CIJ e identificación de la Costumbre Internacional Ambiental: Derecho Internacional Ambiental, Responsabilidad Internacional y el trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional

Responsabilidad internacional y medio ambiente (portada)

Portada de la obra “Responsabilidad Internacional y Medio Ambiente: Un Debate Urgente”.

Por: Fabián Cárdenas PhD

Miembro de ACCOLDI

Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental UTADEO – Editor General BLOG DEBATE GLOBAL @fbncardenas

A propósito de la reciente publicación de la obra colectiva “Responsabilidad Internacional y Medio Ambiente: Un Debate Urgente”, Rafael Prieto-Sanjuán & Alberto Cesar Moreira (Dirs.), Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, Biblioteca Jurídica Dike, 2017. Autores: Ángel Horna (Perú); Christian Sommer (Argentina); Eloà Souza Fìgaro (Brasil); Elsa Romero (Colombia); Fabián Cárdenas (Colombia); Laura Aguzin (Argentina); Magdalena García (Argentina); Marisol Hernández (México); Ranieri Lima (Brasil).

El Derecho Internacional Ambiental (DIA) surge como una respuesta necesaria al tiempo en el que vivimos donde la actividad humana y su tecnología tienen el potencial para acabar con la tierra y toda la vida que ella alberga. El medio ambiente, su objeto de estudio, es tan relevante que ha logrado posicionarlo rápidamente como una subdisciplina en ascenso del Derecho Internacional (DI), y, además, ha sido tal su importancia que ha logrado transformar sus instituciones clásicas, a las necesidades contemporáneas.

El DIA es pues, no solamente, una subespecialidad del DI que aborda un objeto novedoso, sino que ha sido una rama de estudio jurídico que ha desafiado las más sólidas bases del formalismo y del positivismo jurídico, convirtiéndose en un agente catalizador, dinamizador y transformador de todo el DI, por cuanto se ha encargado de expandir la subjetividad jurídica internacional, desvanecer los esquemas tradicionales del formalismo de las fuentes del derecho internacional y, por supuesto, generar nuevas aproximaciones a la responsabilidad internacional.

En ese sentido, su sistema de normas y principios se alza como una de las herramientas más potentes para acotar y orientar la acción de los sujetos de DI Contemporáneo, a favor de la conservación de nuestro planeta. El DIA es, y continuará siendo, un campo en constante construcción y evolución, y solamente podrá tomar el lugar central que muchos de nosotros consideramos es oportuno para su quehacer, en la medida en la que más personas expertas y comprometidas desarrollen reflexiones rigurosas, novedosas y de calidad para soportar el porqué de su importancia.

Con ello en mente y reconociendo la necesidad de sumar esfuerzos, reseñaré brevemente mí último aporte titulado La Obligación de Protección Ambiental en la Jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (2017), contenida en la obra colectiva Responsabilidad Internacional y Medio Ambiente: Un Debate Urgente” que fue editada y coordinada por los ilustres Profesores de Derecho Internacional, los doctores, Rafael Prieto-Sanjuán (Director Ejecutivo SLADI) y Alberto César Moreira (Universidad Nacional de Mar del Plata) desde el interior del Grupo Ad-Hoc sobre Responsabilidad Internacional del Estado y Medio Ambiente, de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional SLADI.

El objetivo de este capítulo de libro, es demostrar que a lo largo de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se ha venido construyendo una verdadera obligación consuetudinaria general de protección del medio ambiente, en el marco del corpus juris del DIA; sostengo que, a pesar de que la jurisprudencia de la CIJ no es una fuente formal del DI y se considera como un medio auxiliar para la determinación en interpretación de las reglas de derecho, se ha convertido en un punto de referencia obligado para entender el contenido y el avance de la costumbre internacional emergente, con una particular influencia en DIA.

El texto está divido en cuatro fases histórico-conceptuales, en las cuales se ha desarrollado en DIA en la CIJ, construidas a partir del análisis jurisprudencial de todos los precedentes que se cree han contribuido a su consolidación, al mismo tiempo que se toman en cuenta las dimensiones históricas y políticas que sirvieron como contexto para la producción de dicha jurisprudencia, intentando demostrar que la formación de una obligación general de proteger el medio ambiente obedece al dialogo constante entre los avances técnico-jurídicos y el nivel de desarrollo político y diplomático que se ha dado sobre el tema.

Las cuatro fases exploradas llevan por título: La Soberanía y el origen argumentativo legal para la protección ambiental; Del bilateralismo al multilateralismo; Desde una conciencia del hombre por su entorno hasta el medio ambiente; Un primer contenido de la obligación general de protección del medio ambiente, respectivamente.

El propósito de esta investigación es demostrar que, contrario a lo que la doctrina mayoritaria suele afirmar, la CIJ –pese a su carencia de facultades formales para la formación de fuentes jurídicas- se ha encargado de construir de manera progresiva el esquema de una obligación jurídica de protección ambiental. Esta obligación existe y es identificable, a pesar de que aún está en proceso de construcción, de que es un producto inacabado y totalmente perfectible. Actualmente está integrada por importantes elementos como el reconocimiento de principios ambientales consuetudinarios como la soberanía permanente sobre los recursos naturales, la prohibición del daño ambiental transfronterizo, el principio de prevención ambiental y la acción preventiva, la debida diligencia, la equidad intergeneracional, el desarrollo sostenible, el principio de evaluación de impacto ambiental, la protección de los recursos marinos, entre otros.

La identificación de los elementos, que componen la obligación consuetudinaria vigente de protección ambiental, se hace pues necesaria para el estudio de la responsabilidad internacional en materia medio ambiental, ya que la misma únicamente se configura cuando habiendo un hecho atribuible a un sujeto de derecho internacional, el mismo concierne a la violación de una obligación jurídica internacional. Así el estudio de la responsabilidad necesariamente va de la mano con la identificación de las normas vinculantes que regulan la conducta de los sujetos de derecho internacional en materia ambiental. Ante la renuencia de los Estados para firmar tratados internacionales verdaderamente “duros” que contengan metas concretas se hace por lo tanto esencial estudiar la costumbre internacional tendiente a la protección ambiental (Leer al respecto mi reciente columna en El Espectador “El Día de la Tierra y el Acuerdo de París”)

Por su parte, La Responsabilidad Internacional del Estado y el Medio Ambiente. Un Debate Urgente, obra en la cual se encuentra incluido el texto aquí reseñado, es producto del trabajo que adelantaron durante años, grupos de estudios de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional (SLADI), dirigidos por los reconocidos internacionalistas Alberto César Moreira de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Rafael Prieto Sanjuan de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, en donde un grupo de diez de sus colegas investigadores de origen argentino, brasileño, colombiano, peruano y mexicano, centraron sus esfuerzos en torno a la responsabilidad del Estado y el medio ambiente. Cabe señalar que el proyecto y su resultado hace parte de un homenaje al Profesor Julio Barboza, a manera de reconocimiento por su proba trayectoria como académico y doctrinante del tema, exaltando su desempeño como miembro y presidente de la Comisión del Derecho Internacional y Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional y Relator Especial en materia de Prevención del Daño Transfronterizo por Actividades de Riesgo.

La obra cuenta con diez capítulos organizados en tres partes en donde los temas principales son la responsabilidad internacional del Estado y el medio ambiente, la responsabilidad internacional del Estado y el medio ambiente en la jurisprudencia internacional y casos particulares de responsabilidad internacional del Estado. Actualmente, se encuentra disponible en la Biblioteca Jurídica Diké y en Publicaciones Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, y será presentado formalmente en dos eventos en los meses de abril y mayo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Autónoma de México en la que estarán algunos de sus autores presentando sus aportes.

Para finalizar, en las palabras que el respetado profesor Manuel Becerra Ramírez, Profesor de Derecho Internacional y Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM consignó en el prólogo: “No hay duda de que este trabajo tiene una función múltiple, fortalece la doctrina latinoamericana de derecho internacional, es una simiente para estudios futuros sobre el tema y una pauta para la actuación de los Estados que pueden ver reflejada la normatividad sobre  medio  ambiente  en  sus  políticas,  inclusive  legislativas  o jurisprudenciales en el interior de ellos mismos, la importancia del medio ambiente lo exige.”

Para ver los contenidos de la obra dar click aquí: Tabla de Contenido

Anexo

Disponible en:

Información sobre los eventos:

 

Narcotráfico, Pena de Muerte, y la Política Contra El Problema Mundial De Drogas

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Por: Andrés Barreto 

Miembro Fundador de ACCOLDI

Profesor Titular Universidad Sergio Arboleda 

Mucho revuelo causó en el acontecer nacional la condena a pena de muerte de la que fue objeto el connacional Ismael Arciniegas tras su captura, sentencia y estancia en una cárcel de la República Popular China.

El señor Arciniegas había sido capturado como traficante humano – pasante de narcóticos -, coloquialmente denominado como “mula” en el argot criminal. El debate sobre la suerte del colombiano empezó a girar en torno a dos temas: i) si la pena de muerte era excesiva, y ii) por qué no se le había repatriado como ya había sucedido con otra connacional condenada por el mismo delito.

A este respecto considero que, pertinente como son estas discusiones, debemos tener claro que, en materia penal los Estados siguen teniendo una jurisdicción y competencia territorial, funcional y material para tratar los delitos comunes.

En este sentido, desafortunadamente la conducta punible se materializó en el Estado “receptor”, razón por la cual, en el ámbito de su jurisdicción, la China tenía la competencia para juzgar el delito.

Sobre la imposición de la pena de muerte, es bien sabido que desde la óptica de los derechos humanos se ha trabajado fuertemente en abolirla, pero en el ámbito universal muchos Estados aun la tienen prevista, y no se ha llegado a un consenso global para su prohibición, tema en el cual el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998) avanzó en materia de imposición de penas, excluyéndola como sanción.

En relación con los criterios subjetivos que llevan a los connacionales a entrar en estas conductas, ya se ha hablado mucho de la necesidad de prevenir y educar, pero las condiciones económicas, la falta de oportunidad, y la ignorancia de la ley – sobre todo la internacional y/o extranjera -, aun suponen desconocimiento sobre los riesgos jurídicos que se asumen.

No obstante lo anterior, es preciso revisar si la falta de control en los puertos de salida, la manera en las que se ejercen los controles, y el no contar con instrumentos internacionales bilaterales sobre temas recurrentes como estos delitos, podría aducir una suerte de responsabilidad del Estado por confeccionar.

De otra parte, las familias de los condenados instan al Estado a actuar para lograr la condonación de las sentencias, la rebaja de penas, o la repatriación. Aquí es preciso anotar que es muy difícil influir en la política criminal de otro Estado, y también que la repatriación no es un instrumento sencillo de implementar.

Los Estados que optan por estas figuras suscriben tratados bilaterales sobre repatriación de reos, lo que acarrea unos costos para los Estados cuyos connacionales han sido condenados y a quienes hay que repatriar.

Sobre el caso colombiano bastará con recordar el estado de cosas inconstitucional que sufre nuestro sistema penitenciario y carcelario, y el hecho de que no se cuenta con la posibilidad real de tener vuelos privados o militares que se encarguen de transportar a estas personas, así como el costo fiscal que supondría el pago de tiquetes, guardias, viáticos, y demás elementos necesarios de la repatriación, lo que por ahora solo se ha dado en casos muy puntuales, sobre cooperación judicial, y en el ámbito de situaciones humanitarias.

La ejecución del señor Arciniegas bien puede servir como un llamado de alerta sobre muchas situaciones que giran en torno al narcotráfico, si sus factores objetivos no han desaparecido, si los connacionales siguen asumiendo estos riesgos por la recompensa económica, si el Estado hace lo suficiente en materia de prevención y control, y si hay suficiente pedagogía respecto de la gravedad de tener como puerto de destino Estados de Oriente Próximo o el lejano oriente.

El llamado de alerta supone la necesidad de encontrar mecanismos efectivos de cooperación judicial, pero ojalá como herramientas secundarias que, a la par de campañas fuertes de disuasión y control, limiten la cantidad de traficantes humanos o pasantes, y por ende las consecuencias de su captura, sentencia y condena en el extranjero, sobre todo en destinos con penas tan severas como la prisión perpetua o la pena capital.

Este debate será más profundo ante el revisionismo global de la política antidrogas (a propósito de la cumbre que se celebra en Viena en el marco de la ONUDC), el aparente fracaso que algunos sectores alegan en torno a la lucha contra el narcotráfico, y noveles episodios como el “Acuerdo de Paz en Colombia”, en donde, de un tajo, parece que el narcotráfico podría ser considerado como un delito político o una conducta accesoria o secundaria.

Es una pena seguir recibiendo noticias de connacionales condenados en el extranjero por el delito de narcotráfico, asimismo es desgastante que el servicio consular colombiano tenga que dedicarse a estos temas dejando de lado otras cuestiones, pero no es menos cierto que las normas se hicieron para cumplirlas, y debemos todos procurar por una cultura de la legalidad, evitando entrar en relaciones criminales que, independientemente del resultado, no deben ser siquiera consideradas como una opción.

 

Los derechos humanos vía al horno

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Por: Verónica Torres

Miembro ACCOLDI

Doctoranda / Universidad de Greenwich

A finales de octubre de este año tendrá lugar la segunda reunión del Grupo Intergubernamental, conformado para la elaboración de un tratado sobre derechos humanos que regule las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Posterior a esta, se presentará un proyecto de instrumento jurídico vinculante a consideración del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU).

La segunda reunión se desarrollará en un ambiente político favorable al tratado, gracias a dos circunstancias resultado de la primera reunión del Grupo Intergubernamental [1] y del Foro Anual de Derechos Humanos y Empresa de la ONU que promueve los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PR). [2]

La primera tiene que ver con el apoyo a la iniciativa. En  específico,  el impulso y respaldo de las ONGs reflejado en la masiva participación en la reunión del Grupo Intergubernamental y la contribución académica  de los expertos, quienes han explorado las posibilidades del tratado en los temas centrales mas delicados:  obligaciones del estado y la empresa; jurisdicción extraterritorial de los estados de la nacionalidad de las empresas transnacionales y  el acceso a los recursos judiciales.

Lo anterior se engloba en un ambiente de inconformidad expresado durante estos dos encuentros: 1. La deficiente implementación de los Principios Rectores a nivel nacional. A noviembre de 2015 solo 8 estados habían implementado los planes de acciones nacional. 2. Las denuncias sobre violaciones de derechos humanos por las empresas en el sur global (Latinoamérica, Asia y África).

La segunda circunstancia es que se despejó la preocupación sobre el  riesgo que correrían los PR. Pues quedo claro que no perderían vigencia y que tendrían una vocación complementaria al tratado. En efecto,  durante un panel del Foro Anual que organizó la presidenta  del Grupo Intergubernamental – Maria Fernanda Espinosa [3]-, uno de lo miembros del Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos – a cargo del monitoreo e implementación de los PR -, Dante Pesce, se puso a disposición para colaborar en esta iniciativa, y aportar la experiencia adquirida de lo logrado hasta la fecha con los PR. De esta forma, las tajantes manifestaciones de John Ruggie, autor de los PR, frente a tal idea de perjuicio,  han perdido peso en el actual debate.

Ante este ambiente político, se espera que las discusiones de la segunda reunión sean más concretas y en congruencia con el aporte de los académicos. La agenda de este año se puede resumir en 5 temas:

  • Alcance del tratado
  • Obligaciones de los estados
  • Obligaciones y responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas
  • Recursos judiciales
  • Impactos económicos, sociales y medioambientales de las empresas transnacionales y otras empresas
  • Cooperación internacional en materia de justicia.

De esta reunión y con el objetivo de dar paso siguiente a la elaboración del proyecto de tratado, es vital que el Grupo Intergubernamental adquiera los suficientes insumos para dar respuesta como mínimo a los siguientes interrogantes: ¿cuáles derechos humanos se van a proteger en virtud del tratado?; ¿incluirá el tratado una cláusula de jurisdicción extraterritorial para los estados de nacionalidad de las empresas?; ¿será dirigido únicamente a empresas cuyas actividades son de carácter transnacional?; se establecerá un mecanismo internacional de peticiones individuales frente a violaciones del tratado o será este solo del nivel nacional?

Por último, tal vez es importante compartir una preocupación como testigo presencial: el protagonismo del sector privado en el Foro Anual refleja su ya conocida influencia en el seno de la ONU. Empresas transnacionales colaborando y/o financiando documentos elaborados por académicos y ONGs sobre diversos temas como buenas prácticas, casos de violaciones o simplemente iniciativas sobre los PR, les ha dado el espacio para integrar casi todas las discusiones. Esto no deja de ser preocupante si se reconoce, como es de mi opinión, que  el debate sobre la protección de los derechos humanos en la ONU debe promover espacios de equilibrada participación. En este caso, el rol de los movimientos sociales se ve empañado por el abrumador protagonismo de las empresas. Las primeras en el público las segundas en el panel.

[1] Julio de 2015, Organización de Naciones Unidas, Ginebra.

[2] IV Foro Anual noviembre de 2015, Ginebra

[3] Embajadora de Ecuador ante Naciones Unidas en Ginebra.

¿Debemos perder la fe en el derecho internacional público? observaciones respecto del caso Nicaragua vs. Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

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Por: Véctor Manuel Bernal Callejas

Miembro de ACCOLDI

Abogado Universidad de los Andes, Master Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y LL.M University of Pennsylvania Law School

El siglo XX fue testigo de grandes tragedias de categoría mundial. Para prevenir nuevos desastres de tales magnitudes, la creación de la Organización de Naciones Unidas, vigente en la actualidad, trató de corregir los errores del pasado y encaminar a los Estados a un periodo de paz permanente. La Corte Internacional de Justicia cumple una labor importante para lograr tal propósito. Su estructura, diferente a las demás organizaciones que componen el organigrama de la Organización de Naciones Unidas, busca dotar al mundo de un órgano jurídico eficaz y ágil para dar solución a las controversias que se generen entre los Estados.

Aun cuando no es la panacea, es importante mencionar que la Corte Internacional de Justicia ha tratado de ser la correcta evolución de la Corte Permanente de Justicia Internacional creada bajo la égida de la Liga de las Naciones, con unos estatutos que fueron adoptados como anexo de la Carta de San Francisco, lo cual le da una significativa importancia, y con un reglamento que evita a toda costa cualquier violación al debido proceso de las partes. El problema de la Corte Internacional de Justicia no radica ni en su estructura, ni en su definición de jurisdicción y competencia, radica en la falta de imperium de la Corte, en la imposibilidad de exigir por medios coercitivos la ejecución de sus sentencias. Todo depende de la bona fide de los Estados, en últimas de la voluntad política del dirigente de turno, sin que los métodos de ejecución forzosa puedan considerarse como efectivos.

Los Estados como entidades independientes de sus dirigentes políticos, van creando una historia propia en materia de derecho internacional público. A partir de los movimientos independentistas del siglo XIX y del establecimiento de los nuevos Estados americanos, se ha discutido en los escenarios tanto académicos como de carácter diplomático las posibilidades de establecer convenios o tratados de solución de controversias pacíficas dando, inicialmente, un peso importante al arbitraje internacional. La República de Colombia ha sido un partícipe significativo en este propósito, tanto así que fue sede de la IX Conferencia Panamericana, marco en el que se suscribió el Tratado de Solución Pacífica de Controversias denominado Pacto de Bogotá.

La idea principal del Tratado multilateral era la de sentar las bases fundamentales de solución de controversias entre los Estados americanos para que estos no tuvieran que, bajo ninguna circunstancia, acudir a la confrontación bélica para resolver sus controversias, principalmente en materia limítrofe. Uno de los ejemplos más significativos ha sido el diferendo entre la República de Nicaragua y la República de Colombia. El Estado nicaragüense hizo uso de las disposiciones consagradas en el Pacto para activar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia frente al diferendo limítrofe por el archipiélago de San Andrés y Providencia.

La estrategia defensiva de la República de Colombia fue en primer lugar cuestionar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Así las cosas se presenta ante nuestros ojos la confrontación entre las nociones de soberanía estatal frente a las decisiones de un organismo internacional y marca las fricciones que se dan en materia de derecho internacional.

Las fricciones entre derecho interno y derecho internacional son el derrotero de los Estados para no acatar con las sentencias y laudos que profiere la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral. El caso de Colombia en donde la Corte Constitucional (equivalente al Tribunal Constitucional Español) determinó la prevalencia de una norma constitucional colombiana frente a una sentencia internacional, permitiendo esto al ejecutivo colombiano manifestar la necesidad de suscribir un tratado entre Nicaragua y Colombia para en cierta medida ratificar lo manifestado por la Corte Internacional de Justicia, deja un sabor agridulce respecto de la exigibilidad de las sentencias del tribunal internacional, pero además de la posición de Colombia en el escenario internacional, teniendo en cuenta que el Estado colombiano ha sido un defensor a ultranza de las medidas de carácter internacional y por ende de las normas de derecho internacional público. Para los contradictores del derecho internacional público este caso es una demostración de las falencias del sistema y de lo débil que este es en realidad, sin embargo esto no debe evitar que los defensores del sistema continúen los esfuerzos encaminados a fortalecerlo y a seguir creyendo en él.

El régimen de inversión extranjera: reflexiones para Colombia

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Por: Yadira Castillo Meneses

Miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional 

PhD en Derecho / Universidad de Los Andes 

Una de las consecuencias que trajo en América Latina -AL- la corriente del neoliberalismo de la mano del Consenso de Washington fue la celebración de Acuerdos Internacionales de Inversión –AII- y de Tratados de Libre Comercio –TLC- con capítulos de inversión. Estos instrumentos, caracterizados porque dos o más Estados negocian estándares de tratamiento para un sujeto no parte del tratado (el inversionista extranjero), entre los que destacan expropiación, trato justo y equitativo, trato nacional, trato a la nación más favorecida, y solución de diferencias, tienen una estructura normativa creadora de desequilibrios. Esa particularidad ha facilitado la construcción de un régimen de inversión extranjera dominado por asimetrías en cuanto a derechos y obligaciones, con repercusiones para los Estados y privilegios para los inversionistas.

Por un lado, estos instrumentos confieren a sujetos no estatales atribuciones de resorte público, como ocurre con la personalidad jurídica internacional, que en el caso de los inversionistas es estratégicamente limitada. A partir de la cual pueden demandar a un Estado en arbitraje de inversión por violar un tratado internacional, en muchos casos sin agotar recursos internos, dando lugar a la solución de diferencias por la vía de la deslocalización y desnacionalización. [1] Gracias a la voluntad soberana de los Estados esos sujetos han adquirido un derecho que suele ser reservado para los Estados, pues sin ese atributo las  corporaciones transnacionales, como inversionistas extranjeros, estaban condicionadas a recurrir a la figura de la protección diplomática y agotar recursos domésticos. Sin duda esa personalidad jurídica limitada para los inversionistas ha sido una de las transformaciones más novedosas y poderosas del derecho internacional público.

Del otro, esos instrumentos internacionales han reflejado un sesgo estructural del derecho de inversión al que yo denomino sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero[2] En respuesta a las prescripciones de ese sesgo los Estados han regulado derechos con exclusión de obligaciones internacionales para esos sujetos no estatales. No siendo suficiente lo anterior, la autonomía regulatoria de los Estados se ve condicionada al cumplimiento de los estándares de tratamiento incorporados en instrumentos internacionales. De tal modo, se crean zonas de intersección entre lo dispuesto por estos instrumentos, enmarcados en el derecho internacional económico, y áreas de regulación de interés público para los Estados como lo es el medio ambiente, la salud pública y los derechos humanos. En muchos casos los Estados han sido compelidos a indemnizar a los inversionistas extranjeros, debido a la adopción de medidas que si bien intentan solucionar un tema de alta sensibilidad pública, lo cierto es que afecta ese sesgo estructural inherente al régimen de inversión extranjera.

En razón de ello, varios Estados, tanto de AL como de otras regiones, han decidido tomar distancias de este régimen de inversión. En el caso de AL, hay una tendencia a denunciar el Convenio de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados –CIADI-, en parte porque consideran que el sistema de disputas que abandera tiene un sesgo que beneficia a los Estados desarrollados e inversionistas, tal es el caso de Bolivia, Ecuador, Venezuela. [3] Algo similar se especula con relación a Nicaragua y Argentina. [4] Otros como Australia han decidido que los instrumentos internacionales sobre inversión no consagren la posibilidad de acudir al arbitraje entre Estado-inversionista por razones ligadas a su soberanía. [5]  De forma más drástica, países como Sudáfrica han decidido retirarse de la primera generación de tratados bilaterales internacionales. [6]

Ahora el turno es para Colombia. El año 2016 ha sido la muestra de un descontento por parte de un sector de inversionistas extranjeros. A la fecha Colombia ha sido demandada por Glencore, Tobie Mining and Energy y Cosigo Resources, así como por América Móvil, mientras que Eco Oro Minerals Corp ya ha anunciado esa misma intención. Frente a esa ola de demandas con riesgos de suma consideración para las finanzas del país, máxime en medio de los reajustes económicos que conlleva el posconflicto, surgen voces que avocan por un retiro de Colombia de esos instrumentos internacionales o por una renegociación de los mismos.

Más allá de si Colombia debe renegociar esos acuerdos o salirse de esos instrumentos, o incluso de la estrategia de defensa que establezca el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo con apoyo en la Agencia Nacional de Defensa del Estado y el Grupo Interinstitucional [7], creo que es pertinente preguntarnos cuál o cuáles son las causas para llegar a ese punto de discordia. Es claro que bajo el principio de la unidad estatal cualquiera de las ramas del poder público o los organismos de control puede comprometer la responsabilidad del Estado. También es cierto que esos instrumentos internacionales tienen un sesgo estructural que inclina la balanza a favor del inversionista extranjero. Igualmente, la licitud de un hecho en el derecho internacional no está condicionado a su calificación en el derecho interno.

Pese a ello, no será oportuno preguntarnos si en Colombia sufrimos de un problema de planificación y desarticulación institucional. ¿No será que en ocasiones hay un abuso de la autonomía política y legislativa que lleva a tomar decisiones apresuradas y con poco cálculo, a fin de resolver lo más urgente, sin prever las consecuencias a mediano y largo plazo de una decisión?  ¿No será que hay una marcada alusión a la autonomía administrativa como herramienta para restarle valor a la coordinación interinstitucional que requiere la toma decisiones con alta sensibilidad pública?

Con esto no estoy tratando de decir que la conexión armónica  del andamiaje normativo e institucional puede blindarnos de todo tipo de demandas internacionales, pero si puede ser un factor que contribuya a mitigar esa amenaza en casos en los cuales es viable. Un proceso de toma de decisión precedido por una lógica de articulación interinstitucional y normativa, puede representarle a las autoridades administrativas el soporte idóneo para conceder o negar un derecho. De allí,  la importancia de identificar y evaluar  las variables que tienen un rol significativo en el radio de acción de tal decisión, como ocurre con el factor territorial, demográfico, la presencia de comunidades con protección reforzada, entre otras.   

[1] Cutler, Claire. “Transformatoons in Statehood, the Investor-State Regime, and the New Constitutionalism”. Indiana Journal of Global Legal Studies.  23 no. 1 (Winter 2016), p.100

[2] Castillo, Yadira. El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Un límite a la responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales. Ediciones Uniandes, Bogotá, junio 2015.

[3] Cutler, Claire. “Transformatoons in Statehood, the Investor-State Regime, and the New Constitutionalism”.Op. cit., p.107

[4] Titi, Catherine. “Investment Arbitration in Latin America. The uncertain veracity of the preconceived ideas”. Arbitration International.  30 no.2 (2014), p364.

[5] Cutler, Claire. “Transformatoons in Statehood, the Investor-State Regime, and the New Constitutionalism”.Op. cit., p.125

[6] Titi, Catherine. “Investment Arbitration in Latin America. The uncertain veracity of the preconceived ideas”. Op. Cit., p367.

[7] Decreto 1939 de 9 de septiembre de 2013.

La reacción del vecindario frente a la destitución de Dilma y la timidez ante los abusos venezolanos: ¿Evidencia o negación del desarrollo y la consolidación de una exigencia regional de democratización? ¿Límites a la no intervención?

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Por: Nicolás Carrillo Santarelli

 Miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales / Universidad Autónoma de Madrid

Cuando se preveía que Dilma Rouseff sería destituida como presidente de Brasil, Evo Morales amenazó con convocar al embajador boliviano en caso en Brasil de materializarse aquella posibilidad (ver aquí y aquí). Cuando el Senado brasileño finalmente la destituyó (algo que según ella atentaba contra la democratización), el presidente boliviano llevó a cabo su amenaza, como anunció en un medio predilecto de los dirigentes latinoamericanos (y de otras latitudes): Twitter.

Conviene examinar si lo realizado por el presidente Morales es lícito o, por el contrario, contraviene el principio de no intervención; y si supone una confirmación de una posible tendencia regional americana de democratización.

En cuanto a lo primero, me remito básicamente a lo que ya ha explicado de forma magistral el profesor Antonio Remiro Brotóns (págs. 137-143), quien ha dicho que es admisible que los Estados demuestren su inconformidad o desacuerdo con lo que acaece en otros Estados cuando aquellos sucesos, a su juicio, sean contrarios a la democracia (según la entiendan), siempre y cuando no desplieguen ejercicios de coacción que contravengan el principio de no intervención. Como ejemplos de las acciones admisibles, el profesor Remiro precisamente cita ejemplos sobre reconocimiento de gobiernos o mantenimiento de relaciones diplomáticas.

¿Por qué estoy de acuerdo con el profesor Remiro? Porque como demuestra este caso, la iniciativa boliviana buscaría influir sin eliminar el margen de libertad del Estado brasileño, especialmente en tanto no hay un deber bilateral de mantener relaciones diplomáticas o consulares y, en consecuencia, la acción boliviana sería una medida de retorsión, que evidentemente supone la no contravención de obligación alguna, por medio de la cual se expresa una inconformidad. Y aquí viene algo interesante: una inconformidad porque según la percepción boliviana se afecta la democracia en Bolivia. Al respecto, el profesor Remiro habla del derecho de los Estados para “vaciar en su particular molde democrático la doctrina del reconocimiento de los gobiernos extranjeros, la apertura y mantenimiento de misiones diplomáticas y agencias consulares” (subrayado añadido). En otras palabras, Bolivia puede actuar de forma no coercitiva para intentar expresar su malestar o buscar promover una visión sobre la democracia, la cual puede ser errada o no, e incluso pudiendo ser una alternativa válida y la criticada eventualmente igualmente admisible (recordemos los debates sobre qué es la democracia).

Ahora bien, el tema no es pacífico al estar frente al ámbito de la no intervención, que tradicionalmente protegía frente al deseo de que se imponga un determinado modelo de gobierno por parte de fuerzas extranjeras (de hecho, Vattel promovió este principio para proteger a los cantones suizos y repúblicas frente a imposiciones imperiales). El principio de no intervención no está exento de polémica, pues como bien decía Myres McDougal con frecuencia es invocado para ocultar o desviar la atención de abusos, como sucedía en la guerra fría y a menudo se demuestra con su invocación por un gobierno a mi juicio abusivo y carente del respeto por el estado de derecho como el actual gobierno venezolano, lo cual es injustificable pues la no intervención protege lo que el Estado soberanamente puede decidir, y un Estado no tiene el más mínimo derecho a cometer violaciones de derechos humanos. Todo ello nos exige examinar dos cosas: primero, qué exige en concreto el principio de no intervención; y en segundo lugar si en las Américas hay un margen de decisión reducido en tanto, a diferencia del universal, quizá en esa región sí hay un deber de tener gobiernos con ciertas características democráticas.

Acerca del principio de no intervención, Duncan Hollis realizó un estudio publicado en Opinio Juris en julio de este año (disponible aquí), a propósito de los abusos rusos (que pululan), en el que básicamente dice que el principio se puede violar en dos supuestos. El primero, indiscutible, se da cuando haya coerción que busque forzar a un Estado a tomar una decisión en un ámbito en el cual tiene libertad decisoria (“methods of coercion, forcing the victim State to make different choices than it might were it free of coercive interference”, en sus palabras). Según Hollis, no puede desestimarse a la ligera que en ningún otro supuesto haya vulneración o afectación del principio de no intervención, que protege la esfera decisoria legítima (deseo enfatizar) del Estado, y el autor dice esto teniendo presente que, según la famosa Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas “todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural”. A su juicio, la alusión a la injerencia no se limita en aquel texto a las injerencias coercitivas. ¿Supone esto que cualquier alusión o búsqueda de influencia a lo que ocurra en otro Estado, como Brasil, contraviene el principio de no intervención? Eventualmente, sí (no en este caso).

¿De qué depende lo anterior? Del método y objeto de la injerencia. Hollis habla del presente (y tragicómico) proceso electoral presidencial en los Estados Unidos de América y la posibilidad de que hackers rusos busquen influir a favor de un candidato (el nefasto Trump). Esto supone precisamente una manipulación del electorado, que es inadmisible incluso si no hay como tal una presión de fuerza o coerción de otra índole. Ahora bien, en el caso brasileño, Evo Morales estaría claramente y sin subterfugios expresando su desacuerdo con lo acontecido allí y decidiendo que no desea mantener relaciones con un gobierno que tacha de antidemocrático. ¿Está en lo correcto? No necesariamente, aunque quizá. Pero es un derecho de los Estados expresar sus posiciones y decidir con quién se relacionan según las circunstancias (aunque dentro de ciertos límites, tal vez), no siendo un derecho tal el manipular al electorado cuando ellos vayan a tomar una decisión que les compete como pueblo decidir (a quién elegir). La diferencia está en el método (engañoso, de ser ciertas las acusaciones contra rusos, o meridiano) y en el objeto (expresar disconformidad o manipular en la toma de una decisión del pueblo, el que es y debe ser el soberano, más que instituciones formales). Por ello, la injerencia no coercitiva podría atentar contra el principio de no intervención, aunque no lo haría a mi juicio en el caso boliviano-brasileño. Esto se confirma con las propias inquietudes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a lo que ha sucedido en Brasil, al recordar que incluso los juicios políticos parlamentarios deben respetar las garantías del debido proceso, por lo que ha llamado a una vigilancia y examen tanto interno como externo de que ellas se hayan respetado.

¿Y qué decir acerca de la democratización en las Américas? Prácticas y opinio juris expresadas en statements acerca de precedentes (como el de Zelaya en Honduras), instrumentos como la Carta Democrática y la misma jurisprudencia sobre la exigencia de principios democráticos como interrelacionados con el régimen de derechos humanos en el sistema interamericano (violados ambos en el caso venezolano por su gobierno), según se indica entre otras en las Opiniones Consultivas 8 y 9 de la Corte Interamericana (ver aquí y aquí, respectivamente) sugieren que sí hay un deber de no vulnerar principios democráticos, en tanto aquella ignorancia excedería lo protegido por el principio de no intervención. En consecuencia, ante la detención de quienes ejercen su libertad de expresión, las condenas a quienes expresamente abogaron por una protesta pacífica con argumentos manipulados, los abusos en contra de ciudadanos y la eliminación de facto de la separación de poderes, sorprende cómo hay reacciones airadas ante lo sucedido en Brasil y pocas o tímidas frente a la tragedia venezolana. Como sugieren algunos, esto demuestra una doble moral o un doble rasero empleado por algunos por afinidades ideológicas y simpatías teóricas sobre el sufrimiento actual de la gente (como han denunciado Vargas Llosa y Sanguinetti, aunque ha habido algunas excepciones notables: el Secretario General de la OEA Almagro y la misma Comisión Interamericana (siendo las acusaciones en su contra de obrar como “imperialista” absurdas si se tienen en cuenta y recuerdan sus justas y acertadas críticas a abusos estadounidenses como los de Guantánamo o su revelación de abusos de la dictadura argentina) han sido valientes en denunciar lo que sucede en Venezuela. Por ello, como sugieren Simma y Alston, el caso venezolano no desmiente el principio democratizador que formalmente impera en América sino que lo confirma, pues hay críticas a los abusos en su contra.

Crisis migratoria

CRISIS MIGRATORIA

Por: Andrés Barreto González

Abogado Internacionalista, Miembro Fundador de ACCOLDI

Como suele suceder con los temas internacionales en Colombia, estos a veces nos estallan en las manos sin darnos cuenta de sus magnitudes y consecuencias. Así como hemos visto inmediatez e improvisación en escenarios como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en organizaciones internacionales, con sorpresa el gobierno colombiano encuentra que Colombia es un lugar de tránsito de migrantes irregulares, así como un punto de origen y tránsito de personas víctimas del delito de trata de personas.

La frontera terrestre con Ecuador, y la frontera geográfica con Panamá, se han convertido en dos puntos de referencia del ingreso de extranjeros (en principio regulares), que hacen de Colombia su plataforma para desplazarse hacía el Golfo de Urabá, con la esperanza de emprender una travesía marítima y a pie por el Tapón del Darién.

Es sorprendente que un Estado expulsor de connacionales como Colombia, del que muchos han tenido que emigrar por el conflicto armado, la violencia, la inseguridad, y la falta de oportunidades económicas, y que ha generado verdaderas crisis humanitarias como sucedió con el Ecuador, hoy se haya convertido en un Estado reactivo y represivo.

Pero, más allá de la identificación de estas fronteras calientes y el paso obligado de los migrantes irregulares hacia Centroamérica, cabe preguntarse cuáles son las acciones que ha tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia al respecto.

El drama humano de estos migrantes evidencia su desesperación y falta de oportunidad (algo bien conocido también por los colombianos), quienes se tienen que aventurar en un inhóspito territorio y estar sometidos a los vejámenes de traficantes de personas, oportunistas y autoridades corruptas.

Colombia ha suscrito y ratificado todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos (los que igualmente vinculan amén del Ius Cogens), y se precia de ser un actor relevante en el ámbito regional en la promoción, protección y garantía de estos derechos.

Adicionalmente, como Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños (2000), su obligación es la de proteger a los connacionales y extranjeros de este delito, así como tomar las medidas para investigarlo y sancionarlo.

En igual sentido, y de acuerdo con el objeto de dichos instrumentos y su conexidad con los derechos humanos, sería exigible al Estado colombiano que las actuaciones administrativas no se limitasen a ofrecer el abandono voluntario del país, o imponer la medida de deportación o expulsión, sino más bien a proteger los derechos de estos migrantes, quienes pueden ser sujetos del delito de trata de personas, tráfico de migrantes, o ser elegibles para la protección del derecho de asilo o refugio dadas las condiciones y los Estados de los que huyen.

Con mucho tino se ha dicho en el pasado que Colombia, además de ser una suerte de “Tíbet Latinoamericano”, vive de espaldas al derecho internacional, y prueba de ello no son solo los reveses judiciales que suele sufrir, sino la confusión y divorcio entre los tratados e instrumentos que ratifica, su ordenamiento jurídico, la realidad interna, y las actuaciones y determinaciones que toma, la más reciente la de tener una crisis humanitaria con 1.800 migrantes irregulares en un municipio de 163.000 habitantes.

En este contexto es casi que un hecho notorio que los nacionales cubanos y algunos africanos pueden reunir las condiciones para el asilo o el refugio, situación que en Colombia (“el Tíbet Latinoamericano”) parece casi imposible de lograr.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó al Estado colombiano su “profunda preocupación” ante la situación de “extrema vulnerabilidad” que padecen los migrantes varados en el país, y las eventuales consecuencias (por ejemplo para los cubanos) de su deportación.

La CIDH recordó además que, antes de promover la salida voluntaria, “es obligación del Estado identificar migrantes que tengan necesidades especiales de protección, y adoptar medidas para ello”, compromiso que Colombia, hablando de paz y reconciliación, al parecer ha olvidado.

Urge entonces una profunda investigación al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia para determinar las causas de este incremento de migrantes irregulares, así como la adecuada coordinación entre las autoridades de policía y los servicios de inteligencia para detectar y desarticular las redes de trata y los “coyotes”, así como la definición de una política efectiva que honre los compromisos jurídicos internacionales, la cual no se limite a solucionar el problema con la expulsión o deportación, especialmente cuando estas personas pueden ser sujetos de violaciones a sus derechos humanos.

La solución no es el cierre de la frontera ni la cacería de brujas, la solución es pensar en políticas públicas a largo plazo que desarrollen de manera articulada los mil y un tratados que Colombia suscribe por cumplir, y luego olvida aplicar o acatar en debida forma.

La política exterior es una cuestión de Estado y una política estratégica de largo plazo, no podemos inventar la rueda cada cuatro años, ya hay suficiente evidencia de que lo que se está haciendo no va en la senda correcta.

— Esta entrada fue inicialmente publicada en el sitio web  http://www.notinetlegal.com/crisis-migratoria-131.html y es reproducido por el Blog Debate Global a solicitud del autor —

Educación e investigación en derecho internacional: los retos de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional

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Imagen tomada del sitio web http://www.sladi2016.cl/sladi/

Por: Paola Andrea Acosta Alvarado

PhD en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales / Universidad Complutense de Madrid

Miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional 

Hace algún tiempo he venido reflexionando sobre el perfil de la educación en derecho internacional en nuestra región[1]. De la mano con varios colegas, me he preguntado por el qué y el cómo enseñamos e investigamos. Esa reflexión la he acompañado con mi interés por el proceso de fortalecimiento de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, SLADI, un espacio que puede servir tanto para diagnosticar lo que ocurre en esta materia como para intentar superar varios retos.

La SLADI surgió hace ya casi diez años, paradójicamente, en Ginebra, Suiza. Pese a las dificultades, ha logrado establecerse como un espacio de debate y promoción que ya cuenta con 4 Conferencias Bianuales, varios coloquios y sendas publicaciones. Sus miembros hemos trabajado para conocernos, articularnos y pensarnos hacia futuro. Hace un par de semanas se celebró la IV Conferencia Bianual de la Sociedad en Santiago de Chile[2]. Esta reunión me sirvió para comprobar algunas intuiciones respecto de rasgos muy propios de la educación e investigación en derecho internacional en el escenario latinoamericano. Quiero mencionar sólo algunos de ellos para desde allí habar de los retos a los que nos enfrentamos.

Sin dudas, en nuestra región crece la importancia del derecho internacional; las nuevas generaciones, que cada vez participan más en las Conferencias Bianuales, son prueba de esto. Hay un nuevo público al que le llega el derecho internacional, un grupo de estudiantes o abogados jóvenes que confían en la oportunidad del ejercicio profesional en áreas interesantes, con buenas perspectivas -más allá de lo que se creía era el derecho internacional, la diplomacia-.

Pese a ello, a los internacionalistas nos cuesta articularnos, cuesta contar con apoyo institucional y que las universidades reconozcan la importancia de financiar el proceso de fortalecimiento del derecho internacional y sus redes nacionales o regionales de articulación. La SLADI da cuenta de ello toda vez que su funcionamiento depende del esfuerzo desinteresado de muchos colegas que con su trabajo individual han dado forma a este proceso de articulación y de contadas instituciones que han prestado su colaboración en momentos muy precisos, sin vistas de continuidad. La mayoría de las iniciativas institucionales en torno al derecho internacional se concentran en aspectos o temáticas muy puntuales, como los moot courts o las clínicas para el litigio internacional en materia de derechos humanos, pero no para toda el área de derecho internacional. Todos comentamos durante la Conferencia cuán difícil es obtener apoyo para varios de los proyectos en marcha e incluso para la participación en la propia reunión bianual.

Algo similar ocurre con las redes nacionales. Son contados los países en los que, como el nuestro, se ha logrado la articulación de los internacionalistas, un espacio para publicaciones especializadas o la celebración de congresos sobre derecho internacional, más allá de los que celebran las universidades quizás de forma asidua pero aislada.

Ahora bien, más allá de las cuestiones procedimentales o logísticas hay un par de asuntos sustanciales que vale la pena poner sobre la mesa. El primero de ellos es nuestra insistencia en contar como referentes del derecho internacional a instituciones, teorías o personajes europeos. El segundo, la paradoja entre esa insistencia en ciertos enfoques y el intento de renovación. El tercero, la necesidad de repensar ciertas cuestiones teóricas esenciales y su incidencia en la educación. Finalmente, el insipiente interés en la interdisciplinariedad.

Respecto de lo primero. Puedo estar violando el principio de prudencia, pero creo que vale la pena traer a colación un debate fundamental sobre qué estudiamos cuando estudiamos derecho internacional en nuestra región. Con ocasión de la creación de uno de los nuevos grupos de interés de la SLADI, iniciativa que debo reconocer tuvo lugar, originalmente, gracias a un profesor europeo, se propuso como primer proyecto del grupo estudiar la figura de un importante internacionalista: James Brown Scott. La pregunta es ¿acaso no tenemos suficientes preguntas propias, temas propios, para estudiar? ¿por qué deberíamos dedicar nuestros esfuerzos y nuestros escasísimos recursos a estudiar a un norteamericano? ¿acaso los nombres de Alejandro Álvarez, Manoel Sá Vianna, Jesús María Yepes no nos dicen nada? Por fortuna varios profesores reaccionaron y dieron un nuevo rumbo al proyecto, pero este intento pone de presente el reto que tenemos entre manos: estar alertas ante los continuados esfuerzos, inconscientes muchos de ellos, por mantener una especie de “colonización a través de la educación” y, más aún advertir nuestra propia docilidad ante dichos intentos. ¿Por qué pasa esto? ¿será que no tenemos suficiente producción científica de calidad? ¿o tal vez ni siquiera cuestionamos el origen de lo que leemos, aprendemos y reproducimos pues hemos naturalizado nuestra mirada instintiva hacia el norte?

Prueba de la fuerza de este reto la vemos también en la insistencia de abrir un evento tan importante como la Conferencia Bianual de la SLADI con un/a Europeo/a. No dudo por un segundo la calidad de esos invitados -viejos amigos, además- y creo que, sin duda, tienen mucho que aportar a nuestros debates, pero ¿acaso no habría un/a latinoamericano/a cuyo discurso valga la pena oír? ¿Por qué simplemente oímos al europeo/a sin ponerlo/a en diálogo con los nuestros? Ahora bien, más allá de la nacionalidad del ponente, lo que me preocupa es la insistencia en discursos universalistas o en el uso de teorías y conceptos sin más, así como los escasos debates respecto de cuestiones latinoamericanas o, más aún, la ausencia de miradas críticas, de paradigmas diferentes; muy pocos en la Conferencia Bianual representaban “la(s) otra(s) esquina(s)” del derecho internacional, ¿será que no se sienten bienvenidos en este espacio? Tal vez creen que no es útil justamente por su tendencia marcada hacia lo ortodoxo o quizás no nos hemos preocupado por invitarlos, no lo sé.

De la mano con esto, llega una paradoja: reconocemos las necesidades propias de nuestras realidades y reivindicamos el compromiso con ellas, aun así, pocas veces nos molestamos por intentar nuevos enfoques, por cuestionar el camino que hemos seguido, el tipo de relaciones que hemos construido y que, aunque “criticamos”, no pensamos abandonar o reestructurar. Queremos seguir siendo partícipes de una ‘comunidad universal’ (epistemológica y jurídica), pese a los sacrificios que ello pueda significar, o sin ponderar la relación costo-beneficio, en vez de apostarle a un escenario propio. Somos la sociedad de nuestra región, hablamos de temas que nos incumben, pero, aun así, muchas veces lo hacemos en el lenguaje de otros y para otros.

De esta realidad se desprende lo que a mi parecer es una necesidad imperiosa: debemos reformular muchos de los enfoques teóricos que nos caracterizan. Personalmente, confirmé la urgencia de repensar el papel del derecho internacional en la cotidianidad de los Estados, de sus operadores jurídicos y sus ciudadanos, la importancia de superar la idea de que el derecho internacional solo está en lugares “excepcionales”[3] y, con ello, cuán imprescindible es la apuesta por definir los derroteros de su uso diario. De la mano con esto, reafirmé la urgencia de que los propios académicos del derecho internacional nos cuestionemos los modelos que hasta la fecha usamos para apreciar y explicar dicho papel, la premura de abandonar varios conceptos y categorías.

Finalmente, la Conferencia Bianual dio cuenta de cómo, pese a ese reiterado interés por lo de siempre, se abre una pequeña ventana hacia la interdisciplinariedad y se reconoce la importancia de estudiar el derecho internacional desde otras esquinas. La exitosa conformación del nuevo grupo de interés sobre historia del derecho internacional es prueba del creciente entusiasmo por otra forma de leer, comprender y enseñar el derecho internacional. Ojalá esta no sea la única iniciativa en este sentido.

Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto? Quizás lo más importante de esta experiencia es que ella reafirma las dudas en torno al futuro de la enseñanza y la investigación en derecho internacional en nuestra región lo que confirma la importancia de trabajar en este asunto y, sobre todo, justifica el esfuerzo en torno a la SLADI.

Hoy en día el trabajo de articulación para la enseñanza y la producción científica resulta más urgente e importante que nunca. La asociación regional, impulsada desde los esfuerzos individuales, puede ayudar a suplir el vacío que deja la falta de apoyo institucional. Esto puede ser muy importante para las nuevas generaciones a quienes debemos ofrecer un espacio para promover sus iniciativas, para debatir sus ideas y para publicar sus trabajos.

Este espacio también resulta vital para quienes buscamos un escenario para promover ciertos debates de renovación. La SLADI debe ser la plataforma por excelencia del derecho internacional de la región, un escenario en el que, de la mano con las redes nacionales, se reivindiquen las necesidades particulares de nuestro contexto, se cree consciencia de la forma particular en la que vemos y vivimos el derecho internacional y se impulsen los debates de renovación que resulten necesarios. Tenemos entre manos una importante misión de renovación conceptual crítica.

Ahora bien, quizás el papel más importante de la SLADI, que se desprende de lo poco que he narrado, tiene que ver con su responsabilidad pedagógica. La Sociedad Latinoamericana debe esforzarse por adelantar un proceso pedagógico importante no sólo respecto de las nuevas generaciones de internacionalistas y la renovación de las viejas, sino, sobre todo, respecto de los demás operadores jurídicos, los funcionarios y los ciudadanos. Debemos esforzarnos por crear consciencia de la importancia del derecho internacional, de lo mucho que afecta nuestro día a día y, más aún, de la necesidad de darle un uso adecuado al mismo.

Como se observa, los retos no son pocos. Quizás por ello lo lógico es hacer un llamado a todos los colegas de la región para que se unan a esta causa, para que presten sus conocimientos y esfuerzos a la consolidación de una plataforma fundamental para el futuro de nuestra región.

[1] Acosta Alvarado, Paola. Enseñar e investigar derecho internacional en Latinoamérica. Un ejercicio de catarsis. En Serie Documentos de Trabajo No. 46. Departamento de Derecho Constitucional, Universidad Externado de Colombia. 2016

[2] http://www.sladi2016.cl/

[3] Eslava, Luis. Global Law, Local Space. CUP. 2015.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe desaparecer (leer hasta el final)

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Emilio Álvarez Icaza, Secretario Ejecutivo de la CIDH

Por: Álvaro Francisco Amaya

Miembro Fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

Profesor de Derecho Internacional Público – Pontificia Universidad Javeriana

Claro y firme es el mensaje: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe desaparecer. Esta semana en Washington D.C. he podido apreciar de primera mano la controversia generada por el anuncio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la profunda crisis financiera que esta atraviesa. Esta situación ha sido claramente descrita por la propia CIDH y por analistas especializados como Camilo Sánchez. Sin embargo, las dificultades financieras de la Comisión (y del Sistema Interamericano en general) no son ninguna novedad. Para el año 2009 advertíamos ya con Juana Acosta la necesidad de garantizar la estabilidad financiera del Sistema, toda vez que “entregarle a los órganos del Sistema suficiencia económica para el desarrollo de sus funciones, redunda no sólo en una mayor eficacia en la protección, sino también en el fortalecimiento de la legitimación de las decisiones, toda vez que con ello se garantiza la plena autonomía administrativa y financiera del Sistema” (Acosta & Amaya, Controversias procesales …, pg.32).

Años tras año, tanto el Secretario Ejecutivo de la Comisión y el Secretario de la Corte han descrito en su informe anual ante la Asamblea de la OEA las limitaciones y dificultades financieras y la forma como ello obstaculiza el efectivo ejercicio de su mandato. Sin embargo, el presupuesto del Fondo Regular de la organización destinado al Sistema Interamericano no se ha modificado de acuerdo a las necesidades evidentes. Quizá algunos lectores desprevenidos han leído esta semana el llamado de emergencia expresado por la CIDH, ya que la situación llegó al punto de tener que cancelar la celebración de dos periodos de sesiones de audiencias este año y la inminente no renovación de los contratos de decenas de asesores de la Comisión en las próximas semanas. Quizá muchos de esos lectores no comprendan el porqué de la preocupación. Quizá muchos ni siquiera sabían de la existencia de la Comisión y seguramente la olvidarán a la vuelta de unos días o semanas.

Con quienes he tenido la oportunidad (apreciada a veces, seguramente incomprendida y despreciada en otras) de compartir mis percepciones y experiencia de litigio ante el Sistema Interamericano, quizá recuerden valoraciones positivas, así como las criticas respetuosas y profundas que he realizado de cara a garantizar el fin último de la Comisión: su extinción. Si, lo reitero, el objetivo principal de la CIDH es el de su propia extinción. Permítanme elaborar un poco más al respecto. Los derechos humanos pretenden hacer realidad el desarrollo libre de los individuos en la sociedad, y por tanto garantizar las condiciones mínimas para que todos tengamos dicha opción. De esta forma, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones públicas nacionales y los propios órganos internacionales de protección de los derechos humanos, existen y subsisten en tanto que la protección y garantía de los derechos humanos se encuentra en riesgo. Es decir, su razón fundamental, su causa, se explica por la privación, negación o transgresión de esos mínimos que posibilitan el actuar libre de hombres y mujeres en sociedad. Las sociedades de nuestro hemisferio, como todas los demás, enfrentan múltiples retos para asegurar un mínimo de dignidad a las personas. A pesar de la fragilidad de los sistemas políticos en el continente, la OEA y sus miembros persisten en respaldar la democracia y el estado de derecho como apuesta fundamental para potenciar la protección de los derechos y el bienestar de los americanos. No obstante, los desafíos son enormes, y los individuos se ven enfrentados a múltiples obstáculos para alcanzar una existencia libre. Son estas dificultades las que justifican el trabajo de las ONGs, de los órganos gubernamentales e internacionales.

De esta manera, toda organización que tenga como objetivo la realización de los derechos humanos debe proponerse desaparecer. Así, las organizaciones públicas y privadas de inclusión de personas con discapacidad -como me enseñó uno de sus admirables líderes, Juan Pablo Salazar- deberán acabarse por cuenta que las personas con discapacidad puedan acceder a educación y puestos de trabajo, al transporte público o privado, a hacer mercado, administrar sus bienes, a la par que una persona sin discapacidad. Igualmente, quienes procuran la igualdad de género tendrán que buscar nuevos horizontes el día que las mujeres tengan salarios igualitarios, puedan tener hijos sin el temor de perder la vida en el intento o no sigan siendo responsabilizadas por las agresiones sexuales cometidas sobre ellas. De la misma manera, las asociaciones de víctimas serán un capítulo en los libros de historia cuando la violencia armada y la represión se extingan para siempre como forma de solución de conflictos en nuestras sociedades. En este mismo sentido, las instancias que promueven el respeto por los derechos de los pueblos indigenas, raizales, tribales, y demás culturas que alimentan con valores y tradiciones nuestro variopinto y enriquecido continente, perderán todo sentido cuando se les reconozca y se les proteja en la realidad. Sin embargo, nada de esto a sucedido aún.

Es así como, la Comisión Interamericana debe desaparecer, pero no hoy, no así. El camino que tenemos por recorrer en materia de derechos humanos en el hemisferio es arduo y dispendioso, y necesita de liderazgos -personales e institucionales- que acompañen la realización de los derechos humanos como objetivo político que se trazaron los países del continente al asociarse en la OEA. Precisamente, los miembros de la OEA estarán reunidos en Santo Domingo, República Dominicana, en Asamblea General del próximo 13 al 15 de junio, y será una nueva oportunidad para que se evalúen y se adopten las medidas necesarias para garantizar la labor de la Comisión  Interamericana (y también de la Corte Interamericana) en nuestro hemisferio. Sin embargo, debemos acompañar este momento, aportando ideas o estrategias para que ello sea posible, y que no solo persista la labor de la CIDH, sino que esta se fortalezca. De mi parte seguiré resaltando dicha labor y presentando las criticas constructivas las cuales humildemente pretenden contribuir al robustecimiento y legitimación continua del Sistema.

Litigio internacional de inversión extranjera: retos y perspectivas para el Estado colombiano

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Por: Álvaro Francisco Amaya

Miembro Fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

Profesor de Derecho Internacional Público – Pontificia Universidad Javeriana

Medios de comunicación y otros portales han informado a la opinión pública respecto de al menos cinco casos en los cuales Colombia se puede ver abocado a arbitrajes internacionales de inversión, a saber: (i) Eco Oro Minerals Corp, por el alegado retardo estatal en la delimitación del Páramo de Santurbán y sus efectos en el proyecto Angostura (ver aquí comunicado de la compañía); (ii) Novartis, por la eventual declaratoria estatal del medicamento imatinib como de interés público, lo cual liberaliza la patente (ver aquí); (iii) Glencore, por la multa impuesta por la Contraloría General de la Nación la cual se alega cambió las reglas de juego para el inversionista (ver aquí); (iv) América Móvil (Claro Colombia) por el alegado daño producido por la sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional que determinó que la reversión de activos de telefonía celular opera inclusive para aquellos instalados antes de 1998 (ver aquí comunicado de prensa de la compañía), y más recientemente; (v) Tobie Mining and Energy y Cosigo Resources, la cual alega que la explotación minera sufrió retardos atribuibles al Estado y un supuesto fraude en el proceso de consulta previa en el Vaupés (ver aquí notice of demand frente a la cual Colombia ya presentó su respuesta en la cual alega la bifurcación del procedimiento para que el Tribunal se pronuncie separadamente de la competencia y admisibilidad -dadas las serias objeciones de admisibilidad presentadas en el escrito- y rechaza todos los reclamos presentados –ver aquí respuesta del Estado-).

Estos procedimientos de solución de controversias han despertado inquietud en distintos sectores, toda vez que pueden tener hondas implicaciones económicas y políticas en nuestro país. Por ello es importante destacar la prudencia del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (entidad que coordina la defensa del Estado en estas materias de acuerdo con el  Decreto 1074 de 2015, Arts. 2.2.3.2.2.8.), de su Dirección de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual y del Gobierno en general frente a la activación de esto mecanismos de solución de controversias. No sería responsable realizar pronunciamientos públicos sin analizar con detenimiento el alcance de las reclamaciones realizadas por los inversionistas y los eventuales efectos de dichos pronunciamientos en el litigio.

Por su parte, es pertinente analizar algunos puntos del escenario litigioso en materia de arbitraje de inversión al cual se acude (o se podría acudir) por parte de los inversionistas, así como los retos y fortalezas del Estado colombiano en este escenario:

  1. Los tribunales arbitrales en materia de inversión han sido la fórmula de solución de controversias en materia de protección de inversión extranjera desde los inicios de esta disciplina del derecho internacional (el primer tratado de protección de inversión extranjera -celebrado entre Alemania y Pakistán- estableció éste como mecanismo de solución de diferencias, ver aquí). A la fecha se encuentran en vigor aproximadamente 2200 tratados bilaterales de inversión -BITs- y la tendencia en ellos es establecer el arbitraje como métodos de solución de controversias. Por lo tanto, no debe tomar por sorpresa la activación de estos mecanismos luego de la ratificación por parte de Colombia de varios BITs;
  2. En general, la fórmula de los BITs en materia de solución de controversias, habilita a los inversionistas a activar el procedimiento arbitral en contra del Estado en tanto que aquel considere que éste transgredió alguna de las protecciones a la inversión establecidas en el tratado. De esta forma, es un mecanismos para la protección de la inversión y no del Estado;
  3. En consecuencia, durante la negociación y tras la ratificación de los BITs por parte de Colombia, tanto el ejecutivo (a través de los negociadores), como el Congreso (al aprobar mediante ley cada tratado) como la Corte Constitucional (al declarar exequible el tratado) han reconocido y aceptado política y jurídicamente el arbitraje como medio para solucionar controversias inversionista-Estado. Por lo tanto, de nuevo, no debe sorprender la activación de éste mecanismo, y;
  4. El punto anterior es de suma importancia, toda vez que es el Ministerio de Comercio Industria y Turismo es la entidad a la cabeza de las negociaciones de los BITs, y por tanto resulta ser la entidad idónea para liderar la defensa del Estado en las disputas de inversión. En primer lugar, al haber liderado la negociación de los tratados, el Ministerio tiene la memoria institucional detrás de los compromisos adoptados; en segundo lugar, los funcionarios del Ministerio participaron en la negociación o tienen el contacto con antiguos negociadores, teniendo para si la memoria y expertise dichos profesionales; en tercera medida, es la Dirección de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual la que gestiona todo lo referente a la inversión, y por tanto cuenta con funcionarios especializados -académicamente o a través de la práctica profesional- en los asuntos legales de inversión; por último, como suele suceder en litigios internacionales, el equipo de gobierno se reforzará o inclusive contratará para la gestión directa a juristas expertos en inversión, litigio o arbitraje internacional u otras áreas relativas a cada caso en particular, a efectos de llevar a cabo la defensa del Estado.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el país se debe preparar para afrontar un nuevo escenario litigioso internacional y confiar en las instituciones, funcionarios y asesores que defienden los intereses de la Nación. No pareciere haber entidad mas idónea para asumir dicho reto que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a quien de hecho se le ha encargado dicha labor desde mucho antes de la existencia de los casos mencionados. Igualmente, es importante mantenernos alerta para sugerir y aportar desde la sociedad civil  y la academia cuando ello sea necesario, en este nuevo escenario jurídico internacional.

Por último, el mayor reto parece ser el de la prevención del posibles controversias. La tarea en este sentido es del Estado en su conjunto, toda vez que de acuerdo con el principio de unidad estatal, cualquier funcionario o institución pública puede llegar a comprometer la responsabilidad internacional del Estado, y por tanto es responsabilidad del Estado en su conjunto evitar acciones contrarias a los compromisos internacionales adoptados.