REQUIEM POR LOS CONNACIONALES DETENIDOS EN CARACAS

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Foto extraída del portal web de la emisora Radial “La FM”

Por: Andrés Barreto González

Miembro ACCOLDI

Miembro Fundador ACCOLDI
Of Counsel en Moncada Abogados
Secretario General del Colegio Colombiano de Juristas

El 1º de septiembre de 2016, en el marco de la “Operación Libertad del Pueblo”, el gobierno de Nicolás Maduro decidió que un positivo en materia de seguridad era acusar y encarcelar a varios colombianos para responsabilizarlos de presuntas actividades de desestabilización en el vecino país.

Según Nicolás Maduro, ese 1º de septiembre las autoridades habían encontrado un “campamento paramilitar colombiano” a menos de 500 metros del Palacio de Miraflores, en donde casi 100 colombianos orquestaban actividades mercenarias.

En este caso lo curioso es que todos fueron detenidos en diferentes locaciones y en diferentes momentos, y fueron trasladados a diferentes ubicaciones hasta que los agruparon para hacer este burdo montaje.

Sin embargo, de los 92 colombianos capturados en la “Operación Libertad del Pueblo” 59 siguen en prisión desde el mes de septiembre de 2016, a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el  juzgado 27 de control de Caracas ordenó  “la libertad plena de los ciudadanos de nacionalidad colombiana de conformidad a lo establecido en el artículo 67 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar la libertad individual, el derecho a la salud y cumplir con los convenios y tratados internacionales establecidos en los artículos de la Constitución de la República Bolivariana”.

A través de un comunicado la Cancillería informó a el diario El Heraldo que, hasta el 14 de enero de 2018, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Consulado de Colombia en Caracas “habían elevado numerosas notas y sostenido reuniones al más alto nivel con las autoridades venezolanas, solicitando su concurso para lograr la resolución de la situación jurídica a los connacionales”.

Ante el agotamiento de la asistencia consular, es de notar que la Cancillería colombiana debería elevar notas de protesta contra Venezuela como medida diplomática y política, además de elevar el tema ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos, del cual Venezuela hace parte, algo que es absurdo porque ese país tiene un récord internacional en detenciones abusivas sin órdenes judiciales, o casos más aberrantes como el de estos 58 colombianos acusados falsamente, y quienes aun cuando fueron exonerados por la justicia, no tienen certeza sobre su puesta en libertad y repatriación.

La organización en defensa de los derechos humanos Human Rights Watch a través de su oficina en Caracas, se ha pronunciado sobre este caso señalando que “los 58 colombianos que siguen detenidos en Venezuela, a pesar de contar con una orden de liberación plena hace semanas, son rehenes del gobierno de Maduro. Este asunto demuestra que en el raro caso en que una jueza adopta una decisión que protege derechos humanos, las autoridades siguen teniendo la última palabra sobre la libertad de las personas, dejando en absoluta evidencia la falta de estado de derecho en el país”.

En noviembre de 2017 la ONG Amnistía Internacional también se refirió al caso señalando que “no se puede pasar por encima del sistema de justicia y acusar a un grupo de personas por el simple hecho de ser extranjeras de estar cometiendo un delito, la sentencia judicial debe ser ejecutada de inmediato”.

Es increíble que después de que un juez venezolano ordenara la libertad de los 58 colombianos detenidos en Carcas desde el pasado mes de noviembre de 2017, estos aún se encuentren detenidos. Esto viola los derechos humanos de los connacionales, al tiempo que demuestra una total ineficiencia del aparato consular colombiano en esa ciudad venezolana.

De nada sirvieron los pomposos anuncios de amistad y cercanía pronunciados en 2014 por el gobierno colombiano, en gran medida cómplice de lo que sucede en Venezuela, tampoco el apoyo que presuntamente prestó Venezuela al muy cuestionable proceso de paz adelantado con las FARC, tristemente Venezuela se convirtió en el peor ejemplo de violación de derechos humanos, no solo contra sus nacionales sino contra los de terceros Estados como nos lo demuestra este caso.

Las flagrantes violaciones del derecho internacional por parte de Nicolás Maduro y su régimen han sido llevadas a la Fiscalía de la CPI por varios medios, lo que, a buena hora, ha derivado en la apertura de una situación preliminar sobre lo que sucede en este país, lo que esperemos sea una esperanza en recuperar la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos.

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