La Autoridad de Palestina ante la Corte Penal Internacional

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Andrea Mateus Rugeles

Miembro Fundador ACCOLDI 

L.L.M. in International Legal Studies 

El 22 de enero de 2009, la Autoridad Nacional Palestina presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI), una declaración conforme al artículo 12.3 del Estatuto de Roma (ER), mediante la cual un Estado no Parte, puede conferir competencia ad hoc a la Corte. En dicha declaración, Palestina autorizó a la CPI para conocer de los crímenes ocurridos en “territorio palestino” desde el 1 de julio de 2002.[1]

El problema central ante la Corte respecto a tal declaración, fue la determinación de si Palestina cumplía los requisitos del artículo 12.3. Teniendo en cuenta que para la fecha Palestina no era un Estado Parte al ER, podría afirmarse que en principio la declaración era acorde al Estatuto. La Fiscalía de la CPI, sin embargo, se enfrentó al cuestionamiento de si una entidad que no había sido reconocida internacionalmente como Estado, podía acogerse a esta disposición. Para la Fiscalía, el artículo es claro al referirse a “…un Estado que no sea Parte…”; esto excluye cualquier otro sujeto o actor del derecho internacional, regional o nacional. Por tanto, después de hacer un estudio a la declaración, decidió no abrir un examen preliminar sobre esta potencial situación, afirmando que no era la Oficina de la Fiscalía ni la CPI, el órgano ni la institución encargada de determinar el estatus internacional de una entidad que busca ser reconocida como Estado.

Para el 2012, mediante Resolución 67/19,[2] la Asamblea General de Naciones Unidas, decidió darle a Palestina el estatus de “Estado observador, no miembro” de la ONU. A partir de este reconocimiento, Palestina se hizo parte de varios tratados internacionales, conforme a la Convención de Viena I de 1969, que otorga a los Estados la capacidad para celebrar tratados.

El 31 de diciembre de 2014,[3] Palestina realizó nuevamente la declaración del 12.3 ER. Esta vez, la Fiscalía encontró cumplidos los requisitos del artículo, en virtud de la definición del estatus internacional de Palestina por parte de la Asamblea General. Así, el 16 de enero de 2015, la Fiscalía procede con la apertura del examen preliminar de esta situación. Si bien Palestina se adhiere al ER el 2 de enero de este año, por la regla del artículo 126 ER, que define la entrada en vigor del Estatuto para cada Estado, se entenderá que sólo entrará a ser Estado Parte del tratado hasta el 1 de abril de 2015. Por esto, para enero, la declaración del 12.3 como Estado no Parte es válida.

En la declaración que hace Palestina a finales de 2014, expresamente autoriza a la Corte para conocer de “los crímenes de [su] competencia… cometidos en el territorio ocupado de Palestina, incluyendo el Este de Jerusalén, desde junio 13 de 2014.” A partir de esta segunda declaración, surgen inicialmente[4] dos interrogantes: ¿por qué Palestina hace esta limitación temporal, y por qué no esperar a ser Estado Parte para activar la jurisdicción de la Corte?

Lamentablemente, ambas cuestiones permiten una respuesta más política que jurídica. Si bien puede ser cierto que Palestina, al buscar la intervención de la CPI, está encaminada a luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio relacionados con su situación, es claro que la búsqueda de un mayor reconocimiento internacional como Estado, a partir de distintas instituciones y escenarios internacionales, es un interés transversal en sus aproximaciones a la CPI. Por otro lado, el hecho de acogerse a la declaración del 12.3 (31 de diciembre de 2014) para al siguiente día hábil (2 de enero de 2015) adherirse al ER, deja una sensación de connotación política perjudicial para un tribunal penal internacional en términos de legitimidad. Debe recordarse que por vía de la declaración -que no de la adhesión-, el Estado tiene un grado importante de control frente a los crímenes y actores que serán potencialmente investigados ante la CPI, al permitírsele hacer limitaciones, por criterios temporales, respecto a los incidentes potenciales de investigación por parte de la Corte; restringiendo así, su ámbito de intervención en la situación.

[1] Disponible en:  http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/279777/20090122PalestinianDeclaration2.pdf

[2] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/19

[3] Disponible en : http://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/press/Palestine_A_12-3.pdf

[4] Hay varios interrogantes que surgen como la cuestión de la definición del territorio, a pesar de que la Resolución 67/19 lo define en los términos usados por Palestina en su declaración de 2014, pero por cuestiones de espacio no serán abordados en esta entrada.

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