Ahora sí, los acuerdos especiales: ¡pero en serio!

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Por: Rafael Prieto Sanjuán, PhD

Profesor Titular – Pontificia Universidad Javeriana / Director Ejecutivo – Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional

Al pensar en rescatar lo positivo de este proceso de paz, los acuerdos especiales merecen ser particularmente destacados. En efecto, no el fallido acuerdo político que el Gobierno y las Farc suscribieron, tergiversando la vocación humanitaria del artículo 3 común a los 4 Convenios de Ginebra de1949, pretendiendo resolver con él, todos los problemas del país. No, nos referimos es a aquellos en donde “las Partes en conflicto ha[ce]n lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones” de dichos Convenios (art. 3 común, in fine. Véase multimedia sobre “Los Acuerdos Especiales para la Paz a la luz del DIH”).

Cosa curiosa, durante todo el proceso de negociación, no solamente se evitó cualquier alusión al Derecho Internacional Humanitario, DIH o “Derecho de Ginebra”, sino que, además, los negociadores parecían desconocer que ciertos acuerdos eran, ni más ni menos, la mejor expresión del DIH y una aplicación concreta de la norma en mención. Ahora, la ignorancia, o la significativa omisión de esta locución a lo largo del proceso, en ningún caso justifica la necesidad de renegociar –si no es para mejorar– lo inicialmente acordado en materia humanitaria. Veamos:

El acuerdo concerniente a la cesación del reclutamiento, desmovilización, entrega y restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, no solamente hace parte de los derechos de la población más vulnerable, tanto en situación de conflicto armado como en tiempos de paz, sino que tales derechos, internacionalmente reconocidos, se integran al ordenamiento jurídico colombiano por vía del bloque de constitucionalidad. Esto es, sin necesidad de un acuerdo humanitario, ésta es una obligación de carácter horizontal, que obliga a las partes en conflicto por igual, pero cuya exigencia mínima puede ser superada a través de acuerdos especiales.

¿Y qué decir del acuerdo sobre la identificación y búsqueda de las personas desaparecidas o entrega de sus restos? ¿Se olvidan que ya existe una normativa bastante sofisticada a nivel internacional como interno? Pero, adicionalmente, ¿cómo discrepar de la validez, pertinencia, urgencia y necesidad de un acuerdo especial, o condicionarlo al aval u oportunismo de algunos políticos? En definitiva, el derecho de las víctimas y familiares de los desaparecidos no pueden depender de una renegociación, repito, si no es en aras de fortalecer los mecanismos o instrumentos para hacerlo más eficaz. Así las cosas, nada, nada justifica que no se implemente este acuerdo desde ya.

En el mismo sentido, el desminado. Aunque estratégicamente (en el plano operacional) se pudiese sustentar el uso de minas antipersonal entre enemigos, es más que evidente su fracaso respecto del principio de distinción (entre combatientes y civiles), así como el de proporcionalidad, ambos pilares del DIH. Su renuncia consensuada no es pues, sino otro ejemplo de superación del umbral mínimo a la que invita el artículo 3 común de los 4 Convenios de Ginebra. En consecuencia, tampoco existe razón válida, ni jurídica, ni política, ni siquiera militar, para no cumplir con dicho acuerdo.

Más aun, el acuerdo puntual sobre un cese el fuego bilateral y definitivo, ¿por qué convertirlo ahora en temporal? ¿Simplemente porque la mayoría dijo no al acuerdo general? Cierto es que la cesación de hostilidades depende de la voluntad política y las necesidades militares de las partes en un conflicto armado. Sin embargo, si éstas pensaran un poco ‒solamente un poquito‒ en la población civil, inerme e inocente, frente a la desmedida ambición y egoísmo de las primeras, encontrarían que no existe obstáculo alguno para poner en marcha éste y los demás acuerdos parciales de carácter humanitario que fueron adoptados durante el proceso de negociación.

En fin, mientras la designada comisión de “sabios” se estanca en egos y componendas políticas, ¿por qué no avanzar decididamente en la concertación e implementación de otros acuerdos especiales, y no solo con las Farc, sino con otros grupos armados también, y sin la condición de alcanzar “el mejor acuerdo de paz posible” en un futuro lejano o indeterminado? Algunos ejemplos de acuerdos especiales podrían comprender, la designación de potencias protectoras, el establecimiento de zonas seguras o de corredores que permitan garantizar el acceso y despliegue de operaciones humanitarias, el retorno de personas secuestradas o el mejoramiento de las condiciones de aquellas que han sido detenidas o se encuentran privadas de libertad, así como el otorgamiento de la más amplia amnistía que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Penal pudiesen aceptar. Pero esta vez, por favor, señores y señoras, tómense en serio los acuerdos especiales del DIH, tan urgentes como necesarios para un país cuya guerra, infortunadamente no está cerca de terminar.

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