CURSO: PAZ, POSTCONFLICTO Y DESARROLLO: EL ROL DEL DERECHO INTERNACIONAL

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Como muestra del compromiso académico, social e investigativo, la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) desarrolló desde el 11 hasta el 13 de diciembre con éxito el curso “Paz, Postconflicto y Desarrollo: el Rol del Derecho Internacional”. Dicha actividad contó con el apoyo de cinco universidades de gran trayectoria y reconocimiento en la materia, a saber: Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad de la Sabana, Universidad Externado y la Pontificia Universidad Javeriana.

Uniendo esfuerzos con ACCOLDI, las cinco instituciones lograron reunir un grupo de expertos altamente calificados en diversas materias que van desde el Derecho Internacional Económico, pasando por el Derecho Internacional y la perspectiva de Género, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las dinámicas de la justicia transicional y el posconflicto. El curso, en primer lugar, estaba dirigido a líderes y lideresas sociales que sintieran un especial interés por las dinámicas del posconflicto y su desenvolvimiento en el Derecho Internacional, todo esto con miras a crear espacios de capacitación y discusión necesarios para comprender la coyuntura actual que atraviesa Colombia. Los becarios compartieron sus experiencias con el cuerpo docente y generaron redes de conocimiento necesarias para amplificar su campo de acción.

Éste curso nació con una iniciativa única en su especie: diversificar el conocimiento en torno al posconflicto y su relación con el Derecho Internacional. El ciclo de conferencias estuvo dirigido a abogados, politólogos, líderes sociales, activistas, empleados de cualquiera de las ramas del poder público, y en general a cualquier persona que tuviese relación en sus actividades cotidianas con el derecho internacional y que consideraran que este curso pudiese contribuir positivamente en el mejor desempeño de sus labores.

Dentro de las actividades académicas impartidas, se contó con un equipo profesoral del más alto nivel, entre los que se encuentran la profesora María Carmelina Londoño Lázaro, vicepresidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacional y su conferencia: Sistema interamericano de Derechos Humanos realizada en la Universidad de la Sabana. El profesor Enrique Prieto realizó la conferencia titulada “Derecho Internacional Económico y su relevancia en el Posconflicto” realizada en la Universidad de los Andes, y en la misma jornada, pero en la Universidad Externado de Colombia el profesor Wilfredo Robayo desarrolló la conferencia “Responsabilidad del Estado frente a un hecho ilícito internacional”. El cierre del curso se realizó en la Pontificia universidad Javeriana de la mano de conferencistas como el profesor Fabián Cárdenas, reconocido por su amplia trayectoria en el Derecho Internacional Ambiental, quien además realizó varias reflexiones sobre el estudio del Derecho Internacional Ambiental tendientes hacia la ampliación e inmersión en esta rama emergente dentro del Derecho Internacional.

Invitamos a la comunidad en general a participar en las actividades realizadas por la Academia Colombiana de Derecho Internacional, que van desde seminarios, conferencias, talleres, capacitaciones, hasta cursos o congresos internacionales.

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Una corte, dos Estados, tres controversias

 Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Resumen: la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminará sus fallos este 2 de febrero del 2018 resolviendo todas las controversias sometidas a su conocimiento existentes entre Costa Rica y Nicaragua. Es la primera vez en su historia que el juez internacional de La Haya procede a leer en un solo día fallos relacionados a tres asuntos distintos entre dos Estados. Costa Rica y Nicaragua han protagonizado en los últimos años un espectáculo raramente visto en la esfera internacional, que se pretende analizar en las líneas que siguen. 

Este próximo viernes 2 de febrero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dará a conocer su fallo sobre la última demanda presentada por Costa Rica contra Nicaragua relacionada a una carpa militar de Nicaragua ubicada en la playa adyacente a la Laguna de Isla Portillos (véase comunicado en francés y en inglés ). Se trata de un asunto denominado oficialmente por la CIJ “Land Boundary in the Northern Part of Isla Portillos (Costa Rica vs. Nicaragua)“.

Adicionalmente, este mismo 2 de febrero dictará sentencia en el caso de:

– la fijación del monto compensatorio a Costa Rica por el daño ambiental causado en el 2010 por Nicaragua en Isla Portillos, solicitado por Costa Rica en el 2016 (véase comunicado en francés y en inglés). A notar que el caso de la ocupación de Isla Portillos fue oficialmente denominado por la CIJ “Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua)“;

– la delimitación marítima en ambos océanos, en respuesta a una demanda interpuesta por Costa Rica contra Nicaragua en febrero del 2014 (véase comunicado en francés y en inglés). Este caso se denomina oficialmente por parte de la CIJ: “Maritime Delimitation in the Caribbean Sea and the Pacific Ocean (Costa Rica v. Nicaragua)“.

Como es sabido, una sentencia del juez internacional responde a una solicitud hecha por un Estado contra otro Estado. En buena teoría, antes de acudir formalmente a la CIJ, el Estado demandante ha ponderado los riesgos que conlleva el acudir a un tercero como la CIJ, cuyas decisiones son difíciles de prever debido al equilibrio y al balance que sus 15 jueces titulares siempre van a intentar plasmar en el fallo. El Estado demandado por su parte ha procedido al mismo ejercicio antes de aceptar la competencia de la CIJ para examinar el fondo del asunto, pudiendo intentar equivar la justicia recurriendo a las excepciones preliminares: una figura procesal mediante la cual la parte demandada cuestiona la competencia de la CIJ.

¿Porqué la decisión de la CIJ es imprevisible? Porque, a diferencia de otros jueces, el juez internacional es consciente de la necesidad de calmar los ánimos y de no tensar más, con su decisión, la situación entre estos, en particular cuando se trata de Estados vecinos. ¿Qué sentido tuvo una acción ante la justicia internacional si se hubiese podido obtener una solución más favorable negociada bilateralmente? Es la pregunta que en círculos especializados se puede dar, al darse lectura de un fallo de la CIJ. Por ejemplo, desde noviembre del 2012, en Colombia, es probable que muchos lamenten en silencio el hecho que, desde 1980, no se hubiesen entablado negociaciones bilaterales con Nicaragua para delimitar la frontera marítima en el Mar Caribe.

En el caso de la primera controversia, se trata de una demanda presentada por Costa Rica el 16 de enero del 2017, solicitando al juez internacional ordenarle a Nicaragua el retiro de una carpa plástica de militares que apareció en la playa que se ubica frente a la Laguna de Portillos (véase texto de la demanda interpuesta en La Haya como tal con, en pp.12-13 fotos satelitales).

 
Con relación a esta demanda por la carpa militar de Nicaragua, en una ordenanza del 2 de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de presentación de escritos extremadamente breves de un mes para Costa Rica y de un mes y medio para Nicaragua (véase texto de la ordenanza). El juez internacional accedió además, a solicitud de Costa Rica, a unir esta inusual demanda con la demanda de Costa Rica en materia de delimitación marítima, interpuesta en febrero del 2014.

I. Algunas consideraciones previas

Antes de entrar a analizar en las líneas que siguen los alcances de estas demandas, procederemos a recapitular la secuencia de demandas entre ambos Estados en los últimos años con algunas breves explicaciones. Ello con el fin de familiarizar un poco a nuestro estimable lector con el clima que se vive dentro del aparato estatal de ambos Estados, en el que pareciera que conceptos como “consulta“,”diálogo“, “mediación“, “negociación“, “racionalidad“, o “sensatez” se desvanecen cuando se trata del Estado vecino:

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2010

En noviembre el 2010, Costa Rica demandó a Nicaragua (véase texto de la demanda) por la ocupación ilegal de su territorio en el sector conocido como “Isla Portillos” y por los daños causados por el dragado del Río San Juan emprendido por Nicaragua. Cabe precisar al lector poco familiarizado con la geografía de la zona fronteriza de Costa Rica que “Isla Portillos” corresponde al extremo Norte de una masa terrestre denominada “Isla Calero“, de unos 159 Km2. El sector conocido como “Isla Portillos” representa en superficie alrededor de 1,7 Km2. Es de notar que pese al uso de la palabra “isla” en ambos casos, ninguna de estas dos regiones califica como tal, al situarse dentro del territorio correspondiente a la costa costarricense en el Caribe:

Mapa de la zona conocida como “Isla Calero” correspondiente al delta del río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. En el círculo rojo dibujado por el autor, la zona conocida como “Isla Portillos”. Figura facilitada por el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesor, Escuela Centroamericana de Geología, UCR. 

Como lo puede apreciar visualmente nuestro lector, declarar que “Nicaragua ocupa Isla Portillos ilegalmente” no es igual a declarar que “Nicaragua ocupa Isla Calero ilegalmente” dada la diferencia de superficie entre ambos. El uso de las palabras “invasión” o “agresión” en vez de “ocupación ilegal” o “incursión” (de carácter estrictamente semántico para algunos, y como tal de relevancia relativa), tampoco es anodino. En agosto del 2013, un funcionario-consultor de la cancillería de Costa Rica reconoció, en una de las primeras preguntas realizadas por la periodista Natalia Rodríguez Mata, conductora del programa Sobre la Mesa de Canal 15 UCR, la diferencia existente entre estos diversos términos: admitió públicamente que, desde el punto de vista jurídico, “agresión “ e “invasión “ no aplicaban a la situación acaecida en Isla Portillos (Nota 1).

Este y otros sutiles juegos del lenguaje llevaron en el 2016 a académicos de la Universidad de Costa Rica (UCR) a analizar cómo el discurso de las autoridades de Costa Rica en el período 2010-2014 tendió a sobredimensionar la controversia con Nicaragua (véase nota oficial del portal de la UCR titulada “Analizan política exterior con Nicaragua desde la perspectiva legal y social. Especialistas cuestionan sobredimensión de conflicto limítrofe“).

Como bien se recordará, la ubicación del encargado del dragado del Río San Juan en Nicaragua, Eden Pastora, se debió a un error de la empresa Google Earth, puesto que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y de Nicaragua coincidían (al menos hasta el 2011) en ubicar “Isla Portillos” bajo la jurisdicción de Costa Rica. En esta nota de La Nación del 4.11.2010 se puede leer “Vea la foto satelital de Google y ahí se ve la frontera. En los últimos 3.000 metros las dos márgenes son de Nicaragua”.

Recurrir a mapas equivocados de Google teniendo a disposición mapas cartográficos oficiales coincidentes constituye un hecho inusitado, y el “Comandante 0” (nombre de guerra de Eden Pastora en los años 80) es, sin lugar a dudas, partidario de lo inusual.

Mapa del último sector de la frontera terrestre entre Costa Rica y Nicaragua de Google Earth usado por Eden Pastora para ubicarse en Isla Portillos en octubre del 2010. A la izquierda, mapa usado que contiene un error, a la derecha, el mapa rectificado por Google Earth a inicios de noviembre del 2010 (ver nota de La Nación titulada “Google reconoce error en mapa que traza límites en sector de isla Calero”). Imagen extraida de artículo de prensa titulada “Google se desmarca del conflicto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica” .

Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales contratados por Nicaragua ante la CIJ entre el 2010 y el 2015, la ocurrencia de Eden Pastora no surtió efectos. En su fallo del 16 de diciembre del 2015, la CIJ ordenó a Nicaragua retirarse del sector conocido como “Isla Portillos” al ser declarado por los jueces territorio costarricense (véase texto de la sentencia, párrafos 92-93).

La demanda de Nicaragua contra Costa Rica del 2011

En diciembre del 2011, Nicaragua demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada “trocha fronteriza” por parte de Costa Rica iniciada a mediados del mismo año (véase texto de la demanda). Se trata de una ruta de unos 154 kilómetros que bordea la frontera fluvial y parte de la frontera terrestre, sin que se entienda muy bien hasta la fecha qué relación puede guardar con el lugar en el que incursionó de forma ilegal Nicaragua en “Isla Portillos“. Además, el punto de inicio de esta ruta en puesto Delta dista de unos 25 kilómetros del sector de “Isla Portillos“. Construir una ruta paralela a la frontera de más 150 kilómetros entre Los Chiles y Puesto Delta so pretexto que permite a Costa Rica “defenderse” y vigilar lo que ocurre en Isla Portillos se mantiene como una idea profundamente original. Bautizarla oficialmente como “Ruta 1856 Juan Rafael Mora Fernández” para enfatizar la importancia que le otorga Costa Rica en la defensa de su soberanía no resuelve mayormente el problema de su originalidad.

Mapa de la denominada “trocha fronteriza” y de las rutas de acceso al río San Juan habilitadas por Costa Rica en respuesta a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua calificada como una “agresión” e “invasión” por parte de las autoridades de Costa Rica en el 2010. Documento oficial presentado en Casa Presidencial en Costa Rica. Al extremo derecho, Isla Portillos (circulo en rojo realizado por el autor ya que no se distingue mayormente en razón de la escala usada) 

Tal y como lo indicamos en un medio de prensa en Costa Rica en diciembre del 2015 (véase artículo publicado en La Extra), la transitabilidad de un trazado de 154 kilómetros en una zona tropical presenta desafíos que no se dieron en el caso de otras fronteras en el mundo acordonadas con una ruta paralela a la línea divisoria (entre otros, las fronteras de Israel y un segmento de la frontera entre Estados Unidos y México):

esta ruta se ubica en el trópico húmedo, lo cual requiere un ejercicio mayor en cuanto a su construcción y mantenimiento, sin que quede muy claro cuál es la “contención” a la que se quiere proceder por parte de Costa Rica. Algunos de su promotores han afirmado que permite “defender” a Costa Rica, sin que se tenga tampoco claridad de cómo una ruta paralela a un río (que además se desborda en ciertas épocas del año) permita cumplir con este objetivo. Finalmente, de optar por mantener esta idea, esta ruta debería garantizarle continuidad a sus usuarios, con puentes sobre el Río Sarapiquí, el Río San Carlos, el Río Frío, que conllevan un esfuerzo ingenieril debido a las características muy propias de estos ríos en cuanto a caudal (similares al Río Parrita en la vertiente Pacífico) sin contar innumerables quebradas, humedales y muchos otros cuerpos de agua que desembocan en el San Juan“.

Lo más notorio es que, a la fecha en que se redactan estas líneas (enero del 2018), la “trocha fronteriza” persiste como una verdadera criatura sin padre:

– en el mes de agosto del 2012, un artículo en el Semanario Universidad se tituló “Se mantiene interrogante de quién ordenó construir trocha fronteriza”;

– en enero del 2013, en un artículo de opinión, el entonces Ministro de Seguridad, José María Tijerino Picado, rechazó haber sugerido la construcción de la “trocha” (veáse texto);

– en abril del 2013, un artículo publicado en el Semanario Universidad se tituló: “Todos alabaron la trocha, pero nadie asumió la paternidad”.

A finales del 2015 tuvimos la oportunidad de preguntar ante cámaras a un ex alto funcionario de la administración 2010-2014 quién fue, dentro del gabinete, el que sugirió la “trocha“. En su respuesta, Carlos Roverssi Rojas (en un primer momento designado como Vice Canciller en el período mayo 2010-junio 2013 y a partir de junio del 2013, Ministro de Comunicación) indicó simple y llanamente que:

los responsables de la trocha somos todos, y Costa Rica en general” (sic.) (Nota 2).

En mayo del 2016, un interesante artículo de CRHoy se tituló con una pregunta cuya vigencia, pese a la sencillez de la respuesta dada por Carlos Roverssi, persiste a la fecha: “Caso de la trocha: ¿y los responsables?“.

Pese a los esfuerzos de los asesores legales internacionales contratados por Costa Rica ante la CIJ entre el 2011 y el 2015, la ocurrente idea de alguien en alguna oficina gubernamental en Costa Rica no convenció mayormente a los jueces en La Haya. El fallo de la CIJ de diciembre del 2015 contiene un párrafo en el que la CIJ desdice a Costa Rica sobre la pretendida “situación de emergencia” para justificar la construcción, en condiciones tan peculiares, de la denominada “trocha“.

En efecto, en el párrafo 158 de su sentencia (véase texto) del 16 de diciembre del 2015, se lee que para la CIJ:

.. la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le Costa Rica n’a pas démontré l’existence d’une urgence justifiant de construire la route sans entreprendre d’évaluation de l’impact sur l’environnement. En effet, l’exécution des travaux était prévue dès le départ pour durer plusieurs années, ce qui s’est confirmé par la suite. De plus, lorsque le Costa Rica a entrepris la construction de la route, la situation dont le territoire litigieux était le théâtre avait déjà été portée devant la Cour, laquelle a, peu de temps après, indiqué des mesures conservatoires“.

En caso de alguna duda de nuestros estimables lectores, reproducimos la versión en inglés del mismo extracto del párrafo 158 de la sentencia de la CIJ:

the Court considers that, in the circumstances of this case, Costa Rica has not shown the existence of an emergency that justified constructing the road without undertaking an environmental impact assessment. In fact, completion of the project was going to take, and is indeed taking, several years. In addition, when Costa Rica embarked upon the construction of the road, the situation in the disputed territory was before the Court, which shortly thereafter issued provisional measures“.

La condena a Costa Rica por no haber realizado los estudios sobre el impacto ambiental al construir la ruta paralela fue unánime y ninguno de los jueces se mostró receptivo a algunos de los alegatos de Costa Rica relacionados a la supuesta “emergencia” (véase párrafo 229 del Por tanto de la decisión, inciso 6).

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2014

En febrero el 2014, Costa Rica demandó a Nicaragua por el tema de la delimitación marítima, pidiendo al juez internacional determinar la frontera marítima en ambos océanos (véase texto de la demanda, la cual viene sin mapas que pudiesen ilustrar las pretensiones exactas de Costa Rica). Esta demanda se presentó de forma sorpresiva, al no haber mayor tensión con Nicaragua registrada en febrero del 2014 en este ámbito preciso. A notar que fue presentada pocas semanas después de celebrarse la primera vuelta electoral en Costa Rica.

En mayo del 2016, ante las coordenadas muy distantes dadas por cada uno de los dos Estados con relación al inicio de la frontera terrestre en Punta Castilla, en el Caribe, el cual fue fijado en 1897, la CIJ ordenó un peritaje, y dos expertos nombrados por la CIJ realizaron varias visitas in situ en aras de ofrecerle mayor claridad a la CIJ a la hora de ubicar este punto. Ambos rindieron su informe en abril del 2017 (véase texto en francés y en inglés en el que, en la página 45, figuran los puntos propuestos por cada Estado). En junio del 2017, ambos expertos contestaron a algunas dudas que tenía Costa Rica sobre sus conclusiones (véase texto de su respuesta a Costa Rica).

La demanda de Costa Rica contra Nicaragua del 2017

En enero del 2017 Costa Rica demandó a Nicaragua por el campamento militar localizado en la playa frente a la Laguna de Portillos, que detallaremos a continuación.

Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times titulada “Costa Rica sues Nicaragua over military camp near border” . En el centro en azul, la carpa militar colocada por Nicaragua en el playón que se forma frente a la Laguna de Portillos.

II. Una carpa militar sola frente al mar

Un lector acostumbrado a revisar el tipo de asuntos que terminan en La Haya podría mostrarse un tanto perplejo ante una demanda presentada por un Estado contra otro en razón de la colocación de una carpa militar ubicada en una playa. Observando el carácter rudimentario de la carpa plástica colocada, la perplejidad puede ser mayor y esperamos que las líneas anteriores lo ayuden a mantenerla a niveles aceptables. De manera conocer el breve cruce de notas entre ambos Estados acaecido a finales del 2016, lo remitimos a nuestra nota publicada en Pressenza, titulada “Campamento militar en la playa: Costa Rica presenta nueva demanda contra Nicaragua ante la CIJ“, que incluye algunas tomas aéreas y fotos satelitales.

Gráfico extraído de esta nota de prensa de La Nación 

Es de notar que el banco de arena que se forma naturalmente frente a la Laguna de Portillos (y que la protege del mar) en la que se ubicó la carpa militar colocada por Nicaragua es considerado en todos los mapas oficiales de Costa Rica (al menos hasta diciembre del 2015) como perteneciente a … Nicaragua. En efecto, en su último segmento, la línea fronteriza sigue el contorno del borde de la Laguna de Portillos, tal y como se observa en los mapas del mismo Instituto Geográfico Nacional (IGN) de Costa Rica, iniciando en Punta Castilla.

Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000) 

 Al haber en su decisión de diciembre del 2015 la CIJ ordenado a Nicaragua retirarse del sector conocido como Isla Portillos, no ahondó sobre la pertenencia de este playón (que protege la Laguna de Portillos de la erosión marina) a uno u otro Estado. En una de sus ordenanzas, la CIJ pareciera haber incluido la playa en la expresión “territorio en disputa“, al menos esto es lo que interpreta Costa Rica en su demanda del 2017. El alegar que el fallo de diciembre del 2015 modificó la situación anterior y le adjudicó esta playa a Costa Rica es la tarea a la que se abocaron los asesores internacionales contratados por Costa Rica ante el juez internacional. Este próximo 2 de febrero, se podrá apreciar cuán convincentes fueron y cuán sólidos fueron sus argumentos.

III. La última controversia de dos aún pendientes de resolución entre ambos Estados 

Este mismo 2 de febrero del 2018, la CIJ determinará también, en un fallo distinto para cada asunto, dos cuestiones pendientes de resolución entre ambos Estados:

– A.) La compensación por daño ambiental. El juez internacional deberá fijar el monto exacto de la compensación por el daño ambiental ocasionado por Nicaragua en el sector de Isla Portillos a partir de octubre del 2010 y luego en setiembre del 2013 con la apertura de dos nuevos “caños” (véase nota sobre anuncio de la CIJ). Se trata de un aspecto irresuelto entre ambos Estados, en el que destaca la peculiar manera de “negociar” un monto indemnizatorio. Anunciar públicamente, sin previa consulta, un monto constituye sin lugar a dudas una verdadera novedad para los entendidos en técnicas de negociación internacional. Sobre el particular y otros detalles de interés, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestro artículo publicado en el OPALC (Sciences-Po, Paris) titulado: “Monto por daño causado en Isla Portillos oficializado por Costa Rica: breves apuntes“).

Nótese que al anunciar el monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016, Costa Rica reconoció que la metodología usada para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos no proviene de una entidad del Estado, sino de una entidad privada costarricense.

El monto que asigne la CIJ dependerá de la metodología usada por cada uno de los dos Estados para cuantificar el daño ambiental en Isla Portillos, al materializar una cifra a partir de un desglose del daño ocasionado y valores asignados, por ejemplo, a la tala de árboles, entre muchos otros rubros. Desde este punto de vista, y sin tal vez proponérselo, la escogencia oficial de una metodología que hayan hecho Costa Rica por su parte y Nicaragua por su lado en sus respectivos alegatos escritos, puede resultar de interés para efectos internos, y en particular para los sectores ecologistas de ambos Estados (Nota 3).

Nos atrevemos a pensar que la CIJ no reconocerá una compensación por más de 6 millones de US$ a Costa Rica, sino por menos.¿Cuánto menos? Posiblemente menos que la mitad.

– B.) La frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua. En otra sentencia, el juez internacional determinará la frontera marítima entre los dos Estados en ambas costas, en respuesta a la solicitud que interpuso Costa Rica en febrero del 2014 (veáse nota nuestra al respecto). Este último procedimiento contencioso fue unido por la CIJ con el de la carpa militar del 2017.

Con relación a los plazos para la presentación de escritos, en su ordenanza de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó este plazo a 10 meses (Costa Rica habiendo solicitado un plazo de 6 meses y Nicaragua uno de 12 meses).

Las audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua con relación a la delimitación marítima tuvieron lugar en julio del 2017 en La Haya durante las cuales cada Estado presentó a los jueces las líneas que pretende (véase breve nota nuestra al respecto ).

Concluidas las audiencias orales en La Haya, se abrió la etapa del “délibéré” de la CIJ: en este caso, las deliberaciones internas entre los jueces duraron 6 meses. Tratándose de dos costas a delimitar, este plazo resulta inusualmente corto, en particular si lo comparamos con los 13 meses que debieron de esperar pacientemente Perú y Chile en el 2014 para escuchar la lectura del fallo de la CIJ sobre su frontera marítima (véase breve nota nuestra al respecto en la que se intenta dar algunas razones que puedan explicar plazos tan largos del debate colegial interno a la CIJ).

Nos atrevemos a pensar que la CIJ encontró una manera sencilla de fijar una línea intermedia entre las líneas proyectadas en ambos océanos por cada uno de los Estados, en aras de satisfacer las pretensiones de ambos, en un fallo que posiblemente nos recuerde lo salomónico que puede a veces resultar el juez en sus decisiones.

Recordando la discusión originada entre Perú y Chile en el 2015 al no coincidir el inicio de la frontera marítima con el punto terminal de la frontera terrestre en la sentencia de la CIJ (véase foto satelital y triangulación objetada por Chile en esta nota de Elpais.cr) sería al respecto deseable que, en la decisión que rinda el juez internacional, el punto de inicio de la frontera marítima en el Caribe coincidiera con el punto terminal de la frontera en la playa entre Costa Rica y Nicaragua.

Otro punto de discordia potencial que sería (también) deseable que la CIJ resolviera en el texto de su sentencia, es la pertenencia de Isla Bolaños a Costa Rica, en el Océano Pacífico: se trata de una isla (esta sí es una isla que califica como tal, rodeada de agua salada …) ubicada en un bahía común a ambos Estados, la bahía de Salinas. El tratado de límites de 1858, siempre vigente, establece que ambos Estados ejercen de forma conjunta su soberanía en esta bahía (así como en la Bahía de San Juan del Norte en el Caribe). ¿Cuál es el régimen de esta isla? Se trata de un tema que tensó a la opinión pública en Costa Rica en julio del 2016 al publicarse en la prensa de Costa Rica una de las pretensiones de Nicaragua contenida en sus alegatos escritos sobre esta isla: remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota al respecto. No es la primera vez que se filtra a la prensa costarricense documentos que, en apego a las estrictas reglas de confidencialidad de la CIJ, no debieran de circular más que entre el juez y las partes (Nota 4).

La controversia sobre la Isla Bolaños y la coincidencia antes referida del punto inicial de la frontera marítima son algunos aspectos que ojalá se resuelvan en el texto de la sentencia a ser leída este 2 de febrero. Para ello, ambos Estados debieron de haberlo solicitado en sus conclusiones finales a los jueces. De no haberlo hecho, darían pie para nuevas discusiones entre dos Estados que parecieran tener como única agenda bilateral, el de remitir sus controversias al juez en La Haya.

Con relación al monto por compensación en materia ambiental, Costa Rica anunció unilateralmente un monto de más de 6 millones de US$ en junio del 2016 (véase nota de prensa), y a la fecha se desconoce cuál fue el monto ofertado por Nicaragua que se haya plasmado en un documento oficial. El conocerlo permitiría conocer la distancia existente entre ambos montos. Es muy probable que la CIJ en su decisión busque un término medio entre el monto solicitado por Costa Rica y el monto ofertado por Nicaragua (el cual deberá aparecer en alguna parte de la sentencia a leerse): se trata de un recurso al que recurre a menudo el juez internacional en aras de permitir a ambos Estados salir bien librados ante sus respectivas opiniones públicas. “Partir el ayote por la mitad” es un concepto familiar en Costa Rica para quiénes son llamados a impartir justicia y agradecemos desde ya a nuestros atentos lectores indicarnos si la misma expresión es también usada en Nicaragua.

Este próximo 2 de febrero: un día inédito para la justicia internacional

Salvo error de nuestra parte, es la primera vez en la historia que la CIJ convoca a dos Estados para leerles su decisión en tres asuntos distintos, intentando enviar tal vez con esta larga jornada en perspectiva, un mensaje a ambos ribereños del río San Juan.

Al tratarse de tres asuntos distintos, el poner en relieve los asuntos en los que la otra parte quedó desfavorecida y en el que se salió favorecido debería permitir a ambos Estados salir airosos ante la opinión pública nacional e internacional este próximo 2 de febrero.

En el preciso caso de Costa Rica y de Nicaragua, tanto en el caso del fallo de julio del 2009 (sobre derechos de navegación) como en el de diciembre del 2015 sobre Isla Portillos y la denominada “trocha fronteriza” (dos casos unidos en un solo procedimiento contencioso a solicitud de Nicaragua), mañaneros cantos de sirena se dejaron oir de ambos lados del río San Juan.

Es de notar que, en el caso de la sentencia de julio del 2009 de la CIJ, Nicaragua obtuvo de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y Costa Rica una prohibición absoluta hecha a sus fuerzas policiales de navegar: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i) adoptados ambos por unanimidad de la decisión del 2009). El hecho que, siendo titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial reconocida en un tratado vigente desde 1858, un Estado presente una demanda, y regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y, como mínimo, merece mención. Un año después de leida la sentencia, Costa Rica enfrentaría, en el 2010, enormes dificultades para vigilar lo que ocurría en el último segmento de su frontera fluvial con funcionarios de Nicaragua utilizando mapas erróneos de Google Earth para ubicarse.

IV. La última demanda presentada en el 2017: una nueva marca para la CIJ en medio de una nebulosa

Al haber sido presentada por Costa Rica en enero del 2017, esta demanda por la presencia de una carpa militar de Nicaragua en esta playa del Caribe constituye el primer caso contencioso resuelto en un solo año por la CIJ en toda su historia: en efecto, por cada demanda contenciosa, los Estados deben prepararse a por lo menos cuatro años de procedimiento como mínimo, y a sufragar los gastos que supone su defensa, los cuales oscilan entre 5 a 9 millones de US$para cada Estado y cada demanda.

Los gastos que significa una demanda en La Haya constituyen un ámbito sobre el que los Estados se muestran usualmente discretos, y la prensa, poco curiosa (salvo muy contadas excepciones).

En el 2007, la prensa circuló datos sobre los honorarios de los abogados internacionales contratados por Argentina y Uruguay en el caso de las plantas de celulosa ventilado ante la CIJ (véase nota de prensa de Eldia). En Colombia en el 2014, la prensa tuvo acceso a los honorarios devengados por los asesores contratados por Colombia para enfrentar la demanda de Nicaragua (véase nota de prensa de Semana). Entre algunos datos recientes hechos públicos en América Latina, Chile se vió forzado a reconocer públicamente en el 2014 que, para enfrentar la demanda peruana ante la CIJ, gastó más de 20 millones de US$.

En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “ A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso que despierta algunas interrogantes y que nos ha parecido oportuno mencionar (y que habría tal vez que dar a conocer – discretamente – a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena y colombiana).

Pese a algunos montos dados a conocer en Costa Rica y en Nicaragua de manera un tanto esporádica sobre el costo asumido por cada Estado en su defensa, no ha circulado ningún documento oficial en el que se incluyan los diversos rubros (que van más allá de los únicos honorarios devengados por los asesores internacionales contratados por cada Estado). Los honorarios de abogados internacionales representan una parte, más no la totalidad de los gastos de una demanda en La Haya: estos incluyen otros rubros tales como viajes, viáticos, estudios técnicos, honorarios de peritos, historiadores, cartógrafos, imágenes satelitales, viáticos en La Haya, sueldos de funcionarios nacionales dedicados tiempo completo o casi durante largos años, sueldos de consultores nacionales, reuniones de trabajo en el exterior, elaboración, revisión y traducción de documentos, entre muchos otros.

Como se indicó anteriormente, cada demanda contenciosa supone para los Estados cuatro años como mínimo de procedimientos en La Haya, con excepción de la “demanda por la carpa” a la que aludimos, y que constituirá la demanda objeto de la resolución más expédita en toda la historia de la CIJ.

Sobre algunos datos arrojados en Costa Rica y en Nicaragua así como en otros Estados (en los que la prensa se muestra mucho más interesada por el costo económico del litigio en La Haya), remitimos a nuestros estimables lectores a esta nota publicada en CIARglobal titulada “Audiencias orales entre Costa Rica y Nicaragua ante la CIJ” (véase en particular sección “El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura“).

V. A modo de conclusión 

No cabe duda que en los últimos años, Costa Rica y Nicaragua han protagonizado un espectáculo raramente visto en el ámbito internacional. La respuesta del juez internacional a la demanda por la carpa militar edificada en la playa que protege la Laguna de Portillos del mar vendrá a concluir una secuencia ininterrumpida de demandas entre ambos Estados desde el mes de noviembre del 2010. El observar que en, seis años y dos meses, dos Estados puedan llegar a presentar cuatro demandas entre ambos (de las cuales tres planteadas por Costa Rica) constituye un hecho insólito en los anales de la justicia internacional de La Haya.

Las comunidades fronterizas en ambos Estados – que comparten la misma pobreza y falta de oportunidades, como muchas de las comunidades fronterizas en América Latina – son las más afectadas por estas repetitivas, recurrentes y largas justas en sede judicial internacional, así como la comunidad nicaragüense en Costa Rica y la comunidad costarricense en Nicaragua: estas, y muchas familias con miembros pertenecientes a ambos Estados, esperan ansiosas desde muchos años que sus respectivas capitales inviertan su tiempo y sus recursos (que se dice son escasos), en iniciativas conjuntas que permitan mejorar sustancialmente las relaciones entre ambos Estados, y por ende, relanzar la agenda binacional y la cooperación entre sus necesitadas regiones fronterizas.

Esperemos que una vez leida la sentencia en el caso de la carpa militar y en los dos asuntos que también se dilucidarán este 2 de febrero, ambos Estados mantendrán la mesura y la prudencia en sus respectivas declaraciones oficiales, en aras de reencausar paulatinamente sus deterioradas relaciones hacia aguas menos tormentosas: su cargada y compleja agenda bilateral suspendida por más de 12 años así lo requiere.

Notas 

Nota 1: Véase el video disponible en You Tube del programa Sobre la Mesa de agosto 2013, Canal 15 UCR. El consultor-funcionario justificó no obstante ante las cámaras del canal universitario el uso de la palabra “invasión“, según sus propios términos “para que la gente entienda” (Minuto 7:23).

Nota 2: Véase Programa RTNoticias, video disponible en YouTube, emisión del 15/12/2015 (Minuto 24:18).

Nota 3: A la fecha, en ausencia de una metodología oficializada por parte del Estado costarricense para cuantificar el daño ambiental, está pendiente de una decisión de la justicia costarricense la fijación exacta del monto por el daño ambiental ocasionado por la empresa minera canadiense Infinito Gold en octubre del 2008 en Las Crucitas. Con relación a otro escándalo ambiental, que ordenó esta vez el mismo Estado costarricense en abierta violación a su legislación ambiental, no se ha dado a conocer (aún) la cuantificación del daño ambiental causado por la construcción de la denominada “trocha fronteriza“. De igual manera un sinfín de acciones contra piñeras, proyectos hoteleros en zonas costeras, entre muchos otros expedientes, están archivadas por el Tribunal Administrativo Ambiental (TAA) desde muchos años en ausencia de una cuantificación del daño ambiental por parte del Estado costarricense.

Nota 4: Los documentos escritos como la memoria y la contramemoria presentados por los Estados al juez internacional no son documentos públicos hasta tanto los jueces de la CIJ decidan darlos a conocer: esta decisión usualmente se toma al iniciar las audiencias orales en La Haya, fase correspondiente a la recta final del procedimiento contencioso. Ello obedece al hecho que no es sino hasta las audiencias orales que los Estados ultiman y seleccionan sus mejores argumentos legales. La primera fase escrita del contradictorio (memoria / contramemoria) seguida de una segunda ronda de alegatos escritos (réplica / dúplica) permite descartar pretensiones y argumentos claramente abusivos, usados inicialmente como parte de la batería jurídica adoptada. El 4 de febrero del 2013, un artículo de La Nación (Costa Rica) titulado “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar Río Colorado” fue antecedido por la presentación unos días antes en la CIJ de un escrito de Nicaragua solicitando nuevos puntos a considerar (denominados “demandas reconvencionales“), incluyendo una pretensión sobre el Río Colorado (véase documento del 30 de enero del 2013). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó en cuestión de pocos días a la redacción de La Nación.

Naciones Unidas urge a América Latina a adoptar tratado vinculante sobre derechos humanos relacionados al ambiente 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

En un comunicado dado a conocer este 27 de noviembre, diez expertos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos instaron a los Estados de América Latina y del Caribe a adoptar sin mayor preludios un instrumento vinculante sobre derechos humanos relacionados con la protección del ambiente (véase texto al final en español al final de esta nota, y versión oficial en inglés titulada “Latin America and Caribbean urgently need strong, legally binding treaty on environmental rights, say UN experts” disponible aquí).

El Principio 10 y la región latinoamericana

Los Estados de la región han afirmado en diversas declaraciones su compromiso para apoyar un texto de carácter vinculante que implemente debidamente el Principio 10 adoptado en 1992 en la Declaración de Río.

Como bien se sabe, esta declaración adoptada en el marco de una conferencia convocada por Naciones Unidas en 1992 contiene en su mayoría principios jurídicos para guiar a los Estados, dejándoles la libertad de aplicarlos según su marco legal e institucional (véase texto de la Declaración de Rio). No es un tratado internacional, por lo que no es vinculante para los Estados. No obstante su carácter no obligatorio, en aras de uniformar la implementación del Principio 10, se consideró oportuno en el 2012, en el marco de la conferencia Rio+20, que América Latina y el Caribe contaran con un tratado al respecto. En el 2014, la CEPAL procedió a compilar los diferentes tipos de instrumentos internacionales existentes relacionados con los alcances del Principio 10 (véase informe).

La octava ronda de negociación entre las 24 delegaciones oficiales, en el marco de la CEPAL, sobre este futuro instrumento inició en la capital chilena este mismo 27 de noviembre. Remitimos a nuestros estimables lectores al enlace oficial de la CEPAL con acceso al texto que resultó de la séptima ronda de negociaciones celebrada en Buenos Aires.

El futuro instrumento vinculante en su recta decisiva 

Se tratará de un documento vinculante negociado y finalmente adoptado por los Estados. Además de vinculante desde el punto de vista jurídico, buscará vincular derechos humanos y ambiente: dos ámbitos extremadamente cercanos, pero no menos sensibles para los aparatos estatales. Ante este panorama, se obtendrá un instrumento ¿fuerte o débil? Es una pregunta que muchos observadores se pueden hacer, ante la discreción de muchos de los delegados estatales encargados de elaborar este texto en el marco de la CEPAL, y cuyas autoridades no siempre facilitan acceso a la información sobre grandes proyectos con impacto en las comunidades y en el ambiente. Ello puede explicar, al menos en parte, la limitada divulgación hecha en la prensa sobre estas negociaciones: al parecer, algunos consideran que es mejor que la opinión pública no esté muy al tanto del detalle de estas negociaciones. Vigilantes, las organizaciones no gubernamentales elaboraron un comunicado colectivo sobre estas negociaciones (ver texto publicado en el sitio de Servindi).

Es de señalar, entre documentos que revisten cierto interés presentados por los Estados, la nota conjunta presentada por Costa Rica, Chile, Panamá, Paraguay y Perú sobre el concepto de “defensores de derechos humanos en temas ambientales“.

Nótese que después de siete rondas de negociación, el proyecto de convención que contempla un total de 25 artículos mantiene aún muchas incertidumbres sobre la formulación definitiva de sus artículos, con excepción de los artículos 6, 7 y 8: véase borrador con las diversas versiones de cada uno de los artículos del futuro instrumento y propuestas de enmiendas/modificaciones sugeridas por los Estados. Algunas de estas últimas, más notables que otras, sugeridas por Colombia de manera aislada son:

– con relación al artículo 2: “Sugerencia de supresión de definición de “toma de decisiones en materia ambiental” [Colombia] (p. 15);

– con relación a la frase del artículo 1, “El objetivo de este Acuerdo es asegurar la aplicación plena y efectiva de los derechos de acceso consagrados en el Principio 10” se lee que para Colombia, es preferible descartar “plena y efectiva” y colocar “progresiva” en su lugar (p. 11);

– el inciso 10 del Preámbulo también pareciera querer ser recortado por Colombia (remitimos a la p. 8 del mismo borrador de manera que un lector curioso descubra por sí mismo lo que puede estar motivando a Colombia).

Más allá de las preocupaciones de la delegación colombiana, cabe recordar al lector la misma letra del Principio 10 adoptado en 1992, de manera a comprender mejor el alcance de las discusiones entre los Estados de la región, así como las expectativas generadas:

PRINCIPIO 10 El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes“.

Con relación a la idea de formalizar, en un instrumento jurídico de carácter regional, lo dispuesto en el ámbito universal bajo la modalidad del “soft-law” (al que pertenece la Declaración de Rio de 1992), se cuenta con un valioso precedente: la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales” adoptada en Aarhus en 1998, la cual provee un marco normativo para implementar el Principio 10, marco limitado a la región europea y a Asia central (veáse texto en español y estado oficial de firmas y ratificaciones de este instrumento).

Un desafío impostergable ante un sombrío panorama 

No cabe duda que 25 años después de su proclamación oficial en Río de Janeiro, la plena realización e implementación de este Principio 10 constituye aún todo un desafío en América Latina. En muchos casos, proyectos de gran envergadura son llevados a cabo sin consultar a las comunidades aledañas al proyecto, sin poner a conocimiento del público la información técnica del proyecto ni garantizar mayor acceso a esta última. En numerosos casos, la confrontación es tal que los líderes comunales y los activistas son eliminados físicamente sin que el Estado concerñido investigue ni sancione a los responsables de estos asesinatos.

A inicios de noviembre del 2017, se dió a conocer un informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) sobre la muerte de la lider indígena y ecologista Berta Cáceres, acaecida en Honduras en el 2016. El informe recopila información reunida desde el exterior, ante la clara inclinación de las autoridades hondureñas por no investigar debidamente este asesinato: véase breve nota nuestra al respecto titulada “El asesinato de Berta Cáceres en Honduras: las contundentes conclusiones del informe del GAIPE“.

Foto extraída de nota de prensa de febrero del 2017, titulada “Presuntos asesinos de Berta Cáceres pertenecían a inteligencia militar de Honduras: The Guardian 

La tendencia a eliminar físicamente a líderes indígenas, campesinos, ecologistas es creciente, mientras que el manto de impunidad sobre este tipo de muertes se consolida. La ONG Global Witness registró 200 crímenes de este tipo a nivel mundial para el año 2016 de los cuales 120 en América Latina. Sólo en el año 2016, se contabilizaron 14 crímenes de líderes comunitarios en Honduras, 37 en Colombia y 49 en Brasil, según esta misma organización (véase informe con tabla incluída). A Honduras le sigue Nicaragua con 11 muertes registradas en el 2016, y Guatemala con 6. Recientemente en Perú se indicó que las investigaciones realizadas por las autoridades en el caso de cuatro indígenas asesinados peligran, debido a serias deficiencias detectadas en las diligencias realizadas por el Ministerio Público peruano (véase nota de prensa).

Alianza público-privada, megaproyectos y comunidades: el caso de Costa Rica 

En Costa Rica, la muerte del biólogo Jairo Mora Sandoval en mayo del 2013 en Playa Moín dió lugar a una solicitud por parte de varios sectores para solicitar la creación de una Comisión de la Verdad ajena a la Fiscalía General de la República: a la fecha, esta iniciativa no ha sido mayormente implementada por las autoridades, pese a contar con el respaldo del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, luego de la visita que realizó a Costa Rica en el 2013. El caso de Jairo Mora se añade a una larga lista de ecologistas que han encontrado la muerte sin que el Estado costarricense haya encontrado (¿querido encontrar?) a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos (véase por ejemplo nota de CRHoy titulada “Crimen de Jairo Mora se suma a lista de asesinatos de ambientalistas que han quedado impunes“).

Nótese que, en el caso de Costa Rica, el juez constitucional procedió recientemente a un llamativo retroceso jurisprudencial, al declarar en febrero del 2017, con relación al polémico acueducto en Sardinal, que la participación ciudadana en materia ambiental ya no constituye un derecho humano. Se trata de una insólita decisión que resquebraja una línea jurisprudencial de la justicia constitucional de Costa Rica de muchos años, y que ha generado críticas muy duras por parte de especialistas en derecho ambiental (véase breve nota nuestra al respecto). Sobre este peligroso voto de la Sala Constitucional, se lee en el análisis de la jurista Katherine Arroyo Arce, titulado “La participación del público en materia ambiental y el artículo 9 de la Constitución Política: breve reflexión sobre la resolución N° 1163-2017 de la Sala Constitucional de Costa Rica” que:

Precisamente, en razón de lo anterior, es fundamental reflexionar sobre los alcances de una de las justificaciones señaladas en la resolución N° 1163-2017 para legitimar la reversión de la participación en materia ambiental de un derecho a un principio general, que consiste en la categorización expresa de la participación pública, en su dimensión general, como un principio y ya no como un derecho fundamental y humano“.

En un reciente análisis al respecto, titulado “La encrucijada de los derechos humanos ambientales en la Sala Constitucional“, el profesor Mario Peña Chacón concluye por su parte que :

A todas luces, el recurso de amparo constitucional se constituye actualmente en la única vía procesal que logra cumplir a cabalidad la obligación de protección judicial efectiva de los derechos humanos ambientales, exigida en el Pacto de San José. De ahí que su cierre total o bien, su limitación irracional, podría constituirse en una nueva regresión jurisprudencial y abrir las puertas de la justicia interamericana

A modo de conclusión

Debilitar la participación ciudadana en materia ambiental es el objetivo de algunos sectores en Costa Rica (así como fuera de ella). Hace unos años, un burdo intento en la Asamblea Legislativa de impedir la reelección del magistrado costarricense Fernando Cruz Castro (véase nota sobre votación) se justificó por la necesidad de favorecer “el clima de negocios” desde la Sala Constitucional, según manifestado por la bancada oficialista del Poder Legislativo en aquel momento. La maniobra política generó una gran movilización en Costa Rica (y fuera de ella), y terminó en un estrepitoso fracaso.

No obstante, pocos se esperaban a una decisión tan regresiva por parte del juez constitucional, como la dictaminada en el 2017: la cual fue tomada por cinco magistrados contra el parecer de dos de sus integrantes, Fernando Cruz y Paul Rueda, quiénes en una nota conjunta reiteran el carácter constitucional de la participación ciudadana “como un claro y legítimo derecho fundamental“.

El vehemente llamado de los expertos en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, la dinámica que los mismos Estados en el marco de la CEPAL han generado, aunados a las posiciones asumidas por Costa Rica en diversos foros internacionales sobre ambiente y participación ciudadana, exhiben aún más la extraña posición adoptada por la Sala Constitucional y la imperiosa necesidad de rectificarla. Sería deseable que una de las próximas rondas de negociaciones de este instrumento regional auspiciada por la CEPAL tenga lugar en Costa Rica, de manera a evidenciarla aún más.

Texto del comunicado oficial de prensa de Naciones Unidas del 27/11/2017

América Latina y el Caribe necesitan urgentemente un tratado fuerte, legalmente vinculante sobre los derechos ambientales, dicen expertos de la ONU

GINEBRA (27 de noviembre de 2017) – Expertos en derechos humanos de la ONU* urgen a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que adopten un acuerdo firme sobre derechos ambientales, incluyendo los derechos a la información, participación y acceso a la justicia.

“Es crucial que los gobiernos de la región actúen en solidaridad y acepten normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos y el medio ambiente”, dijeron los expertos.

El llamamiento se produce con ocasión de la reunión de Estados de América Latina y el Caribe en la capital chilena, Santiago, con motivo de su octava ronda de negociaciones para alcanzar acuerdo regional en asuntos ambientales auspiciados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas.

Las negociaciones buscan aplicar el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, por el que los Estados de todo el mundo se comprometieron a promover el acceso a la información sobre el medio ambiente, fomentar la participación en los procesos de toma de decisiones que le afectan, y facilitar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

“Felicito los esfuerzos realizados por los Estados durante los últimos años de negociaciones. Se ha recorrido un largo camino y se ha logrado grandes avances. Pero el tiempo apremia. Los Estados deberían finalizar su labor mediante la adopción de un tratado fuerte, jurídicamente vinculante para la región”, subrayó uno de los expertos, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, John Knox.

La mayoría de los Estados de la región ya han firmado una declaración en la que afirmaron su compromiso para lograr un tratado vinculante que promueva la plena aplicación del principio 10. “La

adopción del nuevo tratado ambiental propuesto sería un hito importante para la región. Sería una expresión tangible de la solidaridad y reconocimiento del compromiso de los Estados con respecto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente”, dijeron los expertos.

“Acogeríamos con satisfacción que el acuerdo contribuyera a aclarar que los Estados deberían incorporar en las evaluaciones de impacto ambiental no sólo impactos potenciales sobre la salud de las personas, sino también otros impactos sociales, incluyendo impactos sobre los derechos a la alimentación, al trabajo, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento”, los expertos destacaron.

“Espero que el tratado contribuya a fortalecer el derecho a la información, a la participación y el acceso a la justicia en relación con grandes proyectos energéticos, de infraestructura y de la industria extractiva en la región, financiados por instituciones financieras privadas, bilaterales o multilaterales”, añadió Juan Pablo Bohoslavsky, experto independiente sobre la deuda externa y los derechos humanos.

El acuerdo es particularmente importante, observaron los expertos, debido a que esta es una de las regiones más peligrosas del mundo para los defensores de los derechos humanos ambientales. Sólo en 2016, más de 100 defensores ambientales fueron asesinados en la región.

“Para proteger el medio ambiente, debemos proteger los derechos humanos de las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente”, subrayó Knox. “Este acuerdo sería un salto adelante en ese esfuerzo crucial”.

FINAL

*Los expertos de la ONU: Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente; Sr. Léo Heller, Relator Especial sobre el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento; Sra. Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación; Sr. Michel Forst, Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Sra. Annalisa Ciampi, Relatora Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Sr. Saad Alfarargi, Relator Especial sobre El derecho al desarrollo; Sr. Alfred de Zayas, Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Sr. Obiora C. Okafor, Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Sr. Juan Pablo Bohoslavsky, Experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturale.

Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales son el cuerpo más grande de expertos independientes en el Sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos que abordan situaciones específicas de países o temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.

La CIJ rechaza dos de las cuatro demandas reconvencionales de Colombia contra Nicaragua

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

El pasado 20 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer su decisión con relación a las demandas reconvencionales solicitadas por Colombia en el caso de la primera demanda que planteó en 2013 Nicaragua en su contra (véase comunicado en francés y en inglés): de las cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, las dos primeras son rechazadas por la CIJ, las dos siguientes aceptadas.

La demanda reconvencional en breve 
La demanda reconvencional, prevista en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ, constituye una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial.

Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una ordenanza o providencia. Es lo que dio a conocer el 20 de noviembre la CIJ, rechazando las dos primeras demandas reconvencionales colombianas y aceptando las dos últimas.

Nótese que en el caso de la primera y segunda demanda reconvencional, el rechazo fue adoptado en el seno de la CIJ por 15 contra uno; en el caso de la tercera, la CIJ la aceptó por 11 contra 5, y la cuarta por 9 contra 7.

El contexto procesal en el que se enmarca este incidente procesal 
En su demanda contra Colombia con fecha del 13 de setiembre de 2013, Nicaragua pidió a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe.

Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre de 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 19 de noviembre de 2012 era “inaplicable”: se trata de un interesante caso en el que un anuncio de esta naturaleza es respondido por una acción legal ante la CIJ.

En una segunda demanda presentada el 26 de noviembre de 2013, Nicaragua pidió a la CIJ que dictaminara que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia.

Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012.

Como era previsible, ante estas dos demandas de Nicaragua, la estrategia colombiana consistió en poner en tela de duda la competencia de la CIJ en ambos casos.

En el caso de la primera demanda de Nicaragua, Colombia presentó cinco excepciones preliminares y mantuvo idéntica cifra de excepciones preliminares en aras de evitar un examen en cuanto al fondo en el caso de la segunda. La estrategia colombiana no surtió mayores efectos: sus pretensiones fueron rechazadas por los jueces de La Haya, declarándose competentes en su decisión del 16 de marzo de 2016 (véase texto del fallo de la CIJ en el que se declara competente con relación a la primera y texto de la decisión de la CIJ con relación a la segunda demada). Al ser informado de su contenido, el jefe de Estado colombiano calificó de “injuriosa” (sic.) esta decisión del juez internacional.

Sobre los pormenores de esta decisión de la CIJ, remitimos a nuestros estimables lectores a este breve análisis titulado “Nicaragua / Colombia: la CIJ se declara competente“, publicado en Debate Global el 21 de marzo de 2016.

En su ordenanza del 28 de abril de 2016, el juez internacional indicó a ambos Estados los siguientes plazos para la presentación de sus escritos con relación a la primera demanda: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre de 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre de 2017. En el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016.

Es precisamente en su contramemoria presentada con relación a esta segunda acción de Nicaragua que Colombia recurrió al incidente procesal de la reconvención: optando por presentar un total de cuatro demandas reconvencionales:

  1. la primera demanda reconvencional se relacionaba con una supuesta violación de Nicaragua en materia de preservación del ambiente marino en el Sur Oeste del Caribe;
  2. la segunda a una supuesta violación por parte de Nicaragua de proteger los derechos de los habitantes del archipiélago de San Andrés desde la perspectiva ambiental;
  3. la tercera, a los derechos de pesca artesanal de las comunidades de este mismo archipiélago,
  4. y la cuarta al Decreto Ejecutivo 33-2013 de Nicaragua adoptado en agosto del 2013 que establece las lineas de base rectas (y que, según Colombia, extienden las aguas interiores y los espacios marítimos de Nicaragua más allá de lo que prevé el derecho internacional).

La ordenanza de la CIJ en breve

En su ordenanza (véase texto en francés y en inglés), la CIJ estima con relación a las dos primeras demandas que:

Alors que la Colombie cherche à établir que le Nicaragua a manqué à son obligation de protéger et de préserver l’environnement marin dans le sud-ouest de la mer des Caraïbes, le Nicaragua entend démontrer que la Colombie a violé la juridiction et les droits souverains dont il jouit dans ses espaces maritimes. 39. En conséquence, la Cour conclut à l’absence de connexité directe, tant en fait qu’en droit, entre les deux premières demandes reconventionnelles de la Colombie et les demandes principales du Nicaragua” / “While Colombia seeks to establish that Nicaragua has failed to comply with its obligation to protect and preserve the marine environment in the south-western Caribbean Sea, Nicaragua seeks to demonstrate that Colombia has violated Nicaragua’s sovereign rights and jurisdiction within its maritime areas. 39. The Court therefore concludes that there is no direct connection, either in fact or in law, between Colombia’s first and second counter-claims and Nicaragua’s principal claims“.

Contrario a lo leído y oído en Colombia en los últimos días, una demanda reconvencional no es ninguna “contrademanda“: permite simplemente al juez proceder a un examen más amplio de un asunto a solicitud de la parte demandada.

Con relación a las dos demandas reconvencionales rechazadas por el juez internacional a Colombia, no hay cómo plantearlas en alguna demanda formal contra Nicaragua que pudiese (esta sí) constituirse en una respuesta colombiana a las demandas de Nicaragua.

En efecto, desde el punto de vista jurídico, el problema para Colombia radica en el hecho que ya no es parte al Pacto de Bogotá, al haber decidido denunciarlo en 2012 (surtiendo efectos jurídicos esta denuncia a partir de noviembre de 2013). Tampoco es parte a la Convención de Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), instrumento que le podría conferir alguna base de competencia para introducir ante la CIJ una demanda contra otro Estado Parte a dicha convención (a la que sí es parte Nicaragua).

El inédito comunicado de Colombia del pasado 16 de noviembre

Ante este exiguo panorama, cobran mayor interés los términos usados por Colombia en un comunicado de 16 de noviembre pasado que, al parecer no cuenta con precedente alguno en la práctica procesal de los Estados que litigan en La Haya.

Este comunicado oficial de la diplomacia colombiana generó una gran confusión, al anunciar dos “contrademandas” contra Nicaragua, presentando de forma muy parcial, como era previsible, la decisión de la CIJ, y refiriéndose únicamente a los aspectos favorables de esta; además, con este insólito texto, Colombia se anticipó de varios días al servicio de comunicación y de información de la CIJ, y recurrió al uso de términos erróneos en este texto divulgado por su aparato diplomático.

Sobre este hecho bastante inusual, remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra breve nota publicada en Debate Global y titulada “Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ“.

Un nuevo plazo en el procedimiento contencioso

En su decisión dada a conocer este 20 de noviembre de 2017, la CIJ procedió también a fijar los siguientes plazos sobre ambas demandas reconvencionales solicitadas por Colombia, que fueron aceptadas por el juez internacional: 15 de mayo de 2018 para la réplica de Nicaragua, y 15 de noviembre de 2018 para la dúplica que deberá presentar Colombia.

No cabe duda que con este nuevo incidente procesal, la decisión definitiva de la CIJ para resolver la disputa entre Nicaragua y Colombia en el Caribe no podrá ser leída si no es hasta el año 2020. Ello siempre y cuando Colombia no recurra a alguna otra herramienta procesal en aras de dilatar el procedimiento.

Como bien se recordará, la demanda inicial presentada por Nicaragua en diciembre del 2001 culminó tan solo en noviembre de 2012, debido a diversos incidentes procesales por parte de Colombia, y a la solicitud de intervención (tardía) de Costa Rica y de Honduras en 2010 (rechazadas ambas en 2011 por la CIJ).

Créditos de la imagen: Posesión del Presidente Juan Manuel Santos. Bogota(Colombia),El Presidente, Rafael Correa Delgado, durante su recorrido por el edificio de la Embajada de Ecuador en Colombia. Fotos:Mauricio Muñoz E / Presidencia de la República.

Reacciones de repudio en América Latina a la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

La declaración unilateral dada a conocer por el Presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel ha dado lugar a un sinnúmero de reacciones en todo el mundo. Constituye una abierta violación a distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y al consenso de 70 años existente sobre el estatuto de Jerusalén por parte de la comunidad internacional.

A pocas horas de la declaración norteamericana, el Secretario General de Naciones Unidas en persona señaló en un comunicado (véase texto) que :

In this moment of great anxiety, I want to make it clear : there is no alternative to the two-state solution. There is no Plan B. It is only by realizing the vision of two states living side-by-side in peace, security and mutual recognition, with Jerusalem as the capital of Israel and Palestine, and all final status issues resolved permanently through negotiations, that the legitimate aspirations of both peoples will be achieved“.

Una sesión urgente del Consejo de Seguridad solicitada a Japón (quién ostenta la Presidencia) por Bolivia, Egipto, Francia, Italia, Reino Unido, Senegal, Suecia y Uruguay se realizó el 8 de diciembre. La lectura detallada de las declaraciones de los demás Estados miembros confirma la soledad de Estados Unidos en el seno del máximo órgano de Naciones Unidas (véase Acta S/PV.8128 en su versión en español).

Además del Secretario General de Naciones Unidas, los Estados como tal también han reaccionado a esta decisión norteamericana. Es precisamente lo que analizaremos en las líneas que siguen, en particular las diversas manifestaciones registradas por Estados de América Latina, que han externado, cada uno a su manera, su repudio o su profunda preocupación. Por alguna razón, no figura ningún comunicado oficial circulado por parte de Costa Rica.

Foto extraída de artículo de Le Monde del 23 de diciembre del 2016, titulado “Le Conseil de sécurité de l’ONU adopte une résolution condamnant la colonisation israélienne” 

El contexto jurídico en el seno del Consejo de Seguridad en breve: 1980-2016

Desde el punto de vista jurídico, hay que recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha emitido diversas resoluciones en las que no se reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén, al tiempo que la parte Oriental de la ciudad es considerada como “Territorio Palestino Ocupado“. En esas resoluciónes se confirma la nulidad de las medidas legislativas y administrativas israelíes que pretenden transformar el estatuto jurídico de la Ciudad Santa, instando a Israel a derogar estas medidas y a abstenerse de llevar a cabo acciones similares en el futuro. La pretensión israelí de considerar Jerusalén como su capital mediante una ley adoptada en 1980 dio pié para que la resolución 478 (véase texto en español) del Consejo de Seguridad solicitara a los Estados Miembros retirar sus embajadas de Jerusalén hacia otras ciudades (procediendo muchos Estados a trasladarlas a Tel-Aviv).

Hace menos de un año, en las vísperas de Noche Buena, el Consejo de Seguridad adoptó una enérgica resolución, la Resolución 2334 (véase texto en español) en la que condena los asentamientos ilegales israelíes y la política de expansión y colonización en territorios palestinos, incluyendo la destrucción de casas habitadas por familias palestinas situadas en Jerusalén Oriental. En el texto adoptado (gracias a la abstención de Estados Unidos), el Consejo de Seguridad:

1. Reafirma que el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en el territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro de la solución biestatal y de una paz general, justa y duradera;

2. Reitera su exigencia de que Israel ponga fin de inmediato y por completo a todas las actividades de asentamiento en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y que respete plenamente todas sus obligaciones jurídicas a ese respecto“;

Sobre los pormenores de esta resolución, y los intentos algo desesperados del Primer Ministro israelí para intentar frenar su adopción (recurriendo al Presidente electo Donald Trump, aún sin ejercer su cargo), remitimos a nuestros estimables lectores a nuestra nota publicada en Debate Global (Colombia) titulada “Consejo de Seguridad condena colonización israelí en Cisjordania y en Jerusalén Oriental” (disponible aquí).

La manifestación de un Estado mediante un comunicado de prensa oficial: breves apuntes

Diversos Estados han reaccionado mediante comunicado oficial emitido por sus respectivos aparatos diplomáticos en el que repudian el anuncio unilateral hecho por Estados Unidos con relación a Jerusalén.

Mediante estas manifestaciones oficiales, los Estados expresan, cada uno a su manera, su disconformidad, recurriendo para ello al variado léxico que ofrece la diplomacia. Otros por el contrario, como Guatemala, mediante una frase lanzada a la prensa por su máxima autoridad diplomática, apoyan la decisión (véase nota de prensa de Debate).

Notemos que no todos los Estados han optado por expresarse: de igual forma que los seres humanos, la ausencia de manifestación también puede entenderse como una forma de comunicar.

Con relación a los Estados que han optado por manifestarse, podemos citar por ejemplo en Europa, el escueto comunicado emitido por España el 7 de diciembre, titulado “Posición española sobre Jerusalén“, en el que se puede leer que:

El Gobierno de España desea reiterar su posición sobre el status de la ciudad de Jerusalén, que coincide con la recogida en diversas resoluciones de Naciones Unidas. Jerusalén constituye una de las cuestiones centrales del Proceso de Paz y debe ser objeto de negociación entre israelíes y palestinos.

La mejor forma de garantizar las aspiraciones de las dos partes es la solución de los dos estados, Israel y Palestina, viviendo juntos en paz y seguridad.

El status final de Jerusalén deberá ser la consecuencia de esas negociaciones“.​​​

Foto extraída de nota de El Pais (España) de mayo del 2017 titulada “Trump, primer presidente de Estados Unidos en visitar el Muro de las Lamentaciones” 

De una manera igualmente recogida se expresó la República Checaen un comunicado titulado: Position of MFA to Issue of Jerusalem circulado el mismo 6 de diciembre, el cual indica que:

The Czech Republic currently, before the peace between Israel and Palestine is signed, recognizes Jerusalem to be in practice the capital of Israel in the borders of the demarcation line from 1967.

The Czech Republic together with other EU member states, following the EU Foreign Affairs Council Conclusions, considers Jerusalem to be future capital of both states, meaning the State of Israel and the future State of Palestine.

The Ministry can start considering moving of the Czech embassy from Tel Aviv to Jerusalem only based on results of negotiations with key partners in the region and in the world.

Por su parte Bélgica externó la siguiente nota oficial, mucho más extensa que la española y la checa, el 7 de diciembre, titulada: “Jérusalem – Seuls le dialogue et le multilatéralisme peuvent mener à la paix“, y que se lee como sigue:

Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères Didier Reynders regrette, avec une certaine amertume, la décision du Président américain Donald Trump de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël. La diplomatie belge, comme le reste du monde, avait envoyé des signaux pour faire comprendre que ce n’était pas une bonne solution. Ce message avait encore été renouvelé lors du passage à Bruxelles du secrétaire d’Etat Rex Tillerson cette semaine.

Une décision sur le statut de Jérusalem, qui est appelée idéalement à devenir la capitale partagée de deux Etats souverains, est une décision qui dépend de négociations entre les deux parties concernées. L’annonce de hier va à l’encontre du droit international et préjuge de l’issue de ces négociations, même s’il faut souligner que le président Trump a réaffirmé la volonté américaine d’une solution à deux Etats. Elle risque aussi d’entraîner des débordements de violence et de ne favoriser que les groupes les plus extrémistes, au détriment des forces modérées. Le Ministre Reynders appelle toutes les parties au calme et à la modération. La Belgique, ensemble avec ses partenaires européens, continuera à dénoncer tous les actes unilatéraux qui vont à l’encontre d’une solution négociée à deux Etats vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle.

Ce n’est que par une reprise du dialogue, et non par des actes unilatéraux, qu’on pourra progresser vers la paix. Cela doit se faire au sein des enceintes appropriées, notamment aux Nations Unies. L’Union Européenne est le premier partenaire commercial d’Israël et le plus important bailleur de fonds de l’Autorité Palestinienne. Elle peut jouer un rôle important pour aider les parties à renouer rapidement le dialogue.

Le Ministre Reynders évoquera la situation au Proche-Orient lundi avec ses collègues ministres européens des Affaires étrangères, alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu à Bruxelles. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, y sera quant à lui reçu en janvier.

De igual extensa manera, Suecia se manifestó en los siguientes términos, en su comunicado oficial, emitido el mismo 6 de diciembre y titulado: “Statement concerning US statement about Jerusalem“:

” The Government deeply regrets the US statement about Jerusalem. The UN has given Jerusalem a special legal and political status, which the Security Council has called upon the international community to respect. There is a risk that this statement may lead to strong reactions and greater instability in an already turbulent region, and have long-term strategic consequences for the peace process.

The EU has clearly stated its view of Jerusalem as a separate entity and as a future capital for two states. EU foreign ministers have emphasised that the EU has never recognised Israel’s annexation of East Jerusalem and that achieving a lasting peace requires resolving the status of Jerusalem through negotiations. The US statement does not affect the position of the EU and Sweden concerning Jerusalem’s special status. It is of the utmost importance that all states respect and safeguard this status.

Sweden’s long-standing commitment to a two-state solution remains. We are working to ensure that Israel and Palestine can live side by side in peace and security. All final status issues, including Jerusalem’s status as a future capital for both states, must be resolved through negotiations between the parties and not through unilateral action by the parties or others.

De una forma similar en cuanto a la extensión, pero con un tono distinto, Turquía difundió el siguiente comunicado oficial el 6 de diciembre, titulado “Press Release Regarding the Statement of the US Administration Declaring That It Recognizes Jerusalem as the Capital of Israel and It will Move Its Embassy in Israel to Jerusalem”, en el que señala que:

We condemn the irresponsible statement of the US Administration that we learnt with great concern, declaring that it recognizes Jerusalem as the capital of Israel and it will be moving the US Embassy in Israel to Jerusalem.

This decision is against international law and relevant UN Resolutions, as the annexation of Jerusalem by Israel has been rejected by international community and the UN.

It has been recurrently emphasized by various UN Resolutions that Palestinian question can only be settled through the existence of an independent, sovereign and contiguous State of Palestine based on the 1967 borders with East Jerusalem as its capital. It is unacceptable that the US, a Permanent Member of the UN Security Council, ignores this fact. Attainment of independence by Palestine is a historical, conscientious and humanitarian obligation. Turkey will continue to advocate this.

The said decision, that will have negative reflections on the peace and stability in the region, also bears the risk of completely destroying the ground for peace.

We call upon the US Administration to reconsider this faulty decision which may result in highly negative outcomes and to avoid uncalculated steps that will harm the multicultural identity and historical status of Jerusalem.

These developments regarding Jerusalem will be taken up extensively at the OIC Leaders Summit and the Council of Foreign Ministers Meeting that will be held on 13 December 2017 in İstanbul upon the call made by H.E. President Erdoğan as the Summit Chair of the OIC.

Tal y como se puede apreciar, ante un mismo hecho que violenta las mismas reglas, el abanico de posibilidades que ofrece la diplomacia es extremadamente amplio a la hora de redactar un comunicado oficial.

Las reacciones oficiales que se han registrado en América Latina

En América Latina, varios Estados han optado por expresar su profunda preocupación por la decisión unilateral tomada por Estados Unidos. A diferencia de España, que no reconoce aún a Palestina como Estado, pese a una asignatura pendiente desde finales del 2014 sugerida por el Poder Legislativo al Ejecutivo (Nota 1), los Estados de América Latina sí reconocen a Palestina como Estado (con dos notables excepciones: Colombia y Panamá). En razón de ello, los comunicados emitidos cobran mayor interés desde el punto de vista político y jurídico.

Con relación al reconocimiento de Palestina como Estado, nótese que el primer Estado miembro de la Unión Europea (UE) en haberlo hecho fue Suecia en el 2014, posición que a la fecha no ha sido segundada por ningún otro Estado miembro de la UE (Nota 2).

Los Estados de América Latina que se han expresado sobre la decisión del Presidente Donald Trump lo han hecho de muy diversas maneras. Por ejemplo, Brasil señaló, en un comunicado circulado el mismo 6 de diciembre, que:

O governo brasileiro reitera seu entendimento de que o status final da cidade de Jerusalém deverá ser definido em negociações que assegurem o estabelecimento de dois estados vivendo em paz e segurança dentro de fronteiras internacionalmente reconhecidas e com livre acesso aos lugares santos das três religiões monoteístas, nos termos das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como a resolução 478 de 1980, entre outras. Recorda, ainda, que as fronteiras entre os dois estados deverão ser definidas em negociações diretas entre as partes tendo por base a linha de junho de 1967.

O Brasil mantém relações diplomáticas com Israel desde 1949 e reconheceu o Estado da Palestina em 2010.

A diferencia de Brasil, el aparato diplomático de Argentina optó por un comunicado mucho más extenso (Nota 3). En ambos casos, se optó por no mencionar en ningún momento a Estados Unidos en el texto del comunicado. La misma omisión se manifestó por parte, esta vez, de la diplomacia de Perú (Nota 4).

En cambio, varios Estados señalaron expresamente la decisión norteamericana en el texto elaborado por su aparato diplomático. En un comunicado circulado el 7 de diciembre titulado “Solidaridad con el Estado Palestino“, Bolivia se manifestó en los siguientes términos:

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su solidaridad con el pueblo y gobierno del Estado Palestino y expresa su enérgico rechazo a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de América de trasladar su Embajada ante el Estado de Israel, de la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén y el reconocimiento de ésta como capital de Israel. Situación que no hace otra cosa que agravar las tensiones y constituye un serio obstáculo para el logro de una solución concertada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a nombre del Gobierno y pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, consecuentes con su vocación pacifista y de la cultura de la vida, insta a que el Gobierno de Estados Unidos de América revierta dicha medida. Bolivia reitera su firme apoyo al legítimo derecho del Pueblo Palestino de construir su Estado propio en suelo Palestino sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, tal como lo establece el derecho internacional y las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

También podemos referir el caso de Chile (Nota 5), así como de Colombia (Nota 6), de Cuba (Nota 7), de Ecuador (Nota 8), de Uruguay (Nota 9),y de Venezuela (Nota 10).

En el caso de Uruguay, un segundo comunicado con fecha del 8 de diciembre vino a recordarle a la representante de Israel en Montevideo algunas reglas sencillas que, al parecer, desconocía. En efecto, en un comunicado titulado “Declaraciones de la Embajadora de Israel en Uruguay“, se lee que:

En ocasión de las públicas declaraciones de la Embajadora de Israel en Uruguay, Sra. Nina Ben-Ami, expresadas a través de su cuenta de Twitter, se informa que en el día de la fecha la Sra. Jefa de Misión fue convocada a la Sede del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de brindar explicaciones sobre sus comentarios. En dicha instancia, en el marco de la tradicional relación de amistad y cooperación que une a Uruguay e Israel, se instó a la Embajadora Ben-Ami a mantener los intercambios gubernamentales por los canales oficiales correspondientes“.

Por tratarse de uno de los más extensos comunicados oficiales elaborados en reacción al anuncio del Presidente Donald Trump, se reproduce a continuación únicamente el comunicado de México, difundido desde el mismo 6 de diciembre del 2017:

” México mantendrá su Embajada en Tel Aviv 

Comunicado No. 459.- México continuará manteniendo una relación bilateral estrecha y amistosa con el Estado de Israel

Ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, el gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informa que mantendrá su Embajada en Tel Aviv, como es el caso hasta ahora de todos los países que mantienen relaciones diplomáticas con Israel, de conformidad con la Resolución 478 del año de 1980 del Consejo de Seguridad, así como las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU, relativas al estatus de la Ciudad de Jerusalén.

México continuará manteniendo una relación bilateral estrecha y amistosa con el Estado de Israel, como se evidenció en la reciente visita del Primer Ministro Benjamin Netanyahu a nuestro país, y seguirá también apoyando las reivindicaciones históricas del pueblo palestino.

México reitera su firme convicción de que una solución política y pacífica del conflicto debe producirse mediante negociaciones directas, sin precondiciones, entre las partes, que resuelvan los problemas sustantivos, incluido el estatus definitivo de Jerusalén.

México respalda el diálogo como el medio para resolver el diferendo entre Israel y Palestina, con base en la solución de dos Estados, es decir, el derecho de Israel y de Palestina a vivir en paz dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, tal como fue pactado en los Acuerdos de Oslo y ratificado por diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas“.

Mediante estas manifestaciones oficiales, los Estados de América Latina responden, cada uno a su manera, a Estados Unidos (y también a Israel), recurriendo al vocabulario diplomático que juzgan más apropiado. Algunos Estados de América Latina han decidido, por alguna razón, no pronunciarse al respecto: es el caso de Costa RicaHondurasPanamá y Paraguay, cuyas cancillerías no han divulgado ningún texto.

La discreción de la diplomacia de Costa Rica

Con relación a Costa Rica, cuyo reconocimiento de Palestina como Estado en el 2008 fue seguido por prácticamente toda América Latina en los años subsiguientes (Nota 11), no se ha circulado ningún comunicado oficial. A diferencia de la administración (2006-2010), que logró rectificar el rumbo de Costa Rica y saldar una deuda histórica de Costa Rica con Palestina y con el mundo árabe (Nota 12), la administración siguiente (2010-2014) fue mucho menos activa: tuvimos la oportunidad en el 2011 de señalar que

Los países de América Latina que se mantienen distantes con Palestina y así lo han adelantado en estos últimos meses son Colombia, Guatemala y Panamá (así como, en el resto del hemisferio Canadá), que coinciden extrañamente con las únicas visitas oficiales recientes de jefes de Estado de la región a Costa Rica” (véase artículo publicado en La Nación).

Con relación a la actual administración (2014-2018), esta se ha destacado por una extrema cautela cuando se trata de exacciones o de acciones israelíes cuestionadas en el ámbito internacional: la discreción de Costa Rica se verificó con relación a una ley israelí adoptada a inicios del año 2017 (véase breve nota nuestra titulada “Reacciones en América Latina a ley aprobada en Israel que legaliza los asentamientos ilegales en Palestina” sobre esta y otras notables omisiones, publicada en ElPais.cr).

En febrero del 2017, lo que bien podría ser una infidencia imprevista para algunos arrojó un dato de cierto interés, al leerse en La Nación (Costa Rica) que “Netanyahu reconoce a Costa Rica como aliado de Israel” (véase nota).

Cabe recordar que muy cerca de Costa Rica, en el 2011, el Presidente Ricardo Martinelli de Panamá recibió el galardón “Light Unto the Nations Award” del influyente American Jewish Committee(AJC) en razón de la lealtad y el apoyo de Panamá a Israel durante su mandato (véase nota). En noviembre del 2012, al aprobarse en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas (con 138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones) el estatuto de “Estado No Miembro Observador” a Palestina, el único Estado de América Latina en votar en contra fue Panamá, conjuntamente con Canadá, Estados Unidos, Islas Marshall, Israel, Micronesia, Nauru, Palau y República Checa: muchos analistas han analizado la heterogeneidad de esta insólita alianza a la que Panamá decidió concurrir, sin lograr llegar a conclusiones muy certeras (véase breve análisis nuestro de este histórico voto editado en La Celosía).

Embajadas centroamericanas y Jerusalén: recuerdo de traslados inéditos a los que participó Costa Rica

Esta extrañeza acaecida en el 2012 con un Estado de la región centroamericana recuerda otras anteriores. Cuando en 1980, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó retirar las embajadas de Jerusalén a los Estados Miembros de la organización, de los 13 Estados con embajadas en Jerusalén, la mayoría pertenecían a América Latina: Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Países Bajos, Panamá, Uruguay y Venezuela. Estos Estados procedieron a trasladar sus embajadas a Tel-Aviv poco tiempo después, causando la ira de Israel (véase a modo de ejemplo comunicado israelí al retiro realizado por los Países Bajos en agosto de 1980).

Como dato que es importante reseñar, Costa Rica y El Salvador instalaron nuevamente sus embajadas en Jerusalén (en 1982 en el caso de Costa Rica, 1984 en el caso de El Salvador), contraviniendo las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad unos años antes y provocando la ruptura de relaciones diplomáticas de Egipto con ambos (véase nota de El País de 1984). La permanencia de ambas embajadas en Jerusalén hasta el 2006 fue considerada por la comunidad árabe como una verdadera afrenta, y explica que no es sino hasta después del 2006 que se reanudaron relaciones diplomáticas con algunos Estados miembros de la Liga Arabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) .

En el 2001, con ocasión de un voto masivo en Naciones Unidas reiterando por enésima vez la necesidad de retirar todas las embajadas de Jerusalén, se leyó por parte del Luis Guillermo Solis, entonces analista en política exterior, que “se trata de una decisión “política que refleja principios y valoraciones compartidas con Israel” (véase nota de La Nación).¿Cuáles “principios y valoraciones” compartió únicamente Israel con Costa Rica y El Salvador? La nota de prensa antes señalada no lo precisa, y el analista antes referido, hoy Jefe de Estado, tampoco.

A modo de conclusión: un repudio generalizado

Más allá de las razones que pudieron haber movido a dos Estados centroamericanos en los años 80 a desafiar abiertamente la legalidad internacional y a mantenerse al margen de esta durante casi 25 años, el caso de la embajada norteamericana adquiere un alcance muy distinto. Como señalado por varios observadores, el traslado de la Embajada de Estados Unidos de Tel-Aviv a la Ciudad Santa significa cruzar una verdadera “linea roja” con consecuencias extremadamente graves desde la perspectiva internacional.

La solicitud hecha personalmente por el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu este lunes 11 de diciembre a la Unión Europea para que imite a Estados Unidos encontró una negativa tan rotunda como unánime (véase nota de El País).

No cabe duda que con esta decisión, la administración del Presidente Donald Trump ha sentado un peligroso precedente cuyas consecuencias son impredecibles y podrían significar, entre muchas otras, una polarización aún mayor en Oriente Medio así como un recrudecimiento la violencia en esta región (y fuera de ella).

Notas

Nota 1: En efecto, el 18 de noviembre del 2014, el pleno del Congreso de España adoptó una resolución mediante la cual “insta” al Poder Ejecutivo a reconocer a Palestina como Estado, con 319 votos a favor, una abstención y dos votos en contra. Véase al respecto nuestra breve nota titulada “El Congreso de España y el reconocimiento de Palestina como Estado: balance y perspectivas“, publicada en Debate Global (disponible aquí).

Nota 2: Sobre el alcance y el significado del gesto sueco, véase nuestra breve nota titulada “El reconocimiento de Palestina por parte de Suecia: perspectivas“, publicada en DIPúblico (Argentina).

Nota 3: El texto de Argentina emitido el 6 de diciembre se lee así:

“Estatuto de la ciudad de Jerusalén Información para la Prensa N°: 564/17 El Gobierno argentino entiende oportuno recordar su posición en favor de una solución de dos Estados conviviendo pacíficamente, en forma respetuosa, reconociendo las fronteras de 1967 y el estatus especial de Jerusalén de acuerdo a sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina reconoce el derecho del Estado de Israel a vivir en paz junto a sus vecinos, dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas, así como el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado libre, independiente y viable en base a las fronteras de 1967 y de acuerdo a lo que las partes determinen en el proceso de negociaciones. Al igual que la mayor parte de la comunidad internacional, la Argentina apoya el régimen internacional especial de Jerusalén, conforme lo establece la Resolución 181 (1947) de la AGNU, así como el libre acceso, visita y tránsito sin restricción a los Lugares Santos para los fieles de las 3 religiones monoteístas (judaísmo, cristianismo e Islam), por lo que Argentina lamenta medidas unilaterales que pudieran modificar este estatuto especial“.

Nota 4: El texto emitido por Perú fechado el 7 de diciembre se lee como sigue:

Comunicado del Gobierno peruano sobre el estatus de Jerusalén. ​ Con relación a los recientes eventos sobre el estatus de Jerusalén, el Gobierno del Perú expresa: · Que mantendrá su embajada en Tel Aviv, en estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establecieron el estatuto especial de Jerusalén. · Que el estatus final de Jerusalén deberá ser definido mediante negociaciones directas entre las partes con el acompañamiento de la comunidad internacional. · Que reitera su posición a favor de una solución pacífica y negociada que permita el establecimiento de dos Estados, Israel y Palestina, con fronteras internacionalmente reconocidas y seguras. · Que durante nuestra participación en el Consejo de Seguridad apoyaremos todas las iniciativas orientadas a reanudar las negociaciones de paz“.

Nota 5: El texto circulado por Chile el 6 de diciembre se lee así:

Chile manifiesta preocupación por decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel El Gobierno de Chile manifiesta su profunda preocupación ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El Gobierno de Chile, en consonancia con las resoluciones de Naciones Unidas, considera que Jerusalén es una ciudad con estatus especial cuya soberanía debe ser resuelta por Israel y Palestina; y califica como ilegal la ocupación y control israelí sobre Jerusalén Este. El Gobierno de Chile, consciente de la relevancia política, histórica y religiosa de Jerusalén, formula un urgente llamado a todas las partes involucradas a reconsiderar o a no adoptar decisiones que puedan incitar al odio y la violencia, obstaculizando aún más un proceso conducente a una solución de dos Estados y una paz sustentable entre Palestina e Israel“.

Nota 6: Difundido el 8 de diciembre, la diplomacia de Colombia se manifestó en un comunicado oficial en los siguientes términos:

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con referencia a la decisión de la administración de Estados Unidos de trasladar la sede diplomática a Jerusalén, expresa la importancia de mantener las vías del diálogo y la negociación abiertas para una solución duradera del conflicto entre Palestina e Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores considera que este tipo de medidas afectan las posibilidades de paz y estabilidad en la región y ponen fin a 70 años de consenso internacional sobre el estatus de Jerusalén“.

Nota 7: El texto de la diplomacia de Cuba circulado el 6 de diciembre se lee así:

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba sobre el reconocimiento por Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de IsraelEl Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba expresa su más profunda preocupación y rechazo por la declaración unilateral por parte del Presidente de los Estados Unidos de la ciudad de Jerusalén como capital de Israel, lo que constituye una grave y flagrante violación de la Carta de la ONU, del Derecho Internacional y de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Esta intención del Gobierno de los Estados Unidos de modificar el estatuto histórico de Jerusalén vulnera los intereses legítimos del pueblo palestino y de las naciones árabes e islámicas, provocará graves consecuencias para la estabilidad y la seguridad en el Medio Oriente, aumentará aún más las tensiones en esta región e impedirá cualquier esfuerzo encaminado a reanudar las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Cuba llama al Consejo de Seguridad a cumplir la responsabilidad que le otorga la Carta de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a adoptar las decisiones necesarias y a exigir a Israel el fin inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y de las políticas agresivas y prácticas colonizadoras, así como el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por ese órgano sobre la situación en el Medio Oriente, incluida la cuestión Palestina. El Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica que Cuba continuará apoyando una solución amplia, justa y duradera para el conflicto palestino-israelí, sobre la base de una solución de dos Estados, que permita a los palestinos el derecho a la libre determinación y a disponer de un Estado independiente y soberano, con su capital en Jerusalén Oriental y las fronteras previas a 1967.

Nota 8: El comunicado oficial de Ecuador, difundido el 7 de diciembre, se lee como sigue:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana expresa su rechazo a la decisión del presidente de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y trasladar su embajada a esa ciudad, por ser contraria al derecho internacional, a las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a este tema. La declaración de Estados Unidos menoscaba los esfuerzos internacionales para la búsqueda de una solución negociada, justa y duradera en la región. Ecuador alerta sobre los efectos negativos que puede tener la decisión de dicho país en la recuperación de los diálogos de paz entre Israel y Palestina. Del mismo modo, Ecuador reitera su llamado a la comunidad internacional a apoyar una solución definitiva y justa en la región sobre la base de la existencia de los dos Estados, Palestina e Israel, con las fronteras anteriores a 1967 y con Jerusalén Oriental como capital palestina, como único camino para alcanzar la paz y la estabilidad en Medio Oriente“.

Nota 9: El comunicado emitido por Uruguay, con fecha del 7 de diciembre, señala que:

Embajada de EEUU en Israel – Traslado a JerusalemEl Gobierno de Uruguay reafirma su apoyo a la Resolución 181 (1947) e la Asamblea General de la ONU que establece la creación de un Estado judío y un Estado árabe en el territorio de Palestina, con Jersualem como corpus separatum sometido a un régimen internacional especial; a la vez de expresar su compromiso con la Resolución 478 (1980) del Consejo de Seguridad de la ONU. En tal sentido, el Gobierno de Uruguay expresa su preocupación y discrepancia con la decisión del Gobierno de Estados Unidos, que no contribuye al imprescindible clima de paz y respeto mutuo necesario para alcanzar una solución justa, completa y duradera en Medio Oriente.

Nota 10: El comunicado oficial de Venezuela del 6 de diciembre se lee así:

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena decisión arbitraria de Estados Unidos de reconocer a la ciudad de Jerusalén, ocupada ilegalmente, como capital de IsraelEl Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo y del Gobierno Bolivariano, manifiesta su más firme repudio y condena ante la decisión arbitraria del gobierno estadounidense de reconocer a la Ciudad de Jerusalén, ocupada ilegalmente por Israel, como capital del Estado de Israel, así como de transferir a dicha Ciudad su Embajada. El Gobierno Bolivariano de Venezuela, rechaza toda acción arbitraria, unilateral e inconsulta, que busque afianzar la presencia ilegal del Estado de Israel sobre el Territorio Palestino Ocupado y su anexión de facto de la Ciudad de Jerusalén, hechos que socavan la soberanía del Estado y el Pueblo palestino, atentan contra la paz y estabilidad de la región, e influyen de manera trágica en los esfuerzos internacionales en búsqueda de una solución dialogada, pacífica, justa y duradera. La República Bolivariana de Venezuela, desde la Presidencia del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), y como país hermano de las causas justas del mundo árabe, considera este hecho una flagrante violación del Derecho Internacional, por lo que hace un llamado al apego a la Carta de las Naciones Unidas, y todas aquellas las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas que han sido aprobadas al respecto, en el marco de los esfuerzos conjuntos de la Comunidad Internacional en avanzar hacia una solución dialogada y al cese de las hostilidades y atropellos en contra de la nación palestina. En ese sentido, haciendo especial énfasis en la resolución 2334 (2016), en la cual el Consejo de Seguridad señaló “que no reconocerá ningún cambio a las líneas del 4 de junio de 1967, incluso en lo que respecta a Jerusalén, que no sean los acordados por las partes mediante negociaciones”, haciendo además un llamado a las partes “a que se abstengan de realizar actos de provocación e incitación y de hacer declaraciones que enardezcan los ánimos, con el fin de, entre otras cosas, distender la situación sobre el terreno, restablecer la confianza, demostrando mediante políticas y medidas un compromiso genuino con la solución biestatal y crear las condiciones necesarias para promover la paz”. El Pueblo Bolivariano, históricamente comprometido con la justa Causa Palestina, aprovecha la ocasión para reafirmar su compromiso irrestricto con la consecución de una solución dialogada, pacífica y duradera al conflicto, así como para la concreción de la plena soberanía e independencia del hermano Estado de Palestina, reiterando su voluntad de hacer frente junto al valiente pueblo palestino a todas aquellas acciones arbitrarias e injustas, que como esta, atentan contra los Derechos Inalienables del pueblo palestino, y tan sólo buscan continuar sembrando el caos en la región del Medio Oriente“.

Nota 11: Después de Costa Rica en el 2008, el reconocimiento de Palestina como Estado encontró eco en Venezuela (abril del 2009), seguida por República Dominicana (julio del 2009), por Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay (diciembre del 2010), por Perú y Chile (enero del 2011), por Argentina (febrero del 2011), por Uruguay (marzo del 2011), y El Salvador y Honduras (agosto del 2011), sumándose así a los reconocimientos previos hechos por Cuba (1988) y Nicaragua (1988). Los últimos Estados de la región en hacer este reconocimiento fueron Guatemala en abril del 2013 y Haití en septiembre del 2013. Nótese que si bien México albergó una representación de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) desde 1975, no reconoce a Palestina como Estado. A la fecha, Colombia y Panamá de igual forma se mantienen en la región sin un reconocimiento formal de Palestina como Estado.

Nota 12: En agosto del 2006, Costa Rica procedió a anunciar el traslado de su Embajada de Jerusalén a Tel-Aviv, causando la ira de Israel (véase nota de prensa). En febrero del 2008, reconoció a Palestina como Estado, causando el mismo efecto. En un libro editado en el 2013, el ex Canciller de Costa Rica en el período (2006-2010), Bruno Stagno escribe: “Recordé dos casos que de una u otra manera reflejaban el intricado, pero aún velado conjunto de intereses que entraban en juego al tratarse el tema de Israel. Como Embajador, Representante Permanente ante las Naciones Unidas, lo había vivido y sufrido. Recordaba como para marcarme en las votaciones sobre la situación en Medio Oriente, el entonces embajador de Costa Rica en Washington DC, Jaime Daremblum, alineaba a algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, para que me enviaran cartas instándome o instruyéndome a votar a favor de Israel. El congresista Tom Lantos sería el más insistente, dirigiéndose incluso directamente al Presidente Pacheco de la Espriella. También, recordé la indignación con que la Embajadora Emérita, Emilia Castro de Barish, comentaba cómo en el pasado se había aceptado que un funcionario de la Misión Permanente de Israel se sentara en la segunda fila de asientos, reservados para Costa Rica, con el fin de velar por el voto “correcto” de Costa Rica “. Véase STAGNO UGARTE B., Los caminos menos transitados. La administración Arias Sánchez y la redefinición de la política exterior de Costa Rica, 2006-2010, Heredia, Editorial UNA (EUNA), 2013, pp.70-71.

Inusitado comunicado de Colombia sobre las demandas de Nicaragua ante la CIJ 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

En un comunicado de su Ministerio de Relaciones Exteriores difundido este 16 de noviembre, Colombia anunció que “contrademandó” a Nicaragua (véase texto del comunicado en su integralidad reproducido al final de esta nota). Lo hizo anticipándose al servicio de prensa de la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ). El comunicado fue objeto de una amplia cobertura de prensa, agencias internacionales de noticia incluidas.

Nótese que en la parte final del precitado comunicado oficial, se puede leer textualmente que: “El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte” (sic).

¿Qué será lo que puede motivar a un Estado a comunicar antes de tiempo (y antes de conocer el texto completo y definitivo de la decisión de la CIJ) el resultado de una de sus gestiones? Es una pregunta que posiblemente algunos pocos se harán en Colombia y en algunos círculos especializados. Si además se evidencia un uso erróneo de la terminología oficial de la CIJ para designar ciertas herramientas jurídicas procesales de las que disponen los Estados en La Haya, la duda es mayor, y es probable que surjan más interrogantes.

Foto del Presidente de Colombia, extraída de artículo de prensa titulado “Esta es una decisión injuriosa para Colombia“, marzo 2016 

En efecto, no existe ninguna demanda planteada por Colombia contra Nicaragua que se haya registrado ante la CIJ. La consulta al sitio oficial de la CIJ así lo confirma. Lo que Colombia ha denominado “contra demanda” de manera un tanto antojadiza, es la posibilidad, como Estado demandado, de incluir demandas reconvencionales, tal y como lo prevé el mismo Reglamento de la CIJ. Las demandas reconvencionales no pueden ser confundidas con ninguna otra figura: son parte de las distintas herramientas procesales que entran en la categoría de “incidentes procesales” (como por ejemplo las excepciones preliminares, la solicitud de intervención, de medidas provisionales, de unión o de acumulación de demandas entre otros).

Las demandas reconvencionales están previstas en el Artículo 80 del Reglamento de la CIJ (Nota 1): se trata de una figura mediante la cual la parte demandada puede solicitar a la Corte, a la hora de presentar su contramemoria, ampliar a nuevos puntos el caso en estudio, siempre y cuando estos tengan algún grado de conexidad con el tema objeto de la demanda inicial. Si hay objecciones por parte del Estado demandante a este requerimiento de la parte demandada, la CIJ es la que decide, mediante la adopción de una providencia.

Si bien los idiomas oficiales de trabajo de los jueces de la CIJ son el francés y el inglés, su Estatuto y su Reglamento cuentan con una versión oficial en español, disponible en este enlace oficial de la CIJ: el término “demanda reconvencional” es el único usado por el Reglamento de la CIJ en su versión en español.

La definición de una demanda reconvencional ante la CIJ que se puede encontrar en diccionarios clásicos del derecho internacional no alude en ningun momento a alguna “contrademanda”. Según el Dictionnaire de la terminologie du droit international, la demanda reconvencional se define como una «demande incidente formée par le défendeur contre le demandeur à une action en justice et se rattachant à la demande initiale par un lien de connexité» (Nota 2). Para el Encyclopaedic Dictionary of International Law, se señala que es “a cross-claim made by the respondent State in a contentious case before the ICJ instituted by means of an application” (Nota 3).

Como todo tribunal, existen reglas y usos que las partes deben respetar. Con relación a la confidencialidad / publicidad de la información, cabe recordar que todos los documentos elaborados en la etapa escrita de un procedimiento escrito ante la CIJ se mantienen bajo estrictas condiciones de confidencialidad entre las partes y el juez internacional. En cambio, el inicio de la fase oral puede permitir “liberar” algunos documentos, siempre y cuando las partes acuerden hacer del conocimiento público algunos de ellos. El articulo 53 (2) del Reglamento de la CIJ es muy claro en ese sentido: “2. La Corte podrá, después de informarse de la opinión de cada una de las partes, decidir que ejemplares de los alegatos escritos y de los documentos anexos a los mismos se hagan accesibles al público a la apertura del procedimiento oral o con ulterioridad”. Si no hay acuerdo previo, las piezas escritas se hacen públicas por parte de la CIJ después de leído el veredicto por parte de la CIJ. A diferencia de la fase escrita, las audiencias orales son públicas, permitiendo así al público en general y a la prensa seguir en tiempo real los debates en La Haya y acceder (y ello gracias al sitio oficial de la CIJ) a los alegatos de ambas partes.

Lo anteriormente señalado aplica también para decisiones interlocutorias como las providencias (ordenanzas) de la CIJ: son dadas a conocer en su integralidad por la CIJ cuando ella lo estima oportuno, una vez su contenido definitivo aprobado por sus integrantes. Dar a conocer de forma parcial (y muy posiblemente parcializada) su futuro contenido resulta a todas luces una verdadera innovación de la diplomacia colombiana, que denota algo extremadamente difícil de calificar.

El adelantar información sobre la suerte de demandas reconvencionales pendientes de resolución ante el juez internacional es una tentación que pueden tener los Estados, aún contraviniendo las estrictas reglas que tiene la CIJ sobre la circulación de la información. En el 2013, Costa Rica ofreció una interesante variable al respecto (Nota 4). Con relación a Colombia, hace unos meses tuvimos la oportunidad de señalar un detalle pasado desapercibido por parte de su legación ante la CIJ, al depositar una de sus contramemorias (Nota 5).

Más allá de la originalidad que pareciera Colombia querer imprimir a su actuación ante el máximo órgano judicial de Naciones Unidas, la apreciación por parte de los integrantes de la CIJ de esta conducta debiera ser también cuidadosamente sopesada: la necesidad de anticiparse a la CIJ en anunciar la ordenanza en la que la CIJ accedió a la petición colombiana podría leerse de diversas maneras por parte de los integrantes de la CIJ. Estos últimos se muestran extremadamente cautelosos y cuidadosos, por lo general, en que la información que circule entre las partes y los jueces no se difunda antes de tiempo: en este preciso caso, antes de la difusión de un comunicado de prensa de la CIJ sobre lo dispuesto en su decisión, con el texto integral de su providencia.

Texto del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

16/11/2017

Comunicado de prensa sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe (Nicaragua c. Colombia)

El miércoles 15 de noviembre de 2017, la Corte Internacional de Justicia aceptó dos contrademandas que Colombia presentó contra Nicaragua en el marco del proceso denominado Supuestas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe, que cursa ante dicho tribunal desde noviembre de 2013. La decisión de la Corte se da en respuesta a las objeciones de Nicaragua a las contrademandas presentadas por Colombia.

Al admitir estas dos contrademandas la Corte analizará las reclamaciones colombianas según las cuales: – Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

– Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el Mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia. De esta manera, la Corte ha reconocido que la población del Archipiélago es una protagonista principal y aceptó que sus derechos históricos de pesca deben ser considerados en el marco del proceso. Además, que pueden existir irregularidades en la normatividad nicaragüense, lo cual será examinado con más detalle.

Por otra parte, los asuntos planteados por Colombia en relación con las obligaciones internacionales sobre la protección del medio ambiente marino en la región del Mar Caribe, así como la importancia de preservar el hábitat de los habitantes del Archipiélago, continuarán siendo parte de la defensa de Colombia.

El Gobierno colombiano aún no conoce el texto completo de la providencia, sin embargo ya fue notificado de la decisión adoptada por la Corte.

Bogotá, 16 de noviembre de 2017.

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Nota 1: El Artículo 80 del Reglamento de la CIJ estipula que: “Subsección 3. Reconvención Artículo 80 1. 
La Corte sólo podrá admitir una demanda reconvencional si entra dentro del ámbito de su competencia y tiene conexión directa con el objeto de la demanda de la otra parte. 2. La demanda reconvencional se formulará en la contramemoria de la parte que la presente y figurará entre las conclusiones contenidas en ella. Independientemente de la decisión que adopte la Corte, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 45 del presente Reglamento, sobre la presentación de nuevos alegatos por escrito, se preservará el derecho de la otra parte a presentar sus opiniones por escrito sobre la demanda reconvencional en un alegato adicional. 3. Si se opone una excepción con respecto a la aplicación del párrafo 1 o si así lo estima necesario, la Corte adoptará una decisión al respecto después de haber oído a las partes”.

Nota 2: Véase BASDEVANT J., Dictionnaire de la Terminologie du Droit International, Paris, Sirey, 1960, p. 199

Nota 3: Véase Encyclopedic dictionary of international law, Parry and Grant, 1988, Oceana publication, Inc., New York. London. Rome, p. 78.

Nota 4: En el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua ante la misma CIJ en el 2010 por la incursión de Nicaragua en Isla Portillos, este enlace refiere al cronograma seguido por la CIJ y ambas partes con relación a cuatro demandas reconvencionales solicitadas por Nicaragua. No obstante, el 4 de febrero del 2013 un artículo publicado en La Nación (Costa Rica) “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado” hace ver que una parte de un documento escrito presentado unos días antes por Nicaragua a la CIJ fue dado a conocer a la prensa de Costa Rica, provocando días después, reclamos de unos y otros, atizando los ánimos y provocando reacciones airadas de ambos lados del río San Juan: situaciones que, precisamente, las estrictas reglas de confidencialidad que impone el juez internacional buscan evitar en la etapa escrita. La decisión de la CIJ sobre las medidas reconvencionales solicitadas por Nicaragua (que incluía una relacionada al río costarricense del Colorado) se daría a conocer tan solo el 18 de abril del 2013 (véase texto).¿Cómo llegó al iniciar febrero del 2013 a manos de un medio de prensa costarricense la pretensión de Nicaragua formulada en su escrito del 30 de enero a la CIJ?: se trata de un secreto extremadamente bien guardado.

Nota 5: Al depositar el pasado 28 de setiembre su contramemoria en uno de los dos casos que Nicaragua planteó a la CIJ contra Colombia, tuvimos la oportunidad de señalar una extrañeza, que al parecer no cuenta con precedente alguno, por parte de la legación diplomática colombiana en La Haya: véase nuestra nota titulada”Nicaragua / Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)” en la que indicamos que: “Salvo error de nuestra parte, no se ha oído de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas“.

Homenaje al Dr. Diego Uribe Vargas

Invitación DUV

Es muy grato para la Academia Colombiana de Derecho Internacional anunciar el lanzamiento oficial de la nueva página del Dr. Diego Uribe Vargas: www.diegouribevargas.com. El innovador portal brinda acceso gratuito al conjunto de materiales como publicaciones, una biografía ilustrada, relatos, distinciones y variedad de fotografías de su destacada carrera.

El evento en homenaje de Diego Uribe Vargas en reconocimiento de su vida, obra e influencia en el desarrollo del derecho internacional y su aporte como fundador del programa de Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estará orientado por la conferencia magistral “Desarrollo Progresivo del Derecho Internacional: la Protección de Personas en Caso de Desastres”, presentada por el Dr. Eduardo Valencia Ospina, quien sin lugar a dudas, es un distinguido jurista, miembro de la Comisión de Derecho Internacional desde 2006, y actualmente es Relator Especial sobre el tema de la protección de personas en caso de desastres. Cuenta con más de treinta años de experiencia con el servicio jurídico de las Naciones Unidas y fue Secretario de la Corte Internacional de Justicia – CIJ durante catorce años, con el nivel de Subsecretario General.

El evento se llevará a cabo en el Aula Múltiple de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el jueves 30 de noviembre a las 11:00 am.

Para finalizar, compartimos un relato especial sobre la vida profesional del respetado Dr. Uribe Vargas realizado por el Dr. Fabián Augusto Cárdenas.

Remembrando la vida profesional de Diego Uribe Vargas y su impacto intergeneracional

 

Remembrando la vida profesional de Diego Uribe Vargas y su impacto intergeneracional

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2003, La Haya, En el Peace Palace asistiendo a la Reunión Ordinaria del Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, junto al ex-secretario general en la ONU, Butros Butros-Ghali. Arriba Fabián Cárdenas y Andrés Mora Tomada de diegourivevargas.com 

Por: Fabián Augusto Cárdenas Castañeda PhD 

Miembro ACCOLDI

Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Conocí a Diego Uribe Vargas en el año 2002 cuando tuve la fortuna de tenerlo como mi Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. En ese momento, detrás de un señor Bogotáno ya mayor, destacado en cuanto a su apariencia por la extrema elegancia, gran porte y calidez, pude conocer no solo a un intelectual que parecía saber muchísimo sobre Derecho Internacional, sino a un verdadero maestro, que con su característica amabilidad y cordialidad mostraba su interés no solo por enseñar una materia sino por formar juristas y nuevas generaciones de internacionalistas. Y sí que fue efectiva su enseñanza, hoy en día me dedico de lleno al Derecho Internacional gracias a la mentoría que entonces me diera el profesor Uribe Vargas, o de como a él le gustaba que lo llamaran sus amigos, Diego, a secas.

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Fotografía tomada de diegouribevargas.com

Cuando atendí este curso de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional en realidad no era totalmente consciente de la magnitud de personaje que estaba al frente del auditorio, aunque podía hacerme una idea por las experiencias cotidianas de clase. Entonces, solo tenía la noción de lo que era evidente a mi simple percepción. Un hombre con gran conocimiento, que casi siempre podía enseñar el Derecho Internacional en primera persona, ya que sus experiencias ilustraban los fundamentos del Derecho Internacional; esto debido a que en muchas ocasiones actuó a nombre del Estado, firmó tratados, intervino en la solución de controversias, etc. También me llamaba la atención que llegaba casi una hora antes de sus clases a fin de poder conversar con cualquier estudiante que quisiera hablar con él acerca de temas jurídicos, no sin evitar saludar calurosamente tanto a sus colegas en la Universidad, como a porteros, administrativos y personas del servicio de aseo y mantenimiento. Es sin duda una persona con un gran don de gentes abierto a los eruditos, estadistas e intelectuales, pero también a las personas más sencillas y humildes. Una de las primeras cosas que me impresionó fue su capacidad para establecer diálogos a diversos niveles.

Ahora que lo pienso en retrospectiva entiendo que la imagen tan diversa, compleja y enriquecida de este experimentado profesor que dictaba clase magistralmente sin tan siquiera tener una simple nota en sus manos, era sin duda el reflejo de todas sus experiencias en la vida pública y académica. Un intelectual que había pasado por casi todos los cargos públicos en el Estado y que había acumulado publicaciones y conferencias por diversos lugares del mundo, no puede más que generar esta imagen de alguien, que como se dice coloquialmente, estaba posicionado más allá del bien y del mal, lo cual era evidente en su semblante absolutamente tranquilo y reposado.

Diego Uribe Vargas sin duda nació para hacer lo que alcanzó en su vida profesional. Probablemente su cargo público mas representativo fue el de Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, el cual ejerció entre 1978 y 1981. No obstante, es claro que este fue solo el resultado de toda una trayectoria en el Estado, que comenzó como líder estudiantil en contra del régimen de Rojas Pinilla, pero que incluyó puestos como el de Juez Municipal, Diputado de Cundinamarca, Secretario de Gobierno de Cundinamarca, Jefe de Delegación ante diversas versiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Senador de la República y Gobernador de Cundinamarca, entre otros. Así, su notable y recordada gestión como Canciller y luego como Embajador en Francia, no son sino el producto de su conocimiento profundo de Nación desde diversas perspectivas. Diego Uribe Vargas es un publicista que conoce así el Estado desde las labores más sencillas y procedimentales hasta la gestión de la alta dirección.

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Fotografía tomada de diegouribevargas.com

Aunque su gestión en la diplomacia es extensa, hay ciertas causas que lo caracterizan hoy en día. En 1980, Diego Uribe Vargas escribió “El Libro Blanco de la República de Colombia”, el cual es un análisis profundo de las relaciones fronterizas de Colombia con Nicaragua y que constituyó la primera defensa férrea que realizó el Estado colombiano de su soberanía ante las pretensiones territoriales y marítimas de Nicaragua, y que ya entrado el siglo XXI se han venido ultimando a través de los casos que ha conocido la Corte Internacional de Justicia al respecto. En el Libro Blanco, y en toda su carrera diplomática y luego académica, Diego Uribe defendió a capa y espada la santidad del Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, así como su naturaleza de tratado de límites entre Nicaragua y Colombia; de este modo, también defendió la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las demás formaciones mencionadas en el Tratado, así como el hecho de que el Meridiano 82 constituía en efecto el límite marítimo entre los estados.

Por otro lado no solo está su papel protagónico como Canciller en la negociación eficaz con el grupo guerrillero colombiano M19 luego de que en 1980 se tomaran por la fuerza la Embajada de República Dominicana en Bogotá (alcanzando la solución del conflicto y la liberación de los retenidos), o la firma del Tratado Uribe Vargas – Ozores que le daría los últimos y actuales derechos que tiene Colombia sobre el Canal de Panamá, sino su defensa de las 200 millas náuticas de mar territorial en diversas conferencias del mar, así como múltiples y nobles causas por la integración regional en América Latina y la vigencia de los derechos humanos en los Estados latinoamericanos.

Con los anteriores antecedentes, no es tampoco una sorpresa porqué fue uno de los más distinguidos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que redactó y aprobó la Constitución Colombiana que aún hoy se encuentra vigente. El Profesor Uribe Vargas fue uno de los 70 constituyentes elegidos por elección popular. Particularmente enfocó sus esfuerzos en la Comisión Primera sobre principios y derechos con un especial énfasis en la redacción de la Carta de Derechos Fundamentales. Sin lugar uno de sus principales logros fue el establecimiento del actual artículo 33 de la Constitución colombiana que reza: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. La Paz como un Derecho Fundamental no solo fue totalmente novedoso en Colombia, sino que sentó un precedente, como directriz y punta de lanza para las constituciones latinoamericanas. De hecho, es gracias a este artículo constitucional que hoy se pueden adelantar todos los avances en el vigente Proceso de Paz Colombiano.

Como constituyente y aún desde décadas atrás en su posición de Senador, también había apoyado causas como la creación del ombudsman, o lo que actualmente se conoce como el Defensor del Pueblo, las elecciones populares a todo nivel de la administración pública en Colombia, el voto a partir de los 18 años de edad, la eliminación de cargos vitalicios en el Estado, y la inclusión de los Derechos Humanos en el diseño constitucional.

Luego de la aprobación de la Constitución Colombiana de 1991 también hizo parte de la Comisión Especial Legislativa, también llamada por la opinión pública como “Congresito”, conformada por 36 miembros elegidos por la Asamblea, que se encargaba de ejercer funciones legislativas en el periodo de transición hacia la instalación del nuevo Congreso. Sin duda un hito en la historia legislativa colombiana.

Pero Diego Uribe Vargas no se quedó en estas magnificas representaciones estatales, sino que siempre se preocupó por llevar los debates al campo de la docencia y la investigación, así como hacia la socialización de los debates en múltiples sociedades académicas.

Es importante rescatar que por décadas ejerció la cátedra de Derecho Internacional en la universidad pública –donde lo conocí-. También fundó la actual Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y ejerció como profesor visitante en una multiplicidad de universidades nacionales e internacionales. Pero también vale la pena destacar su participación activa en diversas sociedades académicas, dentro de las que a manera de ejemplo se pueden citar las academias de historia, jurisprudencia, de la lengua, en Colombia, como su rol en el prestigioso Curatorium de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Comité Científico del Instituto de Estudios sobre Derechos Humanos de Trieste, el Comité Científico de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras de Paris, y el Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional de Madrid.

De su paso por salones de clase y academias alrededor del mundo han quedado cincuenta y un publicaciones dentro de las que se encuentran libros y artículos escritos en español y francés, en Colombia y en el exterior, que abordan diversos temas de gran relevancia para el derecho internacional pero dentro de los que se destaca un especial interés y pasión por los derechos humanos, particularmente la tercera generación de los derechos, incluyendo la paz, el medio ambiente y el desarrollo, así como el derecho del mar, la Antártida, el diferendo Nicaragua-Colombia, y la modernización del Estado a través de las precitadas profundas reformas constitucionales, con un especial énfasis en el referéndum como un espacio de reforma para el pueblo, e igualmente la creación de un defensor de derechos humanos para los ciudadanos, o institución del ombudsman. En este aspecto es bien significativo mencionar que su última obra fue el libro “Derecho Internacional Ambiental” publicada en 2010 por la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y de la cual tengo la alegría, privilegio y orgullo de ser coautor. Al respecto, él siempre ha recalcado que si bien los derechos humanos fueron el tema de mayor protagonismo de la última parte del siglo XX, el siglo XXI tendría que dar un giro hacia el medio ambiente, ya que de él no dependían simples debates de alternativas jurídicas, sino la misma existencia de la humanidad. De hecho, el medio ambiente trazó el inicio de su carrera académica, ya que su padre, Gustavo Uribe, fue un acérrimo defensor del árbol en décadas donde todo esto era puro progresismo, marcando así sus etapas más tempranas, pero también ha sido la última de sus piezas académicas.

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Finalmente, quiero concluir que el Doctor Diego Uribe Vargas, está engalanado de decenas de distinciones y condecoraciones que son apenas símbolos de sus diversos logros en la vida pública y académica, dentro de las cuales se encuentran, la Cruz de Boyacá y otras cuantas en Colombia, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en España, la Gran Cruz de la Orden de la Bandera de Yugoslavia, el ser Gran Oficial de la Legión de Honor de Francia –una de sus favoritas- u otras tantas por Europa y Latinoamérica; a esto se le sumaban los diversos títulos que fue adquiriendo y con lo cual lo identificaban como el de Ministro, Canciller, Embajador, Senador, Constituyente, Doctor, entre otros. Sin embargo, algún día, mientras me encontraba trabajando para el en París ante una reunión ordinaria del Curatorium de Derecho Internacional de La Haya, le pregunté cuál de todos estos títulos y condecoraciones era el que más le llenaba de orgullo luego de haber disfrutado a lo largo de su vida de tantísimos honores, y él me respondió con su cálida sonrisa: “sin lugar a dudas, el de Profesor”.

  diegouribevargas.com

 

International Newsletter: Boletín II. Octubre de 2017

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Actividades del Instituto Iberoamericano de La Haya (IIH) en 2018

Por: Héctor Olasolo Alonso

Miembro ACCOLDI

Chair in International Law / Profesor Titular de Carrera, Universidad de El Rosario (Colombia). Chairman / Presidente, Ibero-American Institute of the Hague/Instituto Iberoamericano de la Haya (IIH). Director, ANIDIP – Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal. Member of the ILA Conduct of Hostilities Working Group.  Ad Hoc Professor, The Hague University for Applied Sciences.

 

Las actividades que desarrollará el Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH) en 2018  son las siguientes:

  1. El plazo para presentar resúmenes de 300 palabras para el I Certamen de Estudios Críticos sobre Derecho Internacional Penal permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2017 (se ha reservado una sesión para que los autores de los ensayos seleccionados puedan presentar sus trabajos en el marco del V Seminario de Pensamiento Ibero-Americano sobre la Justicia {La Haya, 4-8 de junio de 2018; además los ensayos seleccionados serán publicados en el Volumen 6 del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP)}:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-estudios-criticos-sobre-la-justicia

  1. Esta semana se hizo pública la convocatoria y el caso de la VI Edición del Concurso CPI de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, cuyo plazo de inscripción es hasta el 2 de abril de 2018 y cuyas audiencias públicas se celebrarán en al Haya del 28 de mayo al 1 de junio de 2018: http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/concurso-de-simulacion-judicial-sobre-la-cpi

Así mismo, debido a la relevancia de Colombia en el ámbito de la justicia transicional y a la importancia de la interrelación de esta última con el Derecho Internacional Penal, el IIH ha decidido dar su apoyo institucional al nuevo concurso sobre “Derecho Internacional Penal y Justicia Transicional” que un grupo de universidades en Colombia están comenzando a organizar en este momento cara tener su I Edición a finales de octubre de 2018 en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Según vaya avanzando la organización de este nuevo concurso daremos mayores detalles del mismo, si bien quien esté interesado puede solicitar desde ahora mayor información escribiendo al correo:

concurso.dip.jt@gmail.com

  1. Ya se pueden consultar as actividades que tendrán lugar durante la VIII Semana Iberoamericana de la Justicia Internacional (La Haya, 28 de mayo a 8 de junio de 2018):

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/semana-iberoamericana-de-la-justicia-internacional-y-los-derechos-humanos/160-vi-edicion-de-2016

  1. Desde el 1 de octubre están abiertas las inscripciones (de carácter gratuito) para el V Seminario de Pensamiento sobre la Justicia Internacional (La Haya, 4-8 de junio de 2018), y que entre otras actividades incluirá un debate sobre los modelos de justicia transicional en Colombia entre los Profesores Kai Ambos (Universidad de Gottíngen) y Hector Olasolo (Universidad del Rosario) y el  I Panel sobre género, empoderamiento y tecnología, en el quese presentará la campaña GQUAL lanzada por el Centro para Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para la paridad de género en los tribunales internacionales, los organismos de monitoreo de los sistemas de protección universal y regionales de derechos humanos, y los relatores especiales por países o temas. Para ver las actividades del V Seminario de Pensamiento y o descargar la ficha de inscripción, véase:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/seminario-de-pensamiento-iberoamericano/188-i-edicion-seminario-de-pensamiento

Sobre la campaña GQUAL, véase: http://www.gqualcampaign.org/inicio/

  1. Desde el 1 de octubre están abiertas las inscripciones (de carácter gratuito) para el II Dia Polífónico de la Justicia Internacional (La Haya, 5 de junio de 2018) en el que continuamos invitando a panelistas de distintas regiones del mundo (Africa, China, Ibero-América- India, Irán, Países Árabes o China), para que en esta ocasión nos hablen sobre: (a)  cuestiones en el ámbito jurídico y de las relaciones internacionales en relación con el ejercicio de jurisdicción sobre el crimen de agresión por la Corte Penal Internacional; y (b) el impacto de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 70 Aniversario: logros y fracasos. Al final de cada panel habrá un espacio para que podáis profundizar en el intercambio de perspectivas con nuestros panelistas:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/dia-polifonico-de-la-justicia-internacional

6 El pasado 15 de agosto se aprobó la creación por Tirant lo Blanch, el IIH y el Instituto Joaquín Herrera Flores de la nueva colección “Perspectivas Iberoamericanas para la Justicia”  donde se publicarán los trabajos de la Red Multidisciplinar de Investigación “Perspectivas Epistemológicas Iberoamericanas sobre la Justicia” coordinadas desde el IIH desde junio de 2015.

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericana-sobre-la-justicia

  1. Desde el 1 de octubre se encuentran abiertas las convocatorias para la realización de estancias de investigación y pasantías en la Clínica Juridica Internacional organizada por la Universidad del Rosario y el IIH:

 http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/clinica-internacional-sobre-derecho-internacional-penal-y-humanitario

  1. 8. Permanece abierta la Convocatoria para el envío de artículos de investigación al ANIDIP, ya sea desde una perspectiva de Derecho Internacional Penal, o ya sea desde otras ramas de las ciencias sociales y humanas:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/anidip-anuario-ibero-americano-sobre-derecho-internacional-penal

9 Esta semana se declaró vencedor de la VI Edición el Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner sobre Justicia Internacional Penal al ensayo escrito por Catalina Fernández Carter (Chile) bajo el título “Los crímenes de violencia sexual cometidos al interior de un grupo armado: El caso de los niños soldados en Fiscalía c Bosco Ntaganda”. La convocatoria de la VII Edición se publicará a finales de enero de 2018:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/certamen-de-ensayos-blattmann-odio-benito-y-steiner

  1. Los materiales audiovisuales para uso docente producidos por el IIH se pueden consultar en:

http://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/actividades/materiales-audiovisuales-para-uso-docente