La jurisdicción consultiva del Tribunal del Mar

stock-photo-sea-laws-marine-laws-navigational-regulations-united-nations-convention-on-the-law-of-the-sea-132709085

Por: Andrés Sarmiento Lamus

Miembro Activo de ACCOLDI

Abogado de la Universidad Sergio Arboleda

LLM (Adv.) Derecho Internacional Público y PhD (estudiante) de Leiden Universiteit

El pasado 2 de Abril, el Tribunal Internacional para el Derecho del Mar presentó la primera opinión consultiva decidida por el Tribunal en pleno. Esta hacía referencia a la solicitud presentada por parte de la Comisión Subregional de Pesquerías para obtener una opinión por parte del Tribunal en cuatro puntos. Todos estos puntos hacen referencia, en términos generales, a las obligaciones y responsabilidad del Estado del pabellón por actividades pesqueras ilegales, no reguladas y no reportadas en la zona económica exclusiva de un tercer Estado, así como a los derechos y obligaciones de los Estados ribereños en garantizar la gestión sostenible de especies compartidas y de interés común, en especial especies pelágicas y atún.

Más allá de la decisión del Tribunal respecto de estos puntos, resulta igualmente importante la determinación en cuanto a su competencia consultiva. Es precisamente respecto de este último aspecto, que el presente comentario se ocupará.

De acuerdo con el artículo 21 del Estatuto del Tribunal, su jurisdicción comprende todas las controversias y solicitudes que le sean sometidas de acuerdo con la Convención sobre el Derecho del Mar, así como respecto de toda cuestión que sean específicamente establecidas en cualquier otro acuerdo que le confiera jurisdicción. Comparando esta disposición con las de otras cortes y tribunales internacionales, no resulta claro que la jurisdicción del Tribunal comprenda asuntos consultivos. Así, por ejemplo, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia explícitamente establece (Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 65) la posibilidad que emita opiniones consultivas. Lo mismo puede decirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 64).

Más interesante aún, resulta el hecho que, la única referencia expresa a la jurisdicción consultiva del Tribunal proviene de su Reglamento (artículo 138), un instrumento que este se da a sí mismo. En ese sentido, parecería que el Tribunal no puede dar opiniones consultivas por cuanto esta facultad proviene de su propio Reglamento y no han sido los Estados quienes han otorgado tal facultad al Tribunal. Esta situación es completamente contraria a la que ocurre con la Sala de Controversias de los Fondos Marinos, cuya competencia consultiva deriva directamente de la Convención sobre el Derecho del Mar (artículo 159, numeral 10 y artículo 191).

Ante esta situación, el Tribunal tuvo como primera cuestión, en su opinión consultiva, decidir respecto de su competencia para responder a la misma (párrafos 37 – 69). Para el Tribunal, el artículo 21 de su Estatuto comprende su jurisdicción en tres eventos, a saber, (i) todas las controversias que le sean sometidas de conformidad con la Convención; (ii) todas las demandas que le sean sometidas de conformidad con la Convención; y, (iii) todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que confiera competencia al Tribunal (párrafo 54).

Para el Tribunal, el tercero de estos eventos no debe entenderse como referido únicamente a controversias entre Estados. El término “todas las cuestiones” comprende algo más que esto, i.e. la posibilidad de dar opiniones consultivas cuando exista un acuerdo que confiera tal competencia al Tribunal (párrafo 56). Por tanto, para el Tribunal, al existir un acuerdo que le confiera tal competencia, este puede dar opiniones consultivas. (párrafo 58).

Esta decisión por parte del Tribunal, además de haber sido tomada de manera unánime, parece contar con el beneplácito de una amplia mayoría de Estados. Así, y aún cuando no se conoce hasta el momento alguna reacción oficial por parte los Estados a la opinión consultiva del Tribunal, en varias y recientes ocasiones estos han apoyado la existencia de una competencia contenciosa para el Tribunal.[1] Igualmente, y si bien algunos Estados se han pronunciado en contra de la existencia de dicha competencia, estos no son parte de la Convención sobre el Derecho del Mar.[2]

Adicionalmente, la decisión del Tribunal en punto de su competencia consultiva, no debe analizarse únicamente en punto de la existencia o no de la misma. Esta también contiene puntos importantes – que pueden ser extraídos de su referencia específica a la Convención sobre la Determinación de las Condiciones Mínimas para el Acceso y Explotación de los Recursos Marinos dentro de las Áreas Marítimas bajo la jurisdicción de los Estados Miembros de la Comisión de Subregional de Pesquerías – de toda solicitud de una opinión consultiva, tales como, (i) las organizaciones que pueden solicitar una opinión consultiva del Tribunal; y, (ii) el tipo de cuestiones a las que puede referirse la opinión solicitada.

En cuanto a estos dos aspectos debe señalarse entonces que, cualquier organización internacional que en su instrumento constitutivo u otro instrumento contemple la posibilidad de solicitar una opinión consultiva, se encuentra facultada para hacerlo (párrafo 62). Igualmente, los objetivos de esta organización y las preguntas que esta refiera al Tribunal deben estar relacionados con el objeto y propósito de la Convención sobre el Derecho del Mar (párrafo 63).

En conclusión, la determinación por parte del Tribunal respecto de su competencia contenciosa ha despejado las dudas existentes hasta el momento respecto de la misma. Los argumentos dados por parte del Tribunal a favor de su jurisdicción son convincentes y demuestran que, ciertamente su competencia comprende la capacidad de dar opiniones consultivas. No obstante, algunas dudas pueden existir respecto de la competencia consultiva del Tribunal y las razones que soportan la misma. Es necesario entonces esperar a nuevas solicitudes de esta naturaleza para que el Tribunal pueda clarificar – así como ahondar – algunos aspectos de esta competencia.

La competencia consultiva del Tribunal resulta necesaria e importante para el derecho internacional. Algunos aspectos relativos al derecho del mar requieren de pronunciamientos por parte del Tribunal – o incluso la misma Corte Internacional de Justicia – con el fin de dar claridad a los Estados respecto del contenido y alcance de sus obligaciones. No existiendo actualmente asuntos pendientes respecto de algunos aspectos del derecho del mar – e.g. paso inocente, derechos y obligaciones de los Estados en las distintas zonas marítimas, conservación y administración de los recursos vivos – la competencia consultiva del Tribunal puede contribuir en esta labor de clarificación y desarrollo del derecho internacional.

[1] T. M. Ndiaye, ‘The Advisory Function of the International Tribunal for the Law of the Sea’, (2010) 9 Chinese Journal of International Law565 – 587.

[2] Ver, e.g., los Estados Unidos en su escrito entregado al Tribunal durante la fase escrita del procedimiento.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s