La “Jurisdicción Especial para la Paz”: un reto para el derecho internacional

Por: Prof. Dr. Rafael Prieto Sanjuán

Profesor Titular, Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)

Finalmente el anhelado día llegó. Después de 3 años de negociaciones entre representantes del Gobierno de la República de Colombia y la delegación de las FARC-EP en La Habana, se dieron a conocer las líneas generales del acuerdo sobre el tema de justicia[1]. Enseguida, tanto críticos como detractores de este proceso no ahorraron comentarios para expresar su opinión, pero lo que habríamos de preguntarnos es si este acuerdo podría soportar el examen de la Corte Penal Internacional (en adelante, CPI), el eventual ejercicio de la competencia universal o las obligaciones existentes en tratados de extradición que vinculan al Estado colombiano.

En cuanto a lo primero, cabe recordar que Colombia es parte del Estatuto de Roma (ER) de la CPI desde el 2002, por lo que desde entonces tiene competencia sobre crímenes de lesa humanidad y, sobre crímenes de guerra, desde el 2009, en las situaciones en que el Estado “no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo” (Art. 17 del ER, sobre admisibilidad). Ahora, de acuerdo con el texto del Comunicado, aunque el Estado colombiano pretende investigar estos crímenes ¿se podría afirmar que realmente tiene la disposición de enjuiciar a los presuntos responsables de dichos crímenes y luchar contra la impunidad como lo establece el ER desde su preámbulo?

Difícil responder a la anterior pregunta sin conocer el tipo de sanción en la que incurrirían quienes sean hallados responsables por la comisión de los mencionados crímenes. En todo caso, la denominada “restricción de libertades y derechos” (punto 7 del Comunicado) deja un amplio margen de interpretación, muy diferente a la privación de libertad que conoce el derecho penal y la propia CPI. Al contrario, el texto del comunicado en cuestión parece complacer tanto la exigencia de “cero cárcel” a la que reiteradamente se refirieron los negociadores de las FARC, así como su desacuerdo con la expresión de justicia transicional. No obstante, el problema de darle apellido a la justicia (restaurativa, transicional, social, revolucionaria, humana o divina) no es algo que desvele al Fiscal o a los jueces de la CPI, sino las medidas que el Estado adopte en su lucha contra la impunidad.

Así, el preámbulo ya citado afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia” (énfasis adicionado). ¿Cabe recordar que esta no es una imposición de un derecho internacional ajeno a la voluntad del Estado, toda vez que es éste último quien crea al primero?

En segundo lugar, no hay que olvidar tampoco que la jurisdicción o competencia universal subsiste para dichos crímenes. Esto es, la competencia de un Estado para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad e infracciones graves al DIH, con independencia de la nacionalidad del autor o de la víctima (competencia personal) o del lugar en que ocurrieron los hechos (competencia territorial) si el Estado concernido no procede a impartir justicia o no se lo toma muy en serio. En términos prácticos, queda abierta la posibilidad para que ante otro Estado se instauren denuncias penales por estos crímenes y, en virtud de la competencia universal decida ejercer su jurisdicción penal y solicitar la extradición de quienes creerían haber saldado sus cuentas en Colombia. Dicha hipótesis no podría ser vista como una intromisión en los asuntos internos de un Estado, pues de forma recíproca y por vía de tratado (Convención sobre el genocidio, Convenios  de Ginebra, Convención contra la tortura, etc.) los Estados acordaron dicho mecanismo (aut dedere aut judicare) ante la ausencia de un tribunal internacional.

En tercer lugar, el comunicado en discusión tampoco resuelve el tema de la conexidad de otras conductas ilícitas con los delitos políticos, para los cuales se otorga(rá) la más amplia amnistía (punto 4 del Comunicado). En definitiva, con base en el principio pacta sunt servanda (literalmente queda esclavo del tratado) se podrían estar violando obligaciones internacionales que estén vigentes en temas como el de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, bien sea en el plano multilateral (Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes) o en el bilateral, por ejemplo con los EE.UU.

En fin, cierto es que no conocemos los acuerdos secretos o los compromisos a los que hayan podido llegar las partes más allá del texto que se hizo público. Tampoco podemos afirmar que Colombia esté en violación del derecho internacional, pues hasta tanto los acuerdos no se traduzcan en un hecho del Estado (por obra de las ramas del poder público) no podremos evaluar si le es atribuible un carácter ilícito. Empero, es una verdad de a puño el que este Comunicado conjunto del Gobierno y las FARC está retando desde ya el carácter vinculante y la interpretación de ciertas obligaciones de derecho internacional, al igual que la imaginación de la doctrina internacional.

[1] Comunicado conjunto # 60 sobre el Acuerdo de creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, La Habana, Cuba, 23 de septiembre de 2015. http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/proceso-de-paz-con-las-farc-ep/documentos-y-comunicados-conjuntos/Documents/comunicado-conjunto-60-23-septiembre-2015.pdf

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