Cadena perpetura y derechos humanos

life inprisonment

Por: Andrés Sarmiento Lamus

Miembro Activo de ACCOLDI

L.L.M. en Derecho Internacional Público – Universidad de Leiden

Por cuenta de la reciente masacre ocurrida en el Caquetá contra cuatro menores de edad, así como por la reciente condena del ciudadano colombiano Juan Pablo Iragorri a cadena perpetua en Qatar, en diversos medios de comunicación se ha comentado (i) respecto de la necesidad de revisar las penas a ser impuestas a quienes cometan delitos contra niños; (ii) así como en cuanto a la desproporcionalidad de esta pena respecto de ciertos delitos. La propuesta de revisión de penas, busca la implementación de la cadena perpetua para todas aquellas personas que cometan delitos contra menores. El segundo de los puntos cuestiona la necesidad de esta pena respecto de un delito como el tráfico de drogas.

Al margen que la propuesta para la revisión de penas llegue a ser efectivamente considerada en el Congreso de la República, posiciones tanto a favor como en contra de la misma se han presentado. Igualmente, el caso del señor Iragorri ha causado gran indignación. Este breve escrito busca contribuir en esta discusión mediante un análisis de estos dos puntos a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Los instrumentos internacionales suscritos por Colombia no contienen una prohibición expresa – a diferencia por ejemplo de la pena de muerte – respecto de la imposición de una pena de cadena perpetua. Sin embargo, esto no significa que la misma se encuentre permitida. Tanto la  Convención Americana de Derechos Humanos – artículo 5.2 – y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – artículo 7 – prohíben el sometimiento de las personas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Igualmente, estos dos instrumentos indican que – artículos 5.6 y 10.3, respectivamente – toda pena privativa de la libertad debe tener como finalidad la reforma y readaptación social de las personas condenadas. Colombia ha ratificado estos instrumentos y, en consecuencia

El Comité de Derechos Humanos, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha indicado que ningún sistema penitenciario debe estar enfocado solamente al castigo. Por el contexto en que la propuesta se ha presentado, esta parece estar orientada hacia el castigo y no hacia la resocialización. Más aún, el hecho que una condena sea impuesta a perpetuidad es una clara indicación de la finalidad de la pena, la cual ciertamente no sugiere la resocialización.

Es precisamente este punto de la perpetuidad de la pena el que conduce a una referencia a la prohibición para los Estados de someter a la personas a torturas o penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Es cierto que los Estados cuentan con la obligación de tomar todas las medidas para la protección de sus ciudadanos de crímenes violentos y, por tanto, pueden condenar a una persona a una pena indeterminada – e.g. a perpetuidad – cuando resulte necesario para la protección de los demás ciudadanos. Sin embargo, la imposición de una pena de prisión perpetua cuando no existe posibilidad alguna de revisión de la misma, resulta contraria a la dignidad humana y constituye una pena inhumana. En este sentido, tribunales de derechos humanos han señalado que, cuando las leyes nacionales contemplan la posibilidad de revisión de la pena de cadena perpetua con miras a que sea conmutada, terminada o lleve a libertad condicional, no constituye una violación de la prohibición de tortura o penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es precisamente por este hecho que, recientemente, la Corte Europea de Derechos Humanos declaro responsable internacionalmente a Hungría (László Magyar v. Hungary, 13 Octubre 2014). Igualmente, y aún más recientemente, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la misma Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que la imposición de la cadena perpetua a Arthur Hutchinson por parte del Reino Unido – por la comisión de un triple homicidio –, no constituía una violación a la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas o degradantes (Arthur Hutchinson). La posibilidad de revisión de la pena existe en el Reino Unido.

En conclusión, vale la pena en primer lugar preguntarse cuál es la verdadera motivación detrás de la propuesta de imponer como pena la cadena perpetua a quienes cometan crímenes contra niños. Toda pena debe buscar la resocialización de la persona que cometió el delito. La manera de procurar este objetivo, de llegar a impulsarse una iniciativa en el Congreso en este sentido, debe procurar la revisión periódica de la pena impuesta para eventualmente, reducirla o sustituirla teniendo en cuenta la resocialización de la persona que ha cometido el delito.

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