Audiencias Costa Rica y Nicaragua: breve puesta en perspectiva

Figura 3

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciadas el pasado 14/04/2015 se  extenderán hasta el 1/05/2015. Según el largo cronograma previsto, la tercera y última semana,  se oirán la última vuelta de   alegatos finales de ambas partes.

Sin entrar en mayor detalle (Nota 1), las audiencias orales constituyen la última etapa antes de la cual el juez internacional entra a deliberar. En efecto, posteriormente a la presentación de la demanda formal, se abre una primera ronda de alegatos (memoria y contra memoria) seguida, si así lo disponen las partes, de una segunda ronda (réplica y dúplica). Esta etapa escrita del procedimiento dura usualmente varios años: en efecto, el plazo otorgado por el juez internacional a cada una de las partes para elaborar sus escritos puede ir de 6 meses a un año. Finalizada la etapa escrita, se procede a preparar la etapa oral, la cual consiste en convocar a las partes a audiencias. La conclusión de las audiencias coincide con el inicio del “délibéré” de la CIJ que puede tomar varios meses y hasta más de un año.

Como se recordará, la incursión ilegal de Nicaragua en la zona de Portillos, en territorio de Costa Rica, en octubre del 2010, se debió en parte a un error de Google Map (ver artículo de The Telegraph) y a la negligencia de las autoridades costarricenses de la época con relación a advertencias hechas por diputados de oposición (ver intervención de Claudio Monge citando varias cartas enviadas en agosto y en octubre del 2010  sobre incursiones de Nicaragua, en acta de la Asamblea Legislativa del 24/09/2013, p. 27 y siguientes, disponible aquí). En noviembre del 2010, Costa Rica presentó oficialmente su demanda contra Nicaragua ante la CIJ.  A mediados del 2011, la prensa de Costa Rica se hizo eco de un proyecto de construcción de una ruta denominada “trocha fronteriza” de 154 kilómetros, en condiciones irregulares. Oficialmente, esta ruta se justificó como respuesta a la “invasión” y a la “agresión” sufrida por Costa Rica en octubre del 2010. La ausencia de estudios en materia ambiental se justificó por parte de las autoridades en razón de la “emergencia” decretada como tal en marzo del 2011. En diciembre del 2011, Nicaragua presentó a la CIJ una demanda contra Costa Rica por la construcción de esta ruta paralela al Río San Juan y por los daños ocasionados al río San Juan.

Confidencialidad y publicidad ante la CIJ:

Los documentos elaborados durante la etapa  escrita se mantienen bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes y el juez internacional. En cambio, el inicio de la fase oral puede permitir “liberar” algunos documentos, siempre y cuando las partes acuerden hacer del conocimiento público algunos de ellos. El articulo 53 (2) del Reglamento de la CIJ es muy claro en ese sentido. Notemos que el 4 de febrero del 2013 un artículo publicado en Costa Rica titulado “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado” hace ver que una parte de un documento escrito presentado por Nicaragua a la CIJ fue dado a conocer a la prensa de Costa Rica, provocando días después,  3reclamos de unos y otros, provocando reacciones airadas de ambos lados del río San Juan: situaciones que, precisamente, las estrictas reglas de confidencialidad que impone el juez internacional buscan evitar en la etapa escrita.  La decisión de la CIJ sobre las medidas reconvencionales solicitadas por Nicaragua (que incluía una relacionada al rio costarricense del Colorado) se daría a conocer tan solo en el mes de abril del 2013.

El plazo del “délibéré” de la CIJ

Con posterioridad a las audiencias orales, se abre un compás de tiempo que puede ir de unos meses a un año o más en el que la CIJ elabora su texto. Este plazo de tiempo depende de varios factores como por ejemplo: la carga de trabajo de la CIJ, el nivel de complejidad del caso que le es sometido, la capacidad del Comité de Redacción –usualmente tres jueces – de reunir un sólido consenso entre los integrantes de la CIJ, las dudas que puedan generar los jueces ad hoc, entre otros aspectos.  Para tomar algunos casos recientes relacionados con Estados de América Latina, la CIJ tomó nueve meses para elaborar su fallo entre Nicaragua y Estados Unidos de junio 1986, quince meses para elaborar su fallo de septiembre de 1992 en torno a la disputa entre Honduras y El Salvador, siete meses para elaborar el fallo sobre delimitación marítima entre Nicaragua y Honduras de octubre del año 2007; cuatro meses para elaborar su fallo entre Costa Rica y Nicaragua dictaminado en julio del 2009 sobre derechos de navegación en el río San Juan. Para la resolución, en abril del 2010,  del caso de las papeleras entre Argentina y Uruguay, el “délibéré” de la CIJ fue de seis meses, mientras que fueron siete los meses necesarios para elaborar su fallo de noviembre del 2012 relativo a la controversia marítima entre Nicaragua y Colombia.  En el caso del fallo de enero del 2014 de la CIJ entre Perú y Chile, este plazo fue de trece meses.

Tal y como se puede apreciar con base en esta breve lista, la sentencia del 13 de julio del 2009 sobre  los derechos de navegación en el Río San Juan constituye una de las sentencias elaborada en el menor plazo de tiempo por parte de la CIJ en años recientes. Para algunos académicos especializados en la lectura de las decisiones que emanan de La Haya, esta sentencia se considera como “una de las peores jamás redactadas” por parte de la CIJ (Nota 2).

Los incidentes procesales entre Costa Rica y Nicaragua

A diferencia de la antes mencionada demanda del 2005 sobre derechos de navegación, cuya tramitación se desarrolló sin ningún tipo de incidente procesal, los casos más recientes entre Costa Rica y Nicaragua han dado lugar a una inédita batalla procesal: a las dos demandas presentadas como tal, hay que añadir varios  incidentes procesales presentados por ambos Estados: solicitudes a la CIJ de ordenar medidas provisionales a la CIJ (ambas partes), presentación de medidas reconvencionales (por parte de Nicaragua y que analizamos en una nota en estas mismas páginas de CRH el 15/05/2013), solicitudes de modificación de una ordenanza de la CIJ (ambas partes) y solicitud de unión de procedimientos (por parte de Nicaragua). Como todo incidente procesal, cada uno de estos recursos legales previstos en el Reglamento de la CIJ abre un nuevo período en el que los jueces analizan las pretensiones de una parte, las objeciones de la otra, proceden si es del caso a convocar a las partes a audiencias, antes de decidir el curso a darle, en una decisión denominada “ordenanza” o “providencia”.

La práctica seguida ante los jueces:

La revisión detallada de la práctica seguida en materia de audiencias orales en la Haya indica que si bien cada Estado se presenta con un numeroso equipo, son pocos los llamados a tomar la palabra ante el juez internacional: las palabras preliminares del agente (un diplomático usualmente con rango de embajador quién representa al Estado) son inmediatamente seguidas por las exposiciones orales de los asesores internacionales. Cada una de las partes presenta sus alegatos y contra-alegatos en inglés y en francés (idiomas oficiales de la CIJ), seguidos por una segunda ronda, antes de dar nuevamente la palabra a su agente, quién presenta las conclusiones finales. Con la notable excepción de Costa Rica en marzo del 2009 y nuevamente en el 2010, 2011, 2013 y en el 2015, los Estados a la fecha nunca han optado por intercalar entre las palabras del agente y la de los asesores internacionales, la de funcionarios nacionales. Esta estrategia puede evidenciar una diplomacia cada vez más cómoda en aspectos propiamente procesales, pero a riesgo de innovar. Tratándose de un recinto como el de La Haya en el que impera el peso de la tradición y de usos muy propios del universo de la CIJ, este aspecto debiera ser cuidadosamente valorado. Parte de dicha valoración podría incluir los resultados obtenidos por Costa Rica en años recientes. Pese a los cantos de victoria oídos de este lado del río San Juan, el fallo del 13 de julio de 2009 no fue muy beneficioso para Costa Rica: los derechos de navegación por parte de policías de Costa Rica en el río San Juan fueron desestimados por la CIJ en el 2009 (véase párrafo 156, incisos h) e i) de la sentencia del 13 de julio del 2009). Notemos que ambos incisos fueron adoptados de manera unánime por parte de la CIJ. La situación acaecida en octubre del 2010 en la zona de Portillos revelaría la extrema dificultad que representa esta limitación impuesta  por el fallo del 2009, al no poder Costa Rica usar el río San Juan para sus fuerzas policiales, ni tan siquiera para tareas de simple observación, abastecimiento o relevo de personal en los puestos fronterizos.

Las audiencias orales que iniciaron:

Para estas audiencias, Costa Rica se presenta a la barra (ver listado de ambas delegaciones en las primeras páginas de las actas del primer día de audiencias disponible aquí) con el Profesor Kohen (argentino, primer caso en el 2003 como asesor de Malasia), el profesor Wordsworth (británico, primer caso en 1993 como asesor de Eslovaquia) y las abogadas Parlett y Del Mar (australiana y británica respectivamente, con una experiencia ante la CIJ iniciada hace unos años). Por su parte, Nicaragua se presenta con los Profesores McCaffrey (norteamericano, primer caso como asesor de Eslovaquia en 1993), Pellet (francés, primer caso en 1984 como asesor de Nicaragua), Reichler (norteamericano, primer caso en 1984 como asesor de Nicaragua) y Loewenstein (norteamericano, primer caso en el 2008 como asesor de Georgia). Se puede apreciar la diferencia en la composición de ambas delegaciones con respecto a las primeras audiencias orales celebradas en enero del 2011 entre Costa Rica y Nicaragua (ver listado en primera páginas de actas de audiencias de enero del 2011, disponible aquí). En parte la diferencia se debe a la elección del experimentado jurista James Crawford (australiano) como juez titular de la CIJ en diciembre del 2014 (y quién había fungido como asesor internacional de Costa Rica, conjuntamente con el profesor Kohen, desde la demanda del 2005). Como era previsible, James Crawford se recusó, tal y como indicado por el Presidente de la CIJ al iniciar las audiencias (p. 10, audiencias del 14 de abril del 2015, disponible aquí) en virtud del artículo 17, párrafo 2 del Estatuto de la CIJ que se lee así: “2. No podrán tampoco participar en la decisión de ningún asunto en que hayan intervenido anteriormente como agentes, consejeros o abogados de cualquiera de las partes, o como miembros de un tribunal nacional o internacional o de una comisión investigadora, o en cualquier otra calidad”. El caso del profesor Crawford es bastante peculiar en la medida en que raramente un integrante (del prestigioso “barreau occulte” que litiga regularmente en La Haya, para retomar la expresión de Alain Pellet – Nota 3) optó por integrar la CIJ: son más bien antiguos miembros de la CIJ y de su Secretaría los que revistieron la toga de “consejero de la Corona”, antes que la misma CIJ decidiera poner fin en el 2002 a lo que podríamos denominar una “peligrosa deriva”. Habiendo sido James Crawford un asesor muy solicitado en años recientes por los Estados, esta situación aplicará de igual modo para otras demandas, en particular la demanda de Bolivia contra Chile presentada en el 2013, al haber asesorado a Chile (ver breve nota) las dos nuevas demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia en el 2013 (al haber asesorado a Colombia) y la última demanda de Costa Rica contra Nicaragua presentada en el 2014 en materia de delimitación marítima, si nos limitamos a casos pendientes entre Estados de América Latina.

El San Juan y la CIJ: un juez llevado a sus límites

El texto de la primera ordenanza del 8 de marzo del 2011 evidenció la intención del juez internacional de obligar a los Estados a restablecer paulatina y gradualmente los canales oficiales en pro de mejorar sus deterioradas relaciones. En algunas ordenanzas posteriores, se deja ver cierta indisposición de este mismo juez con relación a la actitud de ambos Estados, quiénes están marcando un verdadero hito en la historia de la justicia internacional: cuatro demandas ante la CIJ presentadas en nueve años, de las cuales tres en un plazo de tres años y medio (si contabilizamos la última demanda presentada  por Costa Rica en febrero del 2014 en materia de delimitación marítima).  En la parte procesal propiamente dicha, ambos Estados han protagonizado en estos últimos años una desgastante confrontación, llevando a conocimiento del juez internacional cualquier punto de discordia, evidenciando una total incapacidad para usar los canales diplomáticos de rigor y lograr negociar alguna solución.  Para tener una idea del grado de intensidad de la delicada justa que libran Costa Rica Nicaragua, se puede indicar que en otro caso igualmente desgastante para las relaciones bilaterales entre Argentina y Uruguay (caso de las plantas de celulosas en el Río Uruguay, 2006-2010), la CIJ dictaminó un total de cuatro providencias, a saber dos ordenanzas sobre plazos para presentación de escritos, una ordenanza en relación a medidas provisionales solicitadas por Argentina con fecha del 13 de julio del 2006 (ver texto) y una ordenanza en relación a medidas provisionales solicitadas por Uruguay del 23 de enero del 2007 (ver texto).

La larga serie de ordenanzas dictaminadas desde el 2011 hasta la fecha por la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua (un total de nueve, que incluyen tres sobre plazos acordados para presentación de piezas escritas) puede dar una idea de esta inédita batalla procesal. Dejamos al lector imaginar lo que puede provocar en algunos jueces de la CIJ el asistir de manera reiterada a audiencias entre Costa Rica y Nicaragua (cuatro desde enero del 2011), elaborar (de forma igualmente reiterada) decisiones para intentar calmar los ánimos de ambos, sin observar mayor progreso en sus relaciones bilaterales.

Conclusión:

Como indicado en las líneas anteriores, la mecánica propia de la CIJ obliga a los Estados a un esfuerzo mucho mayor, que incluye no solamente el reunir argumentos sólidos, sino el constituir un equipo de asesores internacionales de renombre capaces de transmitir y de convencer a los jueces de la CIJ.

A diferencia de la etapa escrita en la que los documentos circulan únicamente entre las partes y el juez, las audiencias orales son de carácter público. Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, estas audiencias pueden ser seguidas en directo, y los textos de las intervenciones orales de cada una de las partes son accesibles en tiempo real o casi.

No obstante esta facilidad de acceso a la información que caracteriza la época moderna, el recinto de la CIJ no constituye una tribuna política: se trata de un espacio de tiempo previsto por un tribunal internacional durante el cual las partes ponen a prueba a sus equipos legales y a sus peritos en aras de convencer a 17 jueces de la solidez de sus argumentos y de la debilidad de los de la parte adversa.

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Nota 1: Una versión más detallada de esta misma nota ampliada a otros aspectos  y que reúne las actas de las audiencias orales desde el 14/04/2015 al 21/04/2015  puede leerse en este enlace de la Maestría en Derecho Ambiental  de la Facultad de Derecho de la UCR, disponible aquí.

Nota 2: El Profesor Philippe Weckel (Francia) es enfático al respecto: « on n’a jamais vu décision aussi mal rédigée ! Le constat est totalement inattendu et, à vrai dire, proprement incroyable. A la lecture des motifs on découvre que certaines conclusions ne sont même pas étayées ou alors qu’elles le sont d’une manière si sommaire ou elliptique qu’elles apparaissent fausses /…/ Que penser, que dire de ce devoir de vacances bâclé ? L’arrêt du 13 juillet 2009 ne mérite pas un commentaire » (Véase WECKEL Ph.,  Note, Sentinelle SFDI, Bulletin numero 196).

Nota 3 : Véase PELLET A., “Remarques sur le « métier » de Conseil devant la Cour Internationale de Justice », in NATIONS UNIES, Recueil d´articles de conseillers juridiques d´Etats, d´organisations internationales et de praticiens du droit international, Nations Unies, New York, 1999, pp.435-458, p. 437.

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