Elecciones de jueces en el marco de la OEA: breve perspectiva (Parte II)

Judge Elizabeth Odio Benito announcing the winners of the ICC Trial Competition © ICC-CPI

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR)

La elección de jueces en la Corte Interamericana

En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que bien la OEA cuenta con 34 Estados miembros, únicamente participan en la votación para escoger a los jueces los 23 Estados que son Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como Pacto de San José): por ejemplo  Canadá, Estados Unidos, y, desde el 2012, Venezuela, así como Trinidad y Tobago (desde 1998) no participan a esta elección (ver  nota sobre denuncia del Pacto de San José por parte de Venezuela). El estado actual de firmas y ratificaciones, reservas y denuncias a la CADH (disponible en este  enlace oficial ) permite apreciar cuán interamericano es el sistema de protección de los derechos humanos vigente en el hemisferio.

La última vez que Costa Rica postuló a un candidato como nuevo integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue en junio del año 2003, con la elección de Manuel Ventura Robles, obteniendo en aquella ocasión 20 votos a favor (ver  nota  de La Nación): el juez Manuel Ventura fue reelecto en el 2009. Anterior a ello, fungió como jueza postulada por Costa Rica  Sonia Picado Sotela (1991-1994) y anterior a ella, el juez  (y primer Presidente), Rodolfo Piza Escalante (1979-1989). Notemos que el jurista de nacionalidad norteamericana, Thomas Buergenthal, fue propuesto por Costa Rica como candidato y quedó electo en 1979 como juez de la Corte Interamericana (ver artículo del mismo Thomas Buergenthal al respecto, disponible  aquí, en especial pág. 12 en la que indica que pensó inicialmente que se trataba de alguna broma de uno de sus estudiantes).

No todos los Estados han logrado obtener que sus candidatos accedan al cargo de juez en San José. En un reciente estudio sobre la independencia de los jueces de la Corte de San José, se lee que: “Los Estados que han tenido más éxito en el nombramiento de jueces han sido Costa Rica, Colombia y Venezuela (4 jueces cada uno), seguidos de México y Chile. Por contra, otros Estados nunca han conseguido un juez en la Corte, como Bolivia, El Salvador, Guatemala, o Paraguay” (Nota 1).

En algunos casos, los jueces electos optan por postularse para ser reelegidos. El Artículo 54 de la CADH estipula que: “Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez”.  Es el caso del norteamericano Thomas Buergenthal  (1979-1985 / 1986-1991);  del juez mexicano Héctor Fix Zamudio (1986-1991 / 1992-1997); del juez ecuatoriano Hernán Delgado Pesantes y del  juez chileno Máximo Pacheco Gómez ( ambos 1992-1997 / 1998-2003); de los  jueces de Barbados, Oliver Jackman, Alirio Abreu Burelli (Venezuela) y del juez brasileño Antônio A. Cançado Trindade  (los tres: 1995-2000 / 2001-2006); de los jueces Sergio García Ramírez (México) y Cecilia Medina Quiroga (Chile) (ambos 1998-2003 / 2004-2009); de los jueces Manuel Ventura Robles (Costa Rica) y Diego García-Sayán (Perú) (ambos 2004-2009 / 2010-2015) y del juez chileno Eduardo Vio Grossi (2010-2015, reelecto en junio del 2015).

Algunos jueces, finalizado su mandato, optan por ocupar altos cargos en sus respectivos Estados, como por ejemplo el hondureño Carlos Roberto Reina, Presidente de Honduras (1994-1998) después de haber sido juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1979-1985). En otros casos, algunos  jueces migran hacia otras jurisdicciones internacionales, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia (CIJ): ello ocurrió con el norteamericano Thomas Buergenthal, electo juez en La Haya en el año 2000 y con el brasileño Antônio A. Cançado Trindade , electo juez de la CIJ en el 2009.

Notemos que el juez peruano Diego García Sayán protagonizó una notoria polémica con sus colegas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: al postularse como candidato al cargo de Secretario General de la OEA en el 2014, optó por no renunciar a su puesto, sino que pidió una licencia para poder dedicarse de lleno a su campaña. Los cuestionamientos públicos hechos por sus colegas Manuel Ventura y Eduardo Vio Grossi (ver nota de El Comercio) causaron molestia al candidato peruano que finalmente renunció a ocupar el cargo de Secretario General de la OEA, en octubre del 2014. Es la primera vez en la historia de la Corte que uno de sus integrantes pretende ocupar este alto cargo de la OEA y es probable que la condescendencia exhibida por la Corte en algunas de sus sentencias durante su Presidencia (2010-2014) guarde alguna relación con esta inédita pretensión: en un artículo titulado “La Corte García Sayán” publicado en noviembre del 2013 en La Nación (ver artículo) se pudo leer por parte de un activista de derechos humanos que: “Es muy triste que la Corte García-Sayán haya tirado por la borda jurisprudencia construida con el sacrificio de muchos que se han arriesgado para limitar los abusos de las autoridades y de quienes manejan asuntos de interés público”. Más allá de la polémica que ha generado en algunos Estados el tema de la libertad de expresión y de opinión y su tratamiento por parte de los órganos del sistema interamericano,  se puede afirmar, en términos generales, que un juez de la Corte no debería postularse para ningún cargo político en el que requiere del apoyo de los Estados miembros de la OEA hasta tanto no haya concluido su mandato de juez: el hacer campaña ante los mismos Estados por parte de quién debe evaluarlos de cara a sus obligaciones en materia de derechos humanos puede resultar sumamente dañino para la Corte y contribuir a minar un poco más la credibilidad del sistema como tal.

La candidatura de Elizabeth Odio Benito

Durante la cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe (CELAC) celebrada en enero del 2015 en Costa Rica, se leyó que Costa Rica “cabildeó” cuatro votos más para garantizar la elección de su candidatura (ver  nota  de La Nación). Recordemos que el 13 de noviembre del 2014 fue cuando Costa Rica formalizó oficialmente la candidatura de Elizabeth Odio Benito, quien fungió como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) entre el 2003 y el 2012 (ver  nota  de La Nación): en aquella ocasión, fue propuesta para integrar la CPI por Panamá, al negarse el entonces Presidente de Costa Rica Abel Pacheco (2002-2006) a apoyar su candidatura en nombre de Costa Rica. Sobre este inusual episodio leemos por parte del ex canciller de Costa Rica Bruno Stagno (2006-2010) que la Misión de Costa Rica ante Naciones Unidas no fue del todo ajena a dicha elección: “Por razones estrictamente personales, Odio Benito no había contado con el apoyo oficial de Costa Rica, aunque oficiosamente la Misión Permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas tuvo un papel central en la promoción de una candidatura formalmente presentada por Panamá el 25 de octubre 2002(Nota 2). En aquella oportunidad, de 80 posibles votos para ser designado como integrante de la CPI, la candidatura de Elizabeth Odio reunió a 60 (ver  nota  de La Nación del año 2003), lo cual evidencia la gran pericia con la que la Misión de Costa Rica en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York gestionó los apoyos necesarios.

Los resultados obtenidos por la diplomacia costarricense

La candidatura propuesta por Costa Rica para llenar una vacante en el seno de la Corte Interamericana en el 2015 se midió a las candidaturas presentadas por parte de Argentina (Eugenio Raúl Zaffaroni), de Ecuador (Patricio Pazmiño Freire), de Chile (reelección solicitada del juez Eduardo Vio Grossi) y del Uruguay (reelección solicitada del juez Alberto Pérez Pérez).

Como es costumbre en la OEA, el apoyo de los Estados del Caribe angloparlante es indispensable y se torna en algunas ocasiones decisivo para lograr ser electo a un puesto en el seno de esta organización internacional. Cabe señalar que, además de las otras candidaturas ante citadas, Costa Rica se presentó a esta Asamblea General con una situación un tanto incómoda: lleva ya más de dos años y medio sin cumplir una sentencia firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la técnica de Fecundación in Vitro (FIV) (ver breve  nota  sobre decisión de diciembre del 2012 de la Corte Interamericana): precisamente el pasado 10 de junio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió convocar a audiencia a Costa Rica en el mes de septiembre, a petición de los representantes de las víctimas (ver  nota  de CRHoy).

Pese a estos escollos, en la tarde de este 16 de junio se dieron a conocer los resultados de la votación secreta realizada en el marco de la Asamblea General de la OEA: el candidato de Ecuador logró reunir el número más alto de apoyos, con 22 votos; la candidata de Costa Rica reunió por su parte 20 votos, y el candidato de Argentina 18 votos. Con 20 votos el actual juez chileno fue reelecto, quedando fuera de la contienda el candidato del Uruguay, con tan solo 9 votos.

En una entrevista dada por Elizabeth Odio a La Nación el fin de semana posterior a su elección (ver entrevista del 20/06/2015), se informa que Colombia, Nicaragua y Uruguay fueron los tres Estados que no votaron por ella. En el caso de Colombia, según la misma Elizabeth Odio, se lee que: “No sé bien. Una vez, en un foro en Colombia, me preguntaron por la posibilidad de una amnistía y yo dije que los crímenes internacionales no pueden ser amnistiados, aunque luego ya estos temas hay que matizarlos. Creo que ahí le entró al gobierno de Juan Manuel Santos algún temor de que en sus loables conversaciones de paz, yo fuera a convertirme en un obstáculo. Es la única razón que encuentro posible”.

Conclusión

Con la elección de la jurista Elizabeth Odio Benito,  Costa Rica revalida ante América Latina su larga trayectoria en materia de derechos humanos. Esta tradición de apego y confianza en el derecho internacional encuentra raíces más profundas, al haber sido Costa Rica el Estado que albergó el primer tribunal internacional permanente en la historia, la Corte de Justicia Centroamericana (1907-1917). Curiosamente, durante la administración del Presidente Óscar Arias Sánchez (2006-2010), el centenario de la Corte de Justicia Centroamericana en el 2007 paso totalmente desapercibido en Costa Rica, y las celebraciones para festejar los 40 años del Pacto de San José (el 22  de noviembre del 2009) fueron objeto de similar tratamiento por parte de las autoridades de Costa Rica.

Más allá de estos extraños lunares observados en años recientes, la designación de Elizabeth Odio Benito puede también contribuir a reposicionar a Costa Rica en el ámbito multilateral, e invitar a sus autoridades a intentar, por ejemplo, obtener nuevamente la membresía en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, luego del tropiezo sufrido en el 2014 ante las candidaturas de Bolivia, El Salvador y Paraguay. No obstante, también implica para Costa Rica redoblar esfuerzos para cumplir con las obligaciones internacionales que derivan de los instrumentos internacionales de derechos humanos y acatar sin más preludios la última sentencia de la Corte Interamericana en materia de FIV dictaminada en diciembre del 2012 contra Costa Rica. Un desafío impostergable ante el rezago acumulado desde muchos años por parte del Estado costarricense en materia de derechos humanos, y que evidencian las repetidas audiencias ante la Comisión Interamericana en las que Costa Rica compareció en los últimos años (Nota 3). Aunado a estas audiencias en la esfera interamericana, las recurrentes visitas in situ de expertos y relatores independientes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos en Costa Rica en los últimos cinco años (Nota 4) son también un claro indicador de una peligrosa deriva que, en materia de derechos humanos, exhibe Costa Rica de cara a sus obligaciones internacionales.

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Nota 1: Véase TORRES PÉREZ A., “La independencia de los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos: El caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, pp.14-15, artículo publicado en España, disponible aquí.

Nota 2: Véase STAGNO B., “Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008“, Universidad para la Paz, 2012, texto disponible  aquí.

Nota 3: Sobre las últimas medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana a Costa Rica, véase BOEGLIN N., “Pueblos indígenas en Salitre: las medidas cautelares solicitadas a Costa Rica por la CIDH”, Derechoaldia, 16/05/2015, disponible aquí; de igual forma remitimos al lector a nuestro artículo publicado por la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) con relación a la última audiencia ante este órgano sobre  los efectos de la producción de la piña en las comunidades de la región de Siquirres en Costa Rica.

Nota 4: Sobre la última visita de un experto independiente de Naciones Unidas a Costa Rica, véase BOEGLIN N., “Informe de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos en Costa Rica”, Tribuglobal, 14/05/2014, disponible aquí.

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