Abierta Convocatoria Vol. 6 del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal ANIDIP.

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A partir del volumen 5 (2017) del ANIDIP, los ensayos seleccionados a través del Certamen de Ensayos, son acompañados por artículos de investigación escritos desde el Derecho internacional penal (Sección I) o desde cualquier otro área de conocimiento de las ciencias humanas y sociales (Sección III). En ambos casos los artículos han de ser autoria de candidatos al doctorado, profesores universitarios o profesionales con al menos diez años de ejercicio de la profesión. Los artículos, que han de ser en todo caso inéditos, son elegidos mediante convocatoria pública tras un proceso de evaluación por evaluadores anónimos. Estos trabajos se reciben de manera continua a lo largo del año a través de la dirección de correo electrónico: info@iberoamericaninstituteofthehague.org .

Los artículos y ensayos de investigación recibidos hasta el 31 de julio de cada año, se publican en el volumen de enero/febrero del año siguiente. En este momento se reciben artículos y ensayos de investigación para el Volumen 6 del ANIDIP (enero/febrero 2018), a través de la VI Convocatoria del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner (cuyo plazo expira el 31 de julio de 2017),y de la Convocatoria Continua para artículos de investigación (que se extenderá hasta el 31 de julio de 2017 para los artículos que deseen ser publicados en el Volumen 6 del ANIDIP). Ambas convocatorias, que incluyen las reglas de estilo y citación que han de seguir los trabajos, se pueden encontrar al final de esta sección

Toda la información de la Convocatoria Publica Continua para Articulos de Investigacion ANIDIP

Aquí las Normas APA Sexta Edición

VI Edición del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia Penal Internacional.

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Se encuentra abierto el plazo presentar su ensayo en la VI Edición del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia Penal Internacional, éste será hasta el 31 de julio de 2017. Los ensayos versarán sobre los distintos aspectos de la justicia internacional penal, a la luz de las distintas disciplinas de las ciencias humanas y sociales, y en particular aquellas involucradas en la Red Multidisciplinar de Investigación “Perspectiva Ibero-Americana de la Justicia Internacional” (antropología, ciencia política, derecho nacional e internacional, economía, filosofía, historia, psicología, relaciones internacionales, sociología y teología) . Los participantes tendrán que justificar en sus ensayos la relevancia y actualidad de los temas escogidos.

Podrán participar en la VI Edición del Certamen quienes en el momento de vencimiento del plazo para la presentación de ensayos previsto en la presente convocatoria hayan obtenido el título de licenciatura o grado (en derecho o en cualquier otra disciplina de las ciencias humanas y sociales), o hayan completado con éxito todas las materias necesarias para la obtención de dicho título.

No existe ninguna limitación por razón de edad o de cualificación profesional (especialización, maestría, doctorado, titularidad docente o práctica profesional), para poder participar en la VI Edición del Certamen.

Los ensayos, que deberán ser inéditos, tendrán una extensión de 8.000 a 10.000 palabras (incluyendo las recogidas en notas al pie de página, resumen, palabras clave y sección bibliográfica).

Los ensayos se presentarán en lengua española o portuguesa, siguiendo las reglas de estilo que se adjuntan en el Anexo I a la Convocatoria Pública (normas APA, sexta edición), y que incluyen un interlineado de espacio y medio, y una  letra Times New Roman de tamaño 12.

El plazo de presentación de los ensayos será el 31 de julio de 2017 a las 23h59 de La Haya (Holanda), lugar sede del Instituto Ibero-Americano de La Haya (IIH). Ningún ensayo presentado con posterioridad al plazo de vencimiento será tenido en consideración.

El ensayo ganador de la VI Edición del Certamen será publicado en el Volumen VI (enero 2018) del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP), coeditado por la Casa Editorial de la Universidad del Rosario, la Editorial Tirant lo Blanch y el Instituto Ibero-Americano de La Haya. Serán publicados también en el Volumen VI del ANIDIP aquellos otros ensayos que los miembros de los respectivos jurados nacionales y del jurado internacional de la VI Edición del Certamen consideren que tienen la calidad suficiente, una vez que los autores hayan introducido los comentarios realizados por los miembros de dichos jurados.

Además de su publicación, el premio para el autor del ensayo ganador de la VI Edición del Certamen será su invitación con todos los gastos de viaje y alojamiento pagados a participar como ponente en la VIII Semana Ibero-Americana de la Justicia Internacional que se celebrará en La Haya (Países Bajos) en las dos primeras semanas de junio de 2018.

Conforme a la Convocatoria Pública, los ensayos de la VI Edición del Certamen deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: iih.certamensayos@gmail.com.

Mayor información sobre la IV Edición del Certamen de Ensayos se puede encontrar escribiendo a:iih.certamensayos@gmail.com.

Información, Programa e Inscripciones al IV Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Transicional en La Haya.

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Del 6 al 9 de junio de 2017 se llevará a cabo el IV Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional, que tendrá lugar en La Haya, Holanda.  Para participar del seminario basta con diligenciar la ficha de inscripción (que encontrará al final) y enviarla al correo: inscripcionesiih@gmail.com. El IV Seminario de Pensamiento es de carácter gratuito y no requiere el pago de ninguna cuota de inscripción.

Las principales actividades previstas para el IV Seminario de Pensamiento Ibero-Americano de la Justicia Internacional son las siguientes:

(i) Visitas a la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Arbitraje, la Corte Penal Internacional, y varias organizaciones internacionales con sede en la Haya, durante los días 5 y 6 de junio por la mañana (todas ellas realizadas en español).

(ii) La ceremonia de apertura que se desarrollará en el auditorium de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas (Holanda) el martes 6 de junio por la tarde. Como parte de la misma se impartirá la Conferencia Anual Luis Moreno Ocampo y se presentará el ensayo ganador de la V Edición del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia Internacional Penal (en español y portugués).

(iii) El I Día Polifónico de la Justicia Internacional (en inglés), que tendrá lugar el miércoles 7 de junio en el auditorium de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas (Holanda). Durante el mismo se desarrollarán tres mesas redondas con expositores de África, China, Ibero-America, Irán, Países Árabes y Rusia, sobre los siguientes temas: (a) “Ventajas y dificultades de la elección de la Corte Permanente de Arbitraje como foro arbitral entre inversionistas y Estados”; (b) “Relación entre los conceptos de soberanía y responsabilidad para proteger” y (c) “Relación entre las jurisdicciones nacionales y las jurisdiccionales internacionales penales a la luz de los conceptos de soberanía y responsabilidad para proteger”.

(iv) La sesión del programa Hague Talks, que tendrá lugar el miercoles 8 de junio a las 20h00 en el Humanity House de La Haya (Holanda), organizada por el Proyecto Paz y Justicia de la Alcadía de la Haya (en inglés).

(v) Las mesas redondas con expositores ibero-americanos sobre la justicia internacional, que tendrán lugar el jueves 8 de junio en el speakers´ corner de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas (en español y portugués);

(vi) Las presentaciones el jueves 8 y viernes 9 de junio de las ponencias de los miembros de los equipos de filosofía, psicología, ciencia y tecnología, economía, derecho nacional, justicia internacional, antropología y justicia comunitaria, teología y justicia transcendente y relaciones internacionales y ciencia política, de la Red Multidisciplinar de Investigación “Perspectiva Ibero-Americana sobre la Justicia”, coordinada desde el Instituto Ibero-Americano de La Haya;

(vii) Las presentaciones sobre (i) el proceso de envío y evaluación de artículos para su publicación en el Anuario Ibero-Americano de la Justicia Internacional (ANIDIP) y (ii) el proceso de aplicación a la Clínica Jurídica Internacional organizada conjuntamente por la Universidad del Rosario y el Instituto Ibero-Americano de la Haya (ambas presentaciones tuvieron lugar el jueves 8 de junio de 20h00 a 21h00).

(viii) La sesión final de conclusiones, que tendrá lugar el viernes 9 de junio a las 12h30 en el speakers´ corner de la Universidad de la Haya para las Ciencias Aplicadas (Holanda), y en el que todos los participantes expondrán sus aportaciones sustantivas sobre los temas tratados en el IV Seminario de Pensamiento (en español y portugués).

(ix) La visita a la Organización Internaconal para las Personas Desaparecidas, que tendrá lugar el viernes 9 de junio de 15h00 a 18h00.

Para mayor información e inscripciones, escribir a: inscripcionesiih@gmail.com

IV Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia Internacional: Programa 2017

Aquí: 2017 Ficha de Inscripción para IV Seminario de Pensamiento Iberoamericano

Sobre el “Green Lunch, Diálogo Internacional Ambiental: El Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, Contenidos y Retos”.

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El pasado viernes 21 de abril se llevó a cabo el primer Green Lunch, un espacio auspiciado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y acompañado por la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), que cuenta con la dirección del Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental de la misma universidad y miembro, Fabián Augusto Cárdenas. El evento se realizará periódicamente y tiene como objetivo posicionarse como un espacio de dialogo amplio e interdisciplinar en torno a los temas ambientales globales más relevantes, con el fin de que sus participantes encuentren en el intercambio de sus experiencias, elementos para retroalimentar su labor y así avanzar, en el propósito común, la protección ambiental.

En su primera edición, a un año del comienzo de la firma por las partes y a propósito del Día de la Tierra, fue discutido el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Contó la asistencia  de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), del Instituto Alexander von Humboldt, del Instituto Amazónico del Investigaciones Científicas SINCHI, de la Red Colombiana de Restauración Ecológica (REDCRE), de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la Universidad Nacional de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad Antonio Nariño, de la Universidad Sergio Arboleda y de las firmas de abogados Moncada Abogados y Macías Gómez & Asociados.

La instalación del evento estuvo a cargo de su director, quien en su intervención contextualizó el escenario en el que surgió el Acuerdo y el porqué de su importancia, y, luego, reseñó brevemente algunas de las posiciones que se han venido popularizando en espacios académicos del Derecho Internacional y sus subespecialidades sobre la naturaleza jurídica y política del Acuerdo, lo que dio inicio a las intervenciones.

La Coordinadora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Laura Rojas, tomó la palabra y reacciono a algunas de las ideas expuestas en la presentación. Su experiencia como representante de Colombia en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21) y profundo entendimiento sobre el instrumento brindó al encuentro información de primera mano para orientar el resto de la discusión.

De ese modo, relató la inmensa complejidad que caracteriza los espacios de negociación internacional sobre temas ambientales, así como explicó algunos de los procedimientos por los cuales tiene que transitar el Acuerdo para ser ratificado en instancias nacionales, y, posteriormente, se centró en el momento en el que se encuentra el proceso en nuestro país. Después, precisó sus características jurídicas y enunció algunos de los principales retos que asumirán las partes para cumplir con sus objetivos haciendo énfasis en el enfoque diferenciado para países desarrollados y en desarrollo, en los órganos de supervisión y la presentación de los informes de avance y resultado.

A continuación, Edersson Cabrera, Coordinador del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, explicó el rol que ha desempeñado el Instituto como asesor de las delegaciones negociadoras nacionales ante las COP y señaló lo que implica la noción del cumplimiento por parte de los Estados en el marco de lo pactado en el Acuerdo, centrándose en los esfuerzos que el IDEAM y la institucionalidad ambiental colombiana han emprendido con tal propósito y la importancia de contar con los recursos necesarios para continuar con su labor.

Seguidamente, Luz Marina Mantilla, directora general del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, recordó la labor del Instituto y exaltó la importancia del logro conseguido por Colombia en la firma de acuerdos que comprometen a la protección de la Amazonía en términos de no deforestación y conservación con los otros siete países que tienen soberanía sobre dicho territorio, del mismo modo que recalcó lo fundamental que es estrechar los lazos entre la institucionalidad y la población de los territorios comprometidos para que los esfuerzos tengan los resultados esperados.

Luego, Luis Fernando Macías, socio fundador de la firma de abogados Macías Gómez & Asociados, analizó algunas de las dificultades que presenta el Sistema Nacional Ambiental colombiano y afirmó que se deben en gran medida a la visión fragmentada que se empeña en mantener la institucionalidad encargada, de la misma manera que identificó como unas de las causas la falta de coordinación interna y la incompatibilidad de las agendas económicas internacionales expresadas en las políticas de crecimiento sostenible y los políticas conservación ambiental.

Después, José Antonio Rengifo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, resaltó la importancia de democratizar los espacios de discusión y toma de decisiones en temas ambientales asegurando que han sido cooptados por prácticas dañinas como el excesivo formalismo y el despotismo, para luego resaltar lo imperativo que resulta para todos los Estados reclamar su parte de la soberanía sobre los bienes comunes de la humanidad y así no dejar su protección y conservación en las manos de unos pocos.

Más tarde, Gustavo Carrión, Director de Planeación y Sistemas de Información Ambiental del IDIGER, explicó como los objetivos de mitigación y adaptación presentes en el Acuerdo tienen que ver con la coyuntura nacional de construcción de paz, en la medida en que es necesaria una transformación de la institucionalidad ambiental a través de la construcción de canales de comunicación y espacios que permitan tomar en cuenta la perspectiva de la dimensión local, es decir, contribuir al mejoramiento del enfoque territorial, y así, extender metodologías de planeación territorial y gestión de riesgo en los lugares donde más se necesita.

Finalmente, lejos de haber agotado el tema o de haber cerrado la discusión, los asistentes convinieron en que el espacio fue fructífero en la medida en la que el evento permitió el encuentro y el intercambio de personas, experiencias y conocimientos que en el día a día parecen fragmentados y que son complementarios, de ese modo dieron su enhorabuena a los organizadores y abogaron por la pronta repetición del evento.

Foro Seguridad Jurídica y Decretos Únicos Reglamentarios ¿Crisis en las Fuentes de Derecho en Colombia?

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Por: Andrés Barreto González

Miembro Fundador de ACCOLDI

Miembro Activo de la IBA Of Counsel en Moncada Abogados

El pasado jueves 27 de abril en el Gran Salón del Club El Nogal de Bogotá, se celebró el Foro sobre Seguridad Jurídica organizado por la Firma Moncada Abogados, la Universidad de Salerno y El Bufete, el cual tenía como propósito hacer un análisis de los estándares normativos internacionales, especialmente aquellos implementados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y la sobreproducción normativa imperante en Colombia y otros Estados.

El evento fue instalado por el doctor Enrique Gil Botero, Ministro de Justicia y del Derecho, quién lideró por la delegación colombiana la presentación ante el Comité de Gobernanza de la OCDE, la estrategia de justicia que el Gobierno Nacional ha diseñado para fortalecer el sistema de justicia, y garantizar un acceso más incluyente, eficaz, eficiente, moderno y de fácil acceso.

El Ministro Gil señaló la masiva cantidad de normas y el esfuerzo emprendido con los decretos únicos reglamentarios (DUR) para organizar sectorialmente el inventario normativo, lo que no ha estado exento de debate, así como de la necesidad de corrección sobre diferentes sectores y vigencias.

El Foro contó también con la participación de importantes panelistas internacionales en donde se destaca la ponencia del profesor Antonio Scocozza (U. de Palermo), quién hizo una reseña del impulso codificador de don Andrés Bello en el continente americano.

El profesor Antonio Martino (U. de Pisa y Nacional de Lanus) hizo referencia al Digesto Jurídico Argentino, obra monumental codificada por este, así como la necesidad de las tecnologías de la información en el mundo del derecho, y la ponderación que debe existir en la inflación normativa y la calidad y pertinencia de las normas, así como de su oportuna simplificación.

El doctor Oscar Puccinelli (U. de Rosario) a su turno recalcó la necesidad de los despachos judiciales electrónicos, la facilidad de conectividad y la racionalización normativa como tres de las principales necesidades para la garantía de derechos, lo que pasa inevitablemente por la certeza respecto de la vigencia de las leyes, así como de la celeridad de los procesos como una garantía y un derecho.

El evento contó también con la participación como moderador del doctor Juan Carlos Moncada, socio – director de Moncada Abogados, el doctor Juan Martín Fierro de El Bufete y Director de #EventosMoncada, el doctor Ricardo Hoyos Duque, ex presidente del Consejo de Estado, y el doctor Guillermo Giraldo, Secretario de la Comisión Primera del Senado de la República.

La visión institucional se vio representada por la doctora Diana Remolina, Directora de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia y del Derecho, y del doctor Nicolás Palau, Director de Inversión Extranjera, Servicios y Propiedad Intelectual del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Es evidente que la sobreproducción normativa, la mora judicial y la incertidumbre jurídica conspiran contra la competitividad y el desarrollo institucional, social y económica de los Estados.

Así mismo, la inserción internacional anhelada por Colombia en el marco de los tratados de libre comercio, los acuerdos de inversión, la liberalización gradual de barreras, y el ingreso a organizaciones y organismos especializados ameritan una adecuada revisión normativa que permita ponderar la simplificación y racionalización, sin desregular ni traumatizar el ejercicio del derecho ni la seguridad jurídica.

Armes chimiques en Syrie: à propos du rapport des services de renseignements français

Francia

El ministro de Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault en la rueda de prensa tras el consejo de Defensa, foto extraída de nota de prensa de ElMundo.es

Por: Nicolás Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
 Ce 26 avril, la presse française a annoncé le contenu d´un rapport des services de renseignement français confirmant l´usage d´armes chimiques en Syrie le 4 avril dernier (voitr le texte complet du rapport inclu dans cette note du Huffingthon Post). On lit (voir article de Le Monde) que “Les preuves recueillies par les services français complètent celles des Américains et des Britanniques. Elles sont accablantes pour Bachar Al-Assad, même si elles ne démontrent pas un ordre direct du dictateur syrien, seul véritable patron d’un arsenal chimique qui n’a donc pas été totalement détruit malgré ses engagements“. La reáction prévisible de la Syrie s´est entendue 24 heures plus tard (voir note de l´Express). On remarquera que l´annonce de “preuves irréfutables contre la Syrie” par la France a été faite quelques jours avant le premier tour des élections (voir déclarations du chef de la diplomatie du 19 avril 2017 dans cette note de Le Parisien).

Une légère sensation de déjà vu

On rappelera également que dans un livre publié en France en 2014 par deux journalistes, “Les chemins de Damas”, il y était precisé comment sont parfois rédigés certains rapports sur la Syrie de la part des services de renseignements: “Les informateurs avaient soulevé plusieurs questions dans leurs rapports concernant des événements qu’ils n’avaient pas pu vérifier comme l’utilisation de gaz sarin. Une des hypothèses faite par les informateurs dans leurs rapports était la suivante : “Il est possible que des bombardements classiques de l’armée syrienne sur un laboratoire clandestin des rebelles ait provoqué une fuite de gaz.” Mais cette conclusion a été “purement et simplement coupée” du texte du rapport final” (voir note de presse de Sabah Ayoub publiée dans Le Grand Soir). Dans un commentaire sur cette publication, l´auteur commence en indiquant que: ” Le livre français, les chemins de Damas, publié il y a quelques jours, provoque un scandale en révélant des éléments secrets sur la manière dont la présidence française a forcé le corps diplomatique et les services secrets français à se soumettre à la décision politique de renverser Assad, ainsi qu’à manipuler les rapports sur les armes chimiques et la réelle puissance du régime syrien“.

On notera aussi que, plus récemment, les services israéliens et français de renseignements ont affiché une coopération fort étroite concernant les armes chimiques en Syrie, comme l´opération dite “Ratafia” dévoilée par Le Monde au mois de mars 2017 (voir note parue dans Le Monde).

La certitude des Etats Unis, fondement d´une frappe aérienne illégale au regard du droit international

Comme on le sait, en représailles à l’explosion de substances chimiques survenue à Khan Cheikhoun du 4 avril dernier, ayant causé la mort de 87 personnes, les Etats-Unis ont ordonné deux jours plus tard le bombardement de la base d’Al-Chayrat, d’où étaient partis, selon le Département d´Etat, le ou les avions de l´armée syrienne responsables. Cette opération militaire des Etats-Unis constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies. Pour une analyse strictement juridique, nous renvoyons à celle du Professeur Marko Milanovic (Université of Nottingham) intitulée: “The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria” publiée sur by EJIL Talk. On lit dans une analyse plus récente publiée en Belgique que le droit international:

… ne reconnaît pas de « droit » unilatéral d’intervention humanitaire. De même, la « responsabilité de protéger », consacrée par les membres des Nations unies en 2005, n’autorise pas un État à bombarder le territoire d’un autre État sans l’autorisation du Conseil de sécurité, même si ces bombardements sont conduits à des fins de protection de populations civiles menacées par leur propre gouvernement. Les frappes du 6 avril n’ont donc, en l’état, aucun fondement en droit international. Elles doivent donc être considérées comme illégales” (voir article de Nabil Hajjami, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre (CEDIN), intitulé “Les frappes militaires américaines en Syrie du 6 avril 2017 – Quelles incidences en droit international ? “, disponible ici).

Une analyse récente précise les risques de dérive concernant les interventions unilatérales dites “humanitaires”:

Article 2(4) is under great strain in the post-9/11 world and further exceptions would only further endanger international peace and stability. One only needs to consider how President Putin drew on NATO’s action in Kosovo as a precedent for intervention in Ukraine, stating that it was a ‘humanitarian mission’. This shows the dangers of setting precedents of humanitarian intervention and the risk of this ‘right’ being used as a pretext for aggressive and unlawful behaviour. It should not therefore be called upon to fill an enforceability or accountability gap. Responding to a breach of one cardinal international rule with a breach of another would be a retrograde step in the development of international law” (voir l´analyse du chercheur Chris O’Meara, intitulée “United States’ Missile Strikes in Syria: Should International Law Permit Unilateral Force to Protect Human Rights?“publiée par EJIL-Talk, disponible ici)

L´absence de condamnation catégorique de la part des alliés des Etats-Unis concernant cette décision unilatérale du Président Donald Trump est une donnée à prendre en compte. Lors de son intervention devant le Conseil de Sécurité, le représentant de la France a même jugé utile d´affirmer que:

“Cette opération américaine a constitué une réponse légitime face à un crime de masse qui ne pouvait rester impuni. Bashar Al-Assad, nous l’avons dit et répété, porte l’entière responsabilité de ce développement” (voir texte complet du compte rendu de la séance du 12 avril 2017, S7PV.7922, p. 4).

Comme on le sait, “punir” et éviter que des crimes puissent “rester impunis” sont des termes propres du droit pénal international, qui prévoit un certain nombre de mécanismes à ce sujet. Concernant les violations au droit international humanitaire et aux normes relatives aux droits de l´homme commises en Syrie, un mécanisme spécial a été créé en vertu d´une résolution adoptée par l´Assemblée Générale le 21 décembre 2016 (voir notre note sur le sujet). Ce nouveau mécanisme s´ajoute à celui créé par le Conseil des Droits de l´Homme des Nations Unies en 2011 (voir site officiel de la Commission Internationale Indépendante sur la Syrie).

Dans toutes nos belles facultés de droit, on enseigne que le droit international public exclut l´usage unilatéral et “punitif” de la force armée par un Etat contre un autre Etat, et ce depuis 1945. Nonobstant, il semblerait que pour l´occasion, les Etats-Unis el la France considèrent que les choses ont quelque peu changé depuis la signature de la Charte des Nations Unies. A ce sujet, nous avions eu l´occasion de signaler l´étrange rapprochement de vues entre les Etats-Unis et la France, lors de l´adoption de la résolution 2249 en novembre 2015 par le Conseil de Sécurité, suite aux attentats de Paris, concluant que:”La stratégie nord-américaine dans sa « guerre contre le terrorisme » semble donc avoir de nouveaux adeptes en France, même si ses échecs sont largement connus. Sur ce point précis, le rapprochement n´est pas seulement une simple vue de l´esprit: le premier diplomate étranger à s´être rendu personnellement au Palais de l´Elysée suite aux attentats de Paris fut le Secrétaire d´Etat américain John Kerry, le 17 novembre; la première destination à l´étranger du Président François Hollande suite aux attentats fut la visite rendue le 24 novembre 2015 à son homologue à Washington” (voir notre note, “Attentats à Paris: remarques critiques au sujet de la résolution 2249 du Conseil de Sécurité des Nations Unies“, Sentinelle-SFDI, Bulletin 454 du 29 novembre 2015, disponible ici).

La discussion au sein du Conseil de Sécurité: de la certitude de certains à l´incertitude collective

Malgré les affirmations catégoriques entendues de la part du représentant de la France concernant l´implication directe des autorités syriennes, on notera que lors de la même réunion du Conseil de Sécurité du 12 avril, la France (avec les Etats-Unis et le Royaume Uni) avait présenté un projet de résolution condamnant l´usage “qui aurait été fait” d´armes chimiques en Syrie (voir texte du projet de résolution qui n´a obtenu que dix votes pour, deux contre (dont celui de la Russie) et trois abstentions (donte celle de la Chine). La nuance mérite d´être signalée. On peut d´ailleurs s´interroger sur le nombre de votes réunis en faveur du texte si il avait été aussi catégorique dans son premier paragraphe que ses trois auteurs dans leurs interventions respectives. Le malaise de certains représentants, tel celui de l´Uruguay, ayant voté pour sans grande conviction, se laisse entrevoir lorsqu´il explique que:

Les privilèges qui distinguent les différents membres du Conseil font penser à une expression figurant dans le roman de George Orwell, intitulé « La Ferme des animaux », selon laquelle certains animaux sont plus égaux que d’autres. Ce déséquilibre légal mais illégitime, fait que de nombreux membres se trouvent dans une situation où ils sont obligés de choisir le moindre des deux maux parmi les options qui leur sont présentées” (voir compte rendu de séance S/PV.7922, p. 11).

Nous renvoyons le lecteur à notre note parue dans Ius360 (en espagnol) relative à la position des deux Etats d´Amérique Latine membres du Conseil de Sécurité lors du débat sur la Syrie: les annexes du texte renvoient au projet de résolution russe et aux projets dénommés “E-10” et “P-3” (version anglaise) ayant circulé au sein du Conseil de Sécurité le 5 avril 2017, lors d´une séance urgente sur la Syrie. Peu de commentateurs se sont intéréssés au texte russe, et la différence de ton par rapport aux projets “E-10” (présenté par les Etats élus Membres du Conseil) et “P-3 ” (présenté par les Etats-Unis, la France et le Royaume Uni). La principale différence entre ces deux derniers tient au Paragraphe 5 exigeant à la Syrie des informations militaires qu´un Etat rarement partage avec d´autres Etats.

Concernant le texte finalement présenté et soumis au vote lors de la séance du 12 avril (correspondant à une version à peine remaniée du projet “P-3” du 5 avril) on est d´ailleurs en droit de se demander si il est habituel de voir le Conseil de Sécurité des Nations Unies condamner “avec la plus grande fermeté l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques” (Paragraphe 1); et, plus généralement, condamner des actions “qui auraient été” menées. Sur ce point, une recherche rapide sur la toile de cette expression par le Conseil de Sécurité renvoit au seul projet de résolution présenté le 12 avril précité, mais le doute est permis. Nous remercions d´avance nos lecteurs et chercheurs de réferer à une quelconque résolution précédente du Conseil de Sécurité condamnant “avec la plus grande fermeté” des choses qui auraient été faites.

La certitude étasunienne passée au crible

Un rapport des services de renseignements des Etats-Unis afin de justifier cette action militaire contre la Syrie (voir texte complet) a été analysé par un spécialiste, Theodore Postol, Professeur au MIT (Massachusets). On peut lire dans son analyse (voir texte publié par GlobalResearch que :

We again have a situation where the White House has issued an obviously false, misleading and amateurish intelligence report“.

Dans un Addendum du 13 avril (voir texte), le scientifique conclut son analyse ainsi: “I therefore conclude that there needs to be a comprehensive investigation of these events that have either misled people in the White House, or worse yet, been perpetrated by people seeking to force decisions that were not justified by the cited intelligence. This is a serious matter and should not be allowed to continue“.

A noter qu´en 2013, un rapport “dérangeant” du MIT avait également mis en doute les certitudes des Etats-Unis et de la France, et Laurent Fabius, alors Ministre des Affaires Etrangères, avait soigneusement évité de répondre à une question tout aussi “dérangeante” d´un étudiant apparemment fort bien informé (voir article dans Le Point).

Pour revenir à l´explosion de substances chimiques en Syrie le 4 avril dernier, il sied de rappeler qu´Israël, par la voix de son Ministre de la Défense, affirma immédiatement être “100% certain” de l´implication directe des plus hautes autorités syriennes (voir note de Haaretz).

L´OIAC pressée de déclarer, avant toute enquête in situ

Les enquêteurs de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) ont conclu, le 19 avril dernier 2017, et ce sans procéder à l´envoi d´une mission sur place (réclamé depuis le 5 avril par la Russie dans son projet de résolution), à l’emploi « irréfutable » de gaz sarin ou d’une substance similaire. Sur cette épisode récent de l´OIAC, inhabituel dans la mesure ou l´OIAC prend plusieurs mois afin de mener une enquête en Syrie, nous renvoyons a notre note intitulée “Without any in situ inspection, OPCW confirms sarin exposure during the explosion that took place in Syria on 4th April” publiée sur le site de Pressenza.

Or, dans un rapport daté du 24 avril 2017 – et qui n´a fait l´objet d´aucun communiqué de presse – on lit de, la part de l´OIAC, qu´une Fact Finding Mission (FFM) a été mise en place:

The FFM is currently continuing the process of interviews, evidence management, and sample acquisition. A first interim report is expected to be completed in the coming weeks, at which time it will be submitted for the consideration of the States Parties and shared with the JIM” (voir rapport, point 18).

Indices, informations, doutes, pistes, hypothèses ou certitudes des uns doivent se traduire au sein d´un mécanisme de vérification international sur place pouvant établir avec précision le type de substances chimiques, leur origine exacte, et le mécanisme activé lors de l´explosion. Il s´agit d´un travail de longue haleine, et l´on peut rester surpris par la vitesse avec laquelle le Directeur Général de l´OIAC a communiqué les résultats préliminaires le 19 avril dernier (date qui coïncide avec l´annonce de “preuves irréfutables” par le chef de la diplomatie française susmentionée concernant l´implication des autorités syriennes).

Il faut savoir que les enquêtes menées en Syrie par l´OIAC prennent normalement un certain temps: par exemple le dernier rapport qui a été remis au Conseil de Sécurité concernant l´usage prétendu d´armes chimiques en Syrie date de janvier 2017: voir lettre de décembre 2016 et le rapport de la mission d’établissement des faits menée par l’OIAC en Syrie sur un incident du 2 août 2016, disponibles ici. On y lit (point 18 des conclusions du rapport) que:

Conclusions 18. Aucun des produits chimiques identifiés n’est susceptible d’être la cause du décès des victimes dans l’incident. La méthyldiéthanolamine est un précurseur de l’ypérite à l’azote, mais elle est également présente dans certains détergents commerciaux. Les signes d’exposition à l’ypérite à l’azote n’étaient pas visibles chez les victimes“.

Une enquête de l´OIAC a été ordonnée concernant l´usage du gaz moutarde durant la bataille d´Alep au mois de novembre dernier, dont les résultats sont toujours attendus. Traduire des indices en preuve au sens d´une procédure de vérification internationale, et, ensuite, passer de preuves à l’imputabilité n´est pas toujours chose aisée.

Une fois identifiée une ou plusieurs substances chimiques et leur origine, les éléments de preuve permettant d´attribuer leur usage constituent un point sur lequel les difficultés sont majeures. Nombreuses sont les possibilités d´usage de substances chimiques de la part des divers acteurs qui participent direct ou indirectement au conflit en Syrie. Il est bon de rappeler que l´OIAC a été créée en vertu de la “Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction“, signée à Paris en 1993, et qui est entrée en vigueur en 1997. Cette convention multilatérale a été ratifiée par 192 Etats (dont la Syrie, qui l´a ratifiée en 2013). En 2014, les équipes de l´OIAC ont conclu leur travail en Syrie, les stocks d´armes chimiques possédés par l´armée syrienne ayant été officiellement détruits. Nous renvoyons le lecteur au site officiel de l´OIAC concernant son travail en Syrie, où sont mis en ligne les divers rapports, demandes, documents officiels divers et communiqués de presse depuis 2013. A noter que le seul Etat Membre des Nations-Unies à ne pas être partie à cette convention est Israël (voir liste officielle sur l´état des signatures et ratifications).

En guise de conclusion

Le rapport des services de renseignements de la France, rendu public trois jours après le premier tour du scrutin, attribue directement aux autorités syriennes l´usage de substances chimiques contre les groupes rebelles à Idlib le 4 avril dernier, et écarte toute autre hypothèse. Admettre un instant que les autorités syriennes ne soient pas directement responsables de cette explosion aurait évidemment jeté un froid, au vu de l´insistance avec laquelle la France affirme depuis le 4 avril l´implication directe des autorités syriennes.

Comme on le sait bien, les rapports des services de renseignements ne sont pas des documents publics. Lorsqu´ils sont rendus publics, c´est bien souvent pour justifier la position d´un Etat. Au vu de la qualité relative du rapport des services de renseignements des Etats-Unis, ont est en droit de penser que celui produit par la France cherche aussi à venir en aide au Président Donald Trump.

Notes récentes de l´auteur:

BOEGLIN Nicolas, “Contre une invocation abusive de la légitime défense face au terrorisme“, Dommagescivils, 20 juillet 2016, disponible ici.

BOEGLIN Nicolas, “Francia en guerra: breves apuntes desde la perspectiva del derecho internacional“, Revista Pensamiento Penal, 23 de noviembre del 2015, disponible aquí.

BOEGLIN Nicolas, “Attentats à Paris: remarques critiques au sujet de la résolution 2249 du Conseil de Sécurité des Nations Unies“, Bulletin Sentinelle, SFDI, Número 454 du 29 novembre 2015, disponible ici.

BOEGLIN Nicolas, “2249 resolution does not allow bombarding in Syria“, Voltaire.net, December 3th, 2015, available here.

Foro Seguridad Jurídica. Los Decretos Únicos Reglamentarios (DUR): ¿Crisis de las fuentes de derecho en Colombia?

foro

Este jueves 27 de abril, se llevará a cabo el Foro sobre seguridad jurídica y competitividad, con las palabras de apertura del ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, y la participación de importantes abogados de Colombia, América Latina y Europa, que tendrá lugar en el Club El Nogal de Bogotá.

El foro de Seguridad Legal, Decretos Únicos Regulatorios y Crisis de las Fuentes de Derecho en Colombia, organizado por Moncada Abogados y la Universidad de Salerno. En este caso, se hará un balance del impacto de los 23 Decretos de Ordenanza Nacional emitidos por el Gobierno Nacional y se analizarán, entre otros temas, la calidad legislativa del país y los antecedentes y perspectivas de las políticas de compilación en Colombia y Latinoamérica.

MAS INFORMACIÓN SOBRE EL FORO

Al final de dos años de emisión por el Gobierno Nacional de los 23 Decretos Ordinarios Únicos (DUR), el Foro propone un balance de esta política de compilación a la luz de varias preguntas: ¿han contribuido los DURs a la racionalización, eficiencia y Competitividad del país en materia normativa? ¿Esta política le permite a Colombia cumplir con las recomendaciones del Consejo Regulador de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) o es un retroceso en términos de competitividad y reglas claras del juego para todos los operadores legales? ¿Estamos sufriendo una crisis en las fuentes del derecho a causa de diversos fenómenos, incluida la dispersión reglamentaria derivada de la Constitución de 1991? Para abordar estas cuestiones, #EventosMoncada, en colaboración con la Universidad de Salerno (Italia) y con el apoyo de la Fundación Moncada & Barrero, ha convocado un foro con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes darán cuenta de los aspectos más relevantes Antecedentes en el campo de compilación Tanto en Europa como en América Latina y la evolución y alcance de este tipo de políticas en Colombia.

Para mayor información o seguirlo en streaming:  www.EVENTOSMONCADA.com.co

América Latina durante la Discusión sobre Armas Químicas en Siria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Foto de la representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, durante sesión sobre el supuesto ataque con armas químicas en Siria, extraída de nota de UN Dispatch

Por: Nicolás Boeglin 
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
El 12 de abril del 2017, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sesionó nuevamente sobre la explosión de sustancias químicas ocurrida el pasado 4 de abril. Como bien se sabe, en la actualidad, además de los cinco Miembros Permanentes, los siguientes Estados forman parte del Consejo de Seguridad: Bolivia, Egipto, Etiopía, Italia, Japón, Kazajistán, Senegal, Suecia, Ucrania y Uruguay.

La reunión previa del 5 de abril

Una primera reunión urgente del Consejo de Seguridad sobre este delicado tema tuvo lugar el 5 de abril (véase acta de la sesión del Consejo de Seguridad en la que se puede apreciar la posición oficial de cada uno de los quince Estados que integran el Consejo de Seguridad).

Los tres integrantes del Consejo presentaron el pasado 5 de abril un proyecto de resolución condenando a Siria (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) mientras que en esa misma fecha, el órgano técnico a cargo de monitorear el uso de armas químicas de Naciones Unidas, titulaba un comunicado de prensa refiriendo a “Allegations of Chemical Weapons Use in Southern Idlib, Syria“: esta distinción entre, por una parte, lo que se afirma con mucha certeza que fue, y por otra, lo que se alega pudo ser, se ha mantenido incólumne, ante la ausencia de una investigación in situ desde el pasado 4 de abril.

El 5 de abril circularon tres borradores de resolución en el seno del Consejo de Seguridad: el proyecto de resolución elaborado por Rusia (véase Documento 1 al final de esta nota en inglés), el proyecto denominado E-10 (elaborado por los 10 Miembros no Permanentes (Documento 2 reproducido al final de este texto en inglés) y el texto propuesto por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (Documento 3 reproducido al final de esta nota, también en inglés): la diferencia entre la propuesta rusa y las demás es que solicita una investigación in situ para que se conozca el tipo de sustancias encontradas, su origen exacto, y quiénes fueron los responsables del uso de sustancias químicas. Las dos propuestas siguientes solicitan una investigación haciendo ver que Siria es directamente responsable por los hechos acaecidos en Idlib el 4 de abril. La diferencia sustancial entre los dos últimos reside en la redacción del párrafo operativo 5, considerado por varios delegados como excesivo en el anteproyecto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, al solicitarle a Siria una serie de datos sobre su personal militar, planes de vuelo y demás detalles operativos que raramente un Estado ha proporcionado a otros.

El proyecto de resolución presentado y votado el 12 de abril

La última versión del texto reelaborado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase Documento 4 reproducido en versión en español al final de esta nota) fue sometido a consideración nuevamente el 12 de abril: el texto incluye el mismo Párrafo Operativo (el Numero 5) exigiendo a Siria colaborar con el ente técnico a cargo de monitorear en Naciones Unidas el uso de armas químicas (conocido como la OPCW). Se trata de un punto de discordia mayor en la medida en que los autores del texto presumen – sin que haya habido investigación alguna – que Siria es responsable directa de lo ocurrido el pasado 4 de abril, contrario al criterio de Rusia y de China y de otros Miembros no Permanentes. Por ejemplo, en su declaración del 12 de abril (véase texto), el jefe de la diplomacia gala reitera que Siria es directamente responsable de lo que denomina él mismo el “ataque químico” perpetrado el 4 de abril pasado. De igual forma se desprende de las declaraciones a la prensa dadas por la Primer Ministra británica el pasado 13 de abril (véase nota de la BBC).

Una duda persistente

Desde un inicio, las autoridades sirias han negado rotundamente cualquier responsabilidad, al tiempo que Rusia ha pedido una investigación in situ por parte de un equipo internacional independiente de Naciones Unidas. Por su parte, desde un inicio, Estados Unidos acusó a Siria por usar de forma deliberada armas químicas contra grupos rebeldes y contra la población civil. Esta acusasión se basa en suposiciones, al no existir al momento ninguna investigación in situ realizada por expertos de forma independiente sobre lo ocurrido el 4 de abril en Siria. Algunos medios de prensa refieren al “supuesto” ataque con armas químicas (véase por ejemplo esta nota), mientras que muchas otras salas de redacción dan por un hecho que sí hubo un ataque con armas químicas perpetrado por Siria en sus notas y titulares. El anuncio hecho por parte de la entidad técnica de Naciones Unidas, la OPCW, el pasado 19 de abril, confirmando la presencia del gas sarín en Idlib se basa en investigaciones hechas sin inspección en el sitio, lo cual ha sido inmediatamente objetado por Rusia (véase breve nota nuestra al respecto).

Un informe de inteligencia de Estados Unidos (véase texto completo) asevera que las sustancias químicas fueron lanzadas desde un avión del Ejército de Siria el pasado 4 de abril. Un destacado científico del MIT (Massachusetts), Theodor Postol, ha analizado este informe de inteligencia, expresando algunas dudas sobre sus tésis y conclusiones: véase su análisis publicado en GlobalResearch en el que se lee, entre otros aspectos, que:

We again have a situation where the White House has issued an obviously false, misleading and amateurish intelligence report“.

En un Addendum con fecha del 13 de abril, (véase texto), este científico norteamericano concluye que:

I therefore conclude that there needs to be a comprehensive investigation of these events that have either misled people in the White House, or worse yet, been perpetrated by people seeking to force decisions that were not justified by the cited intelligence. This is a serious matter and should not be allowed to continue“.

El ataque de Estados Unidos en respuesta al denominado “ataque con armas químicas

A modo de represalia, 48 horas después de ocurrido el hecho en Idlib el pasado 4 de abril, el Presidente de Estados Unidos ordenó el bombardeo con 59 misiles Tomahawk de la base siria de la que, según Estados Unidos, partieron las armas químicas, en abierta violación a las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas de 1945.

En su intervención el Representante del Secretario General a cargo de mediar en las negociaciones de paz en Siria, Staffan de Mistura, precisó a los demás integrantes del Consejo de Seguridad que el ataque de Estados Unidos ha propiciado un recrudecimiento de las acciones armadas entre el Ejercito sirio y los grupos rebeldes. En su alocución (véase texto en pp.2-4 del acta de la reunión previa a la votación celebrada el mismo 12 de abril), leemos que:

Pocos días después, los Estados Unidos atacaron la base aérea de Al-Shayrat con 59 misiles Tomahawk. El viernes, el Secretario General Adjunto, Sr. Feltman, informó al Consejo sobre ese acontecimiento extrema damente grave (véase S/PV.7919). Desde entonces, hemos presenciado más enfrentamientos y violencia, con nuevas denuncias de uso de municiones en racimo en zonas habitadas, bombas de barril y armas incendiarias, en particular cerca del mismo Khan Shaykhun. El Secretario General ha expresado claramente su propia posición. Está consternado por el ataque con armas químicas cometido en Khan Shaykhun y pide rendición de cuentas por esos crímenes.

Sobre este y otros efectos que podría tener este sorpresivo ataque de Estados Unidos, así como algunas motivaciones que pueden explicar la rapidez con la que el Presidente Donald Trump ordenó este bombardeo, remitimos al lector a nuestra nota anterior titulada: “Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos“. Nótese que en su intervención, el representante de Siria ante el Consejo de Seguridad señaló el pasado 12 de abril que:

Esto llega en un momento en que el ejército sirio y sus aliados están logrando grandes victorias contra el terrorismo, en todas las ciudades y regiones de Siria se están concertando acuerdos de reconciliación nacional, y se han adoptado importantes medidas en el contexto de las conversaciones de Astaná, haciendo hincapié, como dijo el Sr. De Mistura, en la soberanía y la integridad territorial de Siria” (véase acta de la reunión, pp. 20-21).

Los efectos de la duda persistente en el texto votado

Reunidos para votar un proyecto de resolución sobre lo ocurrido el 4 de abril (y no sobre el ataque de Estados Unidos del día 6 de abril), los miembros del Consejo de Seguridad consideraron el anteproyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido (véase versión oficial en los seis idiomas de Naciones Unidas): este texto mantenía el Párrafo Operativo 5 tal como redactado por sus autores inicialmente. El texto obtuvo el voto a favor de diez integrantes del Consejo de Seguridad, dos votos en contra y tres abstenciones. El voto en contra de Rusia se contabiliza como un veto, por lo que el texto no fue adoptado, mientras que China optó por abstenerse. Bolivia votó en contra, mientras Etiopía y Kazajistán se abstuvieron.

Las explicaciones de votos de Bolivia y de Uruguay

Como indicado anteriormente el texto, los dos Estados de América Latina votaron de forma muy distinta este mismo texto. Ambos sabiendo de antemano que iba a ser vetado por Rusia. Resulta de interés revisar la posición externada par cada uno, y que el lector puede apreciar en su totalidad. Por cuestión de espacio, nos limitaremos a reproducir únicamente las partes de sus intervenciones sobre el voto como tal. Según se desprende del acta de la reunión en la que cada Estado pudo explicar su voto (véase texto en español), el representante de Bolivia se expresó en los siguientes términos:

Asimismo, Bolivia insiste en la necesidad imprescindible de que se lleve adelante una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de lo sucedido hace pocos días en Siria. Bolivia ha votado en contra de este proyecto de resolución porque considera que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Repetimos que para Bolivia el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en el tablero de ajedrez de la guerra. Nuevamente manifestamos que para el tratamiento de este proyecto de resolución sometido a voto en el día de hoy, algunos miembros del Consejo fuimos excluidos de las negociaciones. Nos llama profundamente la atención que se presenten proyectos de resolución que no han sido debidamente consensuados y que se sabe que van a encontrar votos de miembros permanentes en contra. ¿Cuál es la intención de este tipo de intentos? ” (pp. 9-10).

El representante de Uruguay, al parecer muy versado en literatura, señaló por su parte que debió “tomar la menos mala de las opciones” y votar a favor del texto propuesto por Estados Unidos, Francia y Reino Unido:

Hemos votado a favor de esta resolución porque, por un lado, condena claramente el continuado uso de armas químicas en Siria, y por el otro, explicitaba la información necesaria y requerida para llevar a cabo una investigación amplia, seria e independiente. Es necesario llegar a la verdad. Un grupo de miembros del Consejo buscó, a lo largo de la semana pasada y esta semana, haber encontrado un punto medio en las posiciones que permitiesen una investigación profunda y con amplios poderes para acercarnos a la verdad. Como a menudo sucede, las posiciones se fueron congelando impidiendo esta solución y, una vez más, el Con‑ sejo de Seguridad se embarcó en un proceso que a todas luces se leía como en la novela de García Márquez con aquel título de Crónica de una muerte anunciada.

En virtud de los privilegios que diferencian a los miembros del Consejo de Seguridad, y acá nos recorda‑ mos una vez a George Orwell en Rebelión en la granja, aquí hay animales que son más iguales que los otros. Ese desequilibrio legal pero ilegítimo nos pone a muchos miembros en la situación de tener que tomar la menos mala de las opciones delante de nosotros ” (p.11).

La notable incongruencia del primer párrafo operativo

Si se lee con detenimiento el Párrafo Operativo 1, la versión en español reza que el Consejo de Seguridad: ” Condena en los términos más enérgicos el presunto empleo de armas químicas en la República Árabe Siria” / “1. Condamne avec la plus grande fermeté l’emploi qui aurait été fait d’armes chimiques en République arabe syrienne” / “Condemns in the strongest terms the reported use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic” /.

El que el máximo órgano de Naciones Unidas sea llamado a condenar “en los términos más enérgicos” un “presunto” empleo de armas químicas constituye una extrañeza y es posible que en las versiones en ruso, árabe y chino, se detecte la misma incongruencia, que maquilla la versión en inglés que usa la palabra “reported” en vez de “alleged“. En cuanto a la versión francesa, condenar de forma enérgica algo “qui aurait été fait” constituye una originalidad de la que posiblemente muchos diplomáticos de habla francesa tomaron nota: véase las seis versiones oficiales disponibles aquí.

Un ejercicio dudoso ante la falta de consistencia de los autores del texto

Pese a un discurso político oído en Francia, Estados Unidos y Reino Unido sobre la responsabilidad directa de Siria en los hechos acaecidos el 4 de abril en Idlib, una semana más tarde sus representantes en el Consejo de Seguridad presentaron un proyecto de resolución para intentar obtener una resolución de condena sobre el “presunto” (“reported” o “qui aurait été fait”) uso de armas químicas. La inconsistencia de la posición sostenida es tal, que arroja nuevas dudas sobre las intenciones reales de los autores del texto.

En caso de haber sido adoptada como resolución, cabe la pregunta de saber si no hubiésemos presenciado una verdadera “premiere” en la práctica del Consejo de Seguridad. Sobre este punto en particular, hemos hecho diversas solicitudes sin éxito a la fecha, y agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores (en particular a diplomáticos más familiarizados con el léxico que usa el Consejo de Seguridad) el referirnos a alguna resolución de condena del Consejo de Seguridad sobre “presuntos” hechos. Se garantizará total confidencialidad en caso de ser requerida (la información puede ser enviada al correo electrónico siguiente: cursodicr(a)gmail.com).

A modo de conclusión

Para los estudiosos que se interesan por las posiciones asumidas por Estados de América Latina, este reciente episodio en el seno del Consejo de Seguridad realizado el pasado 12 de abril ofrece una notable diferencia de apreciación. Para quiénes siguen de cerca lo que ocurre en el Consejo de Seguridad, esta votación arroja algunas dudas sobre la intención real de los autores del texto votado. Si la intención de este ejercicio era la de aislar a Rusia, el objetivo no fue mayormente logrado. Si la intención era la de exhibir a los aliados de Siria en el seno del Consejo, se puede afirmar que tampoco se logró mayor cosa.

Más bien, la inconguencia del primer párrafo operativo viene a confirmar la persistencia de la duda que se tiene sobre el presunto “ataque con armas químicas” imputado a Siria y la imperiosa necesidad de esclarecer sin mayor preludios lo sucedido el 4 de abril en Idlib. No se tiene claro si la intención de Estados Unidos y la de sus dos aliados era la de exhibirla de esta manera. Finalmente, la rapídez con la que Estados Unidos reaccionó el 6 de abril aunada a la duda antes señalada pueden confirmar las sospechas de algunos sectores que tienen aún muy presente en la memoria lo occurrido en Irak en el 2003 con base en un argumento falaz construido por Estados Unidos y sus aliados.

Documento 1: Proyecto de resolución elaborado por Rusia

Recalling the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC) ratified by the Syrian Arab Republic on 14 September 2013, and the Council’s resolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015), 2314 (2016), and 2319 (2016),

Expressing its deep concern regarding the alleged incident with the chemical weapons in the Khan Shaykhun area of southern Idlib in the Syrian Arab Republic on 4 April 2017 reportedly causing large-scale loss of life and injuries, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,

Recalling that in resolution 2118 (2013) the Council decided that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons or transfer, directly or indirectly, chemical weapons, to other States or non-State actors and underscored that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain or transfer chemical weapons,

1.Requests the joint FFM and the JIM investigative team to visit as soon as possible the site of the alleged incident in Khan Shaykhun and adjacent territories to conduct full-scale investigation using the whole spectrum of relevant methods, including the alternative information collection efforts and investigative skills, as was strongly recommended for such cases in the 4th and 5th JIM’s reports (para. 49 and para . 11 respectively).

2. Demands all parties in the Syrian Arab Republic to secure in accordance with the resolution 2118 (2013) without any delay free and safe access for the joint FFM and JIM team to the site of the incident and adjacent areas;

3. Requests the Director-General of the OPCW Technical Secretariat and the head of the OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM) to forward through the United Nations Secretary-General to the Council for its consideration their proposals on the personal composition of the joint team to be dispatched to the Idlib Governorate of the Syrian Arab Republic based on the principle of a broad-based and balanced geographical representation;

4. Decides that the report of the joint FFM and JIM team should include all the evidences collected at the site of the incident and be provided to the Council for consideration;

5. Decides to remain actively seized of the matter.

Documento 2: Proyecto de resolución denominado “E-10”

“Recalling the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC) ratified by the Syrian Arab Republic on 14 September 2013, and the Council’s resolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015), 2314 (2016), and 2319 (2016),

Expressing its horror at the reported use of chemical weapons in the Khan Shaykhun area of southern Idlib in the Syrian Arab Republic on 4 April 2017 causing large-scale loss of life and injuries, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,

Noting the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has announced, in addition to its ongoing investigation, that its Fact Finding Mission (FFM) is in the process of gathering and analyzing information on this incident from all available sources and will report to the OPCW Executive Council,

Recalling that in resolution 2118 (2013) the Council decided that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons or transfer, directly or indirectly, chemical weapons, to other States or non-State actors and underscored that no party in Syria should use, develop produce acquire, stockpile, retain or transfer chemical weapons,

Recalling its determination that the use of chemical weapons in the Syria Arab Republic represents a threat to international peace and security,

1. Condemns in the strongest terms the reported use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, in particular the attack on Khan Shaykhun reported on 4 April 2017, expresses its outrage that individuals continue to be killed and injured by chemical weapons in the Syrian Arab Republic, and expresses its determination that those responsible must be held accountable;

2. Expresses its full support to the OPCW Fact Finding Mission, demands that all parties provide delay-free and safe access to any sites deemed relevant by the OPCW FFM, and, as applicable, by the JIM, to the reported incident in Khan Shaykhun in accordance with resolution 2118, and requests that the FFM report the results of its investigation as soon as possible;

3. Requests that the Secretary General make the necessary arrangements for the UN-OPCW Joint Investigative Mechanism to liaise closely with the Fact Finding Mission to expeditiously investigate any incident the FFM determines involved or likely involved the use of chemicals as weapons in order to identify those involved in accordance with the provisions of paragraph 5 of its Resolution 2235;

4. Recalls that in its resolutions 2118 and 2235 it decided that the Syrian Arab Republic and all parties in Syria shall cooperate fully with the OPCW and the United Nations including the Joint Investigation Mechanism;

5. Emphasizes that this includes the obligation upon the Syrian Arab Republic of complying with their relevant recommendations, by accepting personnel designated by the OPCW or the United Nations, by providing for and ensuring the security of activities undertaken by these personnel, by providing these personnel with immediate and unfettered access to and the right to inspect, in discharging their functions, any and all sites, and by allowing immediate and unfettered access to individuals that the OPCW has grounds to believe to be of importance for the purpose of its mandate, and decides that all parties in Syria shall cooperate fully in this regard; [op. 7 of op. 2118]

6. Requests the Secretary-General to report on whether the information and access described in paragraph 5 has been provided in his reports to the Security Council every 30 days pursuant to paragraph 12 of resolution 2118.

7. Recalls its decision in response to violations of resolution 2118 to impose measures under Chapter VII of the United Nations charter.

Documento 3: Proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido y circulado el 5 de abril:

Recalling the Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare, and the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction (CWC) ratified by the Syrian Arab Republic on 14 September 2013, and the Council’s resolutions 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015), 2314 (2016), and 2319 (2016),

Expressing its horror at the reported use of chemical weapons in the Khan Shaykhun area of southern Idlib in the Syrian Arab Republic on 4 April 2017 causing large-scale loss of life and injuries, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,

Noting the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) has announced, in addition to its ongoing investigation, that its Fact Finding Mission (FFM) is in the process of gathering and analysing information on this incident from all available sources and will report to the OPCW Executive Council,

Recalling that in resolution 2118 (2013) the Council decided that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons or transfer, directly or indirectly, chemical weapons, to other States or non-State actors and underscored that no party in Syria should use, develop produce acquire, stockpile, retain or transfer chemical weapons,

Determining that the use of chemical weapons in the Syria Arab Republic represents a threat to international peace and security,

1. Condemns in the strongest terms and use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, in particular the attack on Khan Shaykhun reported on 4 April 2017, expresses its outrage that individuals continue to be killed and injured by chemical weapons in the Syrian Arab Republic, and expresses its determination that those responsible must be held accountable;

2. Expresses its full support to the OPCW Fact Finding Mission investigation and requests that it report the results of its investigation as soon as possible;

3. Recalls paragraph 9 of resolution 2235 (2015), which requested the FFM to collaborate with the JIM to provide full access to all the information and evidence obtained or prepared by the FFM, and stresses that the JIM should begin to fulfill its mandate alongside the FFM as it seeks to determine whether the incident on April 4 2017 involved the use of chemicals as weapons;

4. Recalls that in its resolutions 2118 and 2235 it decided that the Syrian Arab Republic and all parties in Syria shall cooperate fully with the OPCW and the United Nations including the Joint Investigation Mechanism;

5. Emphasizes that this includes the obligation upon the Syrian Arab Republic to provide the JIM and FFM with the following:

(a) flight plans, flight logs, and any other information on air operations, including all flight plans or flight logs filed on April 4 2017;

(b) names of all individuals in command of any helicopter squadrons;

(c) arrange meetings requested including with generals or other officers, within no more than five days of the date on which such meeting is requested;

(d) immediately provide access to relevant air bases from which the JIM or the FFM believe attacks involving chemicals as weapons may have been launched

6. Requests the Secretary-General to report on whether the information and access described in paragraph 5 has been provided in his reports to the Security Council every 30 days pursuant to paragraph 12 of resolution 2118.

7. Recalls its decision in response to violations of resolution 2118 to impose measures under Chapter VII of the United Nations charter.

Documento 4: Proyecto de resolución sometido a votación el 12 de abril del 2017 en el Consejo de Seguridad con el sigiuente resultado: 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones

Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte:

proyecto de resolución

El Consejo de Seguridad,

Recordando el Protocolo relativo a la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y de Medios Bacteriológicos y la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ) a la que la República Árabe Siria se adhirió el 14 de septiembre de 2013, y sus resoluciones 1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015), 2314 (2016) y 2319 (2016),

Expresando su horror ante el presunto empleo de armas químicas el 4 de abril de 2017 en la zona de Jan Shaijun, al sur de Idlib, en la República Árabe Siria, lo que habría provocado pérdidas de vidas y heridas en gran escala, afirmando que el empleo de armas químicas constituye una grave violación del derecho internacional y destacando que los responsables de cualquier empleo de armas químicas deben rendir cuentas de sus actos,

Observando que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha anunciado que, además de la investigación en curso, su Misión de Determinación de los Hechos (MDH) está recopilando y analizando información sobre este incidente de todas las fuentes disponibles y presentará un informe al Consejo Ejecutivo de la OPAQ,

Recordando que en su resolución 2118 (2013) el Consejo decidió que la República Árabe Siria no debía emplear, desarrollar, producir, adquirir de otro modo, almacenar ni conservar armas químicas, ni transferir, directa o indirectamente, armas químicas a otros Estados o agentes no estatales, y recalcó que ninguna parte en Siria debía emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar, conservar ni transferir armas químicas,

Recordando el informe presentado por el Director General de la OPAQ (EC- 82/DG18, de fecha 6 de julio de 2016) en que se indica que la Secretaría Técnica de la OPAQ no puede resolver todas las insuficiencias, incoherencias y discrepancias encontradas en la declaración de Siria y, por lo tanto, no puede verificar cabalmente si Siria ha presentado una declaración que pueda considerarse exacta y completa de conformidad con la CAQ, la decisión EC-M-33/DEC.1 del Consejo Ejecutivo de la OPAQ, de fecha 27 de diciembre de 2013, o la resolución 2118 (2013),

Recordando su determinación de que el empleo de armas químicas en la República Árabe Siria constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales,

1. Condena en los términos más enérgicos el presunto empleo de armas químicas en la República Árabe Siria, en particular el ataque contra Jan Shaijun el 4 de abril de 2017 del que se ha informado, expresa su indignación por el hecho de que se siga provocando la muerte y heridas de personas mediante el empleo de armas químicas en la República Árabe Siria, y expresa su determinación de que los responsables de esos actos deben rendir cuentas de ellos;

2. Expresa su pleno apoyo a la investigación emprendida por la MDH de la OPAQ, exige a todas las partes que faciliten el acceso, en condiciones de seguridad y sin demoras, de la MDH de la OPAQ, y, si procede, del Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas (MCI), a todos los lugares que consideren pertinentes en relación con el presunto incidente ocurrido en Jan Shaijun, incluido el lugar en que tuvo lugar el presunto incidente el 4 de abril, de conformidad con la resolución 2118 (2013), y solicita a la MDH que informe de los resultados de dicha investigación lo antes posible;

3. Solicita al Secretario General que disponga los arreglos necesarios para que el MCI mantenga un estrecho enlace con la MDH a fin de investigar rápidamente cualquier incidente en que la MDH considere que se han empleado o es probable que se hayan empleado sustancias químicas como arma, con miras a identificar las partes implicadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de su resolución 2235 (2015);

4. Recuerda que en sus resoluciones 2118 (2013) y 2235 (2015) decidió que la República Árabe Siria y todas las partes en Siria debían cooperar plenamente con la OPAQ, incluida la MDH, y las Naciones Unidas, incluido el MCI;

5. Pone de relieve que ello incluye la obligación que incumbe a la República Árabe Siria de cumplir con las recomendaciones pertinentes de la OPAQ y las Naciones Unidas, incluidos la MDH y el MCI, aceptando el personal designado por la OPAQ o las Naciones Unidas, disponiendo y garantizando la seguridad de las actividades que realice ese personal, proporcionando a ese personal acceso inmediato y sin trabas a todos los sitios y reconociendo su derecho de inspeccionarlos en el desempeño de sus funciones, y permitiendo el acceso inmediato y sin trabas a las personas que la OPAQ o las Naciones Unidas, incluido el MCI, tenga motivos fundados para considerar de importancia a los efectos de su mandato, y específicamente que esto incluye las obligaciones que le incumben a la República Árabe Siria de proporcionar al MCI y a la MDH la siguiente información y de adoptar las medidas que se indican a continuación:

a) Los planes de vuelo, los libros de a bordo y cualquier otra información sobre las operaciones aéreas, incluidos todos los planes de vuelo o los libros de a bordo presentados el 4 de abril de 2017;

b) Los nombres de todas las personas al mando de cualesquiera aeronaves;

c) Organizar las reuniones que se soliciten, incluidas reuniones con generales u otros oficiales, en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en que se solicite la reunión;

d) Facilitar acceso inmediato a las bases aéreas pertinentes desde las cuales el MCI o la MDH consideren que se hubieran lanzado ataques en los que se hubieran empleado sustancias químicas como arma; 6. Solicita al Secretario General que, en los informes mensuales que le presenta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución 2118 (2013), indique si se han proporcionado la información y el acceso que se describen en el párrafo 5;

7. Recuerda la decisión que adoptó en respuesta a las violaciones de la resolución 2118 (2013) de imponer medidas en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

8. Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión

Armas Químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos

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Foto extraída de articulo de prensa sobre el tipo de misil Tomahawk usado por Estados Unidos contra Siria con 59 artefactos lanzados el 6 de abril del 2017 en la provincia de Olms.

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). 

Armas químicas en Siria: Consejo de Seguridad y Estados Unidos

En razón de sustancias químicas en Siria que, el pasado 4 de abril han dejado un saldo mortífero de 87 personas, entre las cuales 20 niños, y más de 400 heridos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión este 5 de abril para escuchar a varios altos funcionarios de Naciones Unidas encargados de monitorear el uso de estas armas y a algunos de sus integrantes.

Las dudas y las tésis existentes

Las autoridades de Siria niegan haber hecho uso de estas armas (véase nota de prensa de Naciones Unidas). A la fecha no existe ninguna investigación realizada in situ por parte de alguna entidad independiente que permita conocer las causas de este trágico hecho. Esta inspección permitiría saber quiénes estaban en posesión de estas sustancias y su origen exacto.

Mucho más precavidos que otros, algunas salas de redacción de medios como la BBC usan “chemical attack” en sus titulares entre comillas, ante algunas incógnitas aún no dilucidadas sobre lo que originó esta mortal explosión con sustancias químicas (vease nota de la BBC). De igual manera, El Pais (España) tituló su nota incluyendo el adjetivo “supuesto”: “Un supuesto ataque químico causa una matanza en la zona rebelde siria” (véase nota). Algunos medios de prensa internacionales tienen claridad sobre la posible manipulación informativa que pueda ocasionar este hecho no investigado ocurrido en Siria, otros al parecer no tanto.

De igual forma, la ONG Human Rights Watch (HRW) refiere en sus análisis a la expresión “alleged chemical attack”, dada la persistente falta de certeza (véase nota de HRW del 6 de abril del 2017).

Recordemos que en el 2013 unos (pocos) medios de prensa se interesaron por correos filtrados en los que se mencionaba un plan de la administración del Presidente Obama para endosar a las autoridades de Siria el uso de armas químicas: véase al respecto artículo titulado “U.S. ‘backed plan to launch chemical weapon attack on Syria and blame it on Assad’s regime’“, retirado luego del medio que lo publicó inicialmente (MailonLine) y “capturado” por blogueros y algunos sitios como Web.archive.org al que lo referimos.

En noviembre del 2016, un informe divulgado hizo ver que ISIS (o Daesh) es una entidad que posee también armas químicas y que las usa tanto en Siria como en Irak (véase nota del New York Times).

Rusia por su parte, ha sostenido que el 4 de abril, el Ejercito sirio bombardeó desde el aire posiciones de los rebeldes que al parecer incluían un depósito de sustancias químicas (véase nota de prensa).

En cambio, para Estados Unidos, Francia y Reino Unido, no hay duda alguna sobre la responsabilidad directa de las autoridades de Siria en ordenar el uso de estas armas contra grupos rebeldes. Francia sobre el particular se muestra particularmente vehemente (véase nota de Le Monde). Al respecto, un proyecto de resolución presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido circuló, con las reservas de Rusia y de China al no existir, según ellos, pruebas suficientes para imputar la intención de usar estas armas a mandos del Ejército regular sirio (véase nota de prensa). Estas posiciones antagónicas obligaron a Estados Unidos, Francia y Reino Unido a revisar su texto y enmendarlo para someterlo nuevamente a consideración. Este fue presentado el 12 de abril en una nueva sesión del Consejo de Seguridad (véase texto de proyecto de resolución) en la que fue objeto de un veto por parte de Rusia y de una abstención por parte de China (véase breve nota nuestra sobre el desglose del voto de diez a favor, dos en contra y tres abstenciones y las versiones anteriores circuladas del texto).

Este nuevo drama humano se da en el marco del conflicto armado entre las fuerzas regulares sirias y los grupos rebeldes, en el que cualquier acción armada que cause la muerte de civiles es objeto de acusaciones recíprocas de ambos bandos.

Las resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad sobre Siria

El 28 de febrero del 2017, un proyecto de resolución sobre el tema de las armas químicas en Siria presentado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido fue vetado por China y por Rusia, alegando la segunda que una resolución de un ente como el Consejo de Seguridad debe basarse en hechos probados y no en suposiciones (véase nota de prensa de Naciones Unidas).

La última resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria se adoptó el 31 de diciembre del 2016, en la que el Consejo de Seguridad manifestaba su beneplácito ante las iniciativas de Rusia y de Turquía en aras de relanzar una salida política al conflicto en Siria (véase texto de la Resolución 2336).

La última resolución sobre la violencia en Siria como tal del Consejo de Seguridad es la Resolución 2328 adoptada el 19 de diciembre del 2016, relativa a la evacuación de la población civil en Alepo ante el avance de las tropas sirias apoyadas por la aviación de Rusia (véase nuestra modesta nota al respecto). Diez días antes, Francia había intentado frenar el avance hacia Alepo, presentando un proyecto de resolución exigiendo un cese al fuego: el texto fue objeto de un veto por parte de Rusia. El 9 de diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución sobre la situación en Alepo (véase modesta nota nuestra).

Es oportuno recordar que en setiembre del 2013, el Consejo de Seguridad había adoptado la resolución 2118 (véase texto), exigiendo mediante un mecanismo de verificación y monitoreo a Siria destruir los arsenales de armas químicas. En el punto 18 se leyó que el Consejo de Seguridad instaba a los demás Estados a no proveer sustancias que permitan ser utilizadas en armas nucleares, químicas o biológicas en Siria. Lo hizo en los siguiente términos, en los que el Consejo…

18. Reafirma que todos los Estados Miembros deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas nucleares, químicas o biológicas o sus sistemas vectores, y exhorta a todos los Estados Miembros, en particular a los Estados Miembros vecinos de la República Árabe Siria, a informar inmediatamente al Consejo de Seguridad de cualquier violación de lo dispuesto en este párrafo” (Nota 1).

Los crímenes cometidos en el conficto en Siria

Cabe recordar que el 21 de diciembre del 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas también creó un mecanismo de investigación sui generis para todos los crímenes cometidos en Siria desde el 2011: la resolución A/RES/71/248 se titula: ” Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011” (véase texto oficial en español). No se trata de crear un nuevo tribunal penal ad hoc, ni una misión de fact finding en materia de derechos humanos, sino de un ente encargado de apoyar el enjuiciamiento penal de posibles responsables, una iniciativa que al parecer no cuenta con precedente alguno en Naciones Unidas. Es de recordar que ya existe, en el caso de Siria, un mecanismo independiente de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos en agosto del 2011 (véase sitio oficial e informes elaborados).

Según se desprende de las discusiones previas a su adopción formal, Costa Rica fue el único Estado en América Latina en coauspiciar el proyecto de resolución adoptado el 21 de diciembre por la Asamblea General (véase breve nota nuestra al respecto).

En octubre del 2016, la ONG Amnistía Internacional (AI) publicó un informe sobre lo que se denomina oficialmente “efectos colaterales” a operaciones militares en Siria, en el que se lee que:

It’s high time the US authorities came clean about the full extent of the civilian damage caused by Coalition attacks in Syria. Independent and impartial investigations must be carried out into any potential violations of international humanitarian law and the findings should be made public“ (véase informe de AI).

En un reciente reporte del mes de marzo del 2017 de la ONG Airwars.org, titulado “As claims escalate under Trump, Airwars tracks 1,000th alleged Coalition civilian casualty event” se lee que las cifras de civiles afectados por estas operaciones militares en Siria (y en Irak) van en aumento:

Recent evidence indicates that in both countries, civilian casualties rose during the last months of the Obama administration and are now accelerating further under the presidency of Donald Trump – suggesting possible key changes in US rules of engagement which are placing civilians at greater risk

Los denominados “efectos colaterales” en Irak tampoco debieran de ser ignorados o pasados por alto: el pasado 24 de marzo, una operación aérea de la coalición liderada por Estados Unidos causó la muerte de más de 200 civiles en Mosul (véase nota del New York Times).

Bombardeos aéreos en Siria y nacionalidades de las aeronaves.

En buena lógica, un mecanismo como el establecido por la Asamblea General el 21 de diciembre del 2016 deberá de interesarse por las exacciones cometidas tanto por las autoridades sirias como por los grupos rebeldes (y quiénes los adiestran y asesoran), así como por otros Estados que se han involucrado en operaciones militares aéreas en Siria. Sobre este último punto, hay que precisar que el involucramiento militar en territorio sirio difiere sensiblemente: mientras que Rusia cuenta con el consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS (o Daesh), las operaciones realizadas desde el aire por Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Bahrein, Emiratos Arabes Unidos, Turquía (y unos más Estados que forman parte de la denominada “Coalición contra ISIS”) adolecen del consentimiento oficial de Siria para bombardear posiciones de ISIS, y la base jurídica invocada para justificarlas (legítima defensa) es altamente cuestionable y cuestionada (Nota 2).

Después de Canadá (febrero del 2016), Dinamarca optó en diciembre del 2016 por suspender toda participación en operaciones aéreas en Siria, luego de una operación en la que sus aviones bombardearan “por error” posiciones del ejército de Siria. Más allá del “error humano“, algunos analistas se inclinan a pensar que el “error” fue inducido por los dos otros participantes a esta operación aérea, Estados Unidos y Reino Unido. Se trata del primer Estado europeo en retirar formalmente a sus aeronaves de la denominada “Coalición contra ISIS” (Nota 3).

El pasado 24 de febrero, por vez primera, Irak procedió a bombardeos en territorio sirio (véase nota de prensa), lo cual augura tensiones mayores a las ya existentes entre Siria e Irak.

De manera a tener mayor claridad sobre el funcionamiento de la denominada “coalición“, puede resultar de cierto interés conocer la proporción existente entre bombardeos de Estados Unidos y de sus aliados en Siria: la ONG Airwars.org (véase quinto gráfico en este enlace de Airwars.org) reporta que al 2 de abril del 2017, en Siria se efectuaron un total de 7896 bombardeos aéreos, de los cuales 7524 fueron efectuados por Estados Unidos, y 372 por sus aliados.

El régimen de inspección sobre arsenal de armas químicas.

Nótese que desde 1997 entró en vigor la Convención sobre las Armas Químicas, otorgando a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPCW en inglés, OPAQ en español: véase sitio oficial) la misión de erradicar el uso de las armas químicas y de verificar su destrucción. Siria es parte a dicha convención desde el 2013 y todos los informes y resultados de misiones de investigación de la OPCW disponibles en este enlace oficial.

A la fecha, esta convención cuenta con 192 Estados Partes: al revisar el detalle de quién es parte a dicho convenio y quién aún no entre los 193 Estados Miembros de Naciones Unidas, Israel se mantiene como el único Estado en no ser parte (véase listado oficial).

En el caso específico de Siria, y en consonancia con lo dispuesto en la resolución 2118 del Consejo de Seguridad precitada del 2013, el equipo de Naciones Unidas a cargo de monitorear la destrucción de armas químicas en suelo sirio (denominado OPCW-UN – veáse sitio oficial), presentó sus respectivos informes a finales del 2014 al cumplirse su mandato en Siria.

A solicitud de Siria, un equipo de Naciones Unidas realizó una nueva investigación en territorio sirio, con relación a varios incidentes en agosto del 2016 en lo que se sospechaba de muertes causadas por sustancias químicas. Los resultados de esta investigación fueron entregados al Consejo de Seguridad en enero del 2017 (véanse carta e informe disponibles en este enlace de Naciones Unidas). En las conclusiones se lee que: “6.3 A partir de las pruebas presentadas por la Autoridad Nacional de la República Árabe Siria, las historias clínicas examinadas, los resultados de los análisis de las muestras y la narración predominante en todas las entrevistas, el grupo de la Misión no puede concluir con certeza si se empleó o no una sustancia química concreta como arma en el incidente investigado. Por el resultado de los análisis de las muestras, el grupo de la Misión considera que probablemente ninguna de las sustancias químicas identificadas sea la causa de la muerte de las víctimas del incidente notificado” (p. 16).

El ataque de Estados Unidos perpetrado contra Siria a modo de represalia. 

De forma unilateral y sopresiva, Estados Unidos lanzó un ataque con misíles dos días después contra posiciones del Ejercito de Siria, a modo de represalia armada. Esta acción obligó al mismo Secretario General de Naciones Unidas a llamar a evitar una escalada de acciones militares horas después (véase nota oficial de Naciones Unidas).

Como bien se sabe, el uso de la fuerza es terminantemente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas, y la única excepción a esta regla está previsa en el Artículo 51 de la misma (caso de legítima defensa). Las represalias que impliquen el uso de la fuerza contra otro Estado son prohibidas, y las únicas acciones militares jurídicamente válidas son las expresamente autorizadas por el Consejo de Seguridad. Por lo tanto, esta acción militar de Estados Unidos se dió en clara violación a la legalidad internacional, y sin que medie autorización previa del Consejo de Seguridad: remitimos al respecto al análisis del Profesor Marko Milanovic (Universidad de Nottingham) titulado “The Clearly Illegal US Missile Strike in Syria” publicado en el EJIL-Talk.

En una entrevista al profesor Stefan Talmon de la DW, el universitario precisa el alcance de algunas afirmaciones erróneas circuladas en medios de prensa (véase entrevista). Un reciente artículo publicado el 9 de abril del 2017 en La Nación (Argentina) sobre este sorpresivo ataque de Estados Unidos concluye que: “Todavía no se sabe a ciencia cierta si el gobierno sirio usó armas químicas el 4 de abril. Por ahora, lo concreto es que 59 misiles estadounidenses fueron lanzados contra una instalación oficial de Siria y eso ocasionó un temblor diplomático global y una avalancha de dudas“.

Pretextos para justificar guerras: el precendente de Irak (2003)

Con relación a la agresión militar a Irak acaecida en el 2003, se supo en el año 2015 que durante más de un año antes de dicha agresión, las máximas autoridades de Estados Unidos y del Reino Unido intercambiaron opiniones sobre cuál sería el pretexto más convincente para justificar ante la opinión pública internacional una declaración de guerra a Irak (véase interesante reportaje del 2015 al respecto, titulado “Smoking gun emails reveal Blair’s ‘deal in blood’ with George Bush over Iraq war was forged a YEAR before the invasion had even started“, que incluye cables confidenciales hechos públicos y los diversos “smoking guns” sugeridos). Como se recordará, Estados Unidos lideró una coalición de Estados en su aventura militar en Irak, los cuales a la fecha no parecieran haberse manifestado ante el ardid encontrado en aquella ocasión por los estrategas de la Casa Blanca para justificar esta acción militar colectiva (la cual no contó nunca con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

A modo de conclusión: el mundo ante la peculiar manera de tomar decisiones de la actual administración norteamericana

A diferencia del tiempo tomado por la administración del Presidente Georges W. Bush para consultar y definir la mejor estrategia en Irak, la administración del Presidente Donald Trump pareciera esta vez haber reaccionado sin mayor cautela ni consulta y de manera unilateral. No se tiene claro si se han previsto las consecuencias de este ataque militar en Siria y el riesgo de escalada que conlleva.

Con esta acción, se confirma esta muy peculiar manera de tomar decisiones en materia de política exterior del nuevo ocupante de la Casa Blanca. Durante la reunión celebrada el 7 de abril sobre este ataque norteamericano a Siria, se dejó entrever que Estados Unidos cuenta con el respaldo político de varios otros integrantes del Consejo, pero que no hay argumentos jurídicos que sostengan su posición (véase acta o “Proces Verbal” de la sesión). Esta primera sesión posiblemente será objeto de una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la que los demás integrantes del máximo órgano de Naciones Unidas deberán tomar posición con respecto a esta decisión unilateral que constituye una violación flagrante a las disposiciones contenidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945.

–Notas–

Nota 1: Sobre las negociaciones previas a la resolución 2118, véase CARDOZA ZÚÑIGA R. , “El uso de armas químicas en Siria, un desafío para el derecho internacional”, ACDI / Anuario Colombiano de Derecho Internacional, Vol.8 (2015), pp.17-40. Texto disponible aquí.

Nota 2: En un llamado inequívoco de los especialistas en derecho internacional publicado en agosto del 2016 en Bélgica, y suscrito por diversos especialistas en derecho internacional y sus mentores (texto disponible aquí en francés, en inglés, en portugués, en español y en árabe) se señala, entre otros puntos que:

« De esta manera, ha sido justificado, en nombre de la legítima defensa, un número importante de intervenciones militares, como aquella contra Al-Qaida, el Levante (EIIL, también conocido como Daesh), o contra grupos afines. Si bien algunos Estados han minimizado dichos precedentes por su carácter excepcional, existe un gran riesgo que el derecho de legítima defensa se transforme rápidamente en una llave que permita justificar de manera sistemática el origen de acciones militares en todas las direcciones y en forma unilateral. Ahora bien, sin oponernos por principio al uso de la fuerza contra los grupos terroristas – particularmente en el actual contexto de la lucha contra Daesh – nosotros, profesores e investigadores en derecho internacional, estimamos que dicha invocación creciente del derecho de legítima defensa es objetable. El derecho internacional prevé en efecto una serie de medidas para luchar contra el terrorismo que deberían ser utilizadas previo a la invocación de la legítima defensa ».

Nota 3: Véase con respecto a la decisión de Dinamarca nuestra breve nota: BOEGLIN N.,”The decision of Denmark to withdraw from airstrikes on Syria and Iraq“, Debate Global, 9 de diciembre del 2016, texto disponible aquí.

Foro “Derecho Internacional y Acuerdos de Paz”. Expertos hablan del Acuerdo de Paz en Colombia.

Foro

En la foto de izquierda a derecha: Juana I. Acosta, Jean d´Aspremont, María Carmelina Londoño, Rafael Arturo Prieto, Carolina Olarte y Makane Moïse Mbengue. 

El pasado miércoles 8 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de la Sabana el Foro Derecho Internacional y Acuerdos de Paz, organizado por la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana y el Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, junto con su Centro de Estudios de Derecho Internacional “Francisco Suárez, S.J.”. El evento contó con la participación de dos invitados internacionales, el Profesor  Jean d´Aspremont, Universidad de Manchester, y el profesor Makane Moise Mbengue, de la Universidad de Ginebra.

En la mesa 1, titulada “Análisis de Acuerdos de Paz y modelos de Justicia Transicional a la luz del Derecho Internacional”, se desarrollaron las ponencias de los dos invitados internacionales, a Peace Agreements under internacional law: Internationalizing Peace or Pacifying International Law, por parte del Profesor d´Aspremont, y  The Relevance of Peace Agreements in International Dispute Settlement, a cargo del Profesor Makane.

También intervinieron los profesores y miembros de la Academia Colombiana de Derecho InternacionalJuana I. Acosta López, experta en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con su ponencia Pasado, presente y futuro de la justicia transicional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; María Carmelina Londoño, quien presentó una reflexión sobre los Estándares internacionales de reparación a víctimas y acuerdos de paz; Carolina Olarte Bácares, experta en derecho de las inversiones, abordó el tema Tratados de inversión y acuerdos de paz; y por último, Rafael Arturo Prieto, con su ponencia ¿Quién teme al juez internacional? O cuando la elusión de responsabilidad se convierte en obsesión, por su experiencia en derecho de los conflictos armados.

Las mesas 2 y 3 se desarrollaron paralelamente. La Mesa 2, titulada “Desafíos en la implementación del Acuerdo respecto de inversión extranjera y derechos humanos” contó con las ponencias de los profesores: Vanessa Suelt Cock, Marco Alberto Velásquez Ruiz (Miembro de ACCOLDI), Carlos E. Arévalo Narváez (Miembro de ACCOLDI)Carlos Andrés Uribe Piedrahita, Ildiko Szegedy Maszak, Yadira Alarcón Palacio y Mónica Hurtado Lozano.  En esta mesa se abordaron asuntos como el problema de los niños y niñas en el conflicto armado, el reclutamiento de menores y el derecho de éstos al restablecimiento de sus derechos, el derecho al territorio en el marco de la paz territorial, la responsabilidad de las empresas, las tensiones entre la justicia transicional y la protección a la inversión extranjera en Colombia y los derechos de las víctimas y la participación política de excombatientes.

En la mesa 3, titulada “Desafíos en la implementación del modelo de justicia transicional en Colombia” estuvieron: Fabio Pulido Ortíz, Roberto Carlos Vidal, Lorena Vega Dueñas, Iván Garzón, Nicolás Carrillo-Santarelli (Miembro de ACCOLDI), Andrés Fermando Ramírez y Maria Andrea Marroquín. Las discusiones que se abordaron en esta mesa giraron en torno a la naturaleza jurídico-internacional del acuerdo, la validez y legitimad de los procedimientos de implementación, la Jurisdicción Especial para la Paz y los tribunales mixtos, la verdad y la memoria, la transgresión y expansión de los limites de la justicia transicional y el nuevo concepto de delito político en los acuerdos de paz.