El discurso del derecho internacional de los derechos humanos en las caricaturas de niños: ¿tendremos generaciones más conscientes?

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Por: Juana Inés Acosta / Presidente / Academia Colombiana de Derecho Internacional

Recientemente, cuando estaba viendo por centésima vez la película de Toy Story (cualquier madre o padre con hijos pequeños entenderá que la cantidad de veces no se debe precisamente a mi propia afición a la película), capté un elemento muy particular: en la escena en que Buzz y Woody discuten en el terrorífico cuarto de Sid, se puede ver detrás de la escena un documento denominado “Improvised Interrogation Handbook – Department of the Army Technical Manual”; esto, unas horas después de que en la misma película Sid aparece torturando a Woody para obtener información, quemando su frente con la luz del sol a través de una lupa. Este detalle, claramente dirigido a los adultos y estrechamente influenciado por las serias alegaciones acerca del uso de manuales de tortura por los Estados Unidos de América, inmediatamente me hizo reflexionar acerca del peso que tiene el discurso del derecho internacional de los derechos humanos en las películas y series para niños.

La influencia de este discurso no es menor. Si uno compara las caricaturas tradicionales de Hanna-Barbera y las películas clásicas de Disney con los nuevos libretos, no deja de sorprenderse. Si bien siguen existiendo críticas importantes al refuerzo de ciertos estereotipos en las películas y series de niños, lo cierto es que el influjo del discurso de esta rama del derecho internacional ha permitido pasar, por ejemplo, del estereotipo típico de series como los Picapiedra y los Supersónicos, en las que la mujer (blanca, por supuesto) siempre está en la casa esperando a su marido; a series como La Doctora Juguetes, que representa a una familia de raza negra en la que es el padre el que se queda en casa cuidando de sus dos hijos, mientras que la madre es una reconocida doctora e ídolo de la pequeña protagonista. El hecho de que finalmente Disney haya decidido elaborar un libreto en el que la princesa protagonista es de raza negra (La princesa y el Sapo), confirma este mismo influjo.

Y si bien la mayoría de ejemplos se encuentran en el ámbito de la no-discriminación frente a poblaciones estructuralmente discriminadas, también se encuentran ejemplos interesantes marcados por los estereotipos por la condición social y la lucha por los derechos laborales. Quien no recuerda, por ejemplo, la canción de los trabajadores en la película Dumbo, en la que los trabajadores (todos de raza negra), cantan “we work all day, we work all night”, “we slave until we are almost dead” y “we don’t know when we get our pay, and when we do, we throw our pay away”, para terminar con “We’re happy-hearted roustabouts”. Esto contrasta enormemente, por ejemplo, con la reciente serie de Disney Héroes de ciudad Higgly, dedicada exclusivamente a que los niños entiendan que cualquier persona que se dedique a cualquier profesión y oficio es un verdadero héroe de la ciudad (la persona que atiende una recepción, el que barre las calles, el policía de tráfico, el médico, el marinero, el profesor de escuela, entre otros).

La influencia también pasa por las canciones de ronda más tradicionales de niños. En el canal Baby TV, en la tradicional canción Arroz con Leche, no es un niño el que quiere casarse con una señorita de la capital que sepa coser y bordar; sino una niña la que quiere casarse con un “mexicanito que sepa bailar”.

Queda todavía mucho por hacer para que las películas y series, que al fin y al cabo tienen una influencia profunda en las vidas de los niños, se conviertan en una herramienta para contar con futuras generaciones con capacidades naturales para proteger y respetar los derechos humanos. No obstante, parece que la lucha de la sociedad civil por la protección de estos derechos y por el reflejo que este discurso debe tener en los medios de comunicación masiva, ha empezado a tener importantes frutos.

La entrada en vigor de la Convención de Naciones Unidas sobre Cursos de Agua Internacionales de 1997

 

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Por: Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Ambiental, Cátedra UNITAR en la Maestría de Derecho Ambiental / Universidad de Costa Rica / y profesor en la Maestría en Diplomacia / Instituto del Servicio Exterior Manuel María Peralta

PARTE I

Introducción

El pasado 17 de agosto del 2014, entró oficialmente en vigor la “Convención sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación” adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1997 (ver texto completo). Ello obedece al hecho que en esa fecha se cumplieron los 90 días posteriores a la ratificación número 35 (la de Vietnam, obtenida el 17 de mayo del 2014), tal y como lo establece el texto de este tratado internacional, en su artículo 36.

Han sido muchos años de espera para los que pretendieron lograr, pocos años después de la adopción de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, que los miembros de la comunidad internacional aceptaran, en un instrumento a vocación universal, un mínimo de reglas (incluyendo las de carácter ambiental) para permitir una gestión y aprovechamiento conjuntos y armoniosos entre Estados de cuerpos de agua compartidos.

Un instrumento novedoso:

Se trata de un instrumento internacional que, como viene siendo la práctica cuando se pretende explorar un ámbito nuevo del derecho internacional, recurre a la técnica de la convención marco (“convention-cadre” en francés o  “framework convention” según la denominación en inglés): esta expresión refiere a un tipo de convención, usualmente utilizada en materia de salud, energía, transporte y protección del ambiente, que sistematiza un conjunto de principios generales que puedan servir de base para establecer una cooperación entre Estados. Se les reconoce a estos últimos un margen de maniobra para detallar y finiquitar en acuerdos posteriores más específicos, y con reglas mucho más precisas, el contenido de esta cooperación. “The character of an agreement as a framewok is mainly established by the decision of the contracting parties to delegate questions that are relevant for achieving the agreement´s objective to additional regulations” (Nota 1).

En el caso de la Convención de 1997, el conjunto de reglas ofrecido pretende servir de base para facilitar la cooperación entre Estados en todo lo relacionado a la gestión, aprovechamiento, uso y protección de los cursos de agua internacionales. Uno de los primeros artículos (el artículo 3) refiere precisamente (y de manera sumamente detallada) a los acuerdos bilaterales o regionales preexistentes o los que los Estados quisieran adoptar con posterioridad a esta Convención: se trata de uno de los artículos más extensos de la Convención, con 6 incisos. Además de evidenciar la preocupación de los Estados con relación a los efectos de esta Convención sobre acuerdos previos, este artículo 3 también confirma el carácter de “acuerdo marco” antes mencionado de la misma.

El conjunto de reglas generales recogido parte de una noción mucho más integral que la clásicamente usada de “rio internacional” o de “río fronterizo” al definir su artículo 2 la noción de “curso de agua internacional” de la siguiente manera: “A los efectos de la presente Convención: a) Por “curso de agua” se entenderá un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un conjunto unitario y normalmente fluyen a una desembocadura común; b) Por “curso de agua internacional” se entenderá un curso de agua algunas de cuyas partes se encuentran en Estados distintos;“. Como se puede apreciar, esta definición va más allá que la de un caudal de agua contenido en el cauce de un río (o la de la superficie lacustre en el caso de un lago), y se extiende tanto a las aguas superficiales como a las aguas subterráneas. En consonancia con este esfuerzo, podemos citar, a modo de ejemplo las recientes iniciativas en España para delimitar oficialmente “la parte española de las demarcaciones hidrográficas correspondientes a las cuencas hidrográficas compartidas con otros países” (ver artículo 3 del Real Decreto 125/2007 – 2 de febrero del 2007-, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones hidrográficas en territorio español).

La convención establece una serie de principios generales (los artículos 5 a 10) que deben guiar a los Estados  de un curso de agua internacional en la gestión y en el aprovechamiento de este, varios de ellos muy similares a los adoptados en la Convención de Helsinki de marzo de 1992 (Nota 2). Por ejemplo, el artículo 7 sobre la obligación de no causar daños sensibles indica: “1. Los Estados del curso de agua, al utilizar un curso de agua internacional en sus territorios, adoptarán todas las medidas apropiadas para impedir que se causen daños sensibles a otros Estados del curso de agua. 2. Cuando a pesar de ello se causen daños sensibles a otro Estado del curso de agua, el Estado cuyo uso los cause deberá, a falta de acuerdo con respecto a ese uso, adoptar todas las medidas apropiadas, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en los artículos 5 y 6 y en consulta con el Estado afectado, para eliminar o mitigar esos daños y, cuando proceda, examinar la cuestión de la indemnización”.

La lectura (y relectura) del artículo 7 y de algunos otros artículos posiblemente llame a la memoria un sin fin de controversias acaecidas en los últimos años entre Estados ribereños de un río internacional, o que comparten  una cuenca hidrográfica  en diversas partes del mundo. Muchos de estos conflictos no encuentran solución satisfactoria debido al uso de nociones jurídicas que limitan un enfoque necesariamente integral, que conlleva cualquier intento de regular un recurso como el agua: a este enfoque precisamente recurre la técnica jurídica en materia  de protección del ambiente.

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Nota 1: Véase MATZ-LUCK N.,  “Framework conventions as a regulatory tool”, Goettingen Journal of International Law, 2009, Vol. 3, pp. 439-458, p. 441. Disponible aquí.

Nota 2: Véase artículo publicado en el Anuario de Derecho Internacional (ADI), en el año 2000, sobre el Convenio de Helsinki: TORRES CAZORLA M.I., “Otra vuelta de tuerca del derecho internacional para regular los cursos de agua internacionales: el convenio de Helsinki de 17 de marzo de 1992“, disponible aquí.

Forum Prorogatum: mecanismo sui generis para otorgar la competencia de la Corte Internacional de Justicia

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Por: Ricardo Abello Galvis / Profesor de la Universidad del Rosario / Director / Editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional / Codirector de la Especialización en Derecho Internacional de los DDHH y DIH / Miembro Fundador de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

El pasado 7 de agosto de 2014 la República Argentina presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia – CIJ contra los Estados Unidos de América como consecuencia de las decisiones judiciales que han sido tomadas por los jueces norteamericanos a raíz de la “reestructuración de la deuda soberana de la Argentina”, más conocido como los Fondos Buitre.

Lo curioso de esta demanda radica en la base de competencia invocada por la República Argentina para convocar a los Estados Unidos, toda vez que este no acepta la competencia de la CIJ. Argentina se apoya en lo que se conoce como el forum prorogatum.

El forum prorogatum consiste en la aceptación tácita de la competencia de la CIJ, es decir que en el caso en concreto se le está pidiendo a los Estados Unidos que la acepten, para este caso en concreto, de forma exclusiva, de acuerdo con lo señalado en los artículos 36.1 del Estatuto de la Corte y en el 38.5 del Reglamento del mismo tribunal.

Este mecanismo, aunque poco utilizado, no es totalmente novedoso. En efecto, ha sido invocado, sin mayor trascendencia o simplemente sin ser aceptado, entre otros casos en el de los Derechos de las minorías en Alta Silesia (escuelas minoritarias), CPJI, 1928, en el del Estrecho de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte c. Albania), CIJ, Decisión (excepciones preliminares) del 25 de marzo de 1948, en el Caso Haya de la Torre (Colombia/Perú), CIJ, Decisión del 13 de junio de 1951, en el Caso Anglo-Iranian Oil Co. (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte c. Irán), CIJ, Decisión del 22 de julio de 1952 y en el caso de la Antártica (Reino Unido de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte c. Chile), CIJ, 1956.

Fue finalmente en el caso relativo a Ciertas cuestiones relativas a la cooperación en materia penal (Djibouti c. Francia), en su decisión del 4 de junio de 2008 que, por primera vez, la Corte Internacional de Justicia aceptó el fórum prorogatum como base de competencia. En esta oportunidad la CIJ sostuvo, en el párrafo 61 de la decisión, que “esta modalidad se aplica cuando el Estado demandado, por su conducta ante la Corte, en sus relaciones con el Estado demandante, actúa de tal forma que acepta la competencia de la Corte”. Este argumento lo retomó de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de los Derechos de las minorías en Alta Silesia (escuelas minoritarias) en 1928.

Ahora bien, Argentina sostiene que existe un diferendo con los Estados Unidos y, en consecuencia, se debe tener en cuenta que hay tratados internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, que sostienen que es un deber de los Estados acudir a los mecanismos de solución pacífica de controversias y que, con base en el principio de buena fe, los Estados Unidos debería aceptar la competencia de la Corte para este caso específico con base en la competencia otorgada bajo la figura del forum prorogatum.

Ante el silencio de los norteamericanos desde que se interpuso la demanda el pasado 7 de agosto, se podría deducir que no van a aceptar la competencia de la Corte y, en consecuencia, el caso nunca será inscrito como tal en la lista de la CIJ de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.5 del Reglamento de este tribunal. Es una lástima esta eventual negativa a que se adelante este diferendo mediante un mecanismo de solución pacífica en la medida que se trata, sin lugar a dudas del ideal planteado desde la conferencia de San Francisco que sean estos mecanismos los usados para resolver los diferendos y no que estos se “ganen” sacando provecho de los desequilibrios de fuerzas existente entre los Estados.

Las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya emiten su sentencia de primera instancia contra Khieu Samphan y Nuon Chea

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Por: Héctor Olásolo Alonso / Profesor Titular de Carrera / Universidad del Rosario (Colombia); Presidente, Instituto Iberoamericano de la Haya / (IIH, Holanda); Director, ANIDIP / Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal; Miembro del Grupo de Trabajo en Conducción de Hostilidades / Asociación de Derecho Internacional.

El jueves 14 de agosto de 2014, las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya (Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia, “ECCC”), órgano jurisdiccional establecido por acuerdo del Secretario General de las Naciones Unidas y el Gobierno de Camboya en 2004, emitieron, tras tres años de audiencias, la sentencia de primera instancia en la que se condena a cadena perpetua al antiguo Jefe de Estado de la República de Kampuchea Democrática a finales de los años setenta, Khieu Samphan, y a quien en aquella misma época ejerció como segundo del movimiento maoísta de los Jémeres Rojos, Nuon Chea. La sentencia declaró que ambos acusados eran culpables de los crímenes de lesa humanidad de exterminio, asesinato, persecución por motivos políticos y otros actos inhumanos (incluyendo el desplazamiento forzado, las desapariciones forzadas y los ataques contra la dignidad humana), cometidos mientras los Jémeres Rojos, dirigidos por Saloth Sor,  alias Pol Pot, se mantuvieron en el poder entre 1975 y 1979.

Los Jémeres Rojos llegaron al poder tras vencer en la guerra civil que tuvo lugar en Camboya entre 1970 y 1975 al régimen del general Lon Noldio, quien con el apoyo de Estados Unidos (que necesitaba el territorio camboyano para cerrar el paso de la avanzada de Ho Chi Minh) había derrocado en 1970 al príncipe Sihanouk, una vez que éste último se había declarado neutral en el conflicto armado de Vietnam. Desde su llegada al poder, los Jémeres Rojos iniciaron la llamada “revolución agraria”, obligando a la población urbana a “retomar” todos los rincones del país, lo que se tradujo en un desplazamiento masivo hacia el campo y la imposición de trabajos forzados que llevaron a miles de personas a la desnutrición y  la muerte. Todos aquellos que eran percibidos como oponentes políticos de la “utopía agraria” (incluidos artistas, académicos y miembros de la aristocracia) fueron objeto de persecución. Entre 1975 y 1979, fecha en que el régimen de los Jémeres Rojos fue derrocado, murieron al menos un millón setecientas mil personas, lo que equivale a casi un cuarto de la población camboyana de aquel entonces. 

La sentencia dictada el 14 de agosto tiene varios aspectos sobresalientes. En primer lugar, es la primera condena dictada hasta la fecha frente a los responsables de semejante campaña de violencia sistemática y a gran escala contra la población civil de Camboya, que durante 35 años ha tenido que convivir con una situación de total impunidad.  Con ello la Sociedad Internacional reafirma el mensaje de que quienes desde los resortes del poder utilizan la fuerza armada contra su propia población, no sólo pierden la legitimidad ética y moral necesaria para seguir dirigiendo sus respectivas sociedades, sino que debido al daño que han causado a la propia Sociedad Internacional incurren frente a la misma en responsabilidad individual de naturaleza penal.

En segundo lugar, los condenados son personas de avanzada edad (83 y 88 años respectivamente), lo que en opinión de los magistrados ante los que se celebró el juicio oral, no ha constituido un impedimento automático para su juzgamiento. De esta manera, se reafirma el principio en Derecho internacional penal de que es el estado de salud personal del acusado, y no su elevada edad, lo que constituye el factor determinante para que se pueda apreciar la existencia de dicho impedimento.

En tercer lugar, uno de los condenados, Khieu Samphan, llegó a ostentar la posición de Jefe de Estado, sin que su presunta inmunidad funcional por actos desarrollados en el ejercicio de sus funciones (la personal se pierde automáticamente al dejar el puesto de Jefe de Estado) haya impedido a las ECCC ejercer su jurisdicción. Con ello se reafirma el principio fundamental en Derecho internacional penal, relativo a la ineficacia de las inmunidades para evitar el ejercicio de jurisdicción por delitos de lesa humanidad. Incluso en el caso de Jefes de Estado en ejercicio, que gozan de plena inmunidad personal, ésta no tiene eficacia alguna cuando de lo que se trata es de dirimir ante un tribunal internacional su responsabilidad penal por delitos de esta naturaleza. Los casos contra los actuales presidentes de Sudán, Omar Al-Bashir, y Kenia; Urumu Kenyatta, ante la Corte Penal Internacional son un fiel reflejo de esta situación.

Pero sin duda el aspecto más destacado de la sentencia aquí comentada es la condena por delitos de lesa humanidad emitida por un órgano jurisdiccional establecido en el año 2004, con respecto a hechos acaecidos treinta y nueve años antes. Esta situación sólo es explicable desde la perspectiva del  principio de irretroactividad de la norma penal, si se entiende que los delitos de lesa humanidad objeto de la condena, así como su imprescriptibilidad, ya formaban parte de la costumbre internacional a mediados de los años setenta, y no solamente desde mediados de los años noventa, cuando se crean los Tribunales Internacionales Penales para la Ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994) y se aprueba el Estatuto de la Corte Penal Internacional (1998).

¿Cibernética; arma de destrucción masiva?

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Por: Lander Michel / Abogado – Internacionalista / Universidad Jesuita de Guadalajara; Magíster en Derecho Internacional / Universidad de Leiden, Países Bajos. Correo electrónico: lmichel@miderainternational.com

Sin duda algunos lectores no estarán de acuerdo con la aseveración anterior, a primera vista la mayoría vinculará el título del presente artículo con el terrorismo,  sin embargo no me refiero a ello.

La desviación de los medios de información, o desinformación si se quiere, al enfocar nuestra atención en los ataques suicidas de Pakistán, el conflicto armado en el Medio Oriente y el combate contra la insurgencia en Afganistán por lo gráfico y morboso de los mismos, han hecho que caiga un “fog of war” como lo denominaba Clausewitz sobre un tema más cercano; ataques cibernéticos.

Con la presentación del libro Neuromancer de William Gibson se adelantaron algunas realidades de finales del siglo XX y sobre todo del siglo XXI y de la guerra de la que ahora comento. Es una guerra sin frentes de batallas, aparentemente sin ejércitos o claros enemigos y donde la victoria se basa en el éxito de obtener o restringir el acceso a un elemento; la información.

Participan en esta guerra instituciones internacionales, gobiernos, grupos autónomos (Wikileaks) y empresas. La información ahora se convierte en moneda. No sólo son datos bancarios, cuentas en bancos para vaciar o planos del último producto diseñado por una compañía, además de los ataques en la infraestructura crítica informática de un país; sino que va mas allá afectando datos personales, perfiles en redes sociales y correos electrónicos de particulares, poniendo en juego nuestra intimidad.

El enorme desafío que se nos presenta es ¿qué hacer ante los ataques cibernéticos? Recientemente el gobierno de los EE.UU. ha considerado que en algunos supuestos, un ataque cibernético sería considerado un acto de agresión con una respuesta armada, (según nota publicada en el Wall Street Journal el 31 de mayo 2011). En los últimos meses varias instituciones gubernamentales y multinacionales americanas han sido blancos de ataques; desde Lockheed Martin y Google hasta el mismo Pentágono.

Un futuro conflicto bélico sin duda empezará por ataques cibernéticos a la industria, banca e infraestructura clave (tal y como ocurrió en la invasión a Georgia por Rusia). El costo material y humano para llevar un ataque cibernético de gran magnitud es accesible y mucho más fácil que usar cualquier arma de destrucción masiva, además que se puede mantener, todavía, el anonimato.

Imaginemos un escenario donde por unos días, un país (tanto su bolsa de valores, archivos criminales, banca), no tiene posibilidad de hacer transferencias o movimientos bancarios al ser intervenido por un grupo de terroristas o hackers, que financian sus operaciones con el robo de datos. El efecto de ese evento sería devastador tanto para su economía como para sus ciudadanos que se verían imposibilitados en hacer transacciones comerciales electrónicas por estar el sistema ¨bloqueado¨ o bien podría ocurrir uno más sencillo; interrumpir servicios de suministro eléctrico a una ciudad o región.

Representa pues un reto  para los gobiernos, ya que una vez mas la legislación se ve rebasada por la tecnología y no existe conocimiento suficiente por parte de los ciudadanos para defenderse. Lo único que sigue estando a salvo es lo que se encuentra en nuestras mentes. ¿Cómo hacer frente a este problema para conservar nuestra intimidad? ¿Podemos comprobar nuestra identidad si mañana amanecemos con otra cambiada a la de un delincuente de alta peligrosidad o si nos vacían nuestras cuentas bancarias, tenemos reservas en efectivo para hacer frente a nuestras necesidades diarias?

La caída del vuelo MH17 en territorio ucraniano y la responsabilidad internacional del Estado

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Por: Manuel José García / Miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

Después de la polémica anexión de Crimea por Rusia, en las últimas semanas se ha discutido sobre los efectos del apoyo del gobierno de Vladimir Putin a las milicias de las autoproclamadas repúblicas del este de Ucrania.

La situación se agravó el  pasado 17 de Julio de 2014 en la región ucraniana de Donetsk, cerca de la frontera con Rusia, cuando se produjo la caída desde más de 10.000 metros del vuelo civil MH 17 de Malaysia Airlines, que causó la muerte a sus 298 ocupantes, y que aparentemente fue causado por un misil lanzado desde tierra en la zona oriental de Ucrania, donde se están presentando combates, en medio de un conflicto armado, entre las fuerzas armadas ucranianas y miembros de grupos armados de la autoproclamada República Popular de Donetsk.

Los gobiernos de Ucrania y de Rusia, así como los rebeldes niegan su participación en los hechos, pero fuentes de inteligencia han empezado a acusar a Rusia de suministrar y  prestar asesoría en el uso de este complejo tipo de armas a los grupos separatistas de la región oriental de Ucrania. Incluso los Estados Unidos para justificar una serie de sanciones a Rusia han afirmado a través del portavoz de la Casa Blanca que Vladimir Putin y Rusia son culpables de la tragedia.

De acuerdo al derecho internacional cabria preguntarse qué responsabilidad puede tener un Estado en esta clase de acontecimientos?

Primero habría que diferenciar los distintos niveles de responsabilidad que se podrían presentar en el derecho internacional, ya que un tema es la responsabilidad de tipo estatal y otra la individual, que surge por la realización de crímenes internacionales (se ha señalado por la ONU que existe la posibilidad que se configure un crimen de guerra). Todos estos tipos de responsabilidades pueden dirimirse a su vez en diferentes tribunales internacionales.

Desde el punto de vista estatal, en el que por cuestión de espacio va a centrarse este análisis, la responsabilidad surge una vez se atribuya un hecho internacionalmente ilícito a la acción u omisión de un Estado, el cual estaría obligado a reparar integralmente el perjuicio causado. En este caso, el presunto derribo de un avión civil, que se constituiría como el ilícito internacional,  debería ser imputable a una acción u omisión de un agente que sea capaz de comprometerlo internacionalmente.

En este caso concreto se podrían analizar varias posibilidades:

La primera posibilidad se presentaría si por ejemplo se demostrará en una investigación que la caída del avión fue causada por acción de las fuerzas armadas ucranianas o rusas. En esta situación se atribuiría el comportamiento a un órgano del Estado, y a menos que se demostrará una posible circunstancia que excluyera la ilicitud, se generaría la responsabilidad internacional por la acción del respectivo Estado.

La segunda posibilidad es que la investigación demostrará que la acción hubiera sido realizada por las milicias pro rusas de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que no son órganos del Estado ruso. En estos eventos la responsabilidad estatal no surgiría en principio por hechos de terceros y para establecer algún tipo de vinculación seria  necesario acudir a la teoría del control que se encuentra en el Proyecto sobre Responsabilidad Internacional de los Estados (PRIE) de la Comisión de Derecho Internacional, donde se considera hecho del Estado el comportamiento de una persona o de un grupo de personas si “estas actúan de hecho por instrucciones o bajo la dirección o el control de ese Estado al observar ese comportamiento

El grado de control estatal sobre los grupos ha tenido dos interpretaciones diferentes. La primera se produjo en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua donde la Corte Internacional de Justicia, en sentencia del 27 de junio de 1986, se aproximó a una noción bastante estricta del mismo, al señalar la necesidad de un control efectivo del Estado sobre las actuaciones de los grupos armados.

Por otra parte en el caso Tadic, el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, en sentencia del 15 de julio de 1999, acogió un grado de control diferente al hacer un estudio sobre la naturaleza del conflicto armado en Yugoslavia. En esta providencia se exige solo un control general del Estado sobre los grupos armados organizados, en donde este preste colaboración con la financiación, equipamiento, coordinación y planificación de las actividades militares del grupo armado.

Varios autores han señalado que dependiendo del enfoque que se utilice en este caso se pueden llegar a conclusiones diferentes. Si se sigue la teoría del control efectivo es bastante complicado que se pueda atribuir la responsabilidad al Estado ruso, mientras que si se sigue la teoría del control general es más factible que se pueda responsabilizarlo. Si esto llegará a demostrarse, el probable conflicto armado no internacional, podría llegar a cambiar su naturaleza en el Derecho Internacional Humanitario e internacionalizarse de acuerdo al artículo 4 del Convenio III de Ginebra de 1949. Por ultimo, si no se pudiera probar este control y se llegará a producir la independencia de Donetsk como nuevo Estado, el comportamiento de ese movimiento insurreccional como nuevo Gobierno se convertiría en un hecho atribuible al nuevo Estado, que generaría su responsabilidad, como lo señala el artículo 9 del PRIE.

Naciones Unidas: Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución para investigar ataques de Israel en Gaza

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Votación en Ginebra – 23 de Julio

Por: Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público – Universidad de Costa Rica

SEGUNDA PARTE

Además de la antes mencionada coincidencia de Israel y Estados Unidos con relación a los ABI, en clara violación a la letra de los dispuesto en el Estatuto de Roma, se puede también mencionar que el primer Estado en imitar en el 2002 a  Estados Unidos “retirando” la firma del Estatuto  de Roma – una figura jurídica desconocida hasta entonces –  fue también Israel, seguido unos años después por Sudán. Remontando el péndulo del tiempo, la posición de la delegación norteamericana durante las negociaciones del Estatuto de Roma en 1998 tampoco fueron ajenas a Israel. Algunas infidencias de su jefe de delegación, David Scheffer, indican que: « En ce qui concerne Israël enfin, David Scheffer reconnut après Rome que la délégation américaine avait endossé la crainte d´Israël d´être victime d´accusations devant la future Cour en raison de sa politique dans les territoires occupés » (Nota 2).

 Los esfuerzos de Palestina ante la CPI

El 21/1/2009 Palestina depositó una declaración de aceptación de la jurisdicción de la CPI, precisando que: «the Government of Palestine recognizes the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of acts commitied on the territory of Palestine since July 2002» (ver texto en pp. 392-393 del estudio del professor Alain Pellet). Esta iniciativa se dio después de la ofensiva israelí en Gaza de diciembre del 2008 (operación “Plomo Fundido”), con más de 1400 víctimas mortales palestinas y 14 víctimas israelíes. La gestión de Palestina ante la CPI fue considerada por Israel como una nueva forma de terrorismo: el «terrorismo legal» (Nota 3). Especialistas en derecho internacional estimaron por su parte que esta iniciativa sí permitía la plena aplicación de la jurisdicción de la CPI, tal como lo concluye la carta titulada “Les effets de la reconnaissance par la Palestine de la compétence de la C.P.I” del 2010.

No obstante, en el año 2012, el Fiscal de la CPI optaría por remitirse a los órganos de Naciones Unidas para determinar si Palestina constituye o no un Estado (ver nota de la BBC).  La decisión de abril del 2012 de la CPI deberá posiblemente ser reconsiderada, debido al reconocimiento como Estado en noviembre del 2012 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La justicia internacional ante un muro:

Recientemente se celebraron de manera discreta los 10 años de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las consecuencias de la construcción de un muro en territorios palestinos por parte de Israel (Nota 4). Por 14 votos contra uno (el juez norteamericano Thomas Buergenthal), la CIJ había determinado en el 2004 que: “La construcción del muro que está elevando Israel, la Potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores, y su régimen conexo, son contrarios al derecho internacional” y, que, “Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional; tiene la obligación de detener de inmediato todas las obras de construcción del muro que está elevando en el territorio palestino ocupado /…/”. Finalmente con similar aislamiento del juez norteamericano, sentenció que “Israel tiene la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén oriental y sus alrededores”.

La décima primavera de esta opinión consultiva de la CIJ no pasó desapercibida y aparece en uno de los considerandos del texto adoptado por el Consejo de Derechos Humanos: “Observando que el 9 de julio de 2014 se cumplió el décimo aniversario de la aprobación de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el Territorio Palestino Ocupado y que no se han logrado avances en lo relativo a su aplicación /…/“.

Recordemos que cada vez que se ha intentado acudir al Consejo de Seguridad con relación a la situación imperante en Palestina, la delegación norteamericana recurre a ejercer su derecho al veto. Recientemente incluso, innovó en la materia, con la noción de “veto implícito” detectada por la “Sentinelle” francesa del derecho internacional.

Discusión y votación en Ginebra:

La propuesta de texto votado el 23/07/2014 dio lugar a un largo debate (ver resumen de posiciones oficiales). Puesto finalmente a votación, el texto obtuvo 29 votos a favor, 17 abstenciones y un voto en contra (Estados Unidos). El detalle del voto indica que a diferencia de los Estados de África y de Asia, los Estados de América Latina que actualmente conforman el Consejo de Derechos Humanos (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Perú y Venezuela) votaron todos a favor. De igual modo los Estados que pertenecen al denominado grupo de BRICS. Uno de ellos, Brasil,  llamó a consulta a su Embajador en Tel Aviv (ver nota) y anunció que “congelará” sus relaciones diplomáticas con Israel (ver nota). En Ecuador, cuyas autoridades de igual manera llamaron a consulta su embajador en Tel Aviv (ver nota), manifestantes pidieron la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel (ver nota), así como en Chile. Este breve repaso evidencia le sensibilidad creciente que en América Latina cobra la violencia imperante que se desató en la franja de Gaza y el cambio de actitud de algunos Estados de la región con relación a las acciones militares de Israel. Es posible que América Latina en los próximos días sea la llamada a exigir la aplicación del derecho penal internacional al drama en Gaza.

Nota 2: Véase FERNANDEZ J., La politique juridique extérieure des Etats-Unis à l´égard de la Cour Pénale Internationale, Paris, Pedone, 2010, p. 172 así como la nota 614, p. 179.

Nota 3: Véase FERNANDEZ J., op.cit., p. 325.

Nota 4: El texto completo de la opinión consultiva de la CIJ está disponible en español en este enlace.

Naciones Unidas: Consejo de Derechos Humanos aprueba resolución para investigar ataques de Israel en Gaza

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Votación en Ginebra – 23 de Julio

Por: Nicolás Boeglin / Profesor de Derecho Internacional Público – Universidad de Costa Rica

PRIMERA PARTE

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante resolución S-21/1 con fecha del 23/07/2014, aprobó crear una comisión internacional de investigación sobre las posibles violaciones cometidas durante la reciente ofensiva militar israelí en Gaza. El saldo en víctimas mortales palestinas al momento de aprobar esta resolución superaba las 650 personas, de las cuales 170 niños.

El texto aprobado (disponible aquí) precisa que el Consejo: “13. Decide enviar urgentemente una comisión de investigación internacional e independiente, que designará el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, para que investigue todas las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, especialmente en la Franja de Gaza ocupada, en el contexto de las operaciones militares realizadas desde el 13 de junio de 2014 /…/ ” .

Palestina: un Estado más Estado desde  el 2012

Desde el 29/11/2012, Palestina ostenta el estatuto de Estado No Miembro Observador (remitimos al lector a una modesta nota al respecto y a una más extensa en francés de la Sentinelle, numéro 329 de janvier 2013). Leemos en el Washington Post del mismo día de aquella sesión newyorquina (ver edición del 29.11.2012) que “The U.K. suggested that it might vote “yes” if the Palestinian Authority offered assurances that it wouldn’t pursue charges in the International Criminal Court, but apparently came away unsatisfied” (sic).  Desde la perspectiva jurídica, Palestina logró afianzarse con esta votación de noviembre del 2012, al poder suscribir como Estado tratados internacionales. En mayo del 2014, cinco de los ocho tratados suscritos por Palestina entraron en vigor (ver nota de prensa).

Recordemos que el establecimiento por parte de Costa Rica de relaciones oficiales de Estado a Estado con Palestina en febrero del 2008 fue seguido de similares gestos en América Latina: Venezuela (abril del 2009), República Dominicana (julio del 2009), Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), Perú y Chile (enero del 2011), Argentina (febrero del 2011), Uruguay (marzo del 2011), El Salvador y Honduras (agosto del 2011).

En un artículo de diciembre del 2012, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica (2006-2010), Bruno Stagno (quién fungió como Presidente de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional (CPI) durante el período 2005-2008), escribía: “Más allá de la importancia que tiene esta decisión sobre la autodeterminación de Palestina, tiene importantes efectos jurídicos y políticos sobre las eventuales negociaciones de paz en el Medio Oriente. En primer lugar, por primera vez en su historia, Palestina ahora podrá suscribir tratados internacionales, incluyendo en particular el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” (Nota 1).


El derecho penal internacional: temores de Israel y de Estados Unidos

Como es sabido, Estados Unidos e Israel comparten preocupaciones con relación a una entidad encargada de juzgar penalmente a responsables de cometer crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y actos de agresión: la CPI. Recientemente se leyó en un artículo que para la diplomacia norteamericana, “The ICC is of course something that we have been absolutely adamant about. Secretary Kerry has made it very, very clear to the Palestinians, as has the President. I mean, this is something that really poses a profound threat to Israel” (sic). La actual administración norteamericana no pareciera sobre este punto preciso distanciarse mucho de la del Presidente G.W. Bush, ni esta última de la del Presidente B. Clinton.

Tuvimos la oportunidad de escribir en un artículo que, “pocas veces en la historia del derecho internacional, una superpotencia habrá desplegado tantos esfuerzos, en el marco de una estrategia tendiente a minar y a torpedear sistemáticamente toda forma de apoyo a la CPI que pudiese limitar o entrabar su libertad de acción. De manera insólita, la firma del Estatuto de Roma por parte de la administración Clinton fue depositada el 31 de diciembre del 2000, último día para hacerlo (según el Artículo 125 del Estatuto de Roma), conjuntamente con Israel y con Irán”.

El primer acuerdo bilateral de inmunidad (o “ABI”, que busca impedir el traslado de personal norteamericano a la CPI – ver artículo del profesor Christian G. Sommer) suscrito en el 2002 por Estados Unidos fue precisamente con Israel (el 8 de abril). El primer ABI suscrito con un país de América Latina fue con El Salvador (firmado el 25/10/2002, y ratificado el 29/4/2004). Luego seguirían los ABI con República Dominicana (suscrito el 13/9/2002), Honduras (firmado el 19/9/2002, ratificado el 30/5/2003), Bolivia (suscrito el 19/5/2003), Nicaragua (suscrito el 4/6/2003 y ratificado el 9/7/2003), Panamá (firmado el 24/6/2003), y Colombia (17/9/2003). En el caso de Colombia (ver texto), su aprobación no pasó por el Congreso: una tesis del 2006 sobre el texto afirma (p. 64) que: “… el Acuerdo /…/ firmado en Bogotá el 17 de septiembre de 2003 es violatorio de la Constitución Política y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. En un artículo del 2006 titulado “El control constitucional de los acuerdos en forma simplificada en Colombia: un caso de evasión del control”, se critica la decisión de la Corte de Constitucionalidad: “Adicionalmente y sin argumento alguno, la Corte Constitucional se negó a evaluar los efectos que aún surte la norma demandada, contrariando con ello su propia regla, según la cual, sí procede el juicio de constitucionalidad sobre normas demandadas, en aquellos casos en los que a pesar de la falta de vigencia de la misma, se siguen surtiendo efectos en el tiempo”. Notemos que el ABI con Colombia fue considerado como un verdadero modelo en un cable diplomático del 7/01/2004: “The Ambassador noted that the USG is using its Article 98 agreement with Colombia as a model for negotiations with other nations”.

Las presiones de diversa índole ejercidas sobre Costa Rica para que suscribiera un ABI, incluyendo un intento de la embajada norteamericana para evitar su aprobación por parte de la Asamblea Legislativa (ver artículo de La Nación del 11/3/2011), llevaron al canciller de Costa Rica a expresar que: “For the love of God, this is not the way to treat a country that is your friend” (ver cable confidencial del 9/09/2005 reproducido por Wikileaks).

Nota 1: Véase STAGNO B., “Palestina y la CPI”, La República (Costa Rica) con fecha del 3/12/2012. Con relación a lo que le significó a Costa Rica defender la integridad del Estatuto de Roma ante la arremetida inédita de la administración de G.W. Bush, a partir del 2002 remitimos al lector a un estudio del mismo Bruno Stagno, editado por la Universidad para la Paz de la Naciones Unidas (Costa Rica)  en el 2012, disponible aquí.

El Reporte (2014) sobre la Costumbre Internacional ante la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y la Necesidad de una Participación Activa por parte de Colombia

 

 

 

Por: Fabián Augusto Cárdenas Castañeda / Profesor e Investigador en DIP – Editor General de DEBATE GLOBAL

El pasado Junio de este año, el Relator Especial para la Identificación de la Costumbre Internacional, Michael Wood, dio a conocer su segundo reporte en un tema [la Costumbre Internacional] que aunque nominalmente pareciera un viejo debate, sin lugar a duda tiene una absoluta actualidad y vigencia. Esto se debe a que su propia naturaleza permite un grado de flexibilidad importante que determina su permanente construcción y revisión, así como a los desarrollos particulares que se han dado en diversos subtemas del derecho internacional público, donde en ocasiones se tienen aproximaciones distintas. Las anteriores razones y el hecho de que -junto con los tratados- la costumbre internacional sigue siendo una de las principales fuentes del derecho internacional, ha puesto el asunto en la cumbre de los debates legales internacionales.

A continuación se da a conocer una breve reseña del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (CDI) en relación con la costumbre internacional, puntualizando algunas de las principales conclusiones del Relator Wood, para indicar finamente por qué Colombia no debe ignorar las discusiones y debe realizar una participación activa ante la Comisión.

No obstante que entre 1949 y 1959 la CDI ya había trabajado sobre un tema que denominó “Medios de hacer más fácilmente asequible la documentación relativa al derecho internacional consuetudinario”, en la Sesión Ordinaria No. 64 tomó la decisión de incluir dentro de la agenda de trabajo el tema titulado “Formación y Evidencia del Derecho Internacional Consuetudinario”, nombrándose al inglés Michael Wood como Relator Especial.

En la sesión No. 65 se recibió el primer reporte en el cual se modificó el título inicial y se redujo el asunto a “Identificación del Derecho Internacional Consuetudinario”.  Las razones que expone Wood en el primer informe son esencialmente prácticas y se inspiran en el deseo de que los resultados de la Relatoría sean dirigidos a jueces nacionales e internacionales como a todos aquellos a quienes en su trabajo diario les corresponde identificar la existencia de reglas jurídicas contenidas en costumbres internacionales. Así mismo, se decidió que el producto derivado de los reportes no estaría en los acostumbrados “Artículos” de la CDI sino en un formato de “conclusiones”. La finalidad no es solo terminológica sino que desean que, no obstante los aportes de la CDI, la Costumbre Internacional mantenga una naturaleza altamente flexible.

Sea la oportunidad de manifestar la primera crítica. Pese a que la CDI promueve este importantísimo trabajo debido a la gran indeterminación que existe frente a la regla secundaria de identificación de la costumbre internacional, la finalidad del trabajo –paradójicamente- no es aclarar la confusión existente, sino –aparentemente- simplemente realizar una documentación del caos. En términos prácticos, deja a los intérpretes de la ley internacional total discrecionalidad para que tomen ventaja del desorden y apliquen su entendimiento de la costumbre internacional a su propia manera. Por lo que parece a primera vista, el aporte será que no habrá aporte.

Estas son algunas de las conclusiones del segundo reporte:

  1. El objetivo del trabajo será en estricto sentido la metodología para la determinación de la existencia y contenido de las reglas internacionales consuetudinarias.
  2. El estudio de la costumbre internacional necesariamente debe circunscribirse a la perspectiva de los dos elementos que contiene el Estatuto de la CIJ, a saber: practica estatal y opinio juris.
  3. Por lo anterior, el concepto de costumbre será el de una práctica estatal aceptada como derecho.
  4. Para determinar tanto la práctica como la opinio juris siempre deberán tenerse en consideración el contexto y las circunstancias específicas de cada caso en concreto ya que como tal no existe un procedimiento o fórmula exactos.
  5. Como práctica debe tenerse en cuenta la de los Estados principalmente. Se observará la práctica de organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales solo con el objeto de ver el comportamiento de los Estados dentro o a consecuencia de estos.
  6. Algunas de las formas de práctica estatal son: la conducta de los Estados en campo, correspondencia diplomática, actos legislativos, sentencias de tribunales domésticos, publicaciones oficiales, declaraciones de los Estados, práctica conectada a la implementación de tratados o el funcionamiento de organizaciones internacionales, inacción o falta de práctica. 
  7. No existe una jerarquía de las formas de práctica, ellas serán pesadas y balanceadas conforme a las circunstancias específicas.
  8. La práctica debe ser general y consistente.
  9. La opinio juris se define como el elemento subjetivo que determina que una práctica en particular es aceptada por los Estados como consecuencia del cumplimiento de una obligación legal.
  10. Algunas de las formas de evidencia de la opinio juris son: declaraciones de los Estados en donde se indica que una práctica es o no es costumbre internacional, correspondencia diplomática, jurisprudencia de cortes domésticas, las opiniones de los asesores legales de los Gobiernos, las publicaciones oficiales en materia de derecho internacional, la práctica de los Estados frente a la implementación de tratados o el trabajo de organizaciones internacionales, inacción o falta de práctica.

Aunque la naturaleza del blog no permite un comentario extensivo de un tema tan amplio como este, se pueden hacer unas breves anotaciones con miras a proponer la importancia de dar un debate de fondo al respecto.

Como puede observarse, Wood y la CDI evidentemente asumen la versión más tradicional de la costumbre internacional ajustándose a la fórmula de dos ingredientes del Estatuto de la CIJ, así como a la mirada clásica de su implementación. Así mismo, Wood realmente no toma partida por una perspectiva en particular, sino que simplemente trata de acoger todas las perspectivas posibles existentes en la jurisprudencia y en la doctrina internacionales, para simplemente concluir que en materia de costumbre internacional reposa una gran flexibilidad y que el peso dado a cada ingrediente y a cada forma de evidencia, dependerá esencialmente de las circunstancias particulares de cada caso.

El Reporte 2014, por ahora, no se inclina ni por versiones tradicionales que abogan por la mera existencia de práctica estatal, ni por versiones contemporáneas como la que discutiré próximamente en el Anuario Colombiano de Derecho Internacional 2015 que afirman que la opinio juris puede ser el único ingrediente esencial, sobre todo según lo demuestra la práctica novedosa de áreas como el derecho internacional ambiental, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y otros campos que tienen un fundamento esencialmente naturalista. Por último, y sin pretender acabar las opciones de debate, el Reporte 2014 tampoco aborda la paradoja temporal de la costumbre respecto de la creación de las nuevas reglas. ¿Cómo puede un Estado llevar a cabo una práctica con una conciencia jurídica, salvo que la susodicha norma previamente existía? ¿Cómo nacen entonces las costumbre nuevas? Es comprensible que a los redactores de los Estatutos de la CPJI y la CIJ se les “haya pasado” pero es inaceptable para este estudio en pleno siglo XXI.

Aunque hay muchos asuntos por discutir, lo que si es cierto es que resulta absolutamente necesario que Colombia participe activamente en estos debates y que no actué bajo la premisa del dejar hacer y dejar pasar. No obstante que el Relator Especial Wood hizo un llamado a los Estados para que entregaran sus posturas respecto de la costumbre internacional, solamente nueve países dirigieron documentos oficiales a la CDI, entre esos Cuba y El Salvador desde nuestra región.

Un país como Colombia que está inmerso en un proceso de paz mediante la utilización de un sistema de justicia transicional, que tienen un fallo adverso de la CIJ cuya implementación dilata y busca evadir y que tiene una variedad de fallos desde el tribunal regional de derechos humanos, como otros casos pendientes en la CIJ, más diversos intereses en juego en pasados y presentes litigios ante la OMC, entre otros, necesariamente tiene un alto interés en los estándares y criterios que desde la CDI se definan para la determinación e identificación de la costumbre internacional.

Es imprescindible que Colombia construya su posición oficial, bien para coadyuvar a la codificación y desarrollo del derecho internacional que se lleva desde la CDI o para, en caso de ser necesario, establecerse de forma consistente y coherente como opositores persistentes en temas con los que no está de acuerdo. De no participar y simplemente callar – lo cual es una forma de práctica- simplemente debe ajustarse a las consecuencias futuras. El Gobierno debe liderar un espacio donde expertos definan los lineamientos del tema.

Cómo se deben preparar las compañías para cumplir con sus próximas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos?

Por: Alvaro Francisco Amaya-VillarrealVicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional

Una de las criticas que se levantan frecuentemente al presente estándar internacional en material de derechos humanos y empresas es la ausencia de obligaciones internacionales que sujeten a las compañías a compromisos obligatorios de respeto de los derechos humanos. Aunque es cierto que en la actualidad no existe un instrumento de derecho internacional que obligue directamente a las empresas al respeto y garantía de los derechos humanos, no comparto del todo esta crítica, entre otros motivos porque es dicho estándar internacional el que llena de contenido el cumplimiento estatal de la obligación internacional de garantizar los derechos humanos y, por tanto, la exigencia del respeto de estos a las compañías en el nivel interno de acuerdo con el estándar internacional.

Al margen de dicha interesante discusión, en la mas reciente sesión del Consejo de Derecho Humanos se aprobó el proyecto de resolución para la creación por tiempo indefinido de un grupo de trabajo intergubernamental para “la elaboración de un instrumento internacional obligatorio para regular, en derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de compañías transnacionales y otras empresas comerciales” (consulte aquí el texto completo). Este es el primer en el camino hacia la adopción y entrada en vigor de dicho instrumento de derecho internacional de los derechos humanos, y por tanto la consolidación de las obligaciones internacionales de las compañías. Sin embargo, dado que con seguridad el grupo de trabajo tendrá en cuenta el actual estándar internacional en la materia (en especial los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como al menos la Carta Internacional de Derechos Humanos y muy seguramente los ocho Convenios Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo), y que dicho marco es actualmente exigible de forma indirecta a las compañías a través del derecho domestico, las compañías que aún no han adoptado el respeto de los derechos humanos como eje de sus operaciones, estas se pueden preparar de muchas formas para cumplir con sus actuales obligaciones domesticas en derechos humanos y las obligaciones internacionales que resultarán de la labor del grupo de trabajo.

Asumiendo que estas obligaciones internacionales no retrocederán respecto de lo actualmente señalado en la materia de derechos humanos y empresas, las compañías deben adecuar su operación para (i) respetar de los derecho de los derechos humanos y (ii) garantizar la reparación de los impactos negativos o daños que produzcan.

En relación con el respeto de los derechos humanos, las empresas pueden avanzar en la adopción de políticas de derechos humanos desde el mas alto nivel organizacional, así como en el cumplimiento de su obligación de debida diligencia desde la perspectiva de derechos humanos (y con ello la identificación de los posibles impactos y riesgos de derechos humanos que la operación implica) y en relación con todos aquellos que participan de su cadena de valor. Con base en ello, las compañías podrán diseñar protocolos y estrategias (administrativos, legales y financieras) para minimizar eventuales impactos negativos en los derechos humanos y actuar adecuadamente si estos se presentan.

Respecto de la reparación de un eventual abuso de los derechos humanos, las empresas deben constituir mecanismos de quejas de supuestos abusos, así como denunciar y colaborar con las autoridades de las que tengan conocimiento. Adicionalmente, garantizar –bien sea motu proprio o a través de los procedimientos legales establecidos para ello- que una vez establecido el impacto negativo o abuso en el cual la compañía directa o indirectamente se vea involucrada el daño sea reparado.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de las acciones que las empresas pueden adelantar con el fin de cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los cuales a pesar de ser obligatorios de acuerdo con la legislación nacional, lo serán también en el orden jurídico internacional cuando concluya el mandato del grupo de trabajo que conformará el Consejo de Derechos Humanos para tal efecto. Por lo tanto, el sector empresarial puede avanzar desde ahora en el cumplimiento de las futuras obligaciones internacionales en derechos humanos a través de la incorporación de los actuales estándares y el cumplimiento de la ley nacional en materia de derechos humanos.