Relación de África con la Corte Penal Internacional

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Por: Damaris Martínez Acosta.

Estudiante de Derecho. Universidad La Gran Colombia – Sede Bogotá.

La Corte Penal Internacional (en adelante CPI/Corte), institución insignia de la justicia a nivel internacional, creada el 17 de julio de 1998, con el apoyo de 120 países que aprobaron el Estatuto de Roma, tiene por labor investigar, juzgar y sancionar a aquellos considerados “máximos responsables” de crímenes internacionales en aquellos Estados sobre los cuales puede ejercer competencia, 34 de los cuales se encuentran en África.

A la fecha, la Oficina de la Fiscalía de la CPI tiene bajo examen preliminar diez situaciones, cuatro de ellas en territorio africano, Nigeria, Guinea, Gabón y Burundi.  A su vez, bajo conocimiento de la Corte, se encuentran nueve situaciones, ocho de las cuales corresponden a países de África, a saber, Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí.

En dicho contexto, durante los últimos meses algunos países africanos, entre ellos Gambia, Sudáfrica y Burundi a finales del año 2016[i], seguidos por Namibia y Kenia y otros Estados de la región han dado a conocer su intención de retirarse de la CPI.  Incluso en el seno de la XXVIII Cumbre de la Unión Africana, realizada en Adis Abeba, Etiopia, a finales de enero de 2017, se gestaron iniciativas formales por llevar a cabo un retiro masivo de todos los Estados africanos parte del Estatuto de Roma.[ii]

Lo anterior puesto que a juicio de dichos Estados, la CPI ha centrado sus actuaciones, a lo largo de más de una década de funciones, en situaciones llevadas a cabo por nacionales africanos, dejando de lado graves conductas criminales que comprometen a países de otras latitudes, entre ellos importantes potencias mundiales – que si bien no han ratificado el Estatuto de Roma han protagonizado violaciones a Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de significativa magnitud que merecen atención de la comunidad internacional – como es el caso de los atentados del Estado Islámico, los ataque a Alepo por parte de fuerzas sirias y rusas, los recientes bombardeos por parte de E.E.U.U a Siria y Afganistán, entre otros.

Por su parte, las reacciones acerca de las intenciones africanas por abandonar la CPI no se hicieron esperar, toda vez que ello implicaría el retroceso de la lucha contra la impunidad, la justicia y la reparación de miles de víctimas de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra en dicho continente, al dejar de hacer parte del tribunal al cual se le ha encomendado dicha labor.[iii]

Luego de tan tensa relación,  la resistencia de algunos de los Estados a la acción de la CPI se vio reducida una vez Gambia decidió retractarse de su decisión en febrero del presente año, tras la elección de Adama Barrow como nuevo presidente del país[iv], actuación que fue replicada por Sudáfrica al conocerse la decisión del Tribunal Superior de Pretoria el 22 de marzo de 2017 de declarar la comunicación de retiro de la CPI sin el aval del Parlamento como inconstitucional e inválida y ordenar al Ejecutivo revocarla.[v]  Solamente Burundi continúa en el proceso de hacer efectivo su retiro de la Corte.

Con ocasión de lo descrito se puede evidenciar el continuo debate acerca de la relación de la CPI con África, especialmente porque los casos potenciales ante dicho tribunal se refieren a personalidades de amplio poder en dichos países, lo cual ha desatado problemas de cooperación, dificultades en las relaciones diplomáticas con otros Estados, discrepancias entre normatividad interna e internacional, entre otros.

Pero a su vez, debe tenerse en cuenta que únicamente con relación a las situaciones acontecidas en Kenia y Costa de Marfil, la Fiscalía de la Corte actuó propio motu, mientras que las demás situaciones fueron remitidas o bien por el Estado o bien por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual desvirtúa el constante argumento de que la CPI solamente ha centrado su actividad en dicho continente.

Para finalizar, es importante tener en cuenta que la CPI se ha fijado por objetivo cometidos tan ambiciosos como el fin de la impunidad, la seguridad, el bienestar y la paz de la comunidad internacional, los cuales no podrán materializarse sin el compromiso y acción conjunta de todos los Estados, no solamente de los africanos que se sienten amedrentados por el mayoritario número de situaciones de conocimiento de la Corte en su territorio, sino de todos aquellos que deben responsabilizarse por otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas de crímenes internacionales.

 

Notas:

[i] Pacheco Blandino, Tania Elena. (23.11.16) Lo mejor está por venir: el proceso de deconstrucción de la Corte Penal Internacional ha comenzado. Disponible en: https://inomnemterram.wordpress.com/tag/denuncia-del-estatuto-de-roma/

[ii] Valdehita, Carolina. (21.10.16) La justicia global no convence en África. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/21/580a1d19e2704e7f098b457a.html

[iii] Naciones Unidas. (26.10.16) La ONU lamenta retirada de Gambia y Burundi de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.efe.com/efe/america/mundo/la-onu-lamenta-retirada-de-gambia-y-burundi-corte-penal-internacional/20000012-3079297.  Fundación Sur. (17.11.16) La CPI apela a los países africanos ¡Don´t Go! Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article25787

[iv] Centro de Noticias NOU. (17.02.17) Gambia cancela su retiro de la Corte Penal Internacional. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36797#.WMlh9G_hAdU

[v] Carien Du Plessis. (14.03.17) Justice Minister Withdraws Bill That Would Take South Africa Out Of International Criminal Court. http://www.huffingtonpost.co.za/2017/03/14/justice-minister-withdraws-bill-that-would-take-south-africa-out/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[i] Pacheco Blandino, Tania Elena. (23.11.16) Lo mejor está por venir: el proceso de deconstrucción de la Corte Penal Internacional ha comenzado. Disponible en: https://inomnemterram.wordpress.com/tag/denuncia-del-estatuto-de-roma/

 

[ii] Valdehita, Carolina. (21.10.16) La justicia global no convence en África. Disponible en: http://www.elmundo.es/internacional/2016/10/21/580a1d19e2704e7f098b457a.html

 

[iii] Naciones Unidas. (26.10.16) La ONU lamenta retirada de Gambia y Burundi de la Corte Penal Internacional. Disponible en: http://www.efe.com/efe/america/mundo/la-onu-lamenta-retirada-de-gambia-y-burundi-corte-penal-internacional/20000012-3079297.  Fundación Sur. (17.11.16) La CPI apela a los países africanos ¡Don´t Go! Disponible en: http://www.africafundacion.org/spip.php?article25787

 

[iv] Centro de Noticias NOU. (17.02.17) Gambia cancela su retiro de la Corte Penal Internacional. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36797#.WMlh9G_hAdU

[v] Carien Du Plessis. (14.03.17) Justice Minister Withdraws Bill That Would Take South Africa Out Of International Criminal Court. http://www.huffingtonpost.co.za/2017/03/14/justice-minister-withdraws-bill-that-would-take-south-africa-out/

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Caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)

Por: Felipe Rodríguez y Ricardo Schembri

Pontificia Universidad Javeriana

Los Estados de Nicaragua y Colombia, a partir de mediados del siglo pasado, han llevado relaciones diplomáticas de alta complejidad obstaculizadas por una serie de disputas a nivel internacional. Dos eventos fundamentales dentro de este conflictivo devenir fueron la celebración del Tratado Esguerra – Bárcenas, de adjudicación de soberanía territorial, en 1928 y la suscripción de ambas partes al Pacto de Bogotá, o Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, en 1948.

Las relaciones entre estos Estados se llevaron con diplomacia hasta que en 2001 Nicaragua interpuso una demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. La demanda se falló en 2012 a favor de Nicaragua, sin embargo esto no llevaría la controversia en cuanto a delimitación marítima a su término, pues en septiembre del 2013 el Estado nicaragüense se disponía a presentar una nueva demanda ante la misma corporación.

Frente a este escenario, y teniendo presente la posición de resistencia del fallo de 2012, cabe calificar como una imperiosa necesidad la interposición de recursos en defensa de los intereses nacionales de Colombia. Por tanto se plantea ¿Puede la Corte volver a asumir jurisdicción en esta nueva demanda interpuesta por Nicaragua?

Se exponen a continuación las excepciones preliminares sugeridas para que Colombia presente ante la CIJ:

  1. Cosa juzgada; se trata de una excepción en cuanto a la admisibilidad de la demanda que se funda en 3 elementos básicos: mismos sujetos, mismo objeto y misma base legal.

En cuanto a la identidad de sujetos, siendo Nicaragua la parte demandante en ambas ocasiones y Colombia el sujeto demandado, este requisito se cumple a cabalidad.

En cuanto a la identidad del objeto, se trata en la primera demanda de soberanía territorial y marítima. En la segunda demanda, de la misma forma el objeto en cuestión es la soberanía territorial y marítima, en este caso buscando ampliarla tras el primer fallo de la Corte.

En cuanto a la identidad de la base legal, la violación en derecho que fundamenta la primera demanda recae sobre una violación de soberanía en cuanto a los límites marítimos, fundada en la supuesta invalidez del Tratado Esguerra- Bárcenas; y a su vez en la segunda demanda se trata de una violación de soberanía respecto a los límites marítimos, fundada esta vez en la inaplicación del fallo de 2012.

Por tanto, cumpliéndose la totalidad de los elementos, la excepción de Cosa juzgada resulta procedente.

  1. Competencia en razón del tiempo; es una excepción que se funda en el principio de irretroactividad, basándose en la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia.

El Estado colombiano, en noviembre de 2012, denunció el Pacto de Bogotá y frente a ello es necesario referirse al artículo 56 del mencionado pacto, el cual se contradice y por tanto abre la posibilidad a dos tipos de interpretaciones.

Por un lado, que la denuncia resulta efectiva solamente tras un año del aviso de esta; por el otro, que la denuncia solamente excluye de sus efectos a los procedimientos previos al aviso de la denuncia, por lo cual todos aquellos que sean posteriores tendrían ausencia de consentimiento en razón del tiempo.

  1. Competencia en razón de la materia; también podría presentarse como una excepción preliminar dado que la obligación internacional sobre la cual recae la controversia genera un conflicto entre derecho interno y derecho internacional.

En el artículo 101 de la Constitución Política se determinan las formas de establecer y modificar el territorio nacional, siendo los tratados internacionales la única manera concebida para tal fin. Además, habiéndose establecido previamente límites bajo el consenso de las partes mediante tratado, ir en contra de ello implicaría una violación al Pacta Sunt Servanda. Por lo cual un fallo de la CIJ en cuanto a delimitación territorial no contaría con el consentimiento en razón de la materia.

En resumen, Colombia tiene varias opciones para controvertir la jurisdicción de la Corte o la admisibilidad del caso en La Haya, y las audiencias programadas para el 28 de septiembre de 2015 será la primera oportunidad para defenderse de la nueva demanda interpuesta por Nicaragua.

Audiencias orales de excepciones preliminares en el caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia)

Palacio de la Paz - La Haya

Por: Andrés Gómez y Tomás Jaramillo

Pontificia Universidad Javeriana

El 26 de noviembre de 2013, a un día de cumplir el plazo que establece el artículo LVI del Pacto de Bogotá para oficializar el retiro de Colombia del mismo tratado, Nicaragua interpuso una demanda contra este Estado ante la Corte Internacional de Justicia.  En ella, Nicaragua le pidió a la Corte que declarara a Colombia culpable de varias violaciones del derecho internacional. Asimismo, Nicaragua argumentó en su demanda que la jurisdicción de la Corte, o su capacidad de conocer derterminado caso, estaba fundamentada en el artículo 31 del Pacto de Bogotá.

Siguiendo su  procedimiento, la Corte ordenó que Colombia presentara sus excepciones preliminares, los días 28 de septiembre a 2 de octubre. Al respecto, consideramos que Colombia debería presentar tres excepciones preliminares; de estas, una con respecto a la competencia o jurisdicción de la Corte y dos con respecto a la admisibilidad de algunas pretensiones.

Antes de proceder a cada una de las excepciones preliminares, es importante hacer la diferenciación entre jurisdicción y admisibilidad. La jurisdicción se refiere a la habilidad de la Corte para conocer una controversia internacional determinada entre Estados. Por otra parte la admisibilidad va dirigida a la posibilidad de la Corte de conocer cada una de las pretensiones.

En consecuencia, la excepción con respecto a la jurisdicción busca que la Corte se declare incapaz de conocer del caso en razón de la aplicación temporal del Pacto de Bogotá; específicamente por lo previsto en sus artículos XXXI y LVI. El primero de ellos le da jurisdicción ipso facto a la Corte en caso de presentarse una disputa jurídica internacional entre dos Estados parte del tratado (como lo es Nicaragua y lo era Colombia). El segundo regula la forma en que un Estado puede denunciar el tratado.

El artículo LVI establece literalmente que el Pacto “podrá ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante, quedando subsistente para los demás signatarios.” Pero lo más importante, al final aclara que “La denuncia no tendrá efecto alguno sobre los procedimientos pendientes iniciados antes de transmitido el aviso respectivo.” Por oposición se deduce que la denuncia si tendrá efecto para los procesos iniciados  después del aviso respectivo. Por lo tanto, Colombia no estaba sujeta al artículo XXXI del tratado y Corte carece de jurisdicción.

La segunda excepción preliminar busca desestimar la admisibilidad de la Corte de la pretensión de Nicaragua de solicitar cumplimiento de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. Los mandatarios colombianos optaron por no acatar las resoluciones de la Corte pues consideraban, principalmente, que estos límites fronterizos entre dos Estados se deben fijar de mutuo acuerdo mediante un tratado o convención.

La excepción se fundamenta en que dicha facultad no se encuentra en el estatuto ni en el reglamento de la Corte por tener un carácter político. Por el contrario, fue delegado a otros órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad y la Asamblea General como se evidencia en los artículos 10, 11, 14, 22 y 94 de la Carta de las Naciones Unidas.  Por estas razones, la Corte no tiene capacidad legal para hacer designar la forma en la que se deban cumplir sus fallos. Así mismo ella lo ha reconocido en el caso de Haya de la Torre (Colombia v. Perú) e East Timor (Portugal v. Austria). Incluso Nicaragua en el pasado ha acudido con éxito a estos órganos con el mismo fin.

La última excepción preliminar, también de admisibilidad, se dirige a la pretensión de Nicaragua de declarar que Colombia violó obligaciones de derecho internacional consuetudinario reflejadas en la CONVEMAR. Lo curioso del caso, es que Colombia no ha ratificado dicho tratado, luego éste no puede ser oponible en virtud del tratado de Viena de 1969.

En conclusión, la Corte, en virtud del artículo 53 de su propio estatuto, debería decidir que carece de competencia en el presente caso fallando a favor de la excepción preliminar sobre su falta de jurisdicción. Adicionalmente debería rechazar las pretensiones sobre la CONMEVAR y el cumplimiento de la sentencia  del 19 de noviembre de 2012. De esta forma la Corte actuará en derecho y hará justicia.

Excepciones preliminares que Colombia debe presentar ante la Corte Internacional de Justicia

Por: Juan Felipe Sarmiento y Natalia Alarcón

Pontificia Universidad Javeriana

Durante el lunes 28 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre del 2015 se llevarán a cabo las audiencias orales de excepciones preliminares acerca del caso Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia) (CIJ, 2013) donde la República de Colombia hará uso efectivo de su derecho, consagrado en el Art. 79 del reglamento de la CIJ.

Lo cierto es que un resultado a favor de Colombia, depende en gran medida de su exitoso desempeño en las audiencias preliminares anteriormente referidas. Por ésta razón consideramos que Colombia debe presentar las siguientes excepciones preliminares.

En primer lugar, Colombia debe presentar una excepción preliminar en cuanto a la competencia que tiene la CIJ, pues ésta no tenía jurisdicción al momento que Nicaragua presentó la demanda. La razón es muy sencilla: La denuncia del art. LVI del Pacto de Bogotá sí genera efectos sobre los procedimientos iniciados después de su presentación.

Según lo anterior, una lectura a contrario sensu del párrafo 2 del art. LVI permite concluir que la denuncia realizada sí genera efectos sobre los procedimientos iniciados después de transmitida la denuncia. Por ello, el párrafo uno (1) del artículo XXXI cobra sentido en cuanto el lapso de un año que establece la cláusula se aplica para todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la denuncia, en aras a proteger la seguridad jurídica.

En este caso,  la demanda de Nicaragua fue presentada luego de que Colombia denunció el Pacto de Bogotá, lo que no lo hace un caso pendiente sino por lo contrario uno sobreviniente.

En segundo lugar se recomienda la presentación de una excepción preliminar en cuanto a la admisibilidad de la cuarta pretensión presentada por Nicaragua. En caso de que la CIJ decida tener jurisdicción en el caso concreto, esta pretensión es inadmisible puesto que no hay razón jurídica alguna para la CIJ se pronuncie al respecto.

No tiene sentido pedirle a la CIJ que vuelva a declarar algo que ya declaró en el pasado. Precisamente por esto, el art. 59 del Estatuto de la CIJ consagra el principio de que las decisiones de un fallo vinculan a los Estados partes en este (Corte Internacional de Justicia, 2015). Además la Corte también desarrolló dicho argumento en el Nuclear Test case (Corte Internacional de Justicia, 1974, p. 271, pár. 56).

En tercer lugar, se recomienda la presentación de una excepción preliminar en relación a la admisibilidad de la primera pretensión presentada por Nicaragua. En caso que la CIJ decida tener jurisdicción, la primera pretensión presentada por Nicaragua es inadmisible, pues carece de contenido material por no derivarse de las disposiciones previstas en el tratado.

El caso Armed Actions, analizó el significado del art. XXXI del Pacto de Bogotá. En últimas, el art. XXXI solo podrá tenerse por una provisión de un tratado que le confiere jurisdicción a la CIJ en el contexto del art. 36 (1) de su Estatuto. (Corte Internacional de Justicia, 1988, pp. 69, 84. paras. 32-34). Así pues, toda compromissory clause deberá analizarse con las provisiones del tratado donde se encuentra explícita la cláusula (Zimmermann (Ed.), 2012). En otras palabras, el art. XXXI c) solo le da jurisdicción a la CIJ sobre conductas que constituyan una violación a las obligaciones internacionales que los Estados parte adquirieron al firmar el Pacto de Bogotá.

Al interpretar literalmente el art. I, concluimos que no es cierto que los Estados parte se obliguen a no amenazar o hacer uso de la fuerza, i.e. este tratado no genera una obligación internacional como tal, sino una mera abstención. Por tanto, la primera pretensión de Nicaragua es inadmisible.

Sólo de esta manera la República de Colombia podrá lograr que la CIJ no haga un pronunciamiento de fondo que pueda poner en peligro los intereses del Estado y sus habitantes.

Bibliografía

  1. Corte Internacional de Justicia. (2013), Press release, 2015/20. Recuperado de: http://www.icj-cij.org/docket/files/155/18730.pdf
  2. Corte Internacional de Justicia. (2015). Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Recuperado de: http://www.icj-cij.org/homepage/sp/icjstatute.php
  3. Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974.
  4. Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports
  5. Tomuschat, C., Gowlland-Debbas, V., Oellers-Frahm, K., Shaw, M., khan, D., Talmon, S.,…Karl, W., Zimmerman (Ed.). (2012). The Statute of the ICJ. A commentary. Segunda edición. Oxford Commentaries on International Law.

El telón de fondo en el derecho internacional: breve guía de la práctica judicial al interior de la Corte Internacional de Justicia

The International Court of Justice

Por: Edgard Cuestas Zamora

Internacionalista, Magíster (Cand.) en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana

correo electrónico: edgardcuza@unisabana.edu.co

Uno de los mecanismos más útiles dispuestos por el derecho internacional al servicio de actores privados y públicos es la búsqueda de justicia ante cortes internacionales como una forma de solucionar sus controversias y suplir las herramientas jurídicas existentes en el derecho doméstico. Cuando de disputas entre Estados se trata, la noción de justicia incluye por supuesto la efectividad del derecho internacional.

En tal caso, la búsqueda de justicia en la escena internacional puede derivarse de la violación a una obligación o regla secundaria del régimen de responsabilidad internacional de los Estados o, como se verá inmediatamente, de una disputa entre Estados.

La Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI) como predecesora de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)  entre 1922 y 1946 se encargó de definir el concepto de disputa en el caso Mavrommatis (Grecia vs Reino Unido de 1924) de la siguiente manera: “A disagreement over a point of law or fact, a conflict of legal views or of interests between two persons”.

En opinión del mismo Tribunal Internacional, la solución de disputas adquiere una dimensión jurídica y política, toda vez que desde la óptica política es una simple alternativa para la solución de disputas derivada de la voluntad de las partes, mientras que desde la perspectiva jurídica, cuando se somete una controversia a un tercero (órgano judicial) como la CIJ las partes se obligan a cumplir sus fallos, los cuales adquieren un carácter vinculante y tan solo pueden estar sujetos a interpretación o revisión según los artículos 60 y 61 del Estatuto de la CIJ. Esto fue expuesto en el caso entre Francia y Suiza relativo a las Zonas francas de la Alta Saboya y del Distrito de Gex de 1929.

Conforme a lo anterior, los Estados tienen la obligación de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos. La Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 parágrafo 3 y su artículo 33 parágrafo 1 exhorta a los Estados a acudir a estos medios en aras de salvaguardar la paz y seguridad internacionales, lo cual también fue consignado en la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas referente a la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional sobre Relaciones de Amistad y Cooperación entre los Estados, Resolución que en opinión de la CIJ refleja la costumbre del derecho internacional.

Ahora bien, aquellos que se adentran en el estudio del derecho internacional podrían conferir una relevancia mayor a asuntos conceptuales sobre asuntos prácticos de la CIJ, ya que en ocasiones la atmósfera circundante a este Tribunal puede ser vista como distante de la propia realidad.

Por tal motivo, a continuación se hará una somera abstracción de algunos aspectos que son importantes para comprender la manera en que se desarrolla la práctica judicial al interior de la CIJ una vez los jueces deben tomar una decisión respecto de un caso. Además, se pretende dar algunos tips para la lectura de la jurisprudencia de este órgano a quienes inician esta labor. Con todo esto, se demostrará que la CIJ opera como un órgano de jurisdicción contenciosa y que sus fallos son el resultado de un arduo proceso deliberativo de la más alta complejidad y especificidad judicial.

Procedimiento interno y deliberación de los jueces de la CIJ

La práctica judicial de la CIJ fue adoptada en 1976 con la Resolución sobre la Práctica Judicial Interna de la Corte, la cual refiere el procedimiento previsto para la determinación de sentencias sobre excepciones preliminares así como ante la solicitud de opiniones consultivas por parte de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, únicos órganos facultados para ello sin autorización según lo previsto en el artículo 96 de la Carta de la ONU. Es indispensable mencionar que la siguiente ilustración fue abordada con mayor profundidad en el MOOC International Law, el cual estuvo a cargo del profesor Pierre d’Argent, experto en Derecho Internacional Público y ex Primer Secretario de la CIJ.

La práctica judicial interna inicia un mes antes del inicio de las audiencias públicas ante la Corte con un primer documento interno denominado summary of the arguments of the parties, elaborado por la oficina de Registro y que sintetiza los elementos y problemas centrales de la controversia. Este documento es distribuido a cada uno de los 15 jueces de la Corte (artículos 4 a 9 del Estatuto de la CIJ), y de haberse constituido un comité ad hoc (artículo 26), a dichos jueces, esto sin perjuicio de que los jueces hayan recibido previamente los documentos escritos por cada una de las partes.

El segundo documento elaborado por el Registro de la Corte recibe el nombre de qualités (en francés), el cual contempla una resumida reconstrucción histórica de la controversia. En esta parte se reproducen las peticiones de las partes en los alegatos escritos. Vale la pena señalar que la disputa que la Corte tiene que solucionar es la que se refleja en las conclusiones finales presentadas por las partes.

El tercer documento se denomina list of issues, en el que se enumeran las preguntas relevantes que fueron presentadas por las partes en sus alegatos escritos y orales. Este documento cuenta con la supervisión del Presidente de la Corte. Esta lista debe ser aprobada por toda la Corte en un corto período de deliberación el cual tiene lugar una vez terminada la segunda ronda de audiencias públicas.

Posteriormente y durante un cierto período de tiempo, los jueces individualmente elaboran en una “nota” sus puntos de vista respecto a la lista de cuestiones y en donde tienen la libertad de responder a las mismas según lo consideren. Estas notas son confidenciales y posteriormente podrán ser distribuidas entre los jueces una vez toda todos hayan concluido. De no ser así, el intercambio de notas se pospone en aras de que la opinión de un juez no ejerza influencia sobre la de los demás.

Semanas después del intercambio de notas, los jueces se reúnen para llevar a cabo una “deliberación sustancial”, de carácter confidencial y en la cual cada juez expone sus puntos de vista. Esta etapa inicia en sentido contrario al orden señorial, por lo que los primeros en presentar sus argumentos son los jueces ad hoc, seguidos de los jueces recientemente electos y finalizando con el Presidente de la Corte. Esta instancia está prevista por el artículo 5 de la Resolución sobre la Práctica Judicial de la Corte, y dependiendo de la complejidad del caso, puede tardar varias semanas. Su relevancia reside en que una vez el Presidente de la Corte concluye la deliberación se resume la posición de la Corte, lo que en definitiva proyecta el sentido del fallo.

Sentido del fallo y proyección del punto de vista de la Corte

Con objeto de proyectas las posiciones de la Corte se conforma un Comité de Redacción que es conformado por 3 o 4 jueces incluyendo al Presidente de la Corte ex officio. Este Comité presenta un “borrador preliminar de la sentencia”, la cual es distribuida a los demás jueces para que en un período de semanas y si hubiere lugar puedan presentar enmiendas escritas a asuntos de fondo o de forma de la sentencia para elaborar un nuevo borrador, el cual es denominado first reading.

Terminada la lectura de este documento, los jueces deben anunciar si dan una opinión disidente o separada respecto de la sentencia, en cuyo caso el Comité de Redacción se reúne nuevamente para  elaborar un second reading que incluya las opiniones disidentes. Esta segunda lectura solo incluye los asuntos que hayan sido objeto de cambios.

Finalmente, tiene lugar la parte operativa de la sentencia, que supone el registro de los votos de cada uno de los jueces. El voto debe ser a favor o en contra del fallo, sin existir la posibilidad de una abstención. Una vez se finaliza la votación, la sentencia adquiere carácter res judicata. Es allí cuando la oficina de Registro compila las opiniones de los jueces y finaliza el texto de la sentencia. La lectura pública del fallo tiene lugar en el Great Hall of Justice del Peace Palace.

Esta sintética pero precisa descripción permite emitir dos conclusiones: en primer lugar, una sentencia de la CIJ como de cualquier otro Tribunal Internacional es el resultado de una elaborada práctica judicial, sustentada en una decisión legal tomada colectivamente. En segundo lugar y como podrá inferirse, hay aspectos neurálgicos de una sentencia, por lo cual el análisis de un dictamen de esta naturaleza debe concentrarse en la lectura selectiva enfocada en la decisión que es objeto de reclamación por cada una de las partes, para luego volcar la atención a la parte operativa de la sentencia, es decir, la decisión tomada por la Corte, por supuesto con especial énfasis en la ratio decidendi.

Building a methodology of good practices for achieving the UN Millennium Development Goals (MDG)

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Por: Edgard Cuestas Zamora

Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá

Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

States have the obligation to assure economic, social and political welfare of its population within its borders[1]. Although, ¿how can a country correctly enforce public policies to achieve such expected development and prosperity? And what it is meant by good practice anyway? To determinate the criteria of identification of public policy is the first step to define good practice[2].

The best way to implement good practices is by establishing a methodology for acknowledging them. Herewith, three political levels are proposed, namely: international, regional and national pattern. This methodology serves as a guide to define one way in which a given state can develop strategies and local politics for the fulfilment of the 2000 (MDG), in particular those prescribed for Latin American countries. The structural problem of MDG is the inexistence of indicators in issues like unemployment, economic growth and inequality. According to the MDG, countries have identified two main topics in international policy that constitute fundamental rules to guide the internal changes through public policy: development and elimination of poverty[3].

Now, it is necessary to refer to the value of regional policy in the building of good practices. Although there are differences in the way MDG can be addressed, the exchange of experiences between states plays an important role in the design of national policy development. Moreover, the mutual benefit and the identification of regional good practices consolidate progress internally and constitute a tool for collecting information. Thus, if states did regional planning, there would probably have been better results in the future.

On the other hand, it is important to recall that the support of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has been essential for the identification of the abovementioned good practices on the continent. For example, the Commission has identified different public policy oriented approaches in the development such as: Civil society participation in social welfare, the legitimation of decision makers through the democracy building, transparent public administration, tax policy and the relation between public management and budget are the results of the internal organization of states[4]. The growth of gross domestic product, economic balance, reduction of violence and crime show the good practices[5] and validity the previous information.

At the national level, Colombia has incorporated good practices in its National Development Plan[6], linking stages like a definition, design and planning in areas like environment, sustainable development and gender equality. The above reflect the intentions of its government to adjust its domestic policy and fulfil with the roadmap to accession in the Organization of Economic Cooperation and Development (OECD). In this regard, Colombia will evaluate in different areas through compliance with the requirements fixed by 23 technical committees that will allow the OECD Council to take a decision on the country’s membership in this organization[7], in order to attract foreign investment and promote global commerce that rise the life level of population.

Currently, the creation of organizational structures of development at departmental level has been paramount to execute plans of integral development in the central region of Colombia. The Administrative and Special Planning Area (RAPE)[8] composed of Cundinamarca, Meta, Boyacá and Tolima, is the best example of good practice in Colombian public policy that aims at developing the cities through the decentralization and deputation of purviews of state[9], promoting the social development and the fulfilment of Millennium Development Goals (MDG).

[1] Pearson and Rochester, International Relations: The Global Condition in the Twenty-First Century. New York, 2006, pp. 157-192.

[2] Fondo Social Europeo, Protocolo para la identificación de buenas prácticas, 2006, pp. 8-14.

[3] Declaration of Millennium Development Goals, 2000, p. 4.

[4] CEPAL, Hacia una agenda de planificación regional que incorpore la futura agenda para el desarrollo después de 2015, 2014, pp. 4-6.

[5] Cuervo y Rodríguez, Visiones de desarrollo y planeación de largo plazo en América Latina y el Caribe, Gestión Pública, CEPAL, 2014.

[6] Colombia, Plan Nacional de Desarrollo, Desarrollo oportuno y mejora de sociedad, 2010-2014.

[7] OECD, Roadmap for the accession of Colombia to the OECD convention, 2013, pp. 10-21.

[8] Colombia, Constitución Política de 1991, Capítulo IV, Artículo 325, Del régimen especial.

[9] Colombia, Congreso de la República, Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.

Los Objetivos del Milenio y la construcción de la paz en el posconflicto

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Por: Edgard Cuestas Zamora

Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá

Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Los ocho propósitos fijados a nivel mundial en el marco de la Conferencia Global sobre los Objetivos del Milenio[1] (ODM) constituyen en principio la raíz primigenia de un marco de paz. El avance y materialización de dichos objetivos depende sustancialmente de la superación del conflicto armado interno[2] colombiano.

Los ataques a la población civil y a la infraestructura, el reclutamiento de menores en grupos al margen de la ley y la desigualdad como barreras propias del conflicto son factores que retardan la consecución de las metas e indicadores trazados por Colombia.[3]

No obstante y pese a las dificultades, el país ha mostrado una notable mejoría en algunos de los objetivos, principalmente en materia de cobertura de la educación básica y reducción en la tasa de desempleo[4], logros que entre otras cosas se derivan de la correcta aplicación de políticas públicas en todos los niveles (nacional, regional, local). Estos avances condujeron a una modificación del documento Conpes Social 91 de 2005, por el cual Colombia adoptó los ODM, por medio del Conpes 140 de 2011[5], toda vez que algunos de los objetivos (ya mencionados) se alcanzaron con anterioridad a 2015.

Las políticas económica, social, ambiental y de desarrollo que intrínsecamente tienen los ODM han sido incorporadas en los lineamientos de la política de gobierno[6]. A partir de este hecho se puede detallar la relación y funcionalidad de los ODM en la construcción de una paz duradera, particularmente en un futuro escenario de posconflicto.

En una proyección a corto, mediano y largo plazo, los avances en los ODM han servido como herramienta de cohesión social y unidad política, toda vez que los éxitos, hasta ahora exhibidos, han sido el resultado de la sinergia entre diferentes sectores de la sociedad y el trabajo de los entes territoriales. Aunque la Resolución de la Asamblea General estableció el año 2015 como fecha límite para cumplir los objetivos, visiblemente no se tiene previsto por parte de Colombia la renuncia a la obtención de mejoras que, finalmente, conlleven a la promoción del desarrollo más allá del futuro cercano.

En el marco de un proceso de paz, las medidas y disposiciones emanadas del acuerdo (entre gobierno y guerrilla) contribuirían drásticamente en una mejor aplicación de políticas públicas en escenarios locales destinadas a mejorar las condiciones de la población y reducir la inequidad social persistente[7]. Los ODM inciden en la construcción de paz al configurarse como peldaños a través de los cuales un Estado cimienta los pilares generales de su sociedad en el posconflicto, principalmente cuando un eje vertebral de su relación lo compone precisamente la política de desarrollo rural y el acceso a tierras que en el futuro deberán enfocarse en mitigar la desigualdad como factor generador de violencia.

[1] Declaración del Milenio, quincuagésimo quinto período de sesiones, 2000.

[2] Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977. Artículo 1.

[3] Balance sobre el estado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Colombia, 2014.

[4] Ibídem, pp.47.

[5] Modificación a Conpes Social 91 del 14 de junio de 2005: “Metas y estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos del Milenio-2015, pp. 4-5.

[6] Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”.

[7] “Lo que ya se ha pactado en la mesa de diálogos en Cuba”. Editorial el Tiempo, mayo, 2014.

Segundo Aniversario de las Islas Diaoyu/Senkaku

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

El pasado jueves 11 de Septiembre se cumplieron dos años de la compra de las Islas Senkaku por parte del gobierno japonés a un privado nipón. Esta disputa se remonta a la Guerra SinoJaponea en 1895, fecha en la cual el Estado de Japón apelaría al concepto de terra nullius[i] para afirmar que la dinastía Qing (dinastía de dicha época en China) no había hecho ejercicio de soberanía alguno sobre el archipiélago, ubicado en el mar de la China Oriental y denominado Diaoyu por los chinos y Senkaku por los japoneses.

Los primeros registros de ese territorio se remontan al siglo XV y figura en obras chinas publicadas bajo la dinastía Ming. Japón anexó las islas en 1895 antes de entregar su explotación a un empresario del rubro pesquero. En 1969 la Comisión económica de la Organización de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico declararía que la zona podría albergar enormes reservas de hidrocarburos[ii], hecho por el cual en 1971, los gobiernos de China y Taiwán declararon tener soberanía sobre el archipiélago. En 1972, Estados Unidos, que administraba el archipiélago desde el fin de la segunda guerra mundial a través del Tratado de Paz de San Francisco[iii] decidió devolver a Japón la soberanía sobre el archipiélago a través de la firma del Tratado de Okinawa[iv], esto como contrapeso al fortalecimiento de las relaciones entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y la China Continental.

Desde entonces, las islas han sido administradas desde Tokio, pero sus aguas son a menudo surcadas por barcos chinos. Barcos chinos y japoneses desembarcaron en reiteradas ocasiones sobre la zona del Pacífico para reafirmar la soberanía de sus países sobre el archipiélago. La controversia entre China y Japón se reavivó en septiembre de 2012, cuando el gobierno japonés recompró las islas a su propietario nipón, hecho que sería percibido como una provocación por parte de China, lo que generó el resurgimiento del sentimiento anti japonés.[v] El problema que subyace entre China y Japón respecto a estas islas no se refiere exclusivamente a la importancia que estas revisten en razón a sus recursos naturales o a que sea una zona trascendental para el comercio marítimo internacional, sino también al factor de la esfera de influencia política que pueda existir a partir de la soberanía de las mismas.

El arsenal militar de ambas naciones agrava la situación y configura un escenario de riesgo global, en la que la expansión de la esfera de influencia de los Estados es la causa principal de los conflictos interestatales en el siglo XXI, ante ello, es posible plantear hipotéticamente tres escenarios:

  1. Mantenimiento del Statu quo

Ante la negativa china frente a la nacionalización de las Islas Senkaku y frente a las medidas de asegurar la presencia militar de Japón en la zona, se hace opaco un escenario en el que ambas posturas converjan para solucionar el conflicto. Ahora el tema de la soberanía tiene un nuevo matiz simbólico, ya que China asume su soberanía sobre las islas y pretende demostrar su liderazgo nacionalista floreciente en el sistema internacional, mientras que Japón intenta mantener un estatus jerárquico que parece verse debilitado, tanto por cuestiones económicas como políticas.

2. Escenario positivo: Negociaciones exitosas entre el presidente de China Xi Jinping y el Primer Ministro de Japón Shinzō Abe.

El punto de encuentro entre ambas naciones podría residir en la vocación de paz que adoptó Japón finalizada la segunda guerra mundial, cuando además de declarar su rendición transformó su carta constitucional con el objetivo de prohibir la guerra y el uso de la fuerza frente a otros Estados. Si bien la excepción a esta regla se encuentra en la agresión extranjera, es claro que este país no tiene objetivos reales de entrar de un conflicto, según lo establece el Informe sobre las Islas Senkaku de 2012 del Ministerio de Relaciones de Japón.

Así mismo, Japón y China han declarado con anterioridad una zona de paz en el mar de la China continental, que si bien no ha sido definido o delimitado, promueve el diálogo y la cooperación de ambas naciones en el mar de la China continental.[vi]

3. Escenario negativo: Configuración de un conflicto internacional

De acuerdo a información reciente, el gobierno de China acusó al senador John McCain de inmiscuirse en el tema al dar declaraciones en las que él asegura que Japón tiene la soberanía sobre dichas islas. El problema se agrava cuando el senador insta a los Estados que se puedan sentir amenazados por presencia marítima de China a actuar estrechamente para coordinarse. En este sentido y ante la aparente injerencia del gobierno norteamericano en la disputa entre China y Japón, la amenaza latente de un conflicto cuenta con el agravante de que en caso de conflicto, Estados Unidos apoyaría a Japón reconociendo el control administrativo de Tokio.   Ante la irrelevante necesidad de otros Estados de entrar en la disputa, este, de darse, sería un conflicto inter partes.

[i] En latín “tierra de nadie”, este concepto es definido como uno de los modos teóricos de la adquisición de la soberanía sobre el territorio de la tierra en el derecho internacional. De este concepto emana la doctrina de adquisición a partir de dos categorías: 1) posesión inmemorial y 2) prescripción adquisitiva, todas ellas emanadas de la dinámica expansiva del imperio romano. Para más información ver:

Lesaffer, Randall, Argument from Roman Law in Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription, The European Journal of International Law Vol. 16 no.1, 2005, pp. 46-56.

[ii] Su importancia estratégica es tal, que incluso se ha llegado a decir que son el epicentro del desafío chino a la hegemonía internacional de Estados Unidos, y que la zona tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo polvorín geopolítico mundial. http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/08/120818_internacional_japon_china_islas_tsb.shtml

[iii] El capítulo II del Tratado de Paz de San Francisco establece, entre otras cosas, el reconocimiento del Estado de Japón a la independencia de Corea (hasta ese momento una sola) y renuncia a una serie de territorios adyacentes a las Islas Quelpart y Formosa. El artículo II del mismo apartado establece que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá el control de las Islas del Pacífico, es decir, las Islas Senkaku, bajo el régimen de administración fiduciaria desde 1947.

[iv] En un artículo publicado por el servicio de investigación del congreso norteamericano en 2013, Mark Manyin, especialista en Política de Asia, afirma que la administración Nixon hizo entrega de las Islas Senkaku al gobierno japonés debido a que Estados Unidos no quería tomar parte en esta disputa territorial. El artículo 5 del Tratado de Okinawa contempla que Estados Unidos garantizará la seguridad y la protección de las Islas Senkaku, territorios que han estado bajo la administración nipona. Para ampliar información ver: http://fas.org/sgp/crs/row/R42761.pdf

[v] El pasado mes de abril de 2013, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, advirtió que Tokio repelería “a la fuerza” cualquier posible desembarco chino en las Senkaku. http://actualidad.rt.com/actualidad/view/98539-barcos-chinos-senkaku-disputa-japon

[vi] El objetivo del Gobierno del Japón al adquirir las tres islas es continuar garantizando la administración y el mantenimiento pacífico y estable de las islas a largo plazo, implementando a la vez medidas apropiadas de seguridad en la navegación marítima, en las Islas Senkaku y sus alrededores. Se trata simplemente de una transferencia de dominio de una propiedad dentro del territorio del Japón, de un propietario privado al Gobierno del Japón, y por ende no debería generar ningún problema con otros países o región. La relación con China es una de las relaciones bilaterales más importantes para Japón. El papel constructivo de China es esencial para la estabilidad y la prosperidad de la región Asia Pacífico. Japón no desea que este tema afecte desfavorablemente a la totalidad de las relaciones Japón-China. Japón aspira a ahondar más la relación mutuamente beneficiosa basada en los intereses estratégicos comunes con China, y avanzar en la cooperación para la estabilidad regional.

Principios rectores sobre empresas y derechos humanos: Promoción y protección al derecho de consulta previa de grupos étnicos en Colombia

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Este artículo dará continuidad al debate planteado por el Vicepresidente de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, Álvaro Francisco Amaya, y se centrará en el impacto y responsabilidad que poseen las empresas en la vigencia y subsistencia de grupos étnicos en Colombia.

Si bien aún no se ha constituido un instrumento internacional que obligue jurídicamente a las empresas a respetar y garantizar los derechos humanos, si existe un amplio marco jurídico para la protección a los derechos humanos que crea obligaciones a los Estados para su cumplimiento.[i] Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, instrumento que pese a ser una mera declaración,  impuso deberes a los Estados y adquirió fuerza vinculante como costumbre internacional debido a su generalizada aceptación e incorporación a las constituciones nacionales de los países,[ii] los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos así como sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que versan sobre Principios Fundamentales y Derechos de Trabajo y  los tratados que tutelan los derechos individuales y colectivos de grupos étnicos y población vulnerable.[iii]

Como se señalaba anteriormente, aunque las empresas no están obligadas directamente a cumplir estos estándares internacionales, esto no es un pretexto para no establecer unos parámetros mínimos que garanticen su protección, lo cierto es que es responsabilidad del Estado hacer que las empresas acaten normas en esta materia. Así lo manifestó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en 2011 en el desarrollo de un evento sobre empresas y derechos humanos, en el que también hizo mención a la construcción de un marco normativo relativo a la responsabilidad de las empresas. Así pues, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esgrimió los principales pilares de la protección y promoción de tales derechos,[iv] esto con objeto de impulsar a las empresas a ajustar sus acciones, evitar cualquier posible violación a los derechos humanos y tomar medidas para reaccionar oportunamente.

Ahora bien, el desarrollo de proyectos y actividades económicas en Colombia en el marco de un conflicto interno ha generado mayores desafíos para las empresas, principalmente en el escenario hipotético de llevar a cabo por ejemplo grandes inversiones en territorios indígenas o poblaciones vulnerables que pudieran haber sido víctimas de dicho conflicto, aumentando el número de la población en situación de desplazamiento. Este hecho suele ser vinculado con la apropiación ilícita de tierras en Colombia por parte de grupos insurgentes y/o sectores económicos. Es por esto que, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece medidas para la materialización de los derechos de las víctimas, involucrando tanto al Estado como sujeto activo garante de los derechos humanos como a la empresa privada, en caso de haber lesionado a la población en el marco del conflicto, por lo que se le atribuye responsabilidad de reparación.[v] Las empresas también deben hacer aportes y por tanto se constituyen como una de las fuentes de financiación del fondo de reparación para las víctimas de la violencia,[vi] esto en escenarios en los cuales se les atribuya haber financiado grupos al margen de la ley.[vii]

Para la especial protección a grupos étnicos en Colombia, es necesario determinar la posible afectación y subsistencia de vidas humanas ante el desarrollo de proyectos empresariales enfocados en la extracción de recursos naturales, hecho que aunado a la explotación minera acrecentada en los últimos años por configurarse como una de las ventajas económicamente comparativas de nuestro país, supone un desafío a la integridad cultural de pueblos indígenas y comunidades afro. Respecto a estos grupos poblacionales, existen derechos reconocidos en normas internacionales que les conceden poder de decisión, particularmente en torno a la posibilidad de expresar su consentimiento previo y libre frente al desarrollo de proyectos que puedan poner en peligro su subsistencia. Este derecho está consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,[viii] y también es uno de los pilares de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el cual reconoce la participación de las comunidades y su importante papel en pro de actividades económicas, además de indicar que el reparto de beneficios debe ser mutuo y favorecer tanto a las empresas como a la población.

En lo que concierne al derecho a una consulta previa, la Corte Constitucional Colombiana sentó un precedente al referirse a la explotación de recursos en pueblos indígenas y señalar que tanto las disposiciones constitucionales como las regulaciones del Convenio 169 de la OIT hacen parte del bloque de constitucionalidad,[ix] e igualmente reiteró el derecho de la comunidad indígena (refiriéndose al pueblo Uwa) a su subsistencia[x] e integridad étnica. Conjuntamente, en lo que se refiere a la subsistencia de los pueblos indígenas, el Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 2013 ofrece recomendaciones específicas encaminadas al cumplimiento de las obligaciones en este ámbito, por lo que exhorta al Estado colombiano a llevar a cabo consultas previas para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas.[xi]

Las empresas deben crear mecanismos tendientes a respetar los derechos humanos conforme a las leyes nacionales e internacionales que garantizan su cumplimiento debido a que son de carácter universal y su aplicación debe darse en todo momento y circunstancia. Una buena forma de promover la protección y promoción a los derechos humanos por parte de las empresas es la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas,[xii] el cual supone compromisos para implementar acciones y desplegar su actividad económica con un enfoque de derechos humanos, creando estándares laborales que propendan por la eliminación del trabajo forzoso o coaccionado, la protección al medio ambiente y la creación de estrategias para combatir la corrupción. Si bien esta adhesión carecería de carácter vinculante, si establece la incorporación de medidas de protección para los derechos humanos y entra en consonancia con las leyes que pretenden contribuir a la materialización de los derechos humanos en Colombia así como la debida planificación de proyectos empresariales que beneficien a grupos vulnerables y minorías étnicas.

[i] La responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen, evitando y mitigando consecuencias negativas sobre tales derechos.

[ii] Cárdenas Castañeda, Fabián; Uribe Vargas, Diego. “Fuentes del Derecho Internacional Ambiental”, en Derecho Internacional Ambiental, Universidad  Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2010, pp. 178.

[iii] Para ampliar información ver: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf y Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf.

[iv] Los principios descritos por el Consejo de Derechos Humanos fueron: 1) Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y libertades fundamentales, 2) Las empresas tienen la responsabilidad de respetar las leyes y los derechos humanos y 3) Las víctimas de infracciones o abusos cometidos por empresas deben tener acceso a justicia y remedios efectivos.

[v] Colombia, Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, artículo 33.

[vi]  Ibídem, artículo 177.

[vii]  En el 2003 pudo determinarse que la filial Banaldex de la multinacional Chiquita Brands, productora y distribuidora de plátanos, entregó dineros a las Autodefensas Unidas de Colombia desde el año 2000,  cuya finalidad era que dicha compañía pudiera operar en la región de Urabá. Para ampliar información ver: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/los-pecados-de-chiquita-brands-articulo-391790

[viii] Los ejes centrales del Convenio giran en torno al resto de las culturas, las formas de vida e instituciones de los pueblos indígenas y a la consulta y participación efectiva en las decisiones que les afecte.

[ix] Colombia, Corte Constitucional, Sentencia Unificadora 039 de 1997.

[x] Ver artículo 330, Constitución Política de Colombia, 1991.

[xi] El artículo 91 del Informe Anual expresa textualmente la preocupación existente en materia del derecho a la consulta previa en Colombia afirmando que las decisiones relativas a la utilización y explotación de los recursos naturales suelen tomarse sin respetar el derecho a la consulta previa, sin el respeto debido a las autoridades y procedimientos tradicionales y sin ajustarse tampoco al contexto cultural específico.

[xii] Para ampliar información ver: http://www.unglobalcompact.org/Languages/spanish/Los_Diez_Principios.HTML

Análisis de la situación jurídica de territorios y reclamaciones nacionalistas en el espacio postsoviético

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Por: Edgard Cuestas Zamora / Estudiante de Relaciones Internacionales / Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá. Correo electrónico: Edgardcz91@gmail.com

Este documento explica las características propias de grupos secesionistas con intereses nacionalistas surgidos en la región de Eurasia ante la fragmentación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en adelante URSS).

Uno de los desafíos más importantes ante la desaparición de la URSS fue el cambio en el Este de Europa como zona geopolíticamente neurálgica. Esta región de Eurasia es una de las principales fuentes de proliferación de movimientos con intereses secesionistas, que plantean cuestiones jurídico-normativas, llaman la atención de organizaciones internacionales y suponen nuevos desafíos para los Estados, cuya lógica de supervivencia como rasgo característico del sistema mundial determina su comportamiento a partir de intereses.

La naturaleza conflictiva del Estado y la posible agudización de sus relaciones a partir de la prolongación de conflictos irresolutos constituye una amenaza para la paz y la seguridad, de manera que el rol de estas entidades bien puede alterar el orden internacional y menoscabar su poderío, en una estructura estatal egoísta en donde la seguridad no se consigue jamás.[i] Con esto, se pueden mencionar seis conflictos suscitados en el espacio postsoviético que se transformaron y llegaron a convertirse en guerras civiles. Estos son:

  • Abjasia y Osetia del Sur frente a Georgia
  • Chechenia frenta a Rusia
  • Nagorno Karabaj frente a Azerbaiyán
  • Transnistria frente a la República Moldava
  • Tayikistán como conflicto interno

Sumado a estos escenarios de disputa, recientemente se ha presentado el caso de la separación de la Península de Crimea de Ucrania, región que a partir de un referendo ampliamente aceptado, puso a consideración de sus ciudadanos la independencia de Ucrania, y posteriormente se anexó a la Federación Rusa, anexión territorial que entre otras cosas es vista como ilegal y contraria frente al derecho internacional.[ii]

En este sentido y teniendo en cuenta que no se prohíbe el derecho de un grupo étnico a separarse unilateralmente de un Estado soberano, existen múltiples debates por cuanto el reconocimiento de minorías étnicas en sí mismo constituye una violación al principio de autodeterminación, ya que supone la injerencia en los asuntos domésticos de un Estado.[iii] También cabe señalar que no todo intento de independencia puede dar lugar a su debido reconocimiento, por ejemplo haciendo distinción de los procesos de descolonización.

No obstante, los problemas derivados de las interacciones con estos actores no se traducen en  la desaparición del Estado como principal actor de las Relaciones Internacionales. Por el contrario, bajo el marco jurídico y normativo es el Estado el principal elemento en el sistema internacional y su influencia es incuestionable, hecho que se confirma con las aspiraciones de grupos étnicos, nacionalistas o secesionistas por configurarse como tales.

El estudio de las Relaciones Internacionales por esencia es interestatal, es decir, la principal unidad de análisis es el Estado-Nación. Sin embargo, la redefinición del poder está perdiendo su énfasis en las fuerzas militares, propio de la fuerza legítima en manos del Estado derivada de Westfalia. Ahora, los factores económicos se están volviendo más significantes en el poder internacional.[iv]

Es claro entonces que la secesión, que en principio busca legitimar las aspiraciones de grupos étnicos, dista teóricamente del concepto de Estado. Con esto, se establece una relación básica con la lógica del Estado de facto, definido como aquella entidad secesionista que recibe apoyo y posee la suficiente capacidad para proveer servicios gubernamentales a su población en un área territorial definida, sobre la cual mantiene control efectivo y prolongado en el tiempo.[v]

Estos fenómenos suscitados en Eurasia pretenden ser respondidos jurídicamente a la luz de un tratado multilateral que en derecho internacional reglamenta la existencia de un Estado. Este instrumento, surgido en el marco de la Séptima Conferencia Interamericana plasmó los criterios fundamentales que debe tener un Estado. El artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933 señala que para ser un Estado en derecho se debe contar con un territorio, una población y un gobierno permanente. Así mismo, el artículo 3 de dicho instrumento señala que la existencia política es independiente al reconocimiento que puedan otorgar terceros Estados.[vi] Este asunto ha estado sujeto a la interpretación jurídica de los Estados, quienes insistentemente entran en debate al momento de reconocer nuevos sujetos del derecho internacional, como en el caso de los grupos secesionistas existentes en Eurasia.

Bajo la perspectiva de una teoría denominada constitutiva,  el reconocimiento es una característica importante del Estado, según la cual los derechos y obligaciones con respecto al Estado se producen sólo del reconocimiento. Bajo otra mirada más liberal y denominada declarativa, el reconocimiento de un nuevo Estado es un acto político, que en principio no depende de la existencia de la nueva entidad. Esta última mirada considera que el reconocimiento no es en sí mismo una condición para ser un Estado.[vii] No obstante, y pese a que la justificación principal para la aplicación del derecho de secesión se encuentra en la violación sistemática y permanente de los derechos humanos de las minorías al interior de un Estado soberano,[viii] la comunidad internacional favorece la integridad de territorios incluso donde la secesión fue provocada por violaciones de derechos humanos por parte del Estado.[ix]

Se puede concluir que ninguno de estos enfoques en derecho internacional puede resolver jurídicamente el problema en el mundo contemporáneo, hecho que se complejiza a partir de la adición a nuevos criterios para ser un Estado, como los que precisamente se enunciaron luego de la caída de la URSS para reglamentar el surgimiento de nuevas entidades en el Este de Europa, y que incluyen el respeto por la democracia, los derechos humanos y el cumplimiento de las reglas del derecho.

[i] David, Charles Philippe, “La guerra y la paz, enfoque contemporáneo sobre la seguridad y la estrategia”. Icaria, Barcelona, 2008.

[ii] Cárdenas, Fabián Augusto. “Reconocer o no a Crimea”, en El Espectador, Bogotá, 18 de marzo de 2014, p. 2.

[iii] Cassese, Antonio, “Self-Determination of peoples: A Legal Reappraisal”. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

[iv]  Müllerson, Rein, “Russia: a problema or solution”, en International law, rights and politics, Routledge, London, 1994, pp. 28-37.

[v] Pegg, Scott. “De The Facto State in the International System”, Institute of International Relations, 1998, pp. 1-29.

[vi] Organización de Estados Americanos, Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados de 1933, Montevideo.

[vii] Crawford, James, “The Creation of States in International Law”, Oxford University Press, 2006.

[viii] Dugard, Jhon,  “Recognition and the United Nations”, Grotius Publication, 1987.

[ix] Ibídem.