Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido este 16 de noviembre, Colombia anunció que “contrademandó” a Nicaragua (véase texto del comunicado en su integralidad reproducido al final de esta nota). Lo hizo anticipándose al servicio de prensa de la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ). El comunicado fue objeto de una amplia cobertura de prensa, agencias internacionales de noticia incluidas.

Nótese que en la parte final del precitado comunicado oficial, se puede leer textualmente que: “El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte” (sic).

¿Qué será lo que puede motivar a un Estado a comunicar antes de tiempo (y antes de conocer el texto completo y definitivo de la decisión de la CIJ) el resultado de una de sus gestiones? Es una pregunta que posiblemente algunos pocos se harán en Colombia y en algunos círculos especializados. Si además se evidencia un uso erróneo de la terminología oficial de la CIJ para designar ciertas herramientas jurídicas procesales de las que disponen los Estados en La Haya, la duda es mayor, y es probable que surjan más interrogantes.

Foto del Presidente de Colombia, extraída de artículo de prensa titulado “Esta es una decisión injuriosa para Colombia“, marzo 2016 

En efecto, no existe ninguna demanda planteada por Colombia contra Nicaragua que se haya registrado ante la CIJ. La consulta al sitio oficial de la CIJ así lo confirma. Lo que Colombia ha denominado “contra demanda” de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de incluir demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros).

Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.

Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término “demanda reconvencional” es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.

La definición de una demanda reconvencional ante la CIJ que se puede encontrar en diccionarios clásicos del derecho internacional no alude en ningun momento a alguna “contrademanda”. Según el Dictionnaire de la terminologie du droit international, la demanda reconvencional se define como una «demande incidente formée par le défendeur contre le demandeur à une action en justice et se rattachant à la demande initiale par un lien de connexité» (Nota 2). Para el Encyclopaedic Dictionary of International Law, se señala que es “a cross-claim made by the respondent State in a contentious case before the ICJ instituted by means of an application” (Nota 3).

Como todo tribunal, existen reglas y usos que las partes deben respetar. Con relación a la confidencialidad / publicidad de la información, cabe recordar que todos los documentos elaborados en la etapa escrita de un procedimiento escrito ante la CIJ se mantienen bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes y el juez internacional. En cambio, el inicio de la fase oral puede permitir “liberar” algunos documentos, siempre y cuando las partes acuerden hacer del conocimiento público algunos de ellos. El articulo 53 (2) del Reglamento de la CIJ es muy claro en ese sentido: “2. La Corte podrá, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir que ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad”. Si no hay acuerdo previo, las piezas escritas se hacen públicas por parte de la CIJ después de leído el veredicto por parte de la CIJ. A diferencia de la fase escrita, las audiencias orales son públicas, permitiendo así al público en general y a la prensa seguir en tiempo real los debates en La Haya y acceder (y ello gracias al sitio oficial de la CIJ) a los alegatos de ambas partes.

Lo anteriormente señalado aplica también para decisiones interlocutorias como las providencias (ordenanzas) de la CIJ: son dadas a conocer en su integralidad por la CIJ cuando ella lo estima oportuno, una vez su contenido definitivo aprobado por sus integrantes. Dar a conocer de forma parcial (y muy posiblemente parcializada) su futuro contenido resulta a todas luces una verdadera innovación de la diplomacia colombiana, que denota algo extremadamente difícil de calificar.

El adelantar información sobre la suerte de demandas reconvencionales pendientes de resolución ante el juez internacional es una tentación que pueden tener los Estados, aún contraviniendo las estrictas reglas que tiene la CIJ sobre la circulación de la información. En el 2013, Costa Rica ofreció una interesante variable al respecto (Nota 4). Con relación a Colombia, hace unos meses tuvimos la oportunidad de señalar un detalle pasado desapercibido por parte de su legación ante la CIJ, al depositar una de sus contramemorias (Nota 5).

Más allá de la originalidad que pareciera Colombia querer imprimir a su actuación ante el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, la apreciación por parte de los integrantes de la CIJ de esta conducta debiera ser también cuidadosamente sopesada: la necesidad de anticiparse a la CIJ en anunciar la ordenanza en la que la CIJ accedió a la petición colombiana podría leerse de diversas maneras por parte de los integrantes de la CIJ. Estos últimos se muestran extremadamente cautelosos y cuidadosos, por lo general, en que la información que circule entre las partes y los jueces no se difunda antes de tiempo: en este preciso caso, antes de la difusión de un comunicado de prensa de la CIJ sobre lo dispuesto en su decisión, con el texto integral de su providencia.

Texto del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

16/11/2017

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

El miércoles 15 de noviembre de 2017, la Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas que Colombia presentó contra Nicaragua en el marco del proceso denominado Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que cursa ante dicho tribunal desde noviembre de 2013. La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia.

Al admitir estas dos contrademandas la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales: – Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

– Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. De esta manera, la Corte ha reconocido que la población del Archipiélago es una protagonista principal y aceptó que sus derechos históricos de pesca deben ser considerados en el marco del proceso. Además, que pueden existir irregularidades en la normatividad nicaragüense, lo cual será examinado con más detalle.

Por otra parte, los asuntos planteados por Colombia en relación con las obligaciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino en la región del Mar Caribe, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del Archipiélago, continuarán siendo parte de la defensa de Colombia.

El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte.

Bogotá, 16 de noviembre de 2017.

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Nota 1: El Artículo 80 del Reglamento de la CIJ estipula que: “Subsección 3. Reconvención Artículo 80 1. 
La Corte sólo podrá admitir una demanda reconvencional si entra dentro del ámbito de su competencia y tiene conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. 2. La demanda reconvencional se formulará en la contramemoria de la parte que la presente y figurará entre las conclusiones contenidas en ella. Independientemente de la decisión que adopte la Corte, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 45 del presente Reglamento, sobre la presentación de nuevos alegatos por escrito, se preservará el derecho de la otra parte a presentar sus opiniones por escrito sobre la demanda reconvencional en un alegato adicional. 3. Si se opone una excepción con respecto a la aplicación del párrafo 1 o si así lo estima necesario, la Corte adoptará una decisión al respecto después de haber oído a las partes”.

Nota 2: Véase BASDEVANT J., Dictionnaire de la Terminologie du Droit International, Paris, Sirey, 1960, p. 199

Nota 3: Véase Encyclopedic dictionary of international law, Parry and Grant, 1988, Oceana publication, Inc., New York. London. Rome, p. 78.

Nota 4: En el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua ante la misma CIJ en el 2010 por la incursión de Nicaragua en Isla Portillos, este enlace refiere al cronograma seguido por la CIJ y ambas partes con relación a cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua. No obstante, el 4 de febrero del 2013 un artículo publicado en La Nación (Costa Rica) “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado” hace ver que una parte de un documento escrito presentado unos días antes por Nicaragua a la CIJ fue dado a conocer a la prensa de Costa Rica, provocando días después, reclamos de unos y otros, atizando los ánimos y provocando reacciones airadas de ambos lados del río San Juan: situaciones que, precisamente, las estrictas reglas de confidencialidad que impone el juez internacional buscan evitar en la etapa escrita. La decisión de la CIJ sobre las medidas reconvencionales solicitadas por Nicaragua (que incluía una relacionada al río costarricense del Colorado) se daría a conocer tan solo el 18 de abril del 2013 (véase texto).¿Cómo llegó al iniciar febrero del 2013 a manos de un medio de prensa costarricense la pretensión de Nicaragua formulada en su escrito del 30 de enero a la CIJ?: se trata de un secreto extremadamente bien guardado.

Nota 5: Al depositar el pasado 28 de setiembre su contramemoria en uno de los dos casos que Nicaragua planteó a la CIJ contra Colombia, tuvimos la oportunidad de señalar una extrañeza, que al parecer no cuenta con precedente alguno, por parte de la legación diplomática colombiana en La Haya: véase nuestra nota titulada”Nicaragua / Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)” en la que indicamos que: “Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas“.

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Homenaje al Dr. Diego Uribe Vargas

Invitación DUV

Es muy grato para la Academia Colombiana de Derecho Internacional anunciar el lanzamiento oficial de la nueva página del Dr. Diego Uribe Vargas: www.diegouribevargas.com. El innovador portal brinda acceso gratuito al conjunto de materiales como publicaciones, una biografía ilustrada, relatos, distinciones y variedad de fotografías de su destacada carrera.

El evento en homenaje de Diego Uribe Vargas en reconocimiento de su vida, obra e influencia en el desarrollo del derecho internacional y su aporte como fundador del programa de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estará orientado por la conferencia magistral “Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional: la Protección de Personas en Caso de Desastres”, presentada por el Dr. Eduardo Valencia Ospina, quien sin lugar a dudas, es un distinguido jurista, miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde 2006, y actualmente es Relator Especial sobre el tema de la protección de personas en caso de desastres. Cuenta con más de treinta años de experiencia con el servicio jurídico de las Naciones Unidas y fue Secretario de la Corte Internacional de Justicia – CIJ durante catorce años, con el nivel de Subsecretario General.

El evento se llevará a cabo en el Aula Múltiple de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el jueves 30 de noviembre a las 11:00 am.

Para finalizar, compartimos un relato especial sobre la vida profesional del respetado Dr. Uribe Vargas realizado por el Dr. Fabián Augusto Cárdenas.

Remembrando la vida profesional de Diego Uribe Vargas y su impacto intergeneracional

 

Remembrando la vida profesional de Diego Uribe Vargas y su impacto intergeneracional

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2003, La Haya, En el Peace Palace asistiendo a la Reunión Ordinaria del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, junto al ex-secretario general en la ONU, Butros Butros-Ghali. Arriba Fabián Cárdenas y Andrés Mora Tomada de diegourivevargas.com 

Por: Fabián Augusto Cárdenas Castañeda PhD 

Miembro ACCOLDI

Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conocí a Diego Uribe Vargas en el año 2002 cuando tuve la fortuna de tenerlo como mi Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. En ese momento, detrás de un señor Bogotáno ya mayor, destacado en cuanto a su apariencia por la extrema elegancia, gran porte y calidez, pude conocer no solo a un intelectual que parecía saber muchísimo sobre Derecho Internacional, sino a un verdadero maestro, que con su característica amabilidad y cordialidad mostraba su interés no solo por enseñar una materia sino por formar juristas y nuevas generaciones de internacionalistas. Y sí que fue efectiva su enseñanza, hoy en día me dedico de lleno al Derecho Internacional gracias a la mentoría que entonces me diera el profesor Uribe Vargas, o de como a él le gustaba que lo llamaran sus amigos, Diego, a secas.

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Fotografía tomada de diegouribevargas.com

Cuando atendí este curso de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional en realidad no era totalmente consciente de la magnitud de personaje que estaba al frente del auditorio, aunque podía hacerme una idea por las experiencias cotidianas de clase. Entonces, solo tenía la noción de lo que era evidente a mi simple percepción. Un hombre con gran conocimiento, que casi siempre podía enseñar el Derecho Internacional en primera persona, ya que sus experiencias ilustraban los fundamentos del Derecho Internacional; esto debido a que en muchas ocasiones actuó a nombre del Estado, firmó tratados, intervino en la solución de controversias, etc. También me llamaba la atención que llegaba casi una hora antes de sus clases a fin de poder conversar con cualquier estudiante que quisiera hablar con él acerca de temas jurídicos, no sin evitar saludar calurosamente tanto a sus colegas en la Universidad, como a porteros, administrativos y personas del servicio de aseo y mantenimiento. Es sin duda una persona con un gran don de gentes abierto a los eruditos, estadistas e intelectuales, pero también a las personas más sencillas y humildes. Una de las primeras cosas que me impresionó fue su capacidad para establecer diálogos a diversos niveles.

Ahora que lo pienso en retrospectiva entiendo que la imagen tan diversa, compleja y enriquecida de este experimentado profesor que dictaba clase magistralmente sin tan siquiera tener una simple nota en sus manos, era sin duda el reflejo de todas sus experiencias en la vida pública y académica. Un intelectual que había pasado por casi todos los cargos públicos en el Estado y que había acumulado publicaciones y conferencias por diversos lugares del mundo, no puede más que generar esta imagen de alguien, que como se dice coloquialmente, estaba posicionado más allá del bien y del mal, lo cual era evidente en su semblante absolutamente tranquilo y reposado.

Diego Uribe Vargas sin duda nació para hacer lo que alcanzó en su vida profesional. Probablemente su cargo público mas representativo fue el de Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el cual ejerció entre 1978 y 1981. No obstante, es claro que este fue solo el resultado de toda una trayectoria en el Estado, que comenzó como líder estudiantil en contra del régimen de Rojas Pinilla, pero que incluyó puestos como el de Juez Municipal, Diputado de Cundinamarca, Secretario de Gobierno de Cundinamarca, Jefe de Delegación ante diversas versiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Senador de la República y Gobernador de Cundinamarca, entre otros. Así, su notable y recordada gestión como Canciller y luego como Embajador en Francia, no son sino el producto de su conocimiento profundo de Nación desde diversas perspectivas. Diego Uribe Vargas es un publicista que conoce así el Estado desde las labores más sencillas y procedimentales hasta la gestión de la alta dirección.

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Fotografía tomada de diegouribevargas.com

Aunque su gestión en la diplomacia es extensa, hay ciertas causas que lo caracterizan hoy en día. En 1980, Diego Uribe Vargas escribió “El Libro Blanco de la República de Colombia”, el cual es un análisis profundo de las relaciones fronterizas de Colombia con Nicaragua y que constituyó la primera defensa férrea que realizó el Estado colombiano de su soberanía ante las pretensiones territoriales y marítimas de Nicaragua, y que ya entrado el siglo XXI se han venido ultimando a través de los casos que ha conocido la Corte Internacional de Justicia al respecto. En el Libro Blanco, y en toda su carrera diplomática y luego académica, Diego Uribe defendió a capa y espada la santidad del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, así como su naturaleza de tratado de límites entre Nicaragua y Colombia; de este modo, también defendió la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás formaciones mencionadas en el Tratado, así como el hecho de que el Meridiano 82 constituía en efecto el límite marítimo entre los estados.

Por otro lado no solo está su papel protagónico como Canciller en la negociación eficaz con el grupo guerrillero colombiano M19 luego de que en 1980 se tomaran por la fuerza la Embajada de República Dominicana en Bogotá (alcanzando la solución del conflicto y la liberación de los retenidos), o la firma del Tratado Uribe Vargas – Ozores que le daría los últimos y actuales derechos que tiene Colombia sobre el Canal de Panamá, sino su defensa de las 200 millas náuticas de mar territorial en diversas conferencias del mar, así como múltiples y nobles causas por la integración regional en América Latina y la vigencia de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos.

Con los anteriores antecedentes, no es tampoco una sorpresa porqué fue uno de los más distinguidos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que redactó y aprobó la Constitución Colombiana que aún hoy se encuentra vigente. El Profesor Uribe Vargas fue uno de los 70 constituyentes elegidos por elección popular. Particularmente enfocó sus esfuerzos en la Comisión Primera sobre principios y derechos con un especial énfasis en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales. Sin lugar uno de sus principales logros fue el establecimiento del actual artículo 33 de la Constitución colombiana que reza: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La Paz como un Derecho Fundamental no solo fue totalmente novedoso en Colombia, sino que sentó un precedente, como directriz y punta de lanza para las constituciones latinoamericanas. De hecho, es gracias a este artículo constitucional que hoy se pueden adelantar todos los avances en el vigente Proceso de Paz Colombiano.

Como constituyente y aún desde décadas atrás en su posición de Senador, también había apoyado causas como la creación del ombudsman, o lo que actualmente se conoce como el Defensor del Pueblo, las elecciones populares a todo nivel de la administración pública en Colombia, el voto a partir de los 18 años de edad, la eliminación de cargos vitalicios en el Estado, y la inclusión de los Derechos Humanos en el diseño constitucional.

Luego de la aprobación de la Constitución Colombiana de 1991 también hizo parte de la Comisión Especial Legislativa, también llamada por la opinión pública como “Congresito”, conformada por 36 miembros elegidos por la Asamblea, que se encargaba de ejercer funciones legislativas en el periodo de transición hacia la instalación del nuevo Congreso. Sin duda un hito en la historia legislativa colombiana.

Pero Diego Uribe Vargas no se quedó en estas magnificas representaciones estatales, sino que siempre se preocupó por llevar los debates al campo de la docencia y la investigación, así como hacia la socialización de los debates en múltiples sociedades académicas.

Es importante rescatar que por décadas ejerció la cátedra de Derecho Internacional en la universidad pública –donde lo conocí-. También fundó la actual Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y ejerció como profesor visitante en una multiplicidad de universidades nacionales e internacionales. Pero también vale la pena destacar su participación activa en diversas sociedades académicas, dentro de las que a manera de ejemplo se pueden citar las academias de historia, jurisprudencia, de la lengua, en Colombia, como su rol en el prestigioso Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Comité Científico del Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de Trieste, el Comité Científico de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de Paris, y el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional de Madrid.

De su paso por salones de clase y academias alrededor del mundo han quedado cincuenta y un publicaciones dentro de las que se encuentran libros y artículos escritos en español y francés, en Colombia y en el exterior, que abordan diversos temas de gran relevancia para el derecho internacional pero dentro de los que se destaca un especial interés y pasión por los derechos humanos, particularmente la tercera generación de los derechos, incluyendo la paz, el medio ambiente y el desarrollo, así como el derecho del mar, la Antártida, el diferendo Nicaragua-Colombia, y la modernización del Estado a través de las precitadas profundas reformas constitucionales, con un especial énfasis en el referéndum como un espacio de reforma para el pueblo, e igualmente la creación de un defensor de derechos humanos para los ciudadanos, o institución del ombudsman. En este aspecto es bien significativo mencionar que su última obra fue el libro “Derecho Internacional Ambiental” publicada en 2010 por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y de la cual tengo la alegría, privilegio y orgullo de ser coautor. Al respecto, él siempre ha recalcado que si bien los derechos humanos fueron el tema de mayor protagonismo de la última parte del siglo XX, el siglo XXI tendría que dar un giro hacia el medio ambiente, ya que de él no dependían simples debates de alternativas jurídicas, sino la misma existencia de la humanidad. De hecho, el medio ambiente trazó el inicio de su carrera académica, ya que su padre, Gustavo Uribe, fue un acérrimo defensor del árbol en décadas donde todo esto era puro progresismo, marcando así sus etapas más tempranas, pero también ha sido la última de sus piezas académicas.

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Finalmente, quiero concluir que el Doctor Diego Uribe Vargas, está engalanado de decenas de distinciones y condecoraciones que son apenas símbolos de sus diversos logros en la vida pública y académica, dentro de las cuales se encuentran, la Cruz de Boyacá y otras cuantas en Colombia, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en España, la Gran Cruz de la Orden de la Bandera de Yugoslavia, el ser Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia –una de sus favoritas- u otras tantas por Europa y Latinoamérica; a esto se le sumaban los diversos títulos que fue adquiriendo y con lo cual lo identificaban como el de Ministro, Canciller, Embajador, Senador, Constituyente, Doctor, entre otros. Sin embargo, algún día, mientras me encontraba trabajando para el en París ante una reunión ordinaria del Curatorium de Derecho Internacional de La Haya, le pregunté cuál de todos estos títulos y condecoraciones era el que más le llenaba de orgullo luego de haber disfrutado a lo largo de su vida de tantísimos honores, y él me respondió con su cálida sonrisa: “sin lugar a dudas, el de Profesor”.

  diegouribevargas.com

 

International Newsletter: Boletín II. Octubre de 2017

Boletín de noticias en Derecho Internacional
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Actividades del Instituto Iberoamericano de La Haya (IIH) en 2018

Por: Héctor Olasolo Alonso

Miembro ACCOLDI

Chair in International Law / Profesor Titular de Carrera, Universidad de El Rosario (Colombia). Chairman / Presidente, Ibero-American Institute of the Hague/Instituto Iberoamericano de la Haya (IIH). Director, ANIDIP – Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal. Member of the ILA Conduct of Hostilities Working Group.  Ad Hoc Professor, The Hague University for Applied Sciences.

 

Las actividades que desarrollará el Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH) en 2018  son las siguientes:

  1. El plazo para presentar resúmenes de 300 palabras para el I Certamen de Estudios Críticos sobre Derecho Internacional Penal permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2017 (se ha reservado una sesión para que los autores de los ensayos seleccionados puedan presentar sus trabajos en el marco del V Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia {La Haya, 4-8 de junio de 2018; además los ensayos seleccionados serán publicados en el Volumen 6 del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP)}:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-estudios-criticos-sobre-la-justicia

  1. Esta semana se hizo pública la convocatoria y el caso de la VI Edición del Concurso CPI de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, cuyo plazo de inscripción es hasta el 2 de abril de 2018 y cuyas audiencias públicas se celebrarán en al Haya del 28 de mayo al 1 de junio de 2018: http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/concurso-de-simulacion-judicial-sobre-la-cpi

Así mismo, debido a la relevancia de Colombia en el ámbito de la justicia transicional y a la importancia de la interrelación de esta última con el Derecho Internacional Penal, el IIH ha decidido dar su apoyo institucional al nuevo concurso sobre “Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional” que un grupo de universidades en Colombia están comenzando a organizar en este momento cara tener su I Edición a finales de octubre de 2018 en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Según vaya avanzando la organización de este nuevo concurso daremos mayores detalles del mismo, si bien quien esté interesado puede solicitar desde ahora mayor información escribiendo al correo:

concurso.dip.jt@gmail.com

  1. Ya se pueden consultar as actividades que tendrán lugar durante la VIII Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional (La Haya, 28 de mayo a 8 de junio de 2018):

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/semana-iberoamericana-de-la-justicia-internacional-y-los-derechos-humanos/160-vi-edicion-de-2016

  1. Desde el 1 de octubre están abiertas las inscripciones (de carácter gratuito) para el V Seminario de Pensamiento sobre la Justicia Internacional (La Haya, 4-8 de junio de 2018), y que entre otras actividades incluirá un debate sobre los modelos de justicia transicional en Colombia entre los Profesores Kai Ambos (Universidad de Gottíngen) y Hector Olasolo (Universidad del Rosario) y el  I Panel sobre género, empoderamiento y tecnología, en el quese presentará la campaña GQUAL lanzada por el Centro para Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para la paridad de género en los tribunales internacionales, los organismos de monitoreo de los sistemas de protección universal y regionales de derechos humanos, y los relatores especiales por países o temas. Para ver las actividades del V Seminario de Pensamiento y o descargar la ficha de inscripción, véase:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/seminario-de-pensamiento-iberoamericano/188-i-edicion-seminario-de-pensamiento

Sobre la campaña GQUAL, véase: http://www.gqualcampaign.org/inicio/

  1. Desde el 1 de octubre están abiertas las inscripciones (de carácter gratuito) para el II Dia Polífónico de la Justicia Internacional (La Haya, 5 de junio de 2018) en el que continuamos invitando a panelistas de distintas regiones del mundo (Africa, China, Ibero-América- India, Irán, Países Árabes o China), para que en esta ocasión nos hablen sobre: (a)  cuestiones en el ámbito jurídico y de las relaciones internacionales en relación con el ejercicio de jurisdicción sobre el crimen de agresión por la Corte Penal Internacional; y (b) el impacto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 70 Aniversario: logros y fracasos. Al final de cada panel habrá un espacio para que podáis profundizar en el intercambio de perspectivas con nuestros panelistas:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/dia-polifonico-de-la-justicia-internacional

6 El pasado 15 de agosto se aprobó la creación por Tirant lo Blanch, el IIH y el Instituto Joaquín Herrera Flores de la nueva colección “Perspectivas Iberoamericanas para la Justicia”  donde se publicarán los trabajos de la Red Multidisciplinar de Investigación “Perspectivas Epistemológicas Iberoamericanas sobre la Justicia” coordinadas desde el IIH desde junio de 2015.

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericana-sobre-la-justicia

  1. Desde el 1 de octubre se encuentran abiertas las convocatorias para la realización de estancias de investigación y pasantías en la Clínica Juridica Internacional organizada por la Universidad del Rosario y el IIH:

 http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/clinica-internacional-sobre-derecho-internacional-penal-y-humanitario

  1. 8. Permanece abierta la Convocatoria para el envío de artículos de investigación al ANIDIP, ya sea desde una perspectiva de Derecho Internacional Penal, o ya sea desde otras ramas de las ciencias sociales y humanas:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/anidip-anuario-ibero-americano-sobre-derecho-internacional-penal

9 Esta semana se declaró vencedor de la VI Edición el Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia Internacional Penal al ensayo escrito por Catalina Fernández Carter (Chile) bajo el título “Los crímenes de violencia sexual cometidos al interior de un grupo armado: El caso de los niños soldados en Fiscalía c Bosco Ntaganda”. La convocatoria de la VII Edición se publicará a finales de enero de 2018:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-ensayos-blattmann-odio-benito-y-steiner

  1. Los materiales audiovisuales para uso docente producidos por el IIH se pueden consultar en:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/materiales-audiovisuales-para-uso-docente

Cataluña: texto de la declaración de independencia 

Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: “Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación del juez constitucional español. Recordemos para el lector poco familiarizado con este tema que una larga sentencia del Tribunal Constitucional con relación al Estatuto de Cataluña de 2006 fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El País de julio del 2010).

Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas“.

Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.

El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno

La violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante esta votación y la ola de repudio e indignación que causó, han aumentado la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.

La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: “We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics” (vease texto completo de su comunicado).

Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió

“4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017

Suspendida el 9 de octubre por esta orden (inusual) de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.

Un nuevo compas de espera

El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que “El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada” (véase nota de prensa), sugiriendo lo que algunos analistas han denominado la “vía de Eslovenia” (que permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva).

En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas han anunciado que: “El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.

Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.

Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.

En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia“.

Algunas reacciones en América Latina

Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación de forma breve.Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado “Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña” llamando a las partes al diálogo:

 Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.

El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos”. 

Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.

Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español.

A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, Méxicoha circulado un comunicado de prensa titulado “México no reconocerá a una Cataluña independiente” (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado “Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España“en el que rechaza “los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas” (sic.): véase texto completo.

Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado “Comunicado sobre la situación en Cataluña” el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:

Comunicado Oficial 042 – 17

“Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.

El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España“.

A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado

Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.

Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional en Kosovo proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.

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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA

Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.

La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.

La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.

Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.

El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.

Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.

La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.

La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.

Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.

Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.

A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.

La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.

La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.

La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:

Barcelona, ​​10 de octubre de 2017

Nicaragua / Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de nota de prensa de Infobae titulada “Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ“.

 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia


El 28 de setiembre del 2017, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su documento escrito (contramemoria) en respuesta a una de las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua en el año 2013 (véase comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reproducido al final de esta nota).

Breve contextualización

Como se recordará, Nicaragua en el 2001 presentó una demanda contra Colombia en materia de delimitación marítima en el Caribe, la cual fue objeto de un fallo, dictaminado en La Haya en noviembre del 2012. Como es costumbre luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, ambos jefes de Estado tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, el tono de voz en Colombia cambió, y Nicaragua optó por interponer dos nuevas demandas contra Colombia, a saber:

– Una primera demanda con fecha del 13 de setiembre del 2013, (véase texto en inglés y francés) en la que pide a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe. Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre del 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 2012 era “inaplicable” (Nota 1). La ofensiva verbal de Colombia se extendió luego a Naciones Unidas (Nota 2).

– Una segunda demanda presentada el 26 de noviembre del 2013 en la que Nicaragua pide a la CIJ que dictamine que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia (véase texto en inglés y en francés de la demanda). Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012 (Nota 3).

Un primer intento de Colombia para esquivar la competencia de la CIJ

La estrategia colombiana, como en el caso de la demanda interpuesta en el 2001 por Nicaragua, ha consistido en intentar evitar que la CIJ examine el fondo de ambas demandas. Pese a cuestionar la competencia del juez internacional, presentando Colombia para ambas demandas una serie de excepciones preliminares, la CIJ se declaró plenamente competente en su decisión de marzo del 2016, permitiendo que el procedimiento sobre el fondo continúe sin mayor dilación en ambas demandas (véase decisión de la CIJ en el caso de la primera demanda y decisión de la CIJ en el caso de la segunda demanda).

Ambos fallos dictaminados en La Haya el 17 de marzo del 2016 son muy similares en cuanto a su redacción, en la medida en que Colombia utilizó y repitió varios de los argumentos en ambos intentos para sustraerse de la competencia de la CIJ. En la parte final de ambas decisiones, se encuentra el resultado de la votación en el que aparece y reaparece con cierta regularidad en una de ellas un voto de quince contra uno, el único voto que se desmarcó siendo el de los jueces ad hoc designados por Colombia para cada demanda. Ello evidencia el poco eco a las posiciones de Colombia en el seno mismo de los integrantes de la CIJ, con unas excepciones en las que la decisión de tomó por el voto preponderante de su Presidente. Si analizamos uno a uno el rechazo a estas diversas excepciones en ambos casos, se notará que fueron descartadas en su mayoría de forma casi unánime por parte de los integrantes titulares de la CIJ, con unas cuantas excepciones. Ello podría augurarle tiempos difíciles a Colombia de cara al procedimiento ulterior sobre el fondo.

Con relación al uso de las excepciones preliminares y al riesgo que puede acarrear para el Estado que las presenta, remitimos al lector a nuestra breve nota sobre ambas decisiones de la CIJ, publicada en el sitio Ius360.

Hacemos notar que, pese a contar la ciencia del derecho internacional con un valioso instrumento como lo puede ser el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), no se ha encontrado análisis pormenorizado de ambas decisiones del 2015 que hubiésemos querido consultar, y, si fuese del caso, citar en las referencias bibliográficas (véase últimos números del ACDI).

Declaración sobre competencia y reanudación del procedimiento sobre el fondo

La presentación de excepciones preliminares constituye un incidente procesal mediante el cual el Estado demandado pretende demonstrar que la CIJ es incompetente para conocer sobre el fondo del asunto. Desde el punto de vista estrictamente procesal, las excepciones preliminares abren un primer compás de espera dentro del procedimiento contencioso, en el que, luego de leer y de oír a ambas partes, la CIJ decide si es o no competente.

En el caso de las dos demandas de Nicaragua contra Colombia, al declararse competente en ambos casos, el procedimiento contencionso se reanuda y la Corte procede sin mayor dilación a fijar los plazos para la presentación de escritos por parte de ambas partes:

– en el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016 (véase ordenanza de la CIJ en francés el mismo 17 de marzo del 2016 en que se pronunciaba sobre su competencia). Al respecto, remitimos a la entrevista hecha por El Tiempo al coagente de Colombia en La Haya, al depositar Colombia su escrito en noviembre del 2016 a la CIJ (disponible aquí).

– en el caso de la primera demanda, la ordenanza del 28 de abril del 2016 (véase texto en inglés) indicó a ambos Estados los siguientes plazos: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre del 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre del 2017.

Un interesante detalle poco divulgado

Es de notar que en esta última ordenanza del juez internacional, se lee que Colombia optó por no asistir a una reunión convocada por la Secretaría de la CIJ con las partes y con el Presidente de la CIJ. En efecto se señala que:

Whereas, by a letter dated 1 April 2016, the Registrar informed both Parties that the President of the Court would hold a meeting on 21 April 2016, pursuant to Article 31 of the Rules of Court, in order to ascertain their views with regard to the further procedure in the case; Whereas, by a letter dated 20 April 2016, the Agent of Colombia indicated to the Registrar that neither himself nor the Co-Agent of Colombia would be able to attend the meeting convened by the President… /…

Considérant que, par lettre en date du 1er avril 2016, les deux Parties ont été informées par le greffier que le président de la Cour tiendrait une réunion le 21 avril 2016, conformément à l’article 31 du Règlement de la Cour, afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure ; Considérant que, par lettre en date du 20 avril 2016, l’agent de la République de Colombie a informé le greffier que ni le coagent ni lui-même ne seraient en mesure d’assister à la réunion convoquée par le président…”

No se ha podido tener acceso al texto de la carta enviada por Colombia 24 horas de la cita convenida con el Presidente de la CIJ, en aras de conocer las razones alegadas por la Embajada de Colombia en La Haya para justificar la ausencia de sus representantes a dicha reunión. Hemos revisado diversas ordenanzas de la CIJ sobre la fijación de plazos en otros casos contenciosos, para saber si existe algún precedente similar, sin éxito a la fecha. Tampoco se hizo notorio un documento oficial de Colombia anunciando que no participaría más a reuniones en La Haya (en razón, por ejemplo, de haber optado por no comparecer más ante la CIJ).

Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida).

Usualmente, al estudiar el procedimiento contencioso ante la CIJ, se señala la importancia de estas reuniones con la Presidencia de la CIJ, al tomar esta última el parecer de ambas partes para fijar los plazos y resolver asuntos varios de carácter procesal. Por ejemplo, en el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua presentada en febrero del 2014 en materia de delimitación marítima, en su ordenanza del 1ero de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó un plazo de diez meses para la presentación de las piezas escritas: nótese que Costa Rica había pedido un plazo de seis meses, mientras que Nicaragua había solicitado uno de doce meses para que cada parte redactara sus alegatos. Como se puede apreciar a partir de este ejemplo entre muchos otros, para ambas partes es recomendable asistir a estas reuniones.

No osbtante lo dicho anteriormente, estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.

A modo de conclusión

Cuando, en marzo del 2016, la CIJ rechazó las excepciones preliminares presentadas por Colombia, el Presidente calificó la decisión de la CIJ de declararse competente como “algo injurioso” para Colombia (véase video de la Agencia Andes), anunciando posteriormente que Colombia optaría por no comparecer más ante la CIJ (véase video de Cablenoticias). Nos permitimos concluir, en aquella ocasión, nuestro análisis de marzo del 2016 (Nota 4) de la siguiente manera: “A la hora de redactar estas breves líneas, no queda claro si Colombia tiene claridad sobre la estrategia que está siguiendo desde el 2012 ante las pretensiones de Nicaragua. Su aparato estatal está exhibiendo ante los ojos del mundo un espectáculo raramente visto, con un lenguaje corporal inédito en los anales de la justicia internacional (que posiblemente sea explotada por los hábiles asesores de Nicaragua)“.

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Nota 1: Sobre este anuncio del Presidente de Colombia, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., “La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions“, Université de Laval, setiembre del 2013. Texto disponible aquí.

Nota 2: Como tuvimos la oportunidad de escribirlo,

En el plano internacional, el mismo Poder Ejecutivo anunció, días antes de iniciar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York de septiembre del 2013, que enviaría una carta suscrita conjuntamente con Costa Rica, Jamaica y Panamá denunciando el “expansionismo” de Nicaragua en el Caribe ante los órganos de Naciones Unidas (ver nota de El Espectador). A la fecha no se tiene mucha certeza con respecto al documento objeto de este anuncio presidencial: pese a diversas solicitudes hechas por el suscrito a colegas diplomáticos y funcionarios en Naciones Unidas para conocer el contenido de esta carta, no aparece registro de este documento, ni se ha logrado saber si fue efectivamente suscrito (o no) por estos tres Estados mencionados y Colombia“: véase BOEGLIN N., “Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ“, Debate Global, octubre del 2015, ACCOLDI, texto disponible aquí. Pese a la solicitud hecha en esta nota del 2015, publicada en un sitio jurídico colombiano, no se ha tenido aún acceso a la carta colectiva anunciada por Colombia en el 2013, por lo que agradecemos nuevamente a nuestros estimables lectores su colaboración al respecto.

Nota 3: Véase sobre esta denuncia nuestra breve nota publicada en el boletín de la SFDI (Francia): BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie », SFDI, Sentinelle, Num. 326, Diciembre 2012, disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., “Nicaragua / Colombia: la CIJ se declara competente“, OPALC (Sciences-Po, Paris), marzo del 2016, disponible aquí.

— Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con fecha del 28/09/2017 —

Comunicado sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’ 28/09/2017

• En cumplimiento del cronograma establecido por la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno presentó hoy 28 de septiembre (12 p.m. hora de La Haya – 5 a.m. hora de Colombia) el documento por medio del cual Colombia respondió todos y cada uno de los puntos y argumentos planteados por Nicaragua en el proceso sobre la ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’.

• La presentación se da en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte luego de que esta se declarara competente para el caso y no significa que hoy se haya tomado ninguna decisión frente a este caso.

• En el proceso la Corte tiene que decidir si puede proceder a realizar una delimitación de la plataforma continental, es decir el subsuelo marino, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Así mismo, si Nicaragua tiene o no los derechos que alega.

• La Contramemoria es un documento en el cual Colombia responde, punto por punto y argumento por argumento, los alegatos planteados en la Memoria que Nicaragua entregó a la Corte.

• De conformidad con las reglas y prácticas de la Corte, los documentos sometidos a consideración de la Corte son de carácter confidencial y, por consiguiente, no es posible revelar su contenido hasta que se abra la fase oral del proceso judicial. No obstante, el Gobierno Nacional se permite informar a los colombianos que se sometieron a la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales esta no puede proceder con una delimitación como lo pretende Nicaragua. Su reclamación de una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y Colombia demostró que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua.

• El Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos de Colombia en el mar Caribe. 

Video Compilación – Tercer Green Lunch: la responsabilidad internacional ambiental de la empresa privada en el sector extractivo.

Es la tercera oportunidad de realizar un debate entre diferentes expertos en Medio Ambiente de diferentes campos. La reunión de sectores públicos y privados en esta ocasión giró entorno al tema de responsabilidad internacional ambiental y la responsabilidad de la empresa privada en el sector extractivo. El debate estuvo altamente nutrido por representantes de la empresa Drummond Company Inc, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Departamento Minero-Energético U Externado, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, entre otros.

Dr. Fabián Augusto Cárdenas es profesor titular de Derecho Internacional Ambiental y Miembro ACCOLDI

Almicar Valencia M.Sc., Gerente Departamento Ambiental de Drummont Ltd. Colombia.

Angela Rivera Galvis, Asesorar de la Oficina de Asuntos internacionales Internacionales y Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dr, MIltón Fernando Montoya, Director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero-energético, Universidad Externado de Colombia.

Redacción: Diego Vaglienti, Ciencia Política, Universidad Nacional de Colombia

Referéndum en Cataluña: Alto Comisionado de Derechos humanos de Naciones Unidas pide a España investigar violencia policial

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Foto tomada de nota de prensa de resumenlatinoamericano.org

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado Domingo 1° de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha externado su profunda preocupación.

Como se recordará, la ley convocando a un referéndum para 1° de octubre del 2017 adoptada el 6 de setiembre del 2017 fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este (con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada “Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional“). Con relación a las fuerzas de seguridad, cabe precisar que los Mossos d´Esquadracatalanes se negaron a desalojar los colegios electorales durante el referéndum, pese a una orden judicial.

Con fecha del 2 de octubre, una de las máximas instancias de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, insta a España a colaborar con los requerimientos de información que le serán notificados desde Naciones Unidas. El texto que a continuación se reproduce textualmente se lee de la siguiente manera:

Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on the situation in Catalonia, Spain GENEVA (2 October 2017) – I am very disturbed by the violence in Catalonia on Sunday. With hundreds of people reported injured, I urge the Spanish authorities to ensure thorough, independent and impartial investigations into all acts of violence. Police responses must at all times be proportionate and necessary.

I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms.

I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit. ENDS”

Como se puede observar, se invita a España a colaborar “without delay” con los distintos mecanismos previstos en materia de derechos humanos para examinar la actuación de sus fuerzas de seguridad: las imágenes de varias “cargas” policiales contra votantes, muchos de ellos adultos mayores, han conmocionado a España y al resto del mundo, denotando una clara intención que ahora es necesario investigar y sancionar. Intentar “blindar” estas cuestionables actuaciones policiales y permitir que la impunidad prevalezca sólo contribuirá, en nuestra modesta opinión, a exacerbar áun más los ánimos en el seno de la sociedad catalana.

Nótese que las advertencias fueron hechas en su momento: a tan solo 48 horas de realizarse el referéndum, en medio de fuertes movilizaciones en Cataluña a favor del referéndum y del envío de refuerzos policiales por parte de España a Cataluña, dos expertos de Naciones Unidas en derechos humanos advirtieron a España con relación a su obligación de resguardar los derechos de reunión, garantizar el derecho a manifestarse de forma pacífica y a otras libertades fundamentales (véase al respecto nuestra breve nota publicada en ElPais.cr).

El uso desproporcionado (e innecesario) de la fuerza contra los votantes durante el pasado 1ero de octubre por parte de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas ha generado una ola de repudio y de indignación en diversas partes del mundo. No obstante, al momento de redactar estas líneas, no se registra ningún comunicado oficial de algún Estado condenando expresamente la situación que se vivió durante el referéndum en Cataluña, la cual contabiliza ya a 844 heridos, según las cifras dadas a conocer por las autoridades sanitarias catalanas (véase nota de prensa).

En un breve comunicado de prensa, la Unión Europea (UE) circuló el siguiente comunicado cuyo texto omite todo señalamiento a la violencia policial y precisa que: ” Para la Comisión Europea, tal y como el Presidente Juncker ha reiterado repetidamente, este es un asunto interno de España, que hay que abordar de conformidad con el ordenamiento constitucional de España“. La versión en inglés se encuentra disponible en este enlace. El mismo escueto texto concluye indicando que: “Confiamos en el liderazgo del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy para gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados“.

Salvo error de nuestra parte, no se registra ningun comunicado por parte del Consejo de Europa ni de ninguna otra organización internacional, sea de carácter universal, sea de carácter regional.

Como es sabido, España ha promovido, conjuntamente con Australia por parte del Grupo Occidental (véase sitio oficial de Naciones Unidas sobre los demás Estados postulados) su candidatura para ser electa miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas: véase breve nota nuestra con respecto a los candidatos por América Latina y los votos obtenidos en los últimos cinco ejercicios de este tipo.