Convención de Minamata sobre mercurio entra en Vigor

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Convención de Minamata sobre Mercurio (2013) entra en vigor 

Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por vertir grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dió a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.

Foto extraída de presentación de la Dra. Astrid Andersen (dinamarca, “La enfermedad de Minamata”, filima 24. Presentación disponible aquí

En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:

” Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización” (página 10).

La Convención sobre Mercurio en breve

El convenio (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala. Se prevé un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo.

Este instrumento obliga a los Estados a regular y limitar el uso del mercurio. En este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado “Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio” (véase texto completo), se leía que:

En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal“(página 14).

A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.

Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).

Mercurio y otros metales pesados y salud humana

Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), “Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form” (véase ficha técnica: se sugiere al lector completar los datos de la EPA con la ficha técnica elaborada por Ecured/Cuba). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).

Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:

La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos“.

El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como “bioacumulación”, entre otras formas de ingerirlo.

La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este “Manual de Pruebas Neuroconductuales” (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:

Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica” (página 9).

El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya en Perú se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA).

Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios así como muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de vehiculo, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas también terminan en los cuerpos de agua.

Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua

Pese a diversas comunicaciones enviadas por Costa Rica a instancias internacionales sobre iniciativas en el tema (véase por ejemplo nota del Ministerio del Ambiente (MINAET) del 2009 colgada en este enlace de Naciones Unidas), resulta evidente que el tratamiento de residuos constituye aún todo un desafío, incluyendo los metales pesados. No se conoce de algún dato sobre la cantidad de baterías (pilas) recicladas en Costa Rica con relación al volumen importado, para dar tan solo un ejemplo (que podríamos extender a las baterías de vehículos o acumuladores).

En su informe del 8 de abril del 2014, a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente John H. Knox de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgoslimpio, saludable y sostenible, señaló en su informe (Documento A/HRC/25/53/Add.1 disponible en la red) que:

Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2011, Costa Rica tiene el más alto uso per capita de plaguicidas del mundo . Estudios recientes han descrito los efectos adversos que el uso de plaguicidas agrícolas está teniendo en los ecosistemas fluviales, entre otras cosas debido al deterioro del hábitat y la calidad ecológica de comunidades de macroinvertebrados, el escaso crecimiento vegetativo y los elevados niveles de residuos de fungicidas y herbicidas . Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene algunos de los ríos más contaminados de América Latina . Sus humedales también necesitan más protección” (punto 59).

Con relación a los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:

Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos” (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector industrial.

Hubiese sido muy interesante por ejemplo, además de los hallazgos de la CGR, saber cuánta del agua declarada como potable (y cobrada como tal) es objeto de un monitoreo permanente con relación a la presencia de metales pesados. Se sabe por ejemplo que los análisis sobre la potabilidad del agua en el cantón de Santo Domingo de Heredia (acueducto municipal) incluyen siempre un análisis bacteriológico, pero que los análisis fisico-químicos son realizados de manera muy esporádica: desde febrero del 2012, las autoridades de salud de este cantón herediano se mantienen sin responder a una solicitud realizada por una entidad local (véase nota del CBAE de San Miguel).

Al vertirse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provinientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y escasamente divulgadas en Costa Rica.

Foto extraída de nota de La Nación (2015): “Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central”

En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado “Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica“, se lee que:

Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio“.

Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:

en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados asi como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema“.

Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación).

En el 2013, se publicó la investigación titulada ” Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable” disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada “Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales“, publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa “Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury“.

A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso

En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada “Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya“).

Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) en estos últimos años algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.

En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).

Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la oportunidad para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.

Notas:

Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017 : véase nota de La Nación.

Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada “MD-2” da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:

Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad” (sic) (véase nota del Semanario Universidad).

MERCOSUR Y ESTADOS DE AMÉRICA LATINA RECHAZAN USO DE LA FUERZA EN VENEZUELA

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

 

El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela

Ante las declaraciones dadas a conocer el pasado 11 de agosto por parte del Presidente de Estados Unidos sobre una “opción militar” en el caso de Venezuela (véase nota de prensa), varios Estados de América Latina así como los Estados Miembros del MERCOSUR han reaccionado de forma inmediata o casi.

En sus declaraciones a la prensa, el Presidente de Estados Unidos señaló que: “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo“.

Bolivia emitió el mismo 11 de agosto este comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. A diferencia de los demás comunicados oficiales que veremos a continuación (y que no refieren expresamente a Estados Unidos como tal), el texto circulado por Bolivia rechaza las declaraciones y recrimina directamente al Estado autor de esta amenaza militar. Lo reproducimos de forma integral:

Bolivia condena declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, del día viernes 11 de agosto de 2017, mediante las cuales, amenazó con una posible opción militar a la hermana República de Venezuela.

Bolivia censura este tipo de declaraciones que ponen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como cualquier intento de intervención militar en el mundo bajo el pretexto de querer proteger los derechos humanos en Estados soberanos.

Es reprochable que un Mandatario de un país considerado desarrollado asuma que el resto del mundo se encuentra bajo su tutela y que por lo tanto cree tener el derecho de intervenir países, violando toda norma y principio del Derecho Internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados”.

En las líneas que siguen, nos abocaremos a reseñar los distintos comunicados oficiales que han circulado en los últimos días por parte de Estados de América Latina. Omitiremos declaraciones en prensa, “tweets”, u otras formas de manifestación en redes sociales de autoridades, que de una u otra forma, denotan la renuencia de algunos de proceder a elaborar un texto formal condenando estas declaraciones del actual ocupante de la Casa Blanca.

Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia: la última intervención norteamericana es la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua (véase texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria). En este último caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua retiró la demanda presentada para la etapa indemnizatoria por los daños ocasionados, dando así por concluído este largo proceso (véase ordenanza de la CIJ del 26 de setiembre de 1991).

Pese a la importancia de la regla violada en caso de intervención militar (en particular si se trata de una acción no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), en América Latina se ha a menudo repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos: cuando se ha procedido a una reprobación oficial de las acciones de Estados Unidos en contra de un Estado, esta se ha manifestado casi siempre recurriendo a un léxico que evita designar expresamente a Estados Unidos. En el 2016, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de “desagravio” a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refiere a los “acontecimientos de abril de 1965” (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada). Los comunicados oficiales que a continuación citaremos relacionados a la amenaza de una “opción militar” en Venezuela de igual manera se caracterizan por esta llamativa omisión.

La reacción colectiva de los Estados del MERCOSUR

Menos de 24 horas después de pronunciadas las palabras del Presidente Trump, los Estados del MERCOSUR se manifestaron rechazando de forma vehemente toda solución que implique el uso de la fuerza en Venezuela, al afirmar en un comunicado con fecha del 12 de agosto que:

“El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales” (véase texto completo del comunicado conjunto circulado del 12 de agosto reproducido al final de esta nota).

Estas declaraciones del Presidente Trump se dan en el marco de la escalada verbal con Corea del Norte. Nótese que pese a su peculiar estilo, es la primera vez en su mandato que el Presidente norteamericano alude públicamente ante medios de prensa a una opción militar para resolver la situación en Venezuela. El pasado 26 de julio, las infidencias del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia sobre Venezuela indicaron de acciones concertadas con Estados de América Latina, sin precisar el tipo de opciones valoradas (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo).

Es de notar que en la Declaración de Lima adoptada por 12 Estados (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) el pasado 8 de agosto, se lee (punto 5) que estos 12 Estados expresaron: “Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza” (véase nota con texto reproducido).

Será de sumo interés observar si estos 12 Estados, a título individual (o bien en forma colectiva), condenan ahora las declaraciones dadas por el Presidente de Estados Unidos.

Las reacciones oficiales no colectivas de otros Estados

El Estado anfitrión, Perú se adelantó al circular el mismo 12 de agosto el siguiente comunicado, titulado “Perú rechaza cualquier amenaza al uso de la fuerza en Venezuela – Comunicado Oficial 028 – 17, en el que se puede leer que: ​

“Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas“.

De igual forma, Colombia emitió el siguiente comunicado en la misma fecha del 12 de agosto, sugiriendo una mediación del Secretario General de Naciones Unidas en Venezuela, y que reproducimos a continuación de manera integral:

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela. Considera urgente mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, tal y como lo hicimos en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado.

A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano. En este contexto y respetando los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, hemos hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios para crear las condiciones que se requieren para una negociación que ponga fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela.

En este sentido, rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”.

De manera similar, pero con un contenido distinto, este mismo 12 de agosto, México se ha manifestado en los siguientes términos mediante un comunicado de su diplomacia titulado “México continuará trabajando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela“, en el que se lee que:

El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

El 8 de agosto, 12 países, México entre ellos, adoptaron la Declaración de Lima en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. De igual manera, los países firmantes de la declaración de Lima rechazaron de manera enérgica la violencia y el uso de la fuerza.

México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada”.

Por su parte, Ecuador, Estado que no participó al encuentro en Lima, expresó mediante comunicado de su cancillería que:

El gobierno de Ecuador reitera la necesidad de respetar, dentro del marco del Derecho Internacional, los principios de libre determinación, de no injerencia y de convivencia pacífica entre las naciones.

Recuerda a la comunidad internacional que la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz implica el compromiso de todas las naciones por preservar nuestro territorio común libre de amenazas o intervenciones militares de cualquier tipo.

En este contexto, expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y rechaza cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar en su territorio.

Ecuador reitera el llamado al diálogo como única forma de solucionar la situación del hermano pueblo venezolano”.

Finalmente, El Salvador, en un comunicado del 13 de agosto, señaló que:

El Salvador reitera su llamado a la solución pacífica en Venezuela

El Salvador, como país que vivió un conflicto armado, sigue firmemente convencido que la solución a la crisis en Venezuela es a través del diálogo y la negociación en la que participen todos los sectores sin excepción.

Ante el nivel de polarización al que se ha llegado en la sociedad venezolana, el diálogo es la única y mejor opción para evitar mayor sufrimiento y derramamiento de sangre.

Esta vía debe prevalecer sobre cualquier acción que vaya en detrimento al respeto a la soberanía de Venezuela y en contra de los principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el empleo de la misma como alternativas.

En ese sentido, consideramos que la mayor contribución de la comunidad internacional debe dirigirse a promover una salida pacífica y a no fomentar más la polarización o alguna medida que genere más violencia.”

A modo de conclusión

Estas y posiblemente otras reacciones oficiales en América Latina condenando el uso de la fuerza son entendibles: mucho menos lo es el silencio en estos casos. Como bien se sabe, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza constituyen ambos actos sumamente graves, al contravenir a su expresa prohibición, contenida en el Artículo 2 la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (y en el primer artículo de la Carta de la OEA de 1948). Se trata de una regla más que fundamental, fundacional del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Además de ser repudiable (y repudiada), la amenaza del uso de la fuerza de un Estado en contra de otro Estado activa una serie de mecanismos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la OEA.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Comunicado del MERCOSUR extraído de enlace en el sitio del Palacio del Itamaraty (Brasil)

Venezuela: el MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático 12 de agosto del 2017

La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.

Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.

Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

El drama venezolano y el principio no intervención: la desafortunada lectura errada y nefasta de muchos que ignora dimensiones humanitarias y comunitarias

Resultado de imagen para crisis en venezuela

Multitudinarias manifestaciones en Caracas. Extraída de nota de opinión de Curiosohoy.com

Por: Nicolás Carrillo Santarelli 

Miembro ACCOLDI

Profesor de Derecho de la Universidad de La Sabana. Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma De Madrid

 

Frente a la crisis venezolana, ante la cual los internacionalistas no podemos callar, se ha despertado una tardía y algo tímida reacción de Estados en la región, con la adopción de la Declaración de Lima o la suspensión de Mercosur, tras previos intentos en el marco de la OEA que fracasaron merced a estrategias basadas en la intimidación económica o a una perversa afinidad ideológica no exenta de doble moral en una región donde algunos son proclives a criticar (con toda justicia) los abusos de regímenes políticamente opuestos pero callan casi con complicidad ante los desmanes de otros. A aquellas iniciativas estatales se han sumado constantes condenas valientes (que generan shaming y efectos expresivos que legitiman protestas pacíficas internas en un contexto multi-nivel) del Secretario General de la OEA Luis Almagro y de ONGs como Human Rights Watch, de la CIDH, que recientemente adoptó medidas de protección a favor de la Fiscal General Ortega, y un pronunciamiento de expertos de la ONU que condena la comisión de torturas, detenciones arbitrarias y la “ruptura del Estado de derecho”, la que afecta derechos humanos en tanto existe una interdependencia entre éstos, las garantías y principios democráticos básicos, según dijo la CorteIDH en su Opinión Consultiva 9 y se sostiene en la Carta Democrática Interamericana.

Aquellas iniciativas, basadas en discursos que recurren al idioma común del derecho internacional y condenan la vulneración de la libertad, las torturas, las violaciones a la libertad de expresión y los derechos políticos, entre otras garantías menoscabadas, son un ejemplo de solidaridad y acciones en pos de la defensa de intereses jurídicos comunitarios supranacionales, según argumentó en su momento Antonio Cassese. No son sólo bienvenidas sino necesarias, toda vez que se han demostrado la inoperancia de los recursos internos, causada en parte por la erosión de la independencia judicial. Precisamente las normas internacionales sobre la protección de los seres humanos surgen tras la experiencia bélica y la constatación de la necesidad de normas mínimas comunes que reconozcan derechos con independencia de los vaivenes de las políticas y decisiones internas.

Sin embargo, el ejecutivo venezolano (que ha socavado al Parlamento y la división de poderes), y políticos de algunos países en la región, como Evo Morales y alguno colombiano, han cuestionado aquellas iniciativas al considerar que contravienen la no intervención, que ciertamente es un principio cardinal del derecho internacional (tiene por ejemplo un lugar prominente en el articulado y Preámbulo de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU sobre la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas). No obstante, sus acusaciones no coinciden con su sentido y alcance. En primer lugar, porque los principios generales del derecho internacional no sólo se refieren a la coexistencia, sino además a la cooperación; y no están en un vacío. Su interpretación ha de tener en cuenta otros elementos del derecho internacional (siguiendo la concepción de Dworkin), incluidos aquellos sobre derechos humanos, siguiendo un criterio de sistematicidad expuesto por la CDI, que reconoció el derecho de terceros Estados de denunciar abusos de intereses erga omnes (quedando dudas sobre la licitud de las contramedidas adoptadas por ellos, debate frente al cual veo la posible emergencia de una costumbre por la práctica y opinio juris crecientes, no exentas de críticas por otros como Rusia, que a su vez es un conocido abusador de garantías básicas), facultad a la que evidentemente se añade la posibilidad de adoptar medidas inamistosas o de retorsión como las referidas a rupturas de relaciones diplomáticas, que por ejemplo busquen aislar a un régimen percibido como autoritario y violador de derechos humanos para buscar promover un cambio en su conducta, lo cual es lícito e incluso loable. De hecho, al respecto acaba de anunciarse que Perú expulsó al embajador venezolano, como puede leerse en el comunicado oficial en este hipervínculo.

Adicionalmente, una postura teleológica permite observar que la no intervención protege, según expuso la CIJ en el famoso caso de Nicaragua contra los Estados Unidos de América, frente a la coerción (armada o no) sobre esferas en las que los Estados tengan una potestad decisoria libre, lo cual no se predica aquí en tanto los Estados no tienen la libertad de decidir si violan normas imperativas o de derechos humanos. La soberanía, como entendió en su momento la Corte Permanente de Justicia Internacional, supone el ejercicio de poderes con sujeción al derecho internacional. De hecho, en la concepción de la noción sostenida por Vattel (antes de su expresión en el artículo 8 de la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados) se argumentaba que la no intervención no supone una protección irrestricta a los gobernantes que abusen en perjuicio de los gobernados, según expresó Simone Zurbuchen -algo que conviene recordar en un época en la que no se debe considerar por un gobernante que ‘L’Etat c’est moi” y se habla de representatividad. Por estas razones, Myres McDougal criticó en la guerra fría la postura de algunos Estados que invocaban principios como el discutido para esconder abusos e ignorar otros componentes del derecho internacional. Si las autoridades venezolanas se empeñan en sus abusos y en ignorar el derecho internacional, pueden terminar enfrentándolo en juicios basados en la jurisdicción universal o penal internacional. La comunidad regional e internacional debe hacer algo, pues es inaceptable que persista una tragedia como la venezolana mientras el mundo, otra vez y a pesar de prometer infinitas veces que no lo hará, en gran medida calla. Los seres humanos han de ser el centro del derecho, no el Estado, pues para ellos ha de existir (como dijo Cançado Trindade en su voto a la OC-17de lege ferenda. Evidentemente, la fuerza, no sólo por su ilicitud sino además por sentido común, no es la vía, como bien insistieron hace poco representantes de Estados latinoamericanos en este caso frente a los más que inapropiados comentarios de Trump, pues puede empeorar las cosas (lo que, lamentablemente, siempre puede suceder) y generar violaciones adicionales; y cualquier sanción “inteligente” debe ser adoptada de forma tal que se garantice que no se menoscabarán el goce y ejercicio de derechos humanos de la población venezolana, siguiendo el acertado pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General número 8. Los internacionalistas, que según bien dijo Arnulf Becker Lorca en ocasiones hemos sido y podemos ser actores políticos (y estamos llamados a serlo) no podemos callar.

LA DECISIÓN DEL MERCOSUR DE EXCLUIR A VENEZUELA

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

 

En una reunión celebrada en Sao Paolo (Brasil), los Estados miembros del MERCOSUR decidieron excluir a Venezuela de esta organización subregional, recurriendo al instrumento que prevé la exclusión (el Protocolo de Ushuaia, adoptado en julio de 1998). Venezuela integró formalmente esta organización internacional en julio del 2012.

Nótese que, a diferencia de lo que se lee en algunos titulares de prensa, en ningun momento se menciona el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que algunos Estados de América Latina han decidido no reconocer (véase nuestra breve nota al respecto titulada “Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes” y editada en el sitio jurídico Ius360). De los miembros del MERCOSUR, solamente Argentina ha externado mediante un comunicado oficial no reconocer los resultados de esta Asamblea Constituyente, electa el pasado 30 de julio y formalmente instalada en Caracas el pasado viernes 4 de agosto, un día antes de la decisión tomada por los integrantes del MERCOSUR.

Los artículos 4 y 5 del Protocolo de Ushuaia de 1998 se leen como siguen:

ARTICULO 4: En caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.

ARTICULO 5: Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

En la decisión adoptada (véase texto completo al final de esta nota en Documento A) se lee que los cuatro Estados miembros del MERCOSUR decidieron: “Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia“.

Venezuela ha reaccionado airadamente a esta decisión mediante un comunicado de prensa emitido por su aparato diplomático el mismo 5 de agosto en el que rechaza esta decisión, calificándola de ilegal (véase texto integral reproducido en Documento B al final de esta misma nota).

Como era previsible, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos respaldó inmediatamente la decisión del MERCOSUR, calificándola de ejemplar (véase nota de El Nacional que reproduce el comunicado de prensa del Secretario General). Es probable que si el tema es planteado ante el Consejo Permanente de la OEA, este respaldo al MERCOSUR sea objeto de álgidas discusiones entre las 34 delegaciones y que no se llegue a acuerdo alguno acuerpándolo.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Documento A:Texto completo de la decisión del MERCOSUR

Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR

05 Agosto 2017 Información para la Prensa N°: 316/17

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscripto el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración;

Que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración;

Que, en las consultas realizadas entre los Cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, consignada en la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela” del 1° de abril de 2017 y, desde entonces, celebraron consultas entre sí y solicitaron al Estado afectado la realización de consultas;

Que las consultas con la República Bolivariana de Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo de este Gobierno a la celebración de las mismas en el marco del Protocolo de Ushuaia;

Que no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;

Que el espíritu del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el Estado afectado;

Que la aplicación del Protocolo de Ushuaia no debe interferir en el funcionamiento del MERCOSUR y de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo venezolano;

Que los Estados Partes del MERCOSUR se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.

DECIDEN:

1) Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia.

2) Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.

3) La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

4) Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo.

São Paulo, 5 de agosto de 2017

Jorge Marcelo Faurie – República Argentina – Aloysio Nunes Ferreira- República Federativa del Brasil – Eladio Loizaga – República del Paraguay – Rodolfo Nin Novoa – República Oriental del Uruguay

Documento B : Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazando la decisión sobre su exclusión

Venezuela protesta y rechaza Declaración mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

Date: agosto 05, 2017in:

La República Bolivariana de Venezuela protesta y rechaza enérgicamente la Declaración emitida en São Paulo, Brasil, de fecha 05 de agosto de 2017, suscrita por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

La República Bolivariana de Venezuela alerta a los pueblos del mundo ante la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional. Nefastos intereses anti integracionistas han convertido a MERCOSUR en un órgano de persecución política contra Venezuela al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba en los años 60 del pasado siglo.

Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa. Es la segunda vez, en menos de un año, que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista, y alejado del Derecho, de estos Cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. Quedarán marcados por la historia los nombres de los Presidentes y Cancilleres que han tomado esta aberrante e ilegal decisión.

La utilización de la declaración de los cuatro Cancilleres del 01 de abril de 2017, señalada como preámbulo de este nuevo Comunicado de hoy, no corresponde a Ushuaia, ni a las reglas del Derecho Internacional ni al sistema normativo fundacional y derivado del MERCOSUR; por el contrario, constituye una corrupción a la integridad del sistema legal organizacional que busca posicionar una matriz mediática para excusar sanciones injustas, carentes de sustento jurídico e incluso inexistentes dentro del ordenamiento constitutivo de la organización.

Es menester revelar a la comunidad internacional, la falsía en torno al supuesto desinterés de Venezuela por participar de una reunión para avanzar en soluciones constructivas y ajustadas a norma. La República Bolivariana de Venezuela confirmó, amplia y suficientemente, por misiva de su Canciller de fecha 27 de julio de 2017, la disposición al diálogo sincero, proponiendo la realización de una reunión en la ciudad de Caracas durante la primera semana de agosto de 2017, con observancia a los principios del Derecho Internacional y al respeto mutuo, en el debido reconocimiento a la causa arbitral interpuesta por Venezuela en contra del resto de Estados Partes y a la condición plena de Venezuela como miembro de la organización; nunca en el marco de espurias pretensiones de aplicabilidad del Protocolo de Ushuaia.

Si en torno a principios y protección de la democracia se abriera un debate, serían los gobiernos que hoy condenan a Venezuela los que tendrían que “justificar” por qué no han ratificado su compromiso con el acervo democrático regional, a través de los Protocolos de Ushuaia I y de Ushuaia II; de los cuales, por cierto, la República Bolivariana de Venezuela, como Estado Parte del MERCOSUR, es la única que ha completado los trámites internos para convertirlos en derecho positivo y vigente dentro de su ordenamiento jurídico constitucional. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el Protocolo de Ushuaia es al que hoy mal gobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, que sí ostentan el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz.

La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su vocación integracionista legada por el Comandante Hugo Chávez, reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos, reclama la observancia a las normas del Derecho Internacional y exige el cese de las acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR y como pueblo libre, soberano e independiente de Nuestra América.

Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del MERCOSUR. Venezuela es MERCOSUR porque está sembrada en el corazón de sus pueblos y no podrán evitar que sigamos latiendo como la esperanza de liberación y justicia de millones.

ANUNCIO DE COSTA RICA DE NO RECONOCER RESULTADOS DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA: BREVES APUNTES

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente delegada constituyente y posiblemente llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

En un comunicado de prensa que fue dado dado a conocer el pasado domingo 30 de julio (véase texto integral al final de esta nota), Costa Rica anunció que no reconocerá efecto alguno al proceso de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela realizado el mismo día. Nótese que este comunicado fue circulado en la misma tarde del día de la elección celebrada en Venezuela.

En Mesoamérica, la diplomacia de México se manifestó en igual sentido (véase comunicado oficial), mientras que Panamá, usualmente muy crítico con relación a la situación imperante en Venezuela, se ha mantenido omiso sobre lo vivido el 30 de julio en Venezuela (véase sitio oficial de su cancillería). En la región andina, Perú ha anunciado que tampoco reconocerá los resultados del proceso de Asamblea Constituyente (véase comunicado oficial), y de igual manera lo hizo Argentina (véase comunicado).

En el caso de Chile, su comunicado (véase texto completo) no refiere a desconocer los resultados, sino que señala que:

El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)“.

De igual manera, Colombia emitió un comunicado (véase texto) condenando las acciones violentas registradas el mismo día 30 de julio en Venezuela, sin entrar a valorar los resultados de la consulta como tal.

En su comunicado del 31 de julio, Uruguay expresa por su parte que:

El Gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa Hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer, en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente“.

Desde el punto de visto político, el unísono cuestionando hace unas semanas el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, pareciera haber sufrido algunos bemoles. Entre otros factores, es probable que la infidencia del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia dada a conocer días antes haya obligado a algunos Estados a cierta reserva sobre Venezuela (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). Esta infidencia puede guardar alguna relación con un comunicado (insólito) circulado por la legación de Honduras en Belice en mayo pasado, que culminó con la destitución casi inmediata del diplomático hondureño responsable de su divulgación (Nota 1).

Desde el punto de visto jurídico, posiblemente afloren algunas dudas sobre las consecuencias que implica “no reconocer” un proceso de consulta. Como tuvimos la oportunidad de plantearlo con relación a una declaración conjunta del 26 de julio cuestionando el proceso de designación de los futuros constituyentes venezolanos y suscrita por 13 Estados (incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, a Perú así como a Uruguay entre corchetes),

una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución en un Estado con el que se mantiene relaciones diplomáticas” (véase breve nota nuestra publicada en nuestro sitio).

Como se podrá apreciar, el debate se anuncia álgido entre delegaciones diplomáticas, en particular si la iniciativa del Secretario General de la OEA de convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente de la organizacón hemisférica para examinar la situación en Venezuela se materializa. En el caso del MERCOSUR, la decisión tomada el 5 de agosto de excluir a Venezuela, adoptada 24 horas después de instalarse formalmente la Asamblea Constituyente, no menciona a esta última en ninguno de sus considerandos o parte dispositiva: un detalle de interés, pasado por alto por la mayoría de los medios de prensa, y que merece mención (véase nota nuestra al respecto que reproduce el texto integral de los Estados del MERCOSUR)

En años recientes, Estados de América Latina procederieron a “no reconocer” a autoridades autodesignadas a raíz de una situación política sumamente cuestionable (y cuestionada), como lo ocurrido en Paraguay en junio del 2012 o en Honduras en junio del 2009. En ambas ocasiones, se procedió a congelar o bien a suspender relaciones diplomáticas con autoridades consideradas “ilegítimas”. El caso de Venezuela difiere sensiblemente de los dos casos antes mencionados, en la medida en que a la fecha, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de América Latina (Nota 2): lo que se cuestiona por parte de algunos Estados, no es la legitimidad de las actuales autoridades, sino el proceso de consulta realizado con el fín de adoptar una nueva Constitución.

Es de notar que, a diferencia de lo ocurrido en enero del 2016 con relación a otro cuestionamiento sobre el sistema electoral en Venezuela, esta vez la diplomacia de Costa Rica no actuó de forma aislada (Nota 3).

No reconocer el proceso y resultados” de una consulta de este tipo significaría, desde el punto de vista jurídico, no reconocer el nuevo régimen constitucional que organice a las actuales instituciones venezolanas, y que se plasme en el nuevo texto constitucional que se adopte. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional para poder apreciar con mayor precisión el alcance exacto de este “no reconocimiento” y sus consecuencias en el plano jurídico (así como en en el ámbito diplomático).

Nótese que la diplomacia de Brasil, usualmente muy activa cuando se trata de la situación en Venezuela (en particular desde el mes de mayo del 2016), ha optado (al igual que Panamá) por no emitir declaración alguna con relación a los resultados del proceso celebrado en Venezuela el 30 de julio (véase sitio oficial del Palacio del Itamaraty).

Notas

Nota 1: Se trata de un inédito comunicado de Honduras en el que se lee “es crucial mayor derramamiento de sangre” en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.

Nota 2: La última ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela registrada fue la ordenada en marzo del 2014 con relación a Panamá. Los canales diplomáticos se reanudaron en julio del 2014 con el cambio de autoridades en Panamá: véase nuestra breve nota sobre el episodio que dio origen a esa ruptura, publicada en Informa-tico. Uno de los últimos incidentes diplomáticos de Venezuela con un Estado de América Latina tuvo lugar en marzo del 2017 con la llamada a consulta del Embajador de Perú en Caracas (véase breve nota al respecto).

Nota 3: Un comunicado de prensa de Costa Rica emitido en los primeros días de enero del 2016 dio lugar a una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas. Sobre este cruce de comunicados, remitimos al lector a nuestra breve nota editada en Ius360.

————-

Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,

JULIO 30, 2017 05:28 PM

Costa Rica no reconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso y resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela País hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados.

El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio.

Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional.

Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses.

Nuestro país se solidariza con el dolor que invade a las familias de las personas fallecidas, así como con los centenares de heridos y detenidos en Venezuela por defender las libertades fundamentales, la democracia y manifestarse legítimamente contra la represión.

El Gobierno de Costa Rica reitera su convicción de que la vía electoral es la única salida política, negociada y pacífica a la crítica situación que se vive en Venezuela.

La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales, con observación internacional e independiente, permitiría la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo de Venezuela.

FORMALIZANDO LO PROHIBIDO: LA CARTA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE SU DENUNCIA AL ACUERDO DE PARÍS

Foto tomada de nota de prensa de DW 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Estados Unidos comunicó oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas el pasado 4 de agosto su intención de denunciar el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Como bien se sabe, el Secretario General es el depositario de este tratado multilateral, adoptado en la capital gala en diciembre del 2015, firmado por 195 Estados y ratificado por 159: véase estado oficial de firmas y ratificaciones (con, al final las declaraciones hechas por 18 de los Estados Partes, incluyendo la Unión Europea). De conformidad con el Artículo 21(1) de este tratado, la fecha de su entrada en vigor es la del 4 de noviembre del 2016:

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession / 1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión“.

La denuncia de tratados multilaterales ambientales: casos recientes

Como es sabido, la denuncia es una figura jurídica validada por la práctica internacional y consagrada por la misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto, artículo 56). En América Latina, en años recientes se registra, por ejemplo, el caso de Venezuela, que denunció en setiembre del 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nota nuestra al respecto), un acto al que también procedió Trinidad y Tobago en 1998; o el de Colombia, que optó por denunciar el Pacto que lleva el nombre de su capital en noviembre del 2012 (véase nota nuestra al respecto publicada en La Nación), acto que El Salvador también realizó en 1973. Tuvimos también la oportunidad de analizar las denuncias a la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (más conocido por sus siglas en inglés ICSID) por parte de varios Estados de América Latina ante la deriva detectada del CIADI de favorecer en sus laudos arbitrales al inversionista extranjero (véase nuestra nota al respecto publicada en el sitio de Bretton Woods Project).

Estos, y otros casos que ofrece la práctica internacional, indican que un Estado Parte a un tratado mantiene siempre la posibilidad de retirarse del mismo cuando, por alguna razón, sus autoridades lo consideran dañino para sus intereses. Al optar por denunciar o retirarse de un tratado internacional, un Estado no violenta ninguna norma internacional: ejerce sus atribuciones soberanas, las mismas que fundamentan su decisión de suscribir y ratificar un tratado. Lo hace recurriendo a las mismas cláusulas contenidas en el texto relativas a la denuncia o retiro del tratado.

Una de las últimas denuncias de un tratado multilateral en materia ambiental fue la denuncia de Canadá a la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación, registrada en el 2013. Se puede leer en el estado oficial de firmas y ratificaciones de ese tratado que:

Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention” (véase Nota 4).

Dos años antes, en el 2011, el mismo Canadá había procedido a denunciar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997: en el estado oficial de este importante instrumento, se lee (véase Nota 2) que: “In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012“.

Cabe precisar que de estas dos denuncias realizadas por parte de Canadá, la primera dejó de surtir efecto con la llegada de las nuevas autoridades en el 2015.

La cláusula sobre la denuncia del Acuerdo de París del 2015

Desde el punto de vista jurídico, y de conformidad con el texto (versión inglesa) del Acuerdo de Paris del 2015 (véase de igual forma la versión en español), no puede haber notificación formal de denuncia antes de noviembre del 2019. Adicionalmente, ninguna denuncia puede surtir efectos sino después de noviembre del 2020. Sobre este preciso punto, las reglas contenidas en el Artículo 28 son de una meridiana claridad y las distintas versiones oficiales no permiten duda alguna:

Article 28 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

 

Artículo 28 1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.

3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.

Por lo tanto, la comunicación hecha por Estados Unidos el pasado 4 de agosto no puede ser validada como “notificación“.La prohibición de hacerla durante tres años impide admitirla como tal. Si la idea consistió en informar que Estados Unidos tiene la firme intención de denunciar el Acuerdo de Paris, las declaraciones oficiales hechas por su actual Presidente hace varios meses son suficientes. El mundo entero, así como las mismas Naciones Unidas, tomaron nota de la visión tan peculiar del Presidente Trump cuando en mayo pasado afirmó que su decisión sobre el Acuerdo de Paris “will make America great again“.

Referimos al lector al artículo publicado en EJIL-Talk del 5 de junio del 2017 de la profesora Lavanya Rajamani (India), titulado “Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement“.

Tuvimos la oportunidad de analizar las reacciones oficiales en América Latina a este anuncio presidencial (véase nuestra nota publicada en DebateGlobal el 4 de junio del 2017 titulada: “Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático“). Es de recordar que Perú (julio del 2016) fue el primer Estado en ratificar en la región este instrumento, seguido por Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016), Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016), Cuba (diciembre del 2016), Guatemala (enero del 2017), Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017), cerrando la lista Haití y Venezuela (julio del 2017). En la conclusión de este artículo, nos permitimos señalar que:

Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional“.

La carta del 4 de agosto o el arte de cómo notificar algo omitiendo la prohibición del plazo de tres años

El texto de la carta del 4 de agosto suscrita por la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reproducida en este artículo, se lee como sigue:

The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.

This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.

The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration”.

Es muy probable que colegas especialistas en derecho internacional comenten el contenido de esta extraña carta. La cual, en nuestra opinión, corresponde más a un anuncio de una futura notificación y no a una notificación en sí, al existir una prohibición de notificar durante un plazo de tres años. Posiblemente, desde el punto de vista político, esta inusual misiva responda a algún compromiso del Presidente Trump con algunos sectores. No obstante, desde el punto de vista jurídico, plantea algunas interrogantes al no adecuarse a lo estipulado en el Acuerdo de París, ni a la práctica seguida por Estados denunciantes ante el depositario de un tratado, ni añadir nada nuevo a lo escuchado por parte del Presidente Trump. Como se observará, la omisión del plazo de tres años que exige el Acuerdo de París traduce bien lo incómodo que resulta la situación para el Presidente Trump (un hombre algo urgido).

A modo de conclusión

Al parecer, es la primera vez que un Estado mediante una carta formal al depositario de un tratado multilateral le comunica su intención (y no su decisión) de denunciar un tratado. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional y agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para saber si estamos (o no) presenciando una verdadera “première” de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado. En abril del 2002, esta misma entidad decidió proceder a una verdadera innovación en materia de derecho de los tratados, al “retirar” la firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 que establece la Corte Penal Interancional (CPI), acto que Israel y Sudán replicarían (véase notas 4, 10 y 12 en estado oficial de firmas y ratificaciones) así como Rusia en noviembre del 2016 (véase nota 9). Uno de los riesgos de estas innovaciones del Departamento de Estado, es que algunos Estados puedan sentirse inclinados por acompañar a Estados Unidos en su desafiante soledad.

Por otro lado, el comunicar su intención de denunciar un tratado y al mismo tiempo anunciar que se procederá a “reengage” (término inexistente en el léxico del derecho internacional) constituye toda una novedad en derecho internacional: en particular cuando el tratado concerñido contiene una cláusula que expresamente prohibe reservas al mismo (Artículo 27).

Ante ello, no cabe duda que la buena fe y la transparencia a la que alude esta insólita misiva norteamericana obligan a aclarar al depositario (y a los Estados Partes) lo que se entiende por “suitable terms for reengagement“.

APROBACIÓN EN NACIONES UNIDAS DE UN TRATADO SOBRE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES: BREVES APUNTES

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Con una aplastante mayoría de 122 Estados a favor, uno en contra (Países Bajos) y una abstención (Singapur), este viernes 7 de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el tratado sobre prohibición de armas nucleares (véase nota del Time).

Costa Rica fue electa en febrero del 2017 para presidir los debates del grupo de trabajo a cargo de la elaboración del texto (véase nota de Naciones Unidas). El equipo costarricense logró contener las presiones de todo tipo de las potencias nucleares opuestas a esta iniciativa, relevados por sus hacendosos aliados: véase nota de prensa sobre el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones y el intenso debate del día de la votación, que reseña este comunicado de prensa de Naciones Unidas. Se puede apreciar en este último comunicado que Costa Rica propuso adoptar el texto por consenso a las demás delegaciones, y que fue el delegado de los Países Bajos quién solicitó el voto. ¿Porqué lo hizo si minutos después exhibiría ante el mundo el único voto en contra? Una investigación profunda sobre este preciso punto permitiría conocer algunos detalles sobre el trasfondo de estas negociaciones.

Se trata del primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional. Los intentos pasados han sido varios, sin lograr mayor éxito: para producir bombas nucleares, se requiere proceder a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2. En este muy completo artículo sobre el impacto ambiental de las armas de destrucción masiva, se concluye que: “The best arms control guarantee for protection of the natural environment is, of course, general and complete disarmament, which would eliminate the risk of a major war. In pursuit of that goal, environmental law principles provide added weight to moral and political demands for arms limitation and disarmament” (p. 419).

Por su parte, América Latina y el Caribe en este 2017 celebran los 50 años de un precursor tratado como lo es el “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe” (más conocido como Tratado de Tlatelolco): este instrumento regional fue adoptado en 1967, cubriendo a toda América Latina y el Caribe (véase estado de ratificaciones), por lo que el apoyo a esta iniciativa en Naciones Unidas contó con el decisivo respaldo de toda la región latinoamericana y caribeña.

Las armas nucleares ante el juez internacional o la historia de intentos frustrados 

Es preciso recordar que en 1993, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue solicitada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y emitió en 1996 una opinión consultiva sobre la legalidad del uso de las armas nucleares, que dejó a muchos con un gran sinsabor al no declararlas del todo ilegal (véase estudio): en aquella ocasión, de las 35 opiniones jurídicas enviadas al juez internacional por Estados, por parte de América Latina sólo encontramos las de Colombia y de Costa Rica. Esta última finaliza señalando que:

Furthermore, there exists a series of U.N. General Assembly declarations and resolutions that confirm the existence of internatlonal consensus regarding the idea that the threat or use of nuclear weapons is contrary to international law“.

En otra solicitud a la CIJ de 1995 hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la legalidad de la amenaza de usar armas nucleares, de los 28 escritos que emanaron de Estados, sólo aparecen la opinión de Ecuador y de México (véase listado). En ambos casos, resulta de interés leer las opiniones jurídicas de quiénes poseen arsenal nuclear, quiénes sin poseerlo, defienden su legalidad, y los que se oponen a su uso o a la amenaza de usarlo.

Siempre ante la CIJ, pero esta vez en materia contenciosa, Islas Marshall intentó en el 2014 plantear tres demandas separadas contra IndiaPakistán y Reino Unido sobre la carrera nuclear y la obligación de ponerle un término (véase texto de cada una de las tres demandas 12 y 3). En el 2016, el juez internacional aceptó una de las excepciones preliminares presentadas por el Reino Unido y se declaró incompetente (véase decisión). De igual manera en el caso de la demanda contra Pakistán (véase decisión) y de la demanda contra India. Al declararse incompetente, no hubo examen sobre el fondo.

En 1974, la CIJ consideró que las demandas planteadas contra Francia por parte de Australia y de Nueva Zelanda contra los ensayos nucleares franceses en el Pacífico carecían de razón de ser al consagrar jurídicamente la noción de “promesa unilateral” de Francia de no continuar más con su campaña de ensayos nucleares (véase texto de la decisión en el caso de la demanda australiana). En 1995, Nueva Zelanda acudió nuevamente a la CIJ contra Francia (véase documentación sobre este nuevo caso) exigiendo que la promesa gala hecha para ensayos nucleares atmosféricos se extendiera también a los ensayos subterráneos, sin éxito.

La posesión de armas nucleares: estado actual de un derecho reservado a unos pocos 

Desde el punto de vista jurídico, se hace necesaria la siguiente precisión: si bien los planes para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos forman parte de las atribuciones soberanas de cada Estado, la comunidad internacional ha acordado desde los años 70 que las armas nuclares no debían proliferar, estableciendo un régimen internacional muy peculiar, en el que se prohibe desarrollar este tipo de armamento y se establece un régimen de inspecciones internacionales en caso de sospecha.

Panorama general

En el plano internacional, resulta oportuno recordar cuál fue el orden de adquisición del arma nuclear: lo inició Estados Unidos (1945), seguido por Rusia (1949, en aquel momento URSS), Reino Unido(1952), Francia (1960) y China (1964). Una vez completada la posesión de armas nucleares por parte de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, se consideró necesario impedir a toda costa que otros Estados la adquirieran. Es así como fue adoptado el tratado sobre no proliferación de armas nucleares (más conocido como TNP) en 1968: este instrumento internacional fue ratificado por casi todos los Estados del planeta (véase lista de 191 ratificaciones según registra oficialmente Naciones Unidas). Es de notar que no son parte a este tratado India (quién detonó por vez primera un arma nuclear en 1974), Israel y Pakistán (quién la detonó oficialmente en 1998, pese a existir sospechas de haber procedido a ensayos de forma secreta mucho antes).

Con relación a los Estados que sí son parte, en el año 2003Corea del Norte optó por denunciar el TNP y anunció tener arsenal nuclear en el 2006. Tanto India, como Pakistán y Corea del Norte han reconocido oficialmente poseer armas nucleares. Hay indicios que permiten avanzar el hecho que Israel posee armamento nuclear, tal y como se puede apreciar en este artículo del 2014. A diferencia de Israel, que no es parte al TNP, Irán, objeto de fuertes sospechas por parte de la comunidad internacional en los años 90, ha accedido a un riguroso sistema de inspecciones, mediante el acuerdo nuclear suscrito el 14 de julio del 2015, el cual permite el levantamiento progresivo del régimen de sanciones al que estaba sometido (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Derechoaldia y que incluye la previsible – y solitaria – reacción de Israel).

Lo nuclear y Costa Rica

En apariencia, el tema de las armas nucleares es totalmente ajeno a la tradición pacífica y no militarista de Costa Rica. Al no contar con un ejército desde 1948, plantear el tema resulta hasta algo irrisorio. No obstante, cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado en junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto del Ministerio de Salud, que promovía la extracción y producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que:

Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004 obligar al Ejecutivo a retirar a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 cuya lectura se recomienda).

No cabe duda que estos y otros insólitos episodios ponen de relieve cuán vigilante hay que mantenerse en Costa Rica ante las ideas ocurrentes de sus autoridades (véase nuestro breve análisis sobre jurisprudencia constitucional en materia de derecho a la paz, publicado en Informa-tico en el 2014). Unos anexos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sobre armas evidenciaron cuán entusiastas pueden a veces resultar las autoridades a cargo del comercio exterior costarricense (véase nota del Semanario Universidad en la que se lee que “si el TLC incluye listas de desgravación arancelaria con categorías como la 84011000 (reactores nucleares), la 87100000 (tanques y demás vehículos automóviles blindados de guerra incluso con su armamento) o la 93020000 (revólveres y pistolas), el acuerdo comercial debería ser inconstitucional si se toman en cuenta los razonamientos anteriores de los magistrados” ).

La imperiosa necesidad de revisar el marco legal existente

En los últimos años, el plan de modernización nuclear en Estados Unidos ha tenido efectos en Rusia y China, replanteado el tema. Estos Estados destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas: véase al respecto los datos aportados por el SIPRI en su informe del 2017 titulado “Trends in world nuclear forces, 2017” en que se lee que: “The current US administration is continuing the ambitious nuclear modernization plans set out by President Barack Obama“. Se trata de un plan de modernización de unos 400 billones de US$ para el 2017-2026.

En este artículo publicado en Argentina sobre la imperiosa necesidad de redefinir las reglas en materia de arsenal nuclear, se lee que:

” “El punto de inflexión llegó en 2014, cuando el gobierno austriaco, tras organizar la tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, se comprometió a “identificar y promover medidas efectivas para cubrir el vacío legal para la prohibición y eliminación de armas nucleares”. Con ello, Austria metió el dedo en la llaga: señaló el defecto de base del TNP, ya que legalmente no prohíbe la posesión de armas nucleares por parte del P5. Un año después, la denominada “promesa austriaca” fue asumida por la Asamblea General de la ONU, lo cual fue posible porque este órgano funciona por principio de mayorías, no por consenso. Del mismo modo, la Asamblea decidió convocar para el presente año un “grupo de trabajo” (Open-Ended Working Group, OEWG) para identificar medidas legales concretas necesarias para lograr el desarme nuclear“.

Lo que en la literatura especializada se conoce como el “Austrian Pledge” de diciembre del 2014 puede ser leído en este enlace oficial de Austria.

Nótese que en el 2012, a iniciativa de Noruega, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución que solicitaba la constitución de un grupo de trabajo sobre desarme en materia de desarme y prohibición de armas nucleares (véase texto de la resolución A/RES/67/56 adoptada por 147 votos a favor, 4 en contra – Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia – y 31 abstenciones).

Leemos en esta publicación sobre los objetivos buscados al acordar un tratado vinculante en materia de prohibición de armas nucleares que:

” This treaty has the transformative potential to codify the illegality of nuclear weapons, stigmatise their possession, and facilitate nuclear disarmament. A legally binding international instrument that prohibits nuclear weapons based on their unacceptable consequences would put nuclear weapons on the same footing as the other weapons of mass destruction, which are subject to prohibition through specific treaties“.

Un texto de 20 artículos que desafía a las potencias nucleares

El tratado universal sobre prohibición de armas nucleares adoptado este viernes 7 de julio del 2017 – una fecha difícil de olvidar de ahora en adelante – en Nueva York consta en total de 20 artículos (véase versión oficial), negociados entre 129 Estados que participaron a su elaboración (véase listado oficial). No admite reserva alguna (artículo 16).

Dejamos a nuestros estimables lectores identificar de los 129 Estados quiénes no aparecen entre los 122 que votaron a favor del texto, y quiénes optaron por el “No Show” de manera a que puedan apreciar la inconsistencia de unos.

En esta nota de The Guardian se señala que votaron en contra los Países Bajos, quedando expuestos en una soledad raramente apreciada ante la comunidad internacional (véase nota). O bien la directriz de la Unión Europea (UE) solicitando un “No Show” a sus 28 integrantes no llegó a tiempo, o bien el delegado de los Países Bajos se equivocó de botón a la hora de emitir el voto, o bien decidió de forma inconsulta con sus autoridades exponer de esta manera a su Estado. Solicitamos el concurso de nuestros estimables lectores para referirnos a algún voto en Naciones Unidas en el que los Países Bajos hayan quedado así expuestos (correo electrónico: cursodicr@gmail.com).

Esta clara victoria diplomática en Naciones Unidas reafirma la férrea voluntad de gran parte de la comunidad internacional de terminar con armas que, lejos de contribuir a “un mundo más seguro” como rezan sus promotores, han contribuido a la situación de convulsión que lo azota desde varios decenios.

Por su parte, Japón, único Estado en haber sufrido un ataque nuclear (cuyos sobrevivientes participaron activamente, pese al estado avanzado de su edad, en la campaña a favor de este tratado), optó finalmente por retirar a su delegado al momento de esta votación (véase nota del Japan Times). Las explicaciones que dé su representante posiblemente no convenzan mayormente a la opinión pública japonesa. Hace pocas semanas se leyó en Japón que: “Japan should take part in the negotiations and seriously seek ways to bridge the differences between the nuclear weapons powers, which oppose the treaty, and the non-nuclear weapons states that are pushing forward with the accord. A failure to take concrete action in this direction could imperil Japan’s credibility as a country serious about nuclear disarmament” (véase nota del Japan Times). En abril del 2017, se leyó que Japón no participaría a las negociaciones sobre el futuro tratado prohibiendo armas nucleares (véase nota de prensa de Mainichi).

La histórica lucha llevada por la dupla AustraliaNueva Zelandacontra los ensayos nucleares en el Océano Pacífico en los años 70 y 90 tampoco logro imponerse ante las presiones recibidas. Nueva Zelanda, fiel a sus convicciones, votó a favor del texto, mientras que Australia optó por el “No Show“.

La opción del “No Show” cuando no se quiere revisar un marco legal favorable pero obsoleto

Más allá de las explicaciones que ahora deberán exigirse en Australia y en Japón, y en algunos otros Estados, es de recalcar la gran cantidad de “No Show” registrados: se trata de Estados que no participaron en la votación, y ello posiblemente debido a presiones de todo tipo ejercidas por las potencias nucleares, la UE y la OTAN (según registros, son 193 los Estados Miembros de Naciones Unidas). Entre los pocos Estados de Europa que votaron a favor del texto, destacan AustriaChipreIrlandaMalta, y Suecia (miembros de la UE) así como Liechstenstein y Suiza (que no lo son).

En el hemisferio americano, los dos Estados miembros de la OTAN (Estados Unidos y Canadá) optaron por el “No Show“, como era previsible. Un poco menos previsible, los acompañaron en esta cuestionable opción BarbadosDominica y Nicaragua.

Tablero de la votación del pasado 7 de julio del 2017 extraído de nota de prensa

El proceso de firma tendrá lugar durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse en setiembre, y el acuerdo entrará en vigor 90 días después de que 50 Estados lo hayan ratificado (en aplicación del artículo 15 del texto de dicho instrumento). Si bien la cifra es alta, un instrumento como el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI) adoptado en 1998, entró en vigor en el 2002, después de reunir 60 ratificaciones.

A modo de conclusión

No cabe duda que lo acontecido este 7 de julio del 2017 es inédito, y no solamente para los delegados de los Paises Bajos. Tener que afrontar las presiones de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad y la de los Estados Miembros de la OTAN, contando en esta oportunidad con una muy activa UE para contrarrestar esta iniciativa es algo poco común. El equipo de diplomáticos de Costa Rica supo encontrar siempre mayores apoyos, mantener un texto acorde con los principios rectores enunciados desde el inicio, y esquivar los diversos intentos de unos de torpedear la discusión.

De manera a poder apreciar los cambios de posición de octubre del 2016 a junio del 2017, remitimos a la imagen del tablero al votarse una resolución en octubre del 2016 en el marco de la Asamblea General para crear un grupo de trabajo en aras de elaborar un tratado multilateral vinculante sobre armas nucleares (véase texto), extraído de esta nota de prensa. La votación fue de 123 a favor, 38 en contra y 16 abstenciones. Aparecen votando en contra (por parte de la UE): Bélgica, Bulgaria, España, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía.

El proceso de firma de este novedoso tratado iniciará el próximo mes de setiembre en Nueva York, y se vaticina una pronta entrada en vigor del mismo. En efecto, la presión de la comunidad internacional es manifiesta para prohibir este tipo de armas. Tal y como se leyó recientemente en la conclusión de un artículo del Profesor Dan Joyner sobre este tratado negociado en un tiempo muy recogido con relación a otras negociaciones en el marco multilateral,

The nuclear-weapons-possessing-states can of course avoid signing the treaty. But it is now much more difficult for them to avoid seriously addressing the expressed will of the international community that nuclear weapons should be understood to be just as immoral as any other banned weaponry, and that as such their development, possession, and use should be prohibited in international law

Breve bibliografía selectiva sobre armas nucleares, desarme y normativa internacional vigente en la materia:

Obras:

Agence pour l´Energie Nucléaire (Obra colectiva), Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, 466 páginas. OCDE, 2010, Texto disponible aquí

Artículos:

ARREDONDO R., “El plan nuclear iraní a la luz del derecho internacional“, REEI, 2006. Texto disponible aquí

COUSSIRAT-COUSTERE V., “Armes nucleaires et droit international. A propos des avis consultatifs du 8 juillet 1996 de la Cour internationale de Justice (CIJ)“, AFDI, 1996, pp. 337-356. Texto disponible aquí

ELBARADEI M., NWOGUGU E. & RAMES J., “El derecho internacional y la energía nuclear: Panorama del marco jurídico“, OIEA, 1995. Texto disponible aquí

GROS ESPIELL H., “Contribución del tratado de Tlatelolco al desarme nuclear y a la no proliferación“, AMDI, 2008. Texto disponible aquí

VALLE FONTROUGE M., “Desarme nuclear Regímenes internacional, latinoaméricano y argentino de no proliferación“, UNIDIR, 2003. Texto diponible aquí.

El principio de condicionalidad en la transición en Colombia: una mirada desde el derecho internacional y las experiencias comparadas

Resultado de imagen para entrega de armas farc onu

Soldados de las Farc entregando armas. Extraída de nota de prensa de El Heraldo

Por: Juana Inés Acosta López y Cindy Espitia Murcia*

Miembro ACCOLDI

Directora de Profesores e Investigación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de La Sabana.

*Comunicadora Social y estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana

El principio de condicionalidad es un eje rector de los procesos de justicia transicional. Existe cada vez más una conciencia en la academia y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) frente a su necesidad, para equilibrar, realmente, la búsqueda de la paz – con las correspondientes concesiones, propias de la negociación – y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Una aproximación a las experiencias recientes de Estados que han orientado sus esfuerzos para alcanzar la reconciliación, mediante una salida negociada de la guerra, permite observar al menos dos modelos de aplicación de mecanismos de racionalización de la acción penal. El primero, reconocido como el “perdón amnésico”[1], que fue aplicado por Angola, Sierra Leona – con el Acuerdo de Abidján – y Senegal, concibe a la justicia como un elemento contingente del post-conflicto. Por lo tanto, mediante el otorgamiento de amnistías en blanco, fija su mirada en el futuro y restringe los espacios para cualquier evocación al pasado, incluyendo la rendición de cuentas de los beneficiarios de los tratamientos penales especiales y el esclarecimiento de la verdad.

El segundo modelo, sobre el que se profundizará en este texto, ha sido denominado como el “perdón responsabilizante”[2], y comprende una visión integral de la justicia transicional, en la cual la aplicación de mecanismos de racionalización de la acción penal se articula con mecanismos extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas y la construcción de la memoria histórica. La doctrina ha identificado a Sudáfrica y al Líbano como Estados que, aunque no lograron materializar en su totalidad los propósitos de este concepto, sí establecieron desde la concepción del proceso de justicia transicional un modelo de beneficios penales, condicionados a la participación de los beneficiarios en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

A pesar de que los casos que han implementado el segundo modelo son reducidos, el DIDH lo ha reconocido como el escenario más idóneo para la construcción de la paz sin sacrificar los derechos de las víctimas. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la situación de Colombia, señaló que el otorgamiento y la irrevocabilidad de los beneficios penales deben supeditarse al cumplimiento, por parte de los eventuales titulares, de condiciones como i) la entrega de armas; ii) el reconocimiento de responsabilidad; iii) la no reincidencia en actos victimizantes; iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y v) el aporte a la reparación integral de las víctimas[3].

Esta postura, que ha sido respaldada por la doctrina[4] y por la Corte Constitucional colombiana[5], surge con la finalidad de que los victimarios que reciban la concesión del Estado no omitan su importante rol en la reivindicación de quienes vieron afectados sus derechos en el marco del conflicto y en la promoción de un escenario de paz y reconciliación[6].

Colombia ha optado por incorporar este modelo. Así, tanto en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC como en la Ley de Amnistía[7] – recientemente aprobada -, se ha establecido que los actores del conflicto armado que se rehúsen a participar en los programas de reparación a las víctimas y a aportar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y No Repetición y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, perderán el derecho a que se les aplique un tratamiento penal especial.

Si bien la concepción del principio de condicionalidad como eje del proceso de transición hacia la paz que actualmente adelanta el país es muy significativo; importantes cuestionamientos deberán ser abordados para dotar de seguridad jurídica el proceso.

Por un lado, resulta central que se defina la cualifiación de la participación que se requiere para acceder o mantener los beneficios de racionalización de la acción penal. Si bien es cierto que no resultaría adecuado establecer fórmulas rígidas, sí es necesario que se fijen criterios básicos que permitan evaluar la contribución de los excombatientes, pues sólo así se garantizará que no se burle el sistema, permitiendo que cualquier actuación se considere como adecuada para cumplir la condición – como ocurrió en Sudáfrica -, y que toda decisión que restrinja la titularidad del beneficio penal sea justificada, de conformidad con los estándares internacionales referentes a la debida motivación[8] – aspecto omitido en la implementación del Acuerdo de Lomé en Sierra Leona[9] -.

Por el otro lado, es muy importante que se fijen los parámetros del mecanismo que deberá ser adelantado para monitorear la materialización de las condiciones de los beneficiarios y revocar, tras la verificación del incumplimiento, el tratamiento penal especial. Así, definir el mandato del órgano que llevará a cabo tal labor y el procedimiento que deberá surtirse – garantizando siempre el derecho a la defensa de las partes – será central para evitar arbitrariedades que cercenen la confianza y la legitimidad en el proceso de implementación del Acuerdo; aspectos fundadores y necesarios para la construcción de la paz.

La respuesta a estos interrogantes en el actual proceso colombiano – que requerirá de una activa participación de la academia – no sólo permitirá materializar con eficacia, equidad y justicia el principio de condicionalidad como fundamento del posconflicto, sino que también sentará un precedente que será útil para los futuros procesos de paz promovidos en Colombia y en el mundo.

Notas:

[1] Cfr. AMBOS, Kai. The legal framework of transitional justice: a systematic study with a special focus on the role of the ICC. En Building a Future on Peace and Justice. Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 19-103; UPRIMNY, Rodrigo. Rodrigo Uprimny Yepes. ¿Justicia transicional sin transición?, 2006.

[2] UPRIMNY, Rodrigo. Rodrigo Uprimny Yepes. ¿Justicia transicional sin transición?, 2006.

[3] CIDH. Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013, pág. 154.

[4]  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579/13. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[5] TRANSITIONAL JUSTICE INSTITUTE. Grupo de expertos: Las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad. 2013, pág. 9.

[6] Ibídem.

[7] Ley 1820 del 30 de diciembre de 2012.

[8] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párrafo 119; Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, Párrafo 123.

[9] MALLINDER, Louise. Beyond the Courts? The Complex Relationship of Trials and Amnesties. 2011.

De Doha 2001 a Nairobi 2015: Una agenda para el desarrollo en la OMC que se desvanece, pero no muere.

Resultado de imagen para Nairobi OMC

Foto extraída de galería de Xihuanet

Por: Laura Victoria García-Matamoros y Juan Sebastián Pereira Rico*

Miembro ACCOLDI

Profesora Asociada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, investigadora en el área de derecho internacional privado y derecho internacional económico.

*Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, integrante del Observatorio de Derecho Internacional.

Después de intensas disputas sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio, iniciadas en la Conferencia Ministerial en Seattle en 1999, en 2001, los Estados Partes se reunieron en Doha para discutir una agenda para el desarrollo. Los principales aspectos a tratar, giraban en torno de la agricultura, los subsidios, la inversión extranjera y la propiedad intelectual, entre otros. Temas sobre los cuales los miembros hicieron promesas en cuanto al cronograma y al alcance esperado de las decisiones.

No obstante las promesas hechas, las discusiones se fueron extendiendo y la decisiones aplazando por la oposición de grupos conformados mayoritariamente por economías desarrolladas, que veían cómo su discrecionalidad cuasi ilimitada, generaba serias oposiciones. Así, en el marco de estos grupos, ha sido notoria la relevancia de economías emergentes como Brasil o India, no solo en la progresión de las Conferencias Ministeriales, sino en la construcción de bloques, que al unirse por sus intereses comunes, desestabilizan la forma tradicional en la toma de decisiones en la OMC, de manera tal las economías en desarrollo y particularmente las emergentes, ya no aceptan las imposiciones de las potencias desarrolladas, muestran sus desacuerdos y plantean nuevas soluciones a aspectos polémicos.

Así, quince años después de haberse iniciado la Ronda de Doha para el Desarrollo, el balance es más negativo que favorable, en el sentido de que no se ha avanzado como se esperaba en los temas de desarrollo, pero hay que reconocer que tampoco se han profundizado más en las medidas esperadas por las economías desarrolladas. Para ilustrar lo anterior, podemos revisar lo ocurrido en la Conferencia Ministerial de Nairobi en 2015, particularmente en el tema de Agricultura, en el que se ha avanzado en tres áreas centrales: subsidios a las exportaciones, el Mecanismo de Salvaguarda Especial (MSE) para países en vía de desarrollo y la participación en el mercado público en materia de seguridad alimenticia[1].

En lo relativo al MSE, mecanismo concebido para los países en vías de desarrollo, que les permite incrementar los aranceles de productos agrícolas cuando se presente un desequilibrio en la balanza comercial, de manera que se logre incrementar el precio de estos productos importados, como alternativa para proteger a los campesinos y productores locales. Lo anterior, junto con el reconocimiento del derecho a recurrir a un mecanismo especial de solución de controversias exclusivo para ellos.

El problema en este punto es que no ha sido delimitado, entre otras por la confrontación al interior del G-7 (Australia, Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos, India y Japón), y entre el G-33 y el Grupo Cairns. La controversia gira en torno a la manera en la que se debería desarrollar el MSE.  Una posición la define como el medio de protección de la agricultura local y otra la concibe como mecanismo excepcional limitado por periodos de tiempo.  La primera expone que el MSE debe ser más abierto y fácil de usar, con factores de activación más laxos y una mayor capacidad del Estado de aumentar los aranceles, considerando que el desbalance es producto de los subsidios agrícolas de los países desarrollados, postura defendida por el G-33, conformado por países en vías de desarrollo de que buscan limitar el ingreso de productos agrícolas. El segundo considera que el MSE debe ser más restrictivo, y debe ser consistente con la reducción de aranceles a la que se había llegado antes de Doha. Los defensores del mecanismo más restrictivo son Estados Unidos y los miembros del Grupo Cairns (donde se encuentra Colombia), varios de ellos con economías emergentes o de desarrollo medio, exportadores de productos agrícolas que temen mayores limitaciones al ingreso de sus productos.

Por otro lado, en cuanto a la seguridad alimentaria, en Nairobi se dota a los Estados en vías de desarrollo de la posibilidad adquirir stocks de alimentos a precios regulados, que garanticen la seguridad alimentaria. El punto en cuestión ha sido controversial porque muchas economías emergentes temen que estas medidas sirvan para disfrazar subsidios y deformen compromisos comerciales. Para evitar mayores confrontaciones al respecto, la conferencia de Bali incluyó una cláusula de paz donde estas políticas quedarían excluidas hasta tanto no se logre una solución de fondo; tal solución espera ser lograda en la conferencia de Buenos Aires que se desarrollará este año 2017.  Se deja entonces abierto el foro para futuras discusiones en el tema, pero debiendo obedecer a una dinámica mas rápida y concreta que la de Doha[2].

Como se observa, la Conferencia Ministerial de Nairobi fue el espejo de la continua incapacidad de tomar decisiones definitivas cuando no se escucha a todas las partes de una negociación. Por un lado, la Unión Europea y los Estados Unidos no pudieron seguir conduciendo las negociaciones basados en sus exigencias, limitando su rol excluyente y exclusivo. Por otra parte, Estados que otrora no tenían capacidad decisoria han tratado de proteger sus intereses en el marco multilateral. Infortunadamente persisten las desigualdades negociales y las carencias económicas que impiden propuestas cohesionadas de países con niveles económicos cercanos, además de que los temas sensibles se han dejado a los tratados bilaterales o neoregionales, en los cuales la capacidad de negociación es más débil para aquellos Estados que en el foro multilateral han tratado de unir esfuerzos. Sin duda, la OMC está en crisis, pero desde la perspectiva de los intereses comerciales de los países en desarrollo, merece una defensa como escenario de negociación más equilibrado, en comparación con aquellos en los que se pactan los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Inversión.

[1] Suh J. y Hyo-young L. (2016),  Outcome and Implications of Nairobi Ministerial Conference, KIEP World Economy Update, p.3.

[2] World Trade Organization. “Agriculture Negotiations: Fact Sheet – The Bali decision on stockholding for food security in developing countries”, disponible en : https://goo.gl/qpQWWA

 

 

 

 

 

COMITÉ DE LA CEDAW: OBSERVACIONES FINALES HECHAS A COSTA RICA

Resultado de imagen para cedaw costa rica

“Mujeres en Costa Rica tienen acceso limitado a la justicia” Cedaw. Extraída de nota de prensa de TeleSur

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida por sus siglas en inglés de CEDAW – véase texto), dio a conocer el pasado 21 de julio sus observaciones finales al informe presentado por Costa Rica en aplicación del Artículo 18 de dicho convenio. El documento, disponible únicamente en inglés, es accesible en este enlace oficial de Naciones Unidas. La última comparecencia ante la CEDAW de Costa Rica corresponde a las observaciones finales que fueron hechas en el 2011 a los informes V y VI presentados de forma conjunta (véase Documento en español CEDAW/C/CRI/CO/5-6 de agosto del 2011). El ejercicio trasanterior tuvo lugar en el 2003 (véase texto de observaciones finales).

En el 2005, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) procedió a compilar las observaciones hechas a los Estados de América Latina y del Caribe para el período 1982-2005, cuya lectura permite entender un poco mejor la mecánica de estas comparecencias periódicas de los Estados partes a dicha convención (véase documento).

Como es sabido, algunas entidades económicas se interesan cada vez más por las recomendaciones de la CEDAW, en la medida en que la desigualdad, la pobreza y la exclusión afectan mucho más a las mujeres. Al respecto, la incapacidad de Costa Rica para revertir el aumento vertiginoso de la desigualdad social medida por el coeficiente Gini (constituyéndose en América Latina en una excepción con relación a la tendencia general observada) debiera de ser comprendida como una clara advertencia para sus autoridades (véase artículo de La Nación). Con ocasión de la posición 66 ostentada a nivel global por Costa Rica en la medición 2016 sobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH), tuvimos la ocasión de detallar las razones que explican en parte que Costa Rica sea considerado como un “modelo de desigualdad social” en América Latina (véase nota nuestra de marzo del 2017). Nótese que el proceso de deterioro en materia social (coeficiente Gini y medición del IDH) se agudizan a partir del año 2007.

Gráfico sobre evolución del coeficiente Gini en América Latina y en Costa Rica, extraído de artículo de prensa de La Nación, edición del 31 de julio del 2017, titulado “Desigualdad baja en América Latina, menos en Costa Rica“, página 14A 

La publicación de estas observaciones finales en esta última semana del mes de julio del 2017 coincide con un reportaje sobre la ausencia de mujeres en las papeletas presidenciales para las próximas elecciones a realizarse en Costa Rica en el 2018 (véase artículo del Semanario Universidad), así como con el exitoso estreno de la obra de teatro “Manuelita, la Libertadora del Libertador“, que presentó este 28 de julio el talentoso y siempre innovador Teatro Espressivo: una original propuesta, de gira por América Latina, sobre la vida de quién fuese la compañera de vida de Simón Bolivar y mucho más (véase nota de La Nación y entrevista del Semanario Universidad).

El contenido de las recomendaciones finales hechas a Costa Rica en breve

El lector podrá apreciar mejor el alcance de las recomendaciones del 2017 revisando el texto mismo antes señalado, disponible únicamente en inglés por el momento. El poder compararlas con las que se le hicieron en el 2003 y en el 2011 permite ponerlas en pespectiva. A continuación, nos limitaremos a mencionar tan solo algunas de ellas.

Las limitaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres (Recomendación Número 9), en cuanto a la lucha contra estereotipos y prácticas discriminatorias (Número 14-15), contra la violencia de género (Número 17), y las deficiencias detectadass en materia de lucha contra la trata de mujeres (Número 21) preocupan profundamente al Comité de la CEDAW, entre muchos otros puntos. En el punto 23, recomienda que:

the State party ensure that health care and social protection are available to women in prostitution, strengthen income-generating opportunities for women and provide exit programmes for women who wish to leave prostitution“.

En materia de aborto, se lee que el Comité CEDAW recomienda a Costa Rica (punto 31):

” (a) Amend the Penal Code to legalize abortion in cases of rape, incest, or severe foetal impairment and decriminalize abortion in all other cases as well as provide women with access to quality post-abortion care; (b) Accelerate the adoption of technical guidelines for therapeutic abortion and conduct awareness raising campaigns to prevent stigmatization of women seeking abortion;”.

Sobre este último ámbito, remitimos al lector al artículo titulado “La gran deuda histórica de Costa Rica en materia de aborto“, publicado el pasado 8 de marzo del 2017 por dos jóvenes y valientes juristas en el sitio de la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI).

Otras recomendaciones sobre la imperiosa necesidad de proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres indígenas y afrodescendientes (Número 37), así como a las mujeres migrantes (Número 39), constituyen señalamientos que, en el pasado, Costa Rica ha recibido por parte de otros órganos de Naciones Unidas, sin lograr avances notables.

El Comité de la CEDAW reitera además su recomendación hecha a Costa Rica en el 2003 sobre medidas temporales especiales (Recomendación Número 13). Sobre el mismo ejercicio realizado en el 2003 ante el Comité de la CEDAW por Costa Rica, remitimos al lector a esta publicación muy completa de la ONG internacional OMCT.

El punto de las medidas temporales especiales pareciera no lograr mayores avances, como muchos otros. En sus observaciones finales del 2011 (véase texto), ya se leía que (punto 17):

El Comité recomienda al Estado parte que ponga en marcha nuevas iniciativas para contribuir a que se comprenda mejor el concepto de medidas especiales de carácter temporal y promover su aplicación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer, en particular en beneficio de los grupos desfavorecidos de mujeres, en ámbitos como la salud, la educación y el empleo“.

La importancia de los informes alternativos

A diferencia de lo que ocurre con otros informes presentados por Costa Rica ante órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los integrantes del Comité de la CEDAW pudieron tener acceso esta vez a informes alternativos preparados por entidades de la sociedad civil.

En términos generales, se trata de información no estatal que los integrantes de órganos de tratados siempre aprecian, en particular cuando se trata de informes de gran calidad: en algunos casos, desdicen formalmente lo sostenido por las autoridades, en otros, evidencian lagunas y vacíos que los Estados intentan eludir o maquillar al elaborar su informe de cumplimiento. Las 42 páginas del informe alternativo coordinado por CLADEM-Perú en el 2014 son, por ejemplo, contundentes (véase texto completo), al igual que este informe elaborado por un colectivo de ONG colombianas en el 2013 (véase texto) y ese otro informe; lo mismo se puede decir, en el caso de Argentina, del informe de la ONG ELA del 2011 y, en el 2016, del informe elaborado por la misma Amnistía Internacional (véase informe).

Sin estos informes alternativos, los expertos de la CEDAW no tienen cómo contrastar la información oficial, salvo la que haya podido ser objeto de alguna cobertura de prensa en el Estado examinado (con las limitaciones que ello a veces conlleva este tipo de información).

En el preciso caso de esta comparecencia de Costa Rica, se contó con los informes de la Coalición feminista para el avance de los derechos de las mujeres (véase documento completo) y de la ONG IBFAN – International Baby Food Action Network, así como con un informe proviniente de estudiantes del American University Washington College of Law. En el 2003, para un ejercicio similar de Costa Rica, se publicó por parte de la coordinadora denominada Agenda Política de Mujeres un muy detallado Informe Sombra(véase texto completo).

Para esta sesión del 2017, la Defensoría de los Habitantes elaboró un informe también denominado “alternativo” (véase texto completo), lo cual plantea algunas interrogantes: la Defensoría de los Habitantes, al igual que otros órganos fiscalizadores del Estado costarricense, forma parte del mismo Estado. Desde el punto de vista interno, se trata de un órgano que apoya a los administrados en sus reclamos, presenta acciones legales contra el Estado, o bien puede llamar la atención sobre problemas en derechos humanos, entre los cuales los que afrontan las mújeres costarricenses, como por ejemplo la violencia obstétrica (véase discurso del 2015). Desde el punto de vista internacional, esta muy válida (y necesaria) disonancia interna debe verse como tal: se trata de información que emana de una dependencia del Estado, cuya máxima representación recae en sus autoridades diplomáticas.

La palabra “alternativa” sugiere informes que permitan a los expertos que sesionan en un órgano internacional de tratados tener una visión de los problemas distinta de la oficial, conocer en detalle las limitaciones de las medidas tomadas por el Estado, y cotejar datos y estadísticas oficiales con los de entidades civiles. Es deseable que cada vez que un Estado presenta un informe de cumplimiento, las ONG hagan ver la otra parte de realidad que no siempre se deja entrever en los datos oficiales aportados: por ejemplo, indicar que para que una ley sea efectiva, debe aprobarse su respectivo reglamento es algo que permite apreciar mucho mejor los alcances de las reformas legales. En ese sentido, es altamente recomendable que las ONG de Costa Rica presenten informes propios e independientes cada vez que Costa Rica es llamada a comparecer en Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante uno de estos órganos de tratados (Nota 1). La información adicional que puedan producir entidades estatales especializadas es por supuesto valiosa, en particular cuando se trata de instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, y como apuntado anteriormente, no deberían usar la palabra “informe alternativo”.

Informe del Estado y observaciones finales al informe: una divulgación integral necesaria 

Nótese que las observaciones finales del Comité de la CEDAW a este informe de Costa Rica son pocamente divulgadas, como ocurre a menudo con otros señalamientos que emanan de órganos internacionales. Esperemos no obstante que su versión en inglés sea prontamente traducida al español y que las ONG difundirán ampliamente su contenido: y ello de manera integral.

En efecto, a diferencia de lo externado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (véase texto del comunicado de prensa con fecha del 7 de julio reproducido al final de esta misma nota), los integrantes del Comité de la CEDAW no se limitaron a felicitar y alabar a Costa Rica.

Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación, es de señalar la habilidad con la que las autoridades diplomáticas valoran una parte las observaciones finales hechas por el Comité de la CEDAW, sin tan siquiera mencionar las demás y mucho menos los alcances de algunos señalamientos.

A modo de conclusión

Como es sabido, pese a su buena imagen internacional en materia de derechos humanos, Costa Rica arrastra una pesada deuda para varios de ellos: mujeres, indígenas, comunidades afrodescendientes, portadores del VIH-SIDA, privados de liberdad, población LGBTI, comunidades rurales afectadas por megaproyectos, ecologistas objeto de acciones intimidatorias, entre muchos otros sectores, deben afrontar situaciones en las que se vulneran sus derechos ante un parco aparato estatal. El caso de la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Fecundación in Vitro (FIV), que Costa Rica desacató durante más de dos años, evidenció las resistencias institucionales en esa precisa materia: tuvimos la oportunidad de reseñarlas con ocasión del nacimiento de la primera bebé procreada mediante la FIV en Costa Rica desde el fallo, quién nació … el pasado 8 de marzo del 2017 (Nota 2).

Ante una actitud omisa por parte del Estado que mantiene irresueltos los reclamos y las reinvindicaciones de varios sectores de la sociedad costarricense, estas comparecencias en Naciones Unidas por parte del Estado costarricense deberían de servir de base para relanzar el debate sobre álgidos temas de la agenda nacional en materia de derechos humanos. Teniendo claro que justo después de su comparecencia, el Estado siempre buscará presentar la parte más conveniente y favorable de los informes que emanen de una entidad internacional y que es menester completar la información presentándolos de manera completa.

Una sensación de disonancia informativa muy similar se pudo verificar en el 2016, con relación esta vez a las observaciones finales hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) al informe presentado por Costa Rica (véase nuestra nota al respecto publicada en DerechoalDia), ejercicio en el que se presentó un “informe alternativo” proviniente de la misma dependencia estatal precitada (Nota 3).

Nota 1: Se trata de los siguientes órganos de tratados que revisan los informes periódicos sobre cumplimiento que deben presentarles los Estados Partes: el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). Al no haber firmado ni ratificado la convención correspondiente, Costa Rica no debe comparacer ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).

Nota 2: Véase nuestra breve nota, publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí.

Nota 3: Para este ejercicio del 2016 de Costa Rica ante los miembros del CDH, se presentó un informe “alternativo” elaborado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (véase informe), lo cual plantea algunas interrogantes en la medida en que se trata de un órgano adscrito al aparato estatal. Desde el punto de vista terminológico, se recomienda no usar el adjetivo “alternativo” para este tipo de documentos, sino denominar este tipo de informes como lo que son: “Informe de una Institución Nacional de Derechos Humanos” (usando el léxico consagrado como tal en la materia en Naciones Unidas).

Documento de interés:

Comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con fecha del 7 de julio del 2017

JULIO 07, 2017 03:42 PM

El CEDAW felicita a Costa Rica por los progresos alcanzados en la eliminación de discriminación contra la mujer

Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos Esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas.

Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) felicitaron Costa Rica por los progresos alcanzados, específicamente la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y los esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas. Además, la Presidenta del Comité reconoció todos los esfuerzos de Costa Rica e instó al país a considerar las recomendaciones del Comité en aras de mejorar las condiciones de las mujeres costarricenses.

También, los expertos del Comité alabaron la metodología utilizada para presentar el informe y la sinceridad con la que la delegación se refirió a los desafíos imperantes en el contexto actual para el avance de la implementación de las recomendaciones. En la defensa del sétimo informe sobre el cumplimiento por parte de Costa Rica de los compromisos estipulados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, el Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, la Magistrada Doris Arias; la Directora General de Áreas Estratégicas del INAMU, Yolanda Delgado y el Coordinador del Programa Sectorial de Género del Ministerio de Agricultura, Robin Almendares, respondieron las diversas consultas planteadas por los expertos del Comité relativas a los primeros dieciséis artículos de la Convención.

Los miembros del Comité realizaron preguntas exhaustivas a la delegación costarricense en los temas de paridad de género, violencia doméstica, datos desagregados, coordinación interinstitucional, acceso a la justicia, aplicación de la normativa internacional en la legislación interna, mecanismos de seguimiento de las recomendaciones del comité, capacitación en cuestiones de género de distintos grupos de profesionales, acceso a la educación y la salud.

La Ministra Mora, en su calidad de jefa de la delegación, hizo una actualización de los avances en las normativas, políticas y acciones del Estado para propiciar la igualdad y equidad de género y para potenciar y proteger los derechos de las mujeres. El Embajador Guillermet se refirió a la articulación interinstitucional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) y la representación de las mujeres en el Servicio Exterior de Costa Rica.

La Magistrada Arias hizo uso de la palabra para aclarar las dudas sobre la aplicación de los tratados en la legislación sobre violencia doméstica y el tema de acceso a la justicia.

Por su parte, la señora Delgado explicó varias de las iniciativas que se están ejecutando en Costa Rica para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y las acciones orientadas específicamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y migrantes. El señor Almendares comentó acerca del rol de las mujeres rurales en los procesos de planificación territorial y los derechos que han adquirido en la tenencia de tierras.

La Ministra Mora agradeció los comentarios del Comité y expresó su profunda convicción sobre cómo un cambio en el mundo de las mujeres se traduciría en un cambio del mundo; enfatizando que los cambios deben realizarse de manera estratégica; y para eso es necesario contar con retroalimentación.