Audiencias orales de excepciones preliminares en el caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)

Palacio de la Paz - La Haya

Por: Andrés Gómez y Tomás Jaramillo

Pontificia Universidad Javeriana

El 26 de noviembre de 2013, a un día de cumplir el plazo que establece el artículo LVI del Pacto de Bogotá para oficializar el retiro de Colombia del mismo tratado, Nicaragua interpuso una demanda contra este Estado ante la Corte Internacional de Justicia.  En ella, Nicaragua le pidió a la Corte que declarara a Colombia culpable de varias violaciones del derecho internacional. Asimismo, Nicaragua argumentó en su demanda que la jurisdicción de la Corte, o su capacidad de conocer derterminado caso, estaba fundamentada en el artículo 31 del Pacto de Bogotá.

Siguiendo su  procedimiento, la Corte ordenó que Colombia presentara sus excepciones preliminares, los días 28 de septiembre a 2 de octubre. Al respecto, consideramos que Colombia debería presentar tres excepciones preliminares; de estas, una con respecto a la competencia o jurisdicción de la Corte y dos con respecto a la admisibilidad de algunas pretensiones.

Antes de proceder a cada una de las excepciones preliminares, es importante hacer la diferenciación entre jurisdicción y admisibilidad. La jurisdicción se refiere a la habilidad de la Corte para conocer una controversia internacional determinada entre Estados. Por otra parte la admisibilidad va dirigida a la posibilidad de la Corte de conocer cada una de las pretensiones.

En consecuencia, la excepción con respecto a la jurisdicción busca que la Corte se declare incapaz de conocer del caso en razón de la aplicación temporal del Pacto de Bogotá; específicamente por lo previsto en sus artículos XXXI y LVI. El primero de ellos le da jurisdicción ipso facto a la Corte en caso de presentarse una disputa jurídica internacional entre dos Estados parte del tratado (como lo es Nicaragua y lo era Colombia). El segundo regula la forma en que un Estado puede denunciar el tratado.

El artículo LVI establece literalmente que el Pacto “podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios.” Pero lo más importante, al final aclara que “La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.” Por oposición se deduce que la denuncia si tendrá efecto para los procesos iniciados  después del aviso respectivo. Por lo tanto, Colombia no estaba sujeta al artículo XXXI del tratado y Corte carece de jurisdicción.

La segunda excepción preliminar busca desestimar la admisibilidad de la Corte de la pretensión de Nicaragua de solicitar cumplimiento de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Los mandatarios colombianos optaron por no acatar las resoluciones de la Corte pues consideraban, principalmente, que estos límites fronterizos entre dos Estados se deben fijar de mutuo acuerdo mediante un tratado o convención.

La excepción se fundamenta en que dicha facultad no se encuentra en el estatuto ni en el reglamento de la Corte por tener un carácter político. Por el contrario, fue delegado a otros órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad y la Asamblea General como se evidencia en los artículos 10, 11, 14, 22 y 94 de la Carta de las Naciones Unidas.  Por estas razones, la Corte no tiene capacidad legal para hacer designar la forma en la que se deban cumplir sus fallos. Así mismo ella lo ha reconocido en el caso de Haya de la Torre (Colombia v. Perú) e East Timor (Portugal v. Austria). Incluso Nicaragua en el pasado ha acudido con éxito a estos órganos con el mismo fin.

La última excepción preliminar, también de admisibilidad, se dirige a la pretensión de Nicaragua de declarar que Colombia violó obligaciones de derecho internacional consuetudinario reflejadas en la CONVEMAR. Lo curioso del caso, es que Colombia no ha ratificado dicho tratado, luego éste no puede ser oponible en virtud del tratado de Viena de 1969.

En conclusión, la Corte, en virtud del artículo 53 de su propio estatuto, debería decidir que carece de competencia en el presente caso fallando a favor de la excepción preliminar sobre su falta de jurisdicción. Adicionalmente debería rechazar las pretensiones sobre la CONMEVAR y el cumplimiento de la sentencia  del 19 de noviembre de 2012. De esta forma la Corte actuará en derecho y hará justicia.

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