¿Debemos perder la fe en el derecho internacional público? observaciones respecto del caso Nicaragua vs. Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

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Por: Véctor Manuel Bernal Callejas

Miembro de ACCOLDI

Abogado Universidad de los Andes, Master Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y LL.M University of Pennsylvania Law School

El siglo XX fue testigo de grandes tragedias de categoría mundial. Para prevenir nuevos desastres de tales magnitudes, la creación de la Organización de Naciones Unidas, vigente en la actualidad, trató de corregir los errores del pasado y encaminar a los Estados a un periodo de paz permanente. La Corte Internacional de Justicia cumple una labor importante para lograr tal propósito. Su estructura, diferente a las demás organizaciones que componen el organigrama de la Organización de Naciones Unidas, busca dotar al mundo de un órgano jurídico eficaz y ágil para dar solución a las controversias que se generen entre los Estados.

Aun cuando no es la panacea, es importante mencionar que la Corte Internacional de Justicia ha tratado de ser la correcta evolución de la Corte Permanente de Justicia Internacional creada bajo la égida de la Liga de las Naciones, con unos estatutos que fueron adoptados como anexo de la Carta de San Francisco, lo cual le da una significativa importancia, y con un reglamento que evita a toda costa cualquier violación al debido proceso de las partes. El problema de la Corte Internacional de Justicia no radica ni en su estructura, ni en su definición de jurisdicción y competencia, radica en la falta de imperium de la Corte, en la imposibilidad de exigir por medios coercitivos la ejecución de sus sentencias. Todo depende de la bona fide de los Estados, en últimas de la voluntad política del dirigente de turno, sin que los métodos de ejecución forzosa puedan considerarse como efectivos.

Los Estados como entidades independientes de sus dirigentes políticos, van creando una historia propia en materia de derecho internacional público. A partir de los movimientos independentistas del siglo XIX y del establecimiento de los nuevos Estados americanos, se ha discutido en los escenarios tanto académicos como de carácter diplomático las posibilidades de establecer convenios o tratados de solución de controversias pacíficas dando, inicialmente, un peso importante al arbitraje internacional. La República de Colombia ha sido un partícipe significativo en este propósito, tanto así que fue sede de la IX Conferencia Panamericana, marco en el que se suscribió el Tratado de Solución Pacífica de Controversias denominado Pacto de Bogotá.

La idea principal del Tratado multilateral era la de sentar las bases fundamentales de solución de controversias entre los Estados americanos para que estos no tuvieran que, bajo ninguna circunstancia, acudir a la confrontación bélica para resolver sus controversias, principalmente en materia limítrofe. Uno de los ejemplos más significativos ha sido el diferendo entre la República de Nicaragua y la República de Colombia. El Estado nicaragüense hizo uso de las disposiciones consagradas en el Pacto para activar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia frente al diferendo limítrofe por el archipiélago de San Andrés y Providencia.

La estrategia defensiva de la República de Colombia fue en primer lugar cuestionar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Así las cosas se presenta ante nuestros ojos la confrontación entre las nociones de soberanía estatal frente a las decisiones de un organismo internacional y marca las fricciones que se dan en materia de derecho internacional.

Las fricciones entre derecho interno y derecho internacional son el derrotero de los Estados para no acatar con las sentencias y laudos que profiere la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral. El caso de Colombia en donde la Corte Constitucional (equivalente al Tribunal Constitucional Español) determinó la prevalencia de una norma constitucional colombiana frente a una sentencia internacional, permitiendo esto al ejecutivo colombiano manifestar la necesidad de suscribir un tratado entre Nicaragua y Colombia para en cierta medida ratificar lo manifestado por la Corte Internacional de Justicia, deja un sabor agridulce respecto de la exigibilidad de las sentencias del tribunal internacional, pero además de la posición de Colombia en el escenario internacional, teniendo en cuenta que el Estado colombiano ha sido un defensor a ultranza de las medidas de carácter internacional y por ende de las normas de derecho internacional público. Para los contradictores del derecho internacional público este caso es una demostración de las falencias del sistema y de lo débil que este es en realidad, sin embargo esto no debe evitar que los defensores del sistema continúen los esfuerzos encaminados a fortalecerlo y a seguir creyendo en él.

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