzuleta7@gmail.com

Existe el temor en algunos sectores sociales y políticos de que el Marco Jurídico para la Paz y los acuerdos de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, contengan un manto de impunidad, mediante medidas análogas al indulto y la amnistía.

Es cierto que durante un buen tiempo la comunidad internacional había coincidido en rechazar la adopción de medidas que contuvieran figuras de perdón y olvido frente a graves violaciones de derechos humanos en contextos de transición de regímenes dictatoriales a democráticos. De hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos había mantenido su jurisprudencia uniforme en cuanto a garantizar los derechos de justicia a la luz de los artículos 1.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como en los casos Gomes Lund contra Brasil y Almonacid Arellano contra Chile, por citar algunos ejemplos.

De igual forma, existe la Corte Penal Internacional (CPI), con competencia en Colombia desde el 1 de noviembre de 2002 para investigar crímenes de genocidio y lesa humanidad, y desde el 1 de noviembre de 2009 para los crímenes de guerra, creada y regulada por el Estatuto de Roma (ER), la cual constituye un avance frente al rechazo de las conductas punibles contra el ser humano y su dignidad, y el logro de la edificación de un régimen penal internacional que sancione dichas conductas. Esta encuentra en el denominado principio de complementariedad un elemento fundamental para su funcionamiento, toda vez que permite definir competencias y roles de la CPI frente al Estado, de forma tal que no se llegue a la sustitución de este último en la aplicación del ER y de la competencia de la CPI.

En el informe de la oficina del Fiscal de la CPI del año 2012, relativo a la situación en el País, en ejercicio de la denominada complementariedad positiva, en el cual, además de considerar que en Colombia se han cometido desde el 1 de noviembre de 2002 y 1 de noviembre de 2009, crímenes de lesa humanidad y de guerra respectivamente, tanto por actores estatales como no estatales, manifiesta su preocupación sobre la posibilidad de contener en el Marco para la Paz la puerta de entrada de medidas que conlleven a esconder a los grandes responsables del cometimiento de graves violaciones e infracciones a los DDHH y al DIH, y declara su interés en hacer seguimiento a las leyes estatutarias y políticas que se adopten para la selección y priorización de casos.

A pesar de ese marco, es cierto que la comunidad internacional también ha valorado los casos particulares de conflictos armados, y en este caso de carácter no internacional, con un criterio un tanto diferente.

En ese sentido el Comité de la Cruz Roja Internacional, en su doctrina, ha reconocido que a pesar de ser una exigencia la persecución penal de crímenes y violaciones en masa, en el caso de conflictos armados los Estados tienen la responsabilidad y la facultad de ponderar factores para no generar impunidad ni revictimización, pero con medidas que permitan la reconciliación y la superación misma del conflicto.

Del mismo modo, la Corte IDH en la sentencia de El Mozote y lugares aledaños contra El Salvador, realiza una inflexión en la jurisprudencia reiterada de éste órgano en materia de justicia transicional precisamente por analizar de forma especial un caso de transición en el marco de la terminación de un conflicto armado interno, resaltando el voto concurrente del juez Diego García – Sayán, en el cual establece, entre otros criterios y lineamientos:

  • La existencia de múltiples víctimas y victimarios, exigen la creación de medidas excepcionales de tipo judicial y no judicial.
  • Ponderar el proceso penal frente a las condiciones de una paz negociada que no desconozca estándares internacionales y permita la salida del conflicto.
  • Diseñar estrategias que contengan figuras de penas alternativas, suspensión de las penas, entre otras, atendiendo a la gravedad de los actos.

Así las cosas, frente a un eventual acuerdo en La Habana, el Estado colombiano tendría la posibilidad de aplicar medidas alternativas a la justicia penal ordinaria, y no solamente para los actores no estatales, sino para los estatales en aras de garantizar una justicia transicional integral, sin conllevar a ser consideradas impunes, y dependiendo de las condiciones propias al momento de aplicar las medidas del acto legislativo y las leyes estatutarias para el mismo, aceptará la CPI las medidas que emanen de este, o por el contrario, en virtud de la competence de competence quedarán sus beneficiarios situados frente a la eventual intervención del tribunal internacional.

De otro lado, en las condiciones actuales del proceso con las FARC, este cuenta con unos de los criterios a tener en cuenta por el CICR y que han sido fundamentales en procesos comparados, el cual es el apoyo, acompañamiento y seguimiento de la comunidad internacional y países garantes, que permitirán un eventual respaldo internacional a lo acordado en La Habana.

No podemos ante un conflicto con tantos factores, de tan larga duración y de una complejidad reconocida por distintos sectores, pretender que su terminación sea mediante un proceso con condiciones obtusas y de carácter “exprés”, que finalmente conduzcan a lo que parece un escenario vital para muchos, que es la prolongación del enfrentamiento armado a costa de vidas y bienes, incluso de los soldados y policías, que se ha convertido en el argumento hipócrita y vetusto de quienes se oponen al proceso.

Debemos apostar a un proceso que, tal como el actual, cuenta con rigurosidad y acompañamiento internacional, y puede ser una oportunidad que nos permita construir una Colombia, que muchos hemos soñado, pero que a veces parece imposible, dejando de lado ese discurso irresponsable de la impunidad.

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  1. Es importante en aras de fortalecer el proceso, y al nivel en el que se encuentra el mismo, que las FARC asuman un discurso diferente, y si bien es cierto no existe un cese bilateral, es una exigencia colectiva que se respete de forma inmediata el DIH en medio de las operaciones militares que continúan.

Este artículo fue suministrado por el autor y extraído de la siguiente dirección electrónica:

http://bettozuleta.blogspot.com/

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