Elecciones de jueces en el marco de la OEA: breve perspectiva (Parte I)

Dra. Elizabeth Odio Benito, Jueza Corte Interamericana Derechos Humanos

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

El pasado 16 de junio, resultó electa, como nueva jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurista Elizabeth Odio Benito, con amplia experiencia internacional en materia de derechos humanos. Esta designación, que honra la histórica trayectoria internacional de Costa Rica en materia de derechos humanos, se enmarcó dentro de procesos en los que intervienen de manera exclusiva los Estados que integran la OEA a la hora de designar, postular y negociar apoyos en favor de sus candidatos,  y que resulta oportuno analizar desde esta perspectiva.

Introducción

El pasado 16 de junio, se procedió a una votación para designar a cuatro jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) reunida en Washington durante esta semana de junio del 2015. Como bien se sabe, los Estados son los que escogen mediante votación quiénes ocuparán este tipo de puestos (candidaturas de personas escogidas a título individual): hay que diferenciar este tipo de candidaturas de otro tipo  en las que lo que se postula es al Estado como tal (candidaturas/país). En el primer caso, la persona escogida una vez en sus funciones, debe mantener una total independencia con respecto al Estado que la designó; mientras que en el segundo caso, el Estado se postula como tal y, una vez escogido, designa a su representante para participar a las sesiones del órgano en el que fue electo. Sobre esta segunda categoría de candidaturas, habíamos tenido la oportunidad de referirnos a un reciente tropiezo de Costa Rica al no obtener su reelección en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en octubre del 2014. En aquella oportunidad nos permitimos indicar que, “… esta no reelección debiera también ser entendida como una clara señal invitando a Costa Rica a buscar la forma de recuperar paulatinamente el liderazgo que durante muchos años ostentó en materia de derechos humanos en el ámbito multilateral(Nota 1).  Pese a tratarse de una categoría distinta de candidatura, en el marco hemisférico y no en el de Naciones Unidas, esta elección en el seno de la OEA  realizada en junio del 2015 constituía una puesta a prueba para la actual administración del Presidente Luis Guillermo Solis y su aparato diplomático.

Publicidad y discreción de respaldos a una candidatura

Medios de prensa habían anunciado tempranamente  que, según las autoridades de Costa Rica, la jurista Elizabeth Odio Benito, con una amplia trayectoria internacional en materia de derechos humanos (ver  hoja de vida  publicada por la OEA) sería elegida, basándose en una gran cantidad de Estados que, por escrito, habían indicado que sí votarían a su favor. Un medio de prensa indicó (ver  nota  de CRHoy) que: “el canciller Manuel González dijo que a la ex vicepresidenta le han dado su respaldo el gobierno nacional y nueve países más: Brasil, Uruguay, Chile, México, Panamá, Guatemala, Ecuador, Honduras y República Dominicana“. En otra nota de prensa se indicó que la candidatura contaba con el respaldo de 13 votos (ver  nota  de ADN radio), un voto menos que el de la cifra “mágica” para este tipo de ejercicios, según el actual canciller de Costa Rica, de 14 votos (ver  nota  de La Nación). Independientemente de lo que se considere mágico o no, sorprende el hecho que se haya hecho público por parte de las autoridades de Costa Rica la lista detallada de los Estados que mostraron su respaldo a su candidata, ya que esta información se maneja con cierta discreción en aras de evitar exponer a los Estados mencionados: en algunos casos, esta publicidad  (a nuestro modesto juicio indebida) puede incluso ser contraproducente, tal y como ocurrió con el intento de postular al ex canciller de Costa Rica Bernd Niehaus (1990-1994) a la Secretaría General de la OEA en el mismo año de 1994 (ver  nota  de El Tiempo (Colombia) de enero de 1994 y  nota de El Tiempo sobre resultado de la elección a favor de Cesar Gaviria, candidato de Colombia): tanto en el caso de la elección de jueces, comisionados o del mismo Secretario General en el seno de la OEA, las reglas imperantes establecen que se trata de una votación secreta.

Esta discreción se relaciona directamente con el intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los Estados. Cabe precisar que a menudo este tipo de candidaturas son negociadas a cambio de un apoyo por otra candidatura en otra organización internacional. Estos intercambios de favores no se limitan únicamente a candidaturas de nacionales a título individual, sino que incluyen candidaturas/país: por ejemplo, en el 2005, Costa Rica apoyó a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del costarricense Manuel Ventura Robles para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver nota de La Nación): se lee en esta nota de prensa que el canciller de la época “Tovar subrayó que Costa Rica es un país que honra sus compromisos internacionales y, en este sentido, “nuestro país, desde junio de 2003, comprometió su apoyo para Nicaragua en sus aspiraciones de ocupar un puesto no permanente ante el Consejo de Seguridad por América Latina“.  Estos intercambios de votos responden a criterios de oportunidad como parte de una negociación política y debieran únicamente limitarse a intercambios de candidaturas. En el 2004, Costa Rica decidió retirar la solicitud hecha a Nicaragua de apoyar la candidatura de su Ex Presidente, Miguel Angel Rodríguez, al puesto de Secretario General de la OEA, al pedir Nicaragua a cambio una modificación en la reglamentación en materia migratoria (ver  nota  de prensa de La Nación).

En octubre del 2014, las máximas autoridades de Costa Rica debieron explicar las razones por las que Costa Rica votó a favor de Venezuela para una vacante en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ver  nota  de CRHoy). Los mismos criterios de oportunidad política son los que explican que, a veces, se proceda a retirar candidaturas: recientemente, Costa Rica anunció que retiraba la candidatura de su actual Ministra de Justicia para favorecer la candidatura de un nacional de Guatemala para el cargo de la Secretaría de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)  (ver  nota  de CRHoy). En el 2014, la candidatura de la Ministra de Comercio Exterior de Costa Rica debió ceder ante la ofensiva diplomática a favor del candidato propuesto por Brasil para el puesto de Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Derechos humanos e idoneidad de candidatos

Con relación a la idoneidad de los candidatos propuestos, cada Estado decide, con base en consideraciones propias, a cuál de sus nacionales postulará. Estas consideraciones se extienden también en materia de candidaturas a cargos en materia de derechos humanos, pese a persistentes reclamos de parte de organismos de la sociedad civil. En el caso de la elección de jueces y comisionados a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos, una ONG especializada en el litigio ante el sistema interamericano presentó en el 2005 un informe titulado “Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos” (ver informe de CEJIL, disponible  aquí ). Otra ONG, en el 2013, concluía su informe  (ver  texto  integral) indicando que los principios de transparencia y participación deberían regir este tipo de postulaciones en los siguientes términos: “Sería un avance significativo que los Estados diseñaran procesos internos de evaluación y selección de candidatos y/o candidatas a la Comisión y la Corte inspirados en  aquellos principios de transparencia y participación ciudadana aplicables a la elección de altas autoridades nacionales. Además, estos procesos deben responder a las necesidades del Sistema en un momento determinado y tomar en cuenta la opinión y los puntos de vista de los usuarios del Sistema. Un proceso de búsqueda diáfano y la invitación amplia y abierta para que postulen personas con las más altas calidades personales y académicas, y con la trayectoria profesional que requieren los órganos interamericanos, redundaría en un Sistema más sólido y en una mejor y mayor protección de los derechos humanos en la región“. Estos y muchos otros reclamos de las ONG parecieran no haber encontrado eco alguno en la práctica de los Estados, y no se conoce de concurso de antecedentes público, participativo  y transparente para designar a candidatos a integrar órganos del sistema interamericano de derechos humanos que se haya realizado en algún Estado miembro de la OEA.

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Nota 1: Véase nuestro breve análisis BOEGLIN N., “Bolivia, El Salvador y Paraguay electos en el Consejo de Derechos Humanos”, Derechoaldia, 23/10/2014, disponible aquí.

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