Caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)

Por: Felipe Rodríguez y Ricardo Schembri

Pontificia Universidad Javeriana

Los Estados de Nicaragua y Colombia, a partir de mediados del siglo pasado, han llevado relaciones diplomáticas de alta complejidad obstaculizadas por una serie de disputas a nivel internacional. Dos eventos fundamentales dentro de este conflictivo devenir fueron la celebración del Tratado Esguerra – Bárcenas, de adjudicación de soberanía territorial, en 1928 y la suscripción de ambas partes al Pacto de Bogotá, o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, en 1948.

Las relaciones entre estos Estados se llevaron con diplomacia hasta que en 2001 Nicaragua interpuso una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. La demanda se falló en 2012 a favor de Nicaragua, sin embargo esto no llevaría la controversia en cuanto a delimitación marítima a su término, pues en septiembre del 2013 el Estado nicaragüense se disponía a presentar una nueva demanda ante la misma corporación.

Frente a este escenario, y teniendo presente la posición de resistencia del fallo de 2012, cabe calificar como una imperiosa necesidad la interposición de recursos en defensa de los intereses nacionales de Colombia. Por tanto se plantea ¿Puede la Corte volver a asumir jurisdicción en esta nueva demanda interpuesta por Nicaragua?

Se exponen a continuación las excepciones preliminares sugeridas para que Colombia presente ante la CIJ:

  1. Cosa juzgada; se trata de una excepción en cuanto a la admisibilidad de la demanda que se funda en 3 elementos básicos: mismos sujetos, mismo objeto y misma base legal.

En cuanto a la identidad de sujetos, siendo Nicaragua la parte demandante en ambas ocasiones y Colombia el sujeto demandado, este requisito se cumple a cabalidad.

En cuanto a la identidad del objeto, se trata en la primera demanda de soberanía territorial y marítima. En la segunda demanda, de la misma forma el objeto en cuestión es la soberanía territorial y marítima, en este caso buscando ampliarla tras el primer fallo de la Corte.

En cuanto a la identidad de la base legal, la violación en derecho que fundamenta la primera demanda recae sobre una violación de soberanía en cuanto a los límites marítimos, fundada en la supuesta invalidez del Tratado Esguerra- Bárcenas; y a su vez en la segunda demanda se trata de una violación de soberanía respecto a los límites marítimos, fundada esta vez en la inaplicación del fallo de 2012.

Por tanto, cumpliéndose la totalidad de los elementos, la excepción de Cosa juzgada resulta procedente.

  1. Competencia en razón del tiempo; es una excepción que se funda en el principio de irretroactividad, basándose en la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia.

El Estado colombiano, en noviembre de 2012, denunció el Pacto de Bogotá y frente a ello es necesario referirse al artículo 56 del mencionado pacto, el cual se contradice y por tanto abre la posibilidad a dos tipos de interpretaciones.

Por un lado, que la denuncia resulta efectiva solamente tras un año del aviso de esta; por el otro, que la denuncia solamente excluye de sus efectos a los procedimientos previos al aviso de la denuncia, por lo cual todos aquellos que sean posteriores tendrían ausencia de consentimiento en razón del tiempo.

  1. Competencia en razón de la materia; también podría presentarse como una excepción preliminar dado que la obligación internacional sobre la cual recae la controversia genera un conflicto entre derecho interno y derecho internacional.

En el artículo 101 de la Constitución Política se determinan las formas de establecer y modificar el territorio nacional, siendo los tratados internacionales la única manera concebida para tal fin. Además, habiéndose establecido previamente límites bajo el consenso de las partes mediante tratado, ir en contra de ello implicaría una violación al Pacta Sunt Servanda. Por lo cual un fallo de la CIJ en cuanto a delimitación territorial no contaría con el consentimiento en razón de la materia.

En resumen, Colombia tiene varias opciones para controvertir la jurisdicción de la Corte o la admisibilidad del caso en La Haya, y las audiencias programadas para el 28 de septiembre de 2015 será la primera oportunidad para defenderse de la nueva demanda interpuesta por Nicaragua.

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