Crisis migratoria

CRISIS MIGRATORIA

Por: Andrés Barreto González

Abogado Internacionalista, Miembro Fundador de ACCOLDI

Como suele suceder con los temas internacionales en Colombia, estos a veces nos estallan en las manos sin darnos cuenta de sus magnitudes y consecuencias. Así como hemos visto inmediatez e improvisación en escenarios como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en organizaciones internacionales, con sorpresa el gobierno colombiano encuentra que Colombia es un lugar de tránsito de migrantes irregulares, así como un punto de origen y tránsito de personas víctimas del delito de trata de personas.

La frontera terrestre con Ecuador, y la frontera geográfica con Panamá, se han convertido en dos puntos de referencia del ingreso de extranjeros (en principio regulares), que hacen de Colombia su plataforma para desplazarse hacía el Golfo de Urabá, con la esperanza de emprender una travesía marítima y a pie por el Tapón del Darién.

Es sorprendente que un Estado expulsor de connacionales como Colombia, del que muchos han tenido que emigrar por el conflicto armado, la violencia, la inseguridad, y la falta de oportunidades económicas, y que ha generado verdaderas crisis humanitarias como sucedió con el Ecuador, hoy se haya convertido en un Estado reactivo y represivo.

Pero, más allá de la identificación de estas fronteras calientes y el paso obligado de los migrantes irregulares hacia Centroamérica, cabe preguntarse cuáles son las acciones que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia al respecto.

El drama humano de estos migrantes evidencia su desesperación y falta de oportunidad (algo bien conocido también por los colombianos), quienes se tienen que aventurar en un inhóspito territorio y estar sometidos a los vejámenes de traficantes de personas, oportunistas y autoridades corruptas.

Colombia ha suscrito y ratificado todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (los que igualmente vinculan amén del Ius Cogens), y se precia de ser un actor relevante en el ámbito regional en la promoción, protección y garantía de estos derechos.

Adicionalmente, como Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000), su obligación es la de proteger a los connacionales y extranjeros de este delito, así como tomar las medidas para investigarlo y sancionarlo.

En igual sentido, y de acuerdo con el objeto de dichos instrumentos y su conexidad con los derechos humanos, sería exigible al Estado colombiano que las actuaciones administrativas no se limitasen a ofrecer el abandono voluntario del país, o imponer la medida de deportación o expulsión, sino más bien a proteger los derechos de estos migrantes, quienes pueden ser sujetos del delito de trata de personas, tráfico de migrantes, o ser elegibles para la protección del derecho de asilo o refugio dadas las condiciones y los Estados de los que huyen.

Con mucho tino se ha dicho en el pasado que Colombia, además de ser una suerte de “Tíbet Latinoamericano”, vive de espaldas al derecho internacional, y prueba de ello no son solo los reveses judiciales que suele sufrir, sino la confusión y divorcio entre los tratados e instrumentos que ratifica, su ordenamiento jurídico, la realidad interna, y las actuaciones y determinaciones que toma, la más reciente la de tener una crisis humanitaria con 1.800 migrantes irregulares en un municipio de 163.000 habitantes.

En este contexto es casi que un hecho notorio que los nacionales cubanos y algunos africanos pueden reunir las condiciones para el asilo o el refugio, situación que en Colombia (“el Tíbet Latinoamericano”) parece casi imposible de lograr.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó al Estado colombiano su “profunda preocupación” ante la situación de “extrema vulnerabilidad” que padecen los migrantes varados en el país, y las eventuales consecuencias (por ejemplo para los cubanos) de su deportación.

La CIDH recordó además que, antes de promover la salida voluntaria, “es obligación del Estado identificar migrantes que tengan necesidades especiales de protección, y adoptar medidas para ello”, compromiso que Colombia, hablando de paz y reconciliación, al parecer ha olvidado.

Urge entonces una profunda investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia para determinar las causas de este incremento de migrantes irregulares, así como la adecuada coordinación entre las autoridades de policía y los servicios de inteligencia para detectar y desarticular las redes de trata y los “coyotes”, así como la definición de una política efectiva que honre los compromisos jurídicos internacionales, la cual no se limite a solucionar el problema con la expulsión o deportación, especialmente cuando estas personas pueden ser sujetos de violaciones a sus derechos humanos.

La solución no es el cierre de la frontera ni la cacería de brujas, la solución es pensar en políticas públicas a largo plazo que desarrollen de manera articulada los mil y un tratados que Colombia suscribe por cumplir, y luego olvida aplicar o acatar en debida forma.

La política exterior es una cuestión de Estado y una política estratégica de largo plazo, no podemos inventar la rueda cada cuatro años, ya hay suficiente evidencia de que lo que se está haciendo no va en la senda correcta.

— Esta entrada fue inicialmente publicada en el sitio web  http://www.notinetlegal.com/crisis-migratoria-131.html y es reproducido por el Blog Debate Global a solicitud del autor —

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