Convención de Minamata sobre mercurio entra en Vigor

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Convención de Minamata sobre Mercurio (2013) entra en vigor 

Este 16 de agosto del 2017, entró en vigor la Convención sobre Mercurio suscrita en el 2013, adoptada en la localidad japonesa de Kumamoto. Kumamoto es la pequeña ciudad en la que la se ubicó la corporación Chisso que optó por vertir grandes cantidades de mercurio en los años 40 y 50, impactando la Bahía de Minamata, y sus pobladores. Minamata alude a esa pequeña comunidad costera japonesa que se dió a conocer mundialmente cuando se confirmó en 1956 una de las peores tragedias humanas causadas por este metal pesado, al consumir sus integrantes peces con altos niveles de mercurio.

Foto extraída de presentación de la Dra. Astrid Andersen (dinamarca, “La enfermedad de Minamata”, filima 24. Presentación disponible aquí

En este estudio sobre los alcances en Japón de la enfermedad de Minamata y las acciones legales que se debieron de interponer para obtener compensaciones para las víctimas, se lee que:

” Hasta finales de mayo del 2013, el número total de pacientes certificados era de 2.977 (1.784 en la Prefectura de Kumamoto, 491 en la Prefectura de Kagoshima y 702 en la Prefectura de Niigata), de los cuales 646 (330 en la Prefectura de Kumamoto, 130 en la Prefectura de Kagoshima, y 186 en la Prefectura de Niigata) siguen con vida. Mientras tanto, el 16 de abril de 2013 el Tribunal Supremo dictó una sentencia para dos casos que demandan la anulación de las decisiones respectivas del gobierno de rechazar la solicitud de la certificación bajo la Ley de Indemnización” (página 10).

La Convención sobre Mercurio en breve

El convenio (véase texto y anexos, versión en español) establece una serie de obligaciones para prevenir daños a la salud humana en los Estados partes causados por el mercurio limitando o prohibiendo su uso. El artículo 7 refiere a obligaciones relacionadas a la extracción de oro artesanal y a pequeña escala. Se prevé un sistema de limitaciones progresivas a la producción e importación de ciertos productos que contienen mercurio. Al respecto, la fecha del 2020 estipulada en el Anexo 1 obliga a tomar medidas comerciales a mediano plazo.

Este instrumento obliga a los Estados a regular y limitar el uso del mercurio. En este informe de las autoridades chilenas del 2009 titulado “Plan Nacional para la Gestión de los Riesgos del Mercurio” (véase texto completo), se leía que:

En Chile actualmente no se producen productos con contenido de mercurio, por lo tanto, el mayor problema radica en la importación de éstos. Los principales productos importados y que contienen mercurio son pilas, termómetros, manómetros, medidores, barómetros, sensores, interruptores, fuentes de luz con mercurio, productos farmacéuticos de uso humano y veterinario, químicos y equipos de laboratorio. En todos los casos, no existe regulación para el ingreso y/o contenido de este metal“(página 14).

A la fecha de su entrada en vigor, este convenio internacional de Minamata cuenta con 128 firmas y 74 ratificaciones (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En América Latina, después de Uruguay, primero en la región en ratificar esta convención (setiembre del 2014), seguido por Nicaragua (octubre del 2014), figuran como Estados Partes Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Panamá y Perú. En este enlace está disponible un informe sobre la implementación de este instrumento internacional en América Latina y en el Caribe.

Como se puede apreciar, con la notable excepción de Guatemala, Centroamérica es parte de este novedoso instrumento, que llama a reforzar la cooperación para limitar el comercio del mercurio. No es el caso de la región andina, en la que Chile y Colombia (al igual que Argentina) han optado por no someterse (aún) a este tratado. Recientemente, en Costa Rica, las autoridades detectaron que el mercurio usado por quiénes se dedican a la minería artesanal ilegal proviene de Nicaragua (véase nota reciente de La Nación).

Mercurio y otros metales pesados y salud humana

Según la descripción dada por la Oficina de Protección Ambiental en Estados Unidos (EPA), “Mercury emissions know no national or continental boundaries. Mercury emitted into the air can travel thousands of miles in the atmosphere before it is eventually deposited back to the earth in rainfall or in dry gaseous form” (véase ficha técnica: se sugiere al lector completar los datos de la EPA con la ficha técnica elaborada por Ecured/Cuba). Se considera que los mayores productores de mercurio a nivel global son España, seguida por Kirguistán, Argelia y China (véase recuadros en páginas 5-6 de este informe al 2003).

Sobre los daños a la salud humana del mercurio, véase daños y patologías asociadas al mercurio, reseñadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este último enlace, se lee que:

La principal vía de exposición humana es el consumo de pescado y marisco contaminados con metilmercurio, compuesto orgánico presente en esos alimentos“.

El mercurio, al igual que otros metales pesados, suele ser absorbido por el ser humano en cantidades que superan los valores mínimos al estar expuesto a sustancias químicas que lo contienen, como vapores, polvo de ciertos cementos, aceites y grasas y otras sustancias químicas usadas en la industria, o bien al consumir agua contaminada o productos del mar u otros, a través del fenómeno conocido como “bioacumulación”, entre otras formas de ingerirlo.

La ingesta o inhalación de metales pesados en cantidades superiores a las recomendadas afecta el sistema nervioso y varias funciones cerebrales del ser humano. Con relación a un metal pesado como el plomo, en este “Manual de Pruebas Neuroconductuales” (véase texto completo) publicado en Costa Rica en el año 2000 y cuya lectura recomendamos al ser Costa Rica uno de los mayores importadores de plaguicidas y pesticidas en América Latina, se señala que:

Un ejemplo de un efecto neurotóxico temprano es la disminución del coeficiente de inteligencia (CI) en niños con niveles elevados de plomo en la sangre. Un gran número de estudios ha puesto en evidencia la relación entre el nivel de plomo en la sangre de niños y la disminución del coeficiente de inteligencia en ausencia de una enfermedad clínica” (página 9).

El plomo, el mercurio, el cadmio, el titanio y muchos otros metales pesados se encuentran liberados, mezclados a otras sustancias, sin que se sepa a ciencia cierta en qué proporciones, pero con efectos devastadores para la salud humana. La contaminación causada a la comunidad de La Oroya en Perú se tramita actualmente ante el sistema interamericano de derechos humanos (véase nota de AIDA).

Cuando los desechos electrónicos y eléctricos, los residuos de centros hospitalarios así como muchos otros conteniendo metales pesados no son adecuadamente tratados o reciclados, el agua sirve de vehiculo, en particular en las zonas tropicales, concentrándose gran cantidad de metales dispersos en quebradas, ríos, lagunas y lagos, pero también acuíferos. Por efecto de la escorrentía, polvos de cementeras, minas, industrias diversas también terminan en los cuerpos de agua.

Los metales pesados en Costa Rica liberados en los cuerpos de agua

Pese a diversas comunicaciones enviadas por Costa Rica a instancias internacionales sobre iniciativas en el tema (véase por ejemplo nota del Ministerio del Ambiente (MINAET) del 2009 colgada en este enlace de Naciones Unidas), resulta evidente que el tratamiento de residuos constituye aún todo un desafío, incluyendo los metales pesados. No se conoce de algún dato sobre la cantidad de baterías (pilas) recicladas en Costa Rica con relación al volumen importado, para dar tan solo un ejemplo (que podríamos extender a las baterías de vehículos o acumuladores).

En su informe del 8 de abril del 2014, a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, el Experto Independiente John H. Knox de Naciones Unidas sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgoslimpio, saludable y sostenible, señaló en su informe (Documento A/HRC/25/53/Add.1 disponible en la red) que:

Según un estudio realizado por el Instituto de Recursos Mundiales en 2011, Costa Rica tiene el más alto uso per capita de plaguicidas del mundo . Estudios recientes han descrito los efectos adversos que el uso de plaguicidas agrícolas está teniendo en los ecosistemas fluviales, entre otras cosas debido al deterioro del hábitat y la calidad ecológica de comunidades de macroinvertebrados, el escaso crecimiento vegetativo y los elevados niveles de residuos de fungicidas y herbicidas . Como consecuencia de ello, Costa Rica tiene algunos de los ríos más contaminados de América Latina . Sus humedales también necesitan más protección” (punto 59).

Con relación a los cuerpos de agua, en este informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre los controles defectuosos del Estado costarricense con relación a la calidad del agua, del año 2013, se puede leer que:

Se determinó la presencia de contaminantes diversos, en 25 de las 34 cuencas del país. Estos contaminantes son materia orgánica, nutrientes y sólidos, metales, sustancias químicas y orgánicas, y microorganismos peligrosos” (punto 2.69, pág. 24). De interés resulta este informe con relación a la poca fiscalización del Estado en materia de vertidos en cuerpos de agua por parte del sector industrial.

Hubiese sido muy interesante por ejemplo, además de los hallazgos de la CGR, saber cuánta del agua declarada como potable (y cobrada como tal) es objeto de un monitoreo permanente con relación a la presencia de metales pesados. Se sabe por ejemplo que los análisis sobre la potabilidad del agua en el cantón de Santo Domingo de Heredia (acueducto municipal) incluyen siempre un análisis bacteriológico, pero que los análisis fisico-químicos son realizados de manera muy esporádica: desde febrero del 2012, las autoridades de salud de este cantón herediano se mantienen sin responder a una solicitud realizada por una entidad local (véase nota del CBAE de San Miguel).

Al vertirse al mar, desde las desembocaduras de los ríos, grandes volúmenes de agua contaminada con metales pesados y muchas otras sustancias provinientes del Valle Central, el estudio de peces y especies marinas también revela los efectos de la contaminación fluvial, con investigaciones (esporádicas) sobre metales pesados cada vez más preocupantes, y escasamente divulgadas en Costa Rica.

Foto extraída de nota de La Nación (2015): “Playas Guacalillo, Azul y Tárcoles pagan con basura el descuido del Valle Central”

En un estudio publicado por un químico de Costa Rica en el 2015, titulado “Acumulación de metales pesados en bivalvos y sus efectos tóxicos en la salud humana: perspectivas para el estudio en Costa Rica“, se lee que:

Los principales efectos sobre la salud humana por exposición a metilmercurio son efectos neurotóxicos (parestesias, ataxia, neurastenia, pérdida de visión y audición) en adultos y toxicidad para los fetos de mujeres expuestas durante el embarazo. También se ha demostrado un efecto genotóxico que da por resultado aberraciones cromosómicas en poblaciones expuestas a metilmercurio“.

Nótese que en ese mismo estudio precitado, el autor concluye que:

en Costa Rica el no contar con una industria tan especializada en el uso de metales pesados asi como la falta de información al respecto, no permite asegurar que hay o no contenidos elevados de contaminantes. Únicamente el estudio analítico de las muestras tanto de los cultivos del golfo de Nicoya, como las extraídas en otras zonas costeras, podrá generar un verdadero reflejo de en qué posición nos encontramos respecto al tema“.

Las concentraciones de metales pesados en los peces que se comercializan para consumo humano son objeto cada cierto tiempo de titulares en prensa. En Costa Rica, uno de los primeros artículos de prensa disponible en línea al respecto es del 2006 (véase nota de La Nación).

En el 2013, se publicó la investigación titulada ” Evaluación de los Niveles de Mercurio en Productos Pesqueros en Costa Rica, Durante 2003-2013, como insumo para recomendar una ingesta semanal tolerable” disponible en este enlace. Los resultados de una investigación titulada “Interpretación del contenido de mercurio en muestras nacionales de pez vela (Istiophorus platypterus) y marlín (Makaira spp. o Tetrapturusspp.) a partir de parámetros toxicológicos internacionales“, publicada por la Universidad Nacional (UNA) y disponible en la red, concluye en el 2014 que el 100% de las muestras recogidas de ambos peces en establecimiento comerciales registran altas concentraciones de mercurio (p. 57). En el 2016, la ONG PRETOMA titulo una nota de prensa “Study Shows Shark Meat in Costa Rican Markets Has High Levels of Toxic Mercury“.

A modo de conclusión: investigaciones esporádicas ante un Estado omiso

En febrero del 2017, la aparición de grandes cantidades de peces muertos en varias playas de Nicoya dió lugar a un apresurado comunicado de prensa de las autoridades del 17 de febrero (Nota 1) descartando cualquier riesgo para la salud humana al consumir peces (véase nota de Casa Presidencial titulada “Descartan riesgo en consumo de pescado proveniente del Golfo de Nicoya“).

Se desconoce si las autoridades del Ministerio de Salud han elaborado (y hecho público) en estos últimos años algun informe sobre la recurrencia de patologías asociadas a metales pesados detectadas en ciertas zonas de Costa Rica.

En este como en otros casos, es frecuente observar a un Estado negligente en cuanto a los efectos en la salud humana de ciertas actividades. Bien lo saben las comunidades afectadas por la expansión piñera en Costa Rica, cuya salud y patologías asociadas a la exposición de plaguicidas no parecen en lo más mínimo interpelar a las autoridades de salud: como tuvimos la ocasión de expresarlo, la sordera es institucionalizada en Costa Rica cuando de problemas provocados por la piña se trata (véase nota nuestra publicada en el OPALC en el 2015) (Nota 2). De igual forma con la gran cantidad de niños autistas en algunas zonas rurales, pese a literatura científica que (desde hace muchos años) relaciona el autismo a la exposición a pesticidas de mujeres embarazadas (véase nota al respecto).

Más allá de la serie de obligaciones que asumieron los Estados en la Convención de Minamata con relación al mercurio (y cuya implementación constituye en sí todo un desafío), es deseable que con la entrada en vigor de este novedoso instrumento, la opinión pública aproveche la oportunidad para exigir a los Estados examinar con mucha mayor atención los efectos en la salud pública de los metales pesados que, de una u otra forma, ingieren sus habitantes.

Notas:

Nota 1: Nótese que el informe técnico solicitado a un ente universitario por las autoridades ante la falta de peritos para identificar la causa de esta súbita muerte de grandes cantidades de peces, lleva la fecha del 3 de marzo del 2017 : véase nota de La Nación.

Nota 2: La lista de las distintas sustancias químicas necesarias para producir la variedad denominada “MD-2” da una idea de los riesgos que significan para los suelos, los acuíferos así como para la salud de las comunidades aledañas y la de los trabajadores en las piñeras (véase Anexo XXII (página 57) del informe denominado ”Crop Production Protocolo Pineapple MD2 (Ananas comosus)”, disponible aquí). En el 2009, con relación a una investigación del IRET de la Universidad Nacional (UNA) en Talamanca sobre valores de plaguicidas en los orines de menores que viven cerca de bananeras, se leyó la siguiente reacción por parte de la titular de la cartera de la salud:

Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad” (sic) (véase nota del Semanario Universidad).

MERCOSUR Y ESTADOS DE AMÉRICA LATINA RECHAZAN USO DE LA FUERZA EN VENEZUELA

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

 

El rechazo del MERCOSUR y de otros Estados de América Latina al uso de la fuerza en Venezuela

Ante las declaraciones dadas a conocer el pasado 11 de agosto por parte del Presidente de Estados Unidos sobre una “opción militar” en el caso de Venezuela (véase nota de prensa), varios Estados de América Latina así como los Estados Miembros del MERCOSUR han reaccionado de forma inmediata o casi.

En sus declaraciones a la prensa, el Presidente de Estados Unidos señaló que: “No voy a descartar la opción militar, es nuestro vecino y tenemos tropas por todo el mundo. Venezuela no está muy lejos, y la gente allí está sufriendo y está muriendo“.

Bolivia emitió el mismo 11 de agosto este comunicado oficial de su Ministerio de Relaciones Exteriores. A diferencia de los demás comunicados oficiales que veremos a continuación (y que no refieren expresamente a Estados Unidos como tal), el texto circulado por Bolivia rechaza las declaraciones y recrimina directamente al Estado autor de esta amenaza militar. Lo reproducimos de forma integral:

Bolivia condena declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América

El Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia condena enérgicamente las declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, del día viernes 11 de agosto de 2017, mediante las cuales, amenazó con una posible opción militar a la hermana República de Venezuela.

Bolivia censura este tipo de declaraciones que ponen en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, así como cualquier intento de intervención militar en el mundo bajo el pretexto de querer proteger los derechos humanos en Estados soberanos.

Es reprochable que un Mandatario de un país considerado desarrollado asuma que el resto del mundo se encuentra bajo su tutela y que por lo tanto cree tener el derecho de intervenir países, violando toda norma y principio del Derecho Internacional. El Estado Plurinacional de Bolivia hace un urgente llamado a la Comunidad Internacional a rechazar este tipo de intimidaciones y a salir en defensa de los principios del respeto a la soberanía, la libre autodeterminación e independencia de los Estados”.

En las líneas que siguen, nos abocaremos a reseñar los distintos comunicados oficiales que han circulado en los últimos días por parte de Estados de América Latina. Omitiremos declaraciones en prensa, “tweets”, u otras formas de manifestación en redes sociales de autoridades, que de una u otra forma, denotan la renuencia de algunos de proceder a elaborar un texto formal condenando estas declaraciones del actual ocupante de la Casa Blanca.

Intervenciones militares y formas de repudio oficiales omitiendo designar a sus responsables

Las intervenciones militares por parte de Estados Unidos en América Latina han convulsionado a la región a lo largo de toda su historia: la última intervención norteamericana es la acaecida en Panamá en 1989, precedida por un histórico fallo de 1986 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con relación a las acciones militares y paramilitares de Estados Unidos contra Nicaragua (véase texto de la sentencia, en particular los párrafos 188 y 190 en los que la CIJ califica la prohibición del uso de la fuerza como un principio general así como una regla consuetudinaria). En este último caso, se obtuvo la condena por parte de la CIJ de las acciones norteamericanas; no obstante, el 12 de setiembre de 1991, Nicaragua retiró la demanda presentada para la etapa indemnizatoria por los daños ocasionados, dando así por concluído este largo proceso (véase ordenanza de la CIJ del 26 de setiembre de 1991).

Pese a la importancia de la regla violada en caso de intervención militar (en particular si se trata de una acción no autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), en América Latina se ha a menudo repudiado omitiendo referirse a Estados Unidos: cuando se ha procedido a una reprobación oficial de las acciones de Estados Unidos en contra de un Estado, esta se ha manifestado casi siempre recurriendo a un léxico que evita designar expresamente a Estados Unidos. En el 2016, una resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) de “desagravio” a República Dominicana por la intervención de Estados Unidos en 1965 se refiere a los “acontecimientos de abril de 1965” (véase nota publicada en el OPALC con texto final de la resolución adoptada). Los comunicados oficiales que a continuación citaremos relacionados a la amenaza de una “opción militar” en Venezuela de igual manera se caracterizan por esta llamativa omisión.

La reacción colectiva de los Estados del MERCOSUR

Menos de 24 horas después de pronunciadas las palabras del Presidente Trump, los Estados del MERCOSUR se manifestaron rechazando de forma vehemente toda solución que implique el uso de la fuerza en Venezuela, al afirmar en un comunicado con fecha del 12 de agosto que:

“El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales” (véase texto completo del comunicado conjunto circulado del 12 de agosto reproducido al final de esta nota).

Estas declaraciones del Presidente Trump se dan en el marco de la escalada verbal con Corea del Norte. Nótese que pese a su peculiar estilo, es la primera vez en su mandato que el Presidente norteamericano alude públicamente ante medios de prensa a una opción militar para resolver la situación en Venezuela. El pasado 26 de julio, las infidencias del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia sobre Venezuela indicaron de acciones concertadas con Estados de América Latina, sin precisar el tipo de opciones valoradas (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo).

Es de notar que en la Declaración de Lima adoptada por 12 Estados (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) el pasado 8 de agosto, se lee (punto 5) que estos 12 Estados expresaron: “Su enérgico rechazo a la violencia y a cualquier opción que involucre el uso de la fuerza” (véase nota con texto reproducido).

Será de sumo interés observar si estos 12 Estados, a título individual (o bien en forma colectiva), condenan ahora las declaraciones dadas por el Presidente de Estados Unidos.

Las reacciones oficiales no colectivas de otros Estados

El Estado anfitrión, Perú se adelantó al circular el mismo 12 de agosto el siguiente comunicado, titulado “Perú rechaza cualquier amenaza al uso de la fuerza en Venezuela – Comunicado Oficial 028 – 17, en el que se puede leer que: ​

“Una negociación de buena fe, con objetivos claros y plazos precisos, es la única vía aceptable para recobrar la democracia en Venezuela. Todo intento interno o externo para recurrir a la fuerza socava el objetivo de restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, así como los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. El Perú rechaza cualquier amenaza o el uso de la fuerza no autorizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas“.

De igual forma, Colombia emitió el siguiente comunicado en la misma fecha del 12 de agosto, sugiriendo una mediación del Secretario General de Naciones Unidas en Venezuela, y que reproducimos a continuación de manera integral:

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha sido explícito en su condena a la ruptura constitucional de Venezuela. Considera urgente mantener la postura adoptada por varios países y las declaraciones y decisiones individuales y colectivas en la región para restablecer las instituciones democráticas en Venezuela, tal y como lo hicimos en la Declaración de Lima del 8 de agosto pasado.

A pesar de las dificultades actuales para lograr una salida pacífica y negociada, seguimos creyendo que este camino es el adecuado para encontrar soluciones de largo plazo para el pueblo venezolano. En este contexto y respetando los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional, hemos hecho llamados al Secretario General de Naciones Unidas para que utilice los mecanismos de solución pacífica de controversias y buenos oficios para crear las condiciones que se requieren para una negociación que ponga fin a la crisis de ruptura democrática en Venezuela.

En este sentido, rechazamos medidas militares y el uso de la fuerza en el sistema internacional. Todas las medidas deben darse sobre el respeto de la soberanía de Venezuela a través de soluciones pacíficas”.

De manera similar, pero con un contenido distinto, este mismo 12 de agosto, México se ha manifestado en los siguientes términos mediante un comunicado de su diplomacia titulado “México continuará trabajando por una solución pacífica a la crisis en Venezuela“, en el que se lee que:

El gobierno de México, con pleno apego a las normas y principios de derecho internacional contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa su rechazo al uso o amenaza de uso de la fuerza en las relaciones internacionales, y afirma que la crisis en Venezuela no puede resolverse mediante acciones militares, internas o externas.

El 8 de agosto, 12 países, México entre ellos, adoptaron la Declaración de Lima en la que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente y expresan que los actos jurídicos que conforme a la Constitución requieran autorización de la Asamblea Nacional, solo serán reconocidos cuando dicha Asamblea los haya aprobado. De igual manera, los países firmantes de la declaración de Lima rechazaron de manera enérgica la violencia y el uso de la fuerza.

México reitera el contenido de la Declaración de Lima y seguirá haciendo todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que se restaure la democracia en Venezuela a través de una salida pacífica y negociada”.

Por su parte, Ecuador, Estado que no participó al encuentro en Lima, expresó mediante comunicado de su cancillería que:

El gobierno de Ecuador reitera la necesidad de respetar, dentro del marco del Derecho Internacional, los principios de libre determinación, de no injerencia y de convivencia pacífica entre las naciones.

Recuerda a la comunidad internacional que la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz implica el compromiso de todas las naciones por preservar nuestro territorio común libre de amenazas o intervenciones militares de cualquier tipo.

En este contexto, expresa su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y rechaza cualquier amenaza sobre una posible intromisión militar en su territorio.

Ecuador reitera el llamado al diálogo como única forma de solucionar la situación del hermano pueblo venezolano”.

Finalmente, El Salvador, en un comunicado del 13 de agosto, señaló que:

El Salvador reitera su llamado a la solución pacífica en Venezuela

El Salvador, como país que vivió un conflicto armado, sigue firmemente convencido que la solución a la crisis en Venezuela es a través del diálogo y la negociación en la que participen todos los sectores sin excepción.

Ante el nivel de polarización al que se ha llegado en la sociedad venezolana, el diálogo es la única y mejor opción para evitar mayor sufrimiento y derramamiento de sangre.

Esta vía debe prevalecer sobre cualquier acción que vaya en detrimento al respeto a la soberanía de Venezuela y en contra de los principios que establece la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que prohíbe la amenaza del uso de la fuerza y el empleo de la misma como alternativas.

En ese sentido, consideramos que la mayor contribución de la comunidad internacional debe dirigirse a promover una salida pacífica y a no fomentar más la polarización o alguna medida que genere más violencia.”

A modo de conclusión

Estas y posiblemente otras reacciones oficiales en América Latina condenando el uso de la fuerza son entendibles: mucho menos lo es el silencio en estos casos. Como bien se sabe, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza constituyen ambos actos sumamente graves, al contravenir a su expresa prohibición, contenida en el Artículo 2 la Carta de Naciones Unidas adoptada en 1945 (y en el primer artículo de la Carta de la OEA de 1948). Se trata de una regla más que fundamental, fundacional del ordenamiento jurídico internacional contemporáneo. Además de ser repudiable (y repudiada), la amenaza del uso de la fuerza de un Estado en contra de otro Estado activa una serie de mecanismos, tanto en el marco de las Naciones Unidas como en el seno de la OEA.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Comunicado del MERCOSUR extraído de enlace en el sitio del Palacio del Itamaraty (Brasil)

Venezuela: el MERCOSUR rechaza el uso de la fuerza para restablecer el orden democrático 12 de agosto del 2017

La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.

Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.

Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

LA DECISIÓN DEL MERCOSUR DE EXCLUIR A VENEZUELA

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

 

En una reunión celebrada en Sao Paolo (Brasil), los Estados miembros del MERCOSUR decidieron excluir a Venezuela de esta organización subregional, recurriendo al instrumento que prevé la exclusión (el Protocolo de Ushuaia, adoptado en julio de 1998). Venezuela integró formalmente esta organización internacional en julio del 2012.

Nótese que, a diferencia de lo que se lee en algunos titulares de prensa, en ningun momento se menciona el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, que algunos Estados de América Latina han decidido no reconocer (véase nuestra breve nota al respecto titulada “Anuncio de Costa Rica de no reconocer resultados de Asamblea Constituyente en Venezuela: breves apuntes” y editada en el sitio jurídico Ius360). De los miembros del MERCOSUR, solamente Argentina ha externado mediante un comunicado oficial no reconocer los resultados de esta Asamblea Constituyente, electa el pasado 30 de julio y formalmente instalada en Caracas el pasado viernes 4 de agosto, un día antes de la decisión tomada por los integrantes del MERCOSUR.

Los artículos 4 y 5 del Protocolo de Ushuaia de 1998 se leen como siguen:

ARTICULO 4: En caso de ruptura del orden democrático en un estado parte del presente Protocolo, los demás Estados Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado.

ARTICULO 5: Cuando las consultas mencionadas en el artículo anterior resultaren infructuosas, los demás Estados Partes del presente Protocolo, según corresponda de conformidad con los Acuerdos de integración vigentes entre ellos, considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la situación existente. Dichas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos.

En la decisión adoptada (véase texto completo al final de esta nota en Documento A) se lee que los cuatro Estados miembros del MERCOSUR decidieron: “Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia. La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia“.

Venezuela ha reaccionado airadamente a esta decisión mediante un comunicado de prensa emitido por su aparato diplomático el mismo 5 de agosto en el que rechaza esta decisión, calificándola de ilegal (véase texto integral reproducido en Documento B al final de esta misma nota).

Como era previsible, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos respaldó inmediatamente la decisión del MERCOSUR, calificándola de ejemplar (véase nota de El Nacional que reproduce el comunicado de prensa del Secretario General). Es probable que si el tema es planteado ante el Consejo Permanente de la OEA, este respaldo al MERCOSUR sea objeto de álgidas discusiones entre las 34 delegaciones y que no se llegue a acuerdo alguno acuerpándolo.

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Documento A:Texto completo de la decisión del MERCOSUR

Decisión sobre la suspensión de la República Bolivariana de Venezuela en el MERCOSUR en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR

05 Agosto 2017 Información para la Prensa N°: 316/17

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay,

CONSIDERANDO

Que, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, suscripto el 24 de julio de 1998, la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo del proceso de integración;

Que toda ruptura del orden democrático constituye un obstáculo inaceptable para la continuidad del proceso de integración;

Que, en las consultas realizadas entre los Cancilleres de los Estados Partes del MERCOSUR, se constató la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, consignada en la “Declaración de los Estados Partes del MERCOSUR sobre la República Bolivariana de Venezuela” del 1° de abril de 2017 y, desde entonces, celebraron consultas entre sí y solicitaron al Estado afectado la realización de consultas;

Que las consultas con la República Bolivariana de Venezuela resultaron infructuosas debido al rechazo de este Gobierno a la celebración de las mismas en el marco del Protocolo de Ushuaia;

Que no se han registrado medidas eficaces y oportunas para la restauración del orden democrático por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela;

Que el espíritu del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR es el restablecimiento de la institucionalidad democrática en el Estado afectado;

Que la aplicación del Protocolo de Ushuaia no debe interferir en el funcionamiento del MERCOSUR y de sus órganos, ni producir perjuicio alguno al pueblo venezolano;

Que los Estados Partes del MERCOSUR se comprometen a trabajar en favor del restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y en la búsqueda de una solución negociada y duradera en pro del bienestar y el desarrollo del pueblo venezolano.

DECIDEN:

1) Suspender a la República Bolivariana de Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia.

La suspensión a la que se refiere el párrafo anterior tendrá efectos a partir de la fecha de la comunicación de la presente Decisión a la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6° del Protocolo de Ushuaia.

2) Los Estados Partes definirán medidas con vistas a minimizar los impactos negativos de esta suspensión sobre el pueblo venezolano.

3) La suspensión cesará cuando, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Protocolo de Ushuaia, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela.

4) Mientras dure la suspensión, lo previsto en el inciso iii) del artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto se producirá con la incorporación que realicen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en los términos del inciso ii) de dicho artículo.

São Paulo, 5 de agosto de 2017

Jorge Marcelo Faurie – República Argentina – Aloysio Nunes Ferreira- República Federativa del Brasil – Eladio Loizaga – República del Paraguay – Rodolfo Nin Novoa – República Oriental del Uruguay

Documento B : Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazando la decisión sobre su exclusión

Venezuela protesta y rechaza Declaración mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

Date: agosto 05, 2017in:

La República Bolivariana de Venezuela protesta y rechaza enérgicamente la Declaración emitida en São Paulo, Brasil, de fecha 05 de agosto de 2017, suscrita por los Cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, mediante la cual pretenden aplicar ilegalmente a Venezuela el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en MERCOSUR.

La República Bolivariana de Venezuela alerta a los pueblos del mundo ante la grosera injerencia de quienes tuercen los caminos legales para provocar intervenciones erráticas, violatorias de los más elementales principios del derecho internacional. Nefastos intereses anti integracionistas han convertido a MERCOSUR en un órgano de persecución política contra Venezuela al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba en los años 60 del pasado siglo.

Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa. Es la segunda vez, en menos de un año, que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista, y alejado del Derecho, de estos Cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. Quedarán marcados por la historia los nombres de los Presidentes y Cancilleres que han tomado esta aberrante e ilegal decisión.

La utilización de la declaración de los cuatro Cancilleres del 01 de abril de 2017, señalada como preámbulo de este nuevo Comunicado de hoy, no corresponde a Ushuaia, ni a las reglas del Derecho Internacional ni al sistema normativo fundacional y derivado del MERCOSUR; por el contrario, constituye una corrupción a la integridad del sistema legal organizacional que busca posicionar una matriz mediática para excusar sanciones injustas, carentes de sustento jurídico e incluso inexistentes dentro del ordenamiento constitutivo de la organización.

Es menester revelar a la comunidad internacional, la falsía en torno al supuesto desinterés de Venezuela por participar de una reunión para avanzar en soluciones constructivas y ajustadas a norma. La República Bolivariana de Venezuela confirmó, amplia y suficientemente, por misiva de su Canciller de fecha 27 de julio de 2017, la disposición al diálogo sincero, proponiendo la realización de una reunión en la ciudad de Caracas durante la primera semana de agosto de 2017, con observancia a los principios del Derecho Internacional y al respeto mutuo, en el debido reconocimiento a la causa arbitral interpuesta por Venezuela en contra del resto de Estados Partes y a la condición plena de Venezuela como miembro de la organización; nunca en el marco de espurias pretensiones de aplicabilidad del Protocolo de Ushuaia.

Si en torno a principios y protección de la democracia se abriera un debate, serían los gobiernos que hoy condenan a Venezuela los que tendrían que “justificar” por qué no han ratificado su compromiso con el acervo democrático regional, a través de los Protocolos de Ushuaia I y de Ushuaia II; de los cuales, por cierto, la República Bolivariana de Venezuela, como Estado Parte del MERCOSUR, es la única que ha completado los trámites internos para convertirlos en derecho positivo y vigente dentro de su ordenamiento jurídico constitucional. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el Protocolo de Ushuaia es al que hoy mal gobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, que sí ostentan el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz.

La República Bolivariana de Venezuela, fiel a su vocación integracionista legada por el Comandante Hugo Chávez, reitera el llamado a la sindéresis, insta al respeto de la autodeterminación de nuestros pueblos, reclama la observancia a las normas del Derecho Internacional y exige el cese de las acciones antijurídicas de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR y como pueblo libre, soberano e independiente de Nuestra América.

Nada ni nadie puede suspendernos ilegalmente del MERCOSUR. Venezuela es MERCOSUR porque está sembrada en el corazón de sus pueblos y no podrán evitar que sigamos latiendo como la esperanza de liberación y justicia de millones.

ANUNCIO DE COSTA RICA DE NO RECONOCER RESULTADOS DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE EN VENEZUELA: BREVES APUNTES

La ex jefa de la diplomacia venezolana, actualmente delegada constituyente y posiblemente llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente, y el actual Secretario General de la OEA, en sesión en Washington en abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

En un comunicado de prensa que fue dado dado a conocer el pasado domingo 30 de julio (véase texto integral al final de esta nota), Costa Rica anunció que no reconocerá efecto alguno al proceso de Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela realizado el mismo día. Nótese que este comunicado fue circulado en la misma tarde del día de la elección celebrada en Venezuela.

En Mesoamérica, la diplomacia de México se manifestó en igual sentido (véase comunicado oficial), mientras que Panamá, usualmente muy crítico con relación a la situación imperante en Venezuela, se ha mantenido omiso sobre lo vivido el 30 de julio en Venezuela (véase sitio oficial de su cancillería). En la región andina, Perú ha anunciado que tampoco reconocerá los resultados del proceso de Asamblea Constituyente (véase comunicado oficial), y de igual manera lo hizo Argentina (véase comunicado).

En el caso de Chile, su comunicado (véase texto completo) no refiere a desconocer los resultados, sino que señala que:

El Gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción ante la decisión del Gobierno venezolano de haber materializado el día de hoy un proceso de elección de representantes a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)“.

De igual manera, Colombia emitió un comunicado (véase texto) condenando las acciones violentas registradas el mismo día 30 de julio en Venezuela, sin entrar a valorar los resultados de la consulta como tal.

En su comunicado del 31 de julio, Uruguay expresa por su parte que:

El Gobierno del Uruguay, una vez finalizado el proceso electoral en Venezuela, vuelve a rechazar el clima de violencia que se vive en esa Hermana República y lamenta con profundo dolor la pérdida de vidas humanas que se han producido en los últimos meses y en el día de ayer, en ocasión de la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente“.

Desde el punto de visto político, el unísono cuestionando hace unas semanas el proceso de Asamblea Constituyente en Venezuela, pareciera haber sufrido algunos bemoles. Entre otros factores, es probable que la infidencia del responsable de la agencia norteamericana de inteligencia dada a conocer días antes haya obligado a algunos Estados a cierta reserva sobre Venezuela (véase nota del Miami Herald sobre declaraciones de Mike Pompeo). Esta infidencia puede guardar alguna relación con un comunicado (insólito) circulado por la legación de Honduras en Belice en mayo pasado, que culminó con la destitución casi inmediata del diplomático hondureño responsable de su divulgación (Nota 1).

Desde el punto de visto jurídico, posiblemente afloren algunas dudas sobre las consecuencias que implica “no reconocer” un proceso de consulta. Como tuvimos la oportunidad de plantearlo con relación a una declaración conjunta del 26 de julio cuestionando el proceso de designación de los futuros constituyentes venezolanos y suscrita por 13 Estados (incluyendo a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, a Perú así como a Uruguay entre corchetes),

una dificultad técnica, desde el punto de vista jurídico, radica en que el no reconocimiento es una figura que aplica para Estados o para Gobiernos considerados ilegítimos o de facto (a raíz de un golpe de Estado) y no para procesos de consulta con miras a la adopción de una nueva Constitución en un Estado con el que se mantiene relaciones diplomáticas” (véase breve nota nuestra publicada en nuestro sitio).

Como se podrá apreciar, el debate se anuncia álgido entre delegaciones diplomáticas, en particular si la iniciativa del Secretario General de la OEA de convocar a una nueva reunión del Consejo Permanente de la organizacón hemisférica para examinar la situación en Venezuela se materializa. En el caso del MERCOSUR, la decisión tomada el 5 de agosto de excluir a Venezuela, adoptada 24 horas después de instalarse formalmente la Asamblea Constituyente, no menciona a esta última en ninguno de sus considerandos o parte dispositiva: un detalle de interés, pasado por alto por la mayoría de los medios de prensa, y que merece mención (véase nota nuestra al respecto que reproduce el texto integral de los Estados del MERCOSUR)

En años recientes, Estados de América Latina procederieron a “no reconocer” a autoridades autodesignadas a raíz de una situación política sumamente cuestionable (y cuestionada), como lo ocurrido en Paraguay en junio del 2012 o en Honduras en junio del 2009. En ambas ocasiones, se procedió a congelar o bien a suspender relaciones diplomáticas con autoridades consideradas “ilegítimas”. El caso de Venezuela difiere sensiblemente de los dos casos antes mencionados, en la medida en que a la fecha, Venezuela mantiene relaciones diplomáticas con todos los Estados de América Latina (Nota 2): lo que se cuestiona por parte de algunos Estados, no es la legitimidad de las actuales autoridades, sino el proceso de consulta realizado con el fín de adoptar una nueva Constitución.

Es de notar que, a diferencia de lo ocurrido en enero del 2016 con relación a otro cuestionamiento sobre el sistema electoral en Venezuela, esta vez la diplomacia de Costa Rica no actuó de forma aislada (Nota 3).

No reconocer el proceso y resultados” de una consulta de este tipo significaría, desde el punto de vista jurídico, no reconocer el nuevo régimen constitucional que organice a las actuales instituciones venezolanas, y que se plasme en el nuevo texto constitucional que se adopte. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional para poder apreciar con mayor precisión el alcance exacto de este “no reconocimiento” y sus consecuencias en el plano jurídico (así como en en el ámbito diplomático).

Nótese que la diplomacia de Brasil, usualmente muy activa cuando se trata de la situación en Venezuela (en particular desde el mes de mayo del 2016), ha optado (al igual que Panamá) por no emitir declaración alguna con relación a los resultados del proceso celebrado en Venezuela el 30 de julio (véase sitio oficial del Palacio del Itamaraty).

Notas

Nota 1: Se trata de un inédito comunicado de Honduras en el que se lee “es crucial mayor derramamiento de sangre” en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.

Nota 2: La última ruptura de relaciones diplomáticas de Venezuela registrada fue la ordenada en marzo del 2014 con relación a Panamá. Los canales diplomáticos se reanudaron en julio del 2014 con el cambio de autoridades en Panamá: véase nuestra breve nota sobre el episodio que dio origen a esa ruptura, publicada en Informa-tico. Uno de los últimos incidentes diplomáticos de Venezuela con un Estado de América Latina tuvo lugar en marzo del 2017 con la llamada a consulta del Embajador de Perú en Caracas (véase breve nota al respecto).

Nota 3: Un comunicado de prensa de Costa Rica emitido en los primeros días de enero del 2016 dio lugar a una fuerte reacción por parte de las autoridades venezolanas. Sobre este cruce de comunicados, remitimos al lector a nuestra breve nota editada en Ius360.

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Comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica,

JULIO 30, 2017 05:28 PM

Costa Rica no reconoce y considera nulo e ilegítimo el proceso y resultados de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela País hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales a desconocer esos resultados.

El Gobierno de la República de Costa Rica no reconoce y considera nulos, viciados, ilegítimos, inconstitucionales y contrarios a la voluntad popular, la convocatoria, el proceso y los resultados para la composición de una Asamblea Nacional Constituyente en la República Bolivariana de Venezuela, hoy 30 de julio.

Costa Rica hace un llamado a todos los Estados y organismos internacionales, a desconocer esos resultados y, al Gobierno de Venezuela, a recuperar la vía de la razón y escuchar el clamor de su pueblo y de la comunidad internacional.

Costa Rica repudia y condena, una vez más, de la manera más categórica, la brutal, metódica y sistemática represión con que el Gobierno venezolano ha respondido a las protestas y manifestaciones sociales de los últimos meses.

Nuestro país se solidariza con el dolor que invade a las familias de las personas fallecidas, así como con los centenares de heridos y detenidos en Venezuela por defender las libertades fundamentales, la democracia y manifestarse legítimamente contra la represión.

El Gobierno de Costa Rica reitera su convicción de que la vía electoral es la única salida política, negociada y pacífica a la crítica situación que se vive en Venezuela.

La celebración de elecciones libres, secretas, directas, universales, con observación internacional e independiente, permitiría la transición democrática que tanto anhela el hermano pueblo de Venezuela.

FORMALIZANDO LO PROHIBIDO: LA CARTA DE ESTADOS UNIDOS SOBRE SU DENUNCIA AL ACUERDO DE PARÍS

Foto tomada de nota de prensa de DW 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Estados Unidos comunicó oficialmente al Secretario General de Naciones Unidas el pasado 4 de agosto su intención de denunciar el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático. Como bien se sabe, el Secretario General es el depositario de este tratado multilateral, adoptado en la capital gala en diciembre del 2015, firmado por 195 Estados y ratificado por 159: véase estado oficial de firmas y ratificaciones (con, al final las declaraciones hechas por 18 de los Estados Partes, incluyendo la Unión Europea). De conformidad con el Artículo 21(1) de este tratado, la fecha de su entrada en vigor es la del 4 de noviembre del 2016:

This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date on which at least 55 Parties to the Convention accounting in total for at least an estimated 55 per cent of the total global greenhouse gas emissions have deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or accession / 1. El presente Acuerdo entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente por lo menos un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión“.

La denuncia de tratados multilaterales ambientales: casos recientes

Como es sabido, la denuncia es una figura jurídica validada por la práctica internacional y consagrada por la misma Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 (véase texto, artículo 56). En América Latina, en años recientes se registra, por ejemplo, el caso de Venezuela, que denunció en setiembre del 2012 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (véase nota nuestra al respecto), un acto al que también procedió Trinidad y Tobago en 1998; o el de Colombia, que optó por denunciar el Pacto que lleva el nombre de su capital en noviembre del 2012 (véase nota nuestra al respecto publicada en La Nación), acto que El Salvador también realizó en 1973. Tuvimos también la oportunidad de analizar las denuncias a la Convención de Washington de 1965 que crea el CIADI (más conocido por sus siglas en inglés ICSID) por parte de varios Estados de América Latina ante la deriva detectada del CIADI de favorecer en sus laudos arbitrales al inversionista extranjero (véase nuestra nota al respecto publicada en el sitio de Bretton Woods Project).

Estos, y otros casos que ofrece la práctica internacional, indican que un Estado Parte a un tratado mantiene siempre la posibilidad de retirarse del mismo cuando, por alguna razón, sus autoridades lo consideran dañino para sus intereses. Al optar por denunciar o retirarse de un tratado internacional, un Estado no violenta ninguna norma internacional: ejerce sus atribuciones soberanas, las mismas que fundamentan su decisión de suscribir y ratificar un tratado. Lo hace recurriendo a las mismas cláusulas contenidas en el texto relativas a la denuncia o retiro del tratado.

Una de las últimas denuncias de un tratado multilateral en materia ambiental fue la denuncia de Canadá a la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación, registrada en el 2013. Se puede leer en el estado oficial de firmas y ratificaciones de ese tratado que:

Canada had signed the Convention on 14 October 1994 and had ratified it subsequently on 1 December 1995. Thereafter, on 28 March 2013, in accordance with its article 38 (2), the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention” (véase Nota 4).

Dos años antes, en el 2011, el mismo Canadá había procedido a denunciar el Protocolo de Kyoto, adoptado en 1997: en el estado oficial de este importante instrumento, se lee (véase Nota 2) que: “In accordance with article 27 (2) of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Government of Canada notified the Secretary-General that it had decided to withdraw from the Kyoto Protocol as from the date indicated hereinafter: Date of notification:15 Dec 2011 Date of effect:15 Dec 2012“.

Cabe precisar que de estas dos denuncias realizadas por parte de Canadá, la primera dejó de surtir efecto con la llegada de las nuevas autoridades en el 2015.

La cláusula sobre la denuncia del Acuerdo de París del 2015

Desde el punto de vista jurídico, y de conformidad con el texto (versión inglesa) del Acuerdo de Paris del 2015 (véase de igual forma la versión en español), no puede haber notificación formal de denuncia antes de noviembre del 2019. Adicionalmente, ninguna denuncia puede surtir efectos sino después de noviembre del 2020. Sobre este preciso punto, las reglas contenidas en el Artículo 28 son de una meridiana claridad y las distintas versiones oficiales no permiten duda alguna:

Article 28 1. At any time after three years from the date on which this Agreement has entered into force for a Party, that Party may withdraw from this Agreement by giving written notification to the Depositary.

2. Any such withdrawal shall take effect upon expiry of one year from the date of receipt by the Depositary of the notification of withdrawal, or on such later date as may be specified in the notification of withdrawal.

3. Any Party that withdraws from the Convention shall be considered as also having withdrawn from this Agreement.

 

Artículo 28 1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte.

2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación.

3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el presente Acuerdo.

Por lo tanto, la comunicación hecha por Estados Unidos el pasado 4 de agosto no puede ser validada como “notificación“.La prohibición de hacerla durante tres años impide admitirla como tal. Si la idea consistió en informar que Estados Unidos tiene la firme intención de denunciar el Acuerdo de Paris, las declaraciones oficiales hechas por su actual Presidente hace varios meses son suficientes. El mundo entero, así como las mismas Naciones Unidas, tomaron nota de la visión tan peculiar del Presidente Trump cuando en mayo pasado afirmó que su decisión sobre el Acuerdo de Paris “will make America great again“.

Referimos al lector al artículo publicado en EJIL-Talk del 5 de junio del 2017 de la profesora Lavanya Rajamani (India), titulado “Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement“.

Tuvimos la oportunidad de analizar las reacciones oficiales en América Latina a este anuncio presidencial (véase nuestra nota publicada en DebateGlobal el 4 de junio del 2017 titulada: “Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático“). Es de recordar que Perú (julio del 2016) fue el primer Estado en ratificar en la región este instrumento, seguido por Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016), Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016), Cuba (diciembre del 2016), Guatemala (enero del 2017), Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017), cerrando la lista Haití y Venezuela (julio del 2017). En la conclusión de este artículo, nos permitimos señalar que:

Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional“.

La carta del 4 de agosto o el arte de cómo notificar algo omitiendo la prohibición del plazo de tres años

El texto de la carta del 4 de agosto suscrita por la Embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, Nikki Haley, reproducida en este artículo, se lee como sigue:

The Representative of the Unites States of America to the United Nations presents her compliments to the Secretary-General of the United Nations.

This is to inform the Secretary-General, in connection with the Paris Agreement, adopted at Paris on December 12, 2015 (“the Agreement”), that the United States intends to exercise its right to withdraw from the Agreement. Unless the United States identifies suitable terms for reengagement, the United States will submit to the Secretary-General, in accordance with Article 28, paragraph 1 of the Agreement, formal written notification of its withdrawal as soon as it is eligible to do so. Pending the submission of that notification, in the interest of transparency for parties to the Agreement, the United States requests that the Secretary-General inform the parties to the Agreement and the States entitled to become parties to the Agreement of this communication relating to the Agreement.

The Representative of the Unites States of America to the United Nations avails herself of the opportunity to renew to the Secretary-General the assurances of her highest consideration”.

Es muy probable que colegas especialistas en derecho internacional comenten el contenido de esta extraña carta. La cual, en nuestra opinión, corresponde más a un anuncio de una futura notificación y no a una notificación en sí, al existir una prohibición de notificar durante un plazo de tres años. Posiblemente, desde el punto de vista político, esta inusual misiva responda a algún compromiso del Presidente Trump con algunos sectores. No obstante, desde el punto de vista jurídico, plantea algunas interrogantes al no adecuarse a lo estipulado en el Acuerdo de París, ni a la práctica seguida por Estados denunciantes ante el depositario de un tratado, ni añadir nada nuevo a lo escuchado por parte del Presidente Trump. Como se observará, la omisión del plazo de tres años que exige el Acuerdo de París traduce bien lo incómodo que resulta la situación para el Presidente Trump (un hombre algo urgido).

A modo de conclusión

Al parecer, es la primera vez que un Estado mediante una carta formal al depositario de un tratado multilateral le comunica su intención (y no su decisión) de denunciar un tratado. Salvo error de nuestra parte, no existe precedente alguno en la práctica internacional y agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para saber si estamos (o no) presenciando una verdadera “première” de la Oficina Jurídica del Departamento de Estado. En abril del 2002, esta misma entidad decidió proceder a una verdadera innovación en materia de derecho de los tratados, al “retirar” la firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 que establece la Corte Penal Interancional (CPI), acto que Israel y Sudán replicarían (véase notas 4, 10 y 12 en estado oficial de firmas y ratificaciones) así como Rusia en noviembre del 2016 (véase nota 9). Uno de los riesgos de estas innovaciones del Departamento de Estado, es que algunos Estados puedan sentirse inclinados por acompañar a Estados Unidos en su desafiante soledad.

Por otro lado, el comunicar su intención de denunciar un tratado y al mismo tiempo anunciar que se procederá a “reengage” (término inexistente en el léxico del derecho internacional) constituye toda una novedad en derecho internacional: en particular cuando el tratado concerñido contiene una cláusula que expresamente prohibe reservas al mismo (Artículo 27).

Ante ello, no cabe duda que la buena fe y la transparencia a la que alude esta insólita misiva norteamericana obligan a aclarar al depositario (y a los Estados Partes) lo que se entiende por “suitable terms for reengagement“.

APROBACIÓN EN NACIONES UNIDAS DE UN TRATADO SOBRE PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES: BREVES APUNTES

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Con una aplastante mayoría de 122 Estados a favor, uno en contra (Países Bajos) y una abstención (Singapur), este viernes 7 de julio, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el tratado sobre prohibición de armas nucleares (véase nota del Time).

Costa Rica fue electa en febrero del 2017 para presidir los debates del grupo de trabajo a cargo de la elaboración del texto (véase nota de Naciones Unidas). El equipo costarricense logró contener las presiones de todo tipo de las potencias nucleares opuestas a esta iniciativa, relevados por sus hacendosos aliados: véase nota de prensa sobre el liderazgo de Costa Rica en las negociaciones y el intenso debate del día de la votación, que reseña este comunicado de prensa de Naciones Unidas. Se puede apreciar en este último comunicado que Costa Rica propuso adoptar el texto por consenso a las demás delegaciones, y que fue el delegado de los Países Bajos quién solicitó el voto. ¿Porqué lo hizo si minutos después exhibiría ante el mundo el único voto en contra? Una investigación profunda sobre este preciso punto permitiría conocer algunos detalles sobre el trasfondo de estas negociaciones.

Se trata del primer tratado multilateral sobre armas nucleares adoptado en los últimos 20 años por la comunidad internacional. Los intentos pasados han sido varios, sin lograr mayor éxito: para producir bombas nucleares, se requiere proceder a ensayos, por lo que la prohibición de los ensayos también fue una opción que se perfiló. En 1993, la Organización Mundial para la Salud (OMS) presentó un informe muy detallado sobre el impacto en la salud y en el ambiente de este tipo de armas. En 1996, se adoptó un tratado para prohibir no las armas, sino los ensayos nucleares de forma total (véase texto): pese a contar con 166 Estados Partes (véase lista oficial), aún no ha entrado en vigor, en razón de lo estipulado en el inciso 2 del artículo XIV con relación al Anexo 2. En este muy completo artículo sobre el impacto ambiental de las armas de destrucción masiva, se concluye que: “The best arms control guarantee for protection of the natural environment is, of course, general and complete disarmament, which would eliminate the risk of a major war. In pursuit of that goal, environmental law principles provide added weight to moral and political demands for arms limitation and disarmament” (p. 419).

Por su parte, América Latina y el Caribe en este 2017 celebran los 50 años de un precursor tratado como lo es el “Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe” (más conocido como Tratado de Tlatelolco): este instrumento regional fue adoptado en 1967, cubriendo a toda América Latina y el Caribe (véase estado de ratificaciones), por lo que el apoyo a esta iniciativa en Naciones Unidas contó con el decisivo respaldo de toda la región latinoamericana y caribeña.

Las armas nucleares ante el juez internacional o la historia de intentos frustrados 

Es preciso recordar que en 1993, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue solicitada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y emitió en 1996 una opinión consultiva sobre la legalidad del uso de las armas nucleares, que dejó a muchos con un gran sinsabor al no declararlas del todo ilegal (véase estudio): en aquella ocasión, de las 35 opiniones jurídicas enviadas al juez internacional por Estados, por parte de América Latina sólo encontramos las de Colombia y de Costa Rica. Esta última finaliza señalando que:

Furthermore, there exists a series of U.N. General Assembly declarations and resolutions that confirm the existence of internatlonal consensus regarding the idea that the threat or use of nuclear weapons is contrary to international law“.

En otra solicitud a la CIJ de 1995 hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la legalidad de la amenaza de usar armas nucleares, de los 28 escritos que emanaron de Estados, sólo aparecen la opinión de Ecuador y de México (véase listado). En ambos casos, resulta de interés leer las opiniones jurídicas de quiénes poseen arsenal nuclear, quiénes sin poseerlo, defienden su legalidad, y los que se oponen a su uso o a la amenaza de usarlo.

Siempre ante la CIJ, pero esta vez en materia contenciosa, Islas Marshall intentó en el 2014 plantear tres demandas separadas contra IndiaPakistán y Reino Unido sobre la carrera nuclear y la obligación de ponerle un término (véase texto de cada una de las tres demandas 12 y 3). En el 2016, el juez internacional aceptó una de las excepciones preliminares presentadas por el Reino Unido y se declaró incompetente (véase decisión). De igual manera en el caso de la demanda contra Pakistán (véase decisión) y de la demanda contra India. Al declararse incompetente, no hubo examen sobre el fondo.

En 1974, la CIJ consideró que las demandas planteadas contra Francia por parte de Australia y de Nueva Zelanda contra los ensayos nucleares franceses en el Pacífico carecían de razón de ser al consagrar jurídicamente la noción de “promesa unilateral” de Francia de no continuar más con su campaña de ensayos nucleares (véase texto de la decisión en el caso de la demanda australiana). En 1995, Nueva Zelanda acudió nuevamente a la CIJ contra Francia (véase documentación sobre este nuevo caso) exigiendo que la promesa gala hecha para ensayos nucleares atmosféricos se extendiera también a los ensayos subterráneos, sin éxito.

La posesión de armas nucleares: estado actual de un derecho reservado a unos pocos 

Desde el punto de vista jurídico, se hace necesaria la siguiente precisión: si bien los planes para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos forman parte de las atribuciones soberanas de cada Estado, la comunidad internacional ha acordado desde los años 70 que las armas nuclares no debían proliferar, estableciendo un régimen internacional muy peculiar, en el que se prohibe desarrollar este tipo de armamento y se establece un régimen de inspecciones internacionales en caso de sospecha.

Panorama general

En el plano internacional, resulta oportuno recordar cuál fue el orden de adquisición del arma nuclear: lo inició Estados Unidos (1945), seguido por Rusia (1949, en aquel momento URSS), Reino Unido(1952), Francia (1960) y China (1964). Una vez completada la posesión de armas nucleares por parte de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad, se consideró necesario impedir a toda costa que otros Estados la adquirieran. Es así como fue adoptado el tratado sobre no proliferación de armas nucleares (más conocido como TNP) en 1968: este instrumento internacional fue ratificado por casi todos los Estados del planeta (véase lista de 191 ratificaciones según registra oficialmente Naciones Unidas). Es de notar que no son parte a este tratado India (quién detonó por vez primera un arma nuclear en 1974), Israel y Pakistán (quién la detonó oficialmente en 1998, pese a existir sospechas de haber procedido a ensayos de forma secreta mucho antes).

Con relación a los Estados que sí son parte, en el año 2003Corea del Norte optó por denunciar el TNP y anunció tener arsenal nuclear en el 2006. Tanto India, como Pakistán y Corea del Norte han reconocido oficialmente poseer armas nucleares. Hay indicios que permiten avanzar el hecho que Israel posee armamento nuclear, tal y como se puede apreciar en este artículo del 2014. A diferencia de Israel, que no es parte al TNP, Irán, objeto de fuertes sospechas por parte de la comunidad internacional en los años 90, ha accedido a un riguroso sistema de inspecciones, mediante el acuerdo nuclear suscrito el 14 de julio del 2015, el cual permite el levantamiento progresivo del régimen de sanciones al que estaba sometido (véase nuestra breve nota al respecto publicada en Derechoaldia y que incluye la previsible – y solitaria – reacción de Israel).

Lo nuclear y Costa Rica

En apariencia, el tema de las armas nucleares es totalmente ajeno a la tradición pacífica y no militarista de Costa Rica. Al no contar con un ejército desde 1948, plantear el tema resulta hasta algo irrisorio. No obstante, cabe recordar que un “Decreto de Armas” adoptado en junio del 2006 fue anulado por la Sala Constitucional en el 2008 a solicitud de un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) particularmente vigilante, Luis Roberto Zamora Bolaños: el “derecho humano a la paz” sirvió de fundamento para pedir la anulación de este decreto del Ministerio de Salud, que promovía la extracción y producción de material nuclear con fines bélicos. En el texto de la sentencia Res. Nº 2008-14193, se concluye que:

Se declara con lugar la acción. Se anulan los apartados 1200 Extracción de Minerales de Uranio y Torio, 2330 Elaboración de Combustible Nuclear, y 2813 Fabricación de Generadores de Vapor del Anexo #1 del Decreto Ejecutivo #33240-S del 30 de junio del 2006, todo sin perjuicio de lo dicho en el último considerando” (véase nota de prensa). El mismo estudiante había logrado en el 2004 obligar al Ejecutivo a retirar a Costa Rica de una “Coalición en guerra contra Iraq” liderada por Estados Unidos (véase sentencia 2004-09992 cuya lectura se recomienda).

No cabe duda que estos y otros insólitos episodios ponen de relieve cuán vigilante hay que mantenerse en Costa Rica ante las ideas ocurrentes de sus autoridades (véase nuestro breve análisis sobre jurisprudencia constitucional en materia de derecho a la paz, publicado en Informa-tico en el 2014). Unos anexos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos sobre armas evidenciaron cuán entusiastas pueden a veces resultar las autoridades a cargo del comercio exterior costarricense (véase nota del Semanario Universidad en la que se lee que “si el TLC incluye listas de desgravación arancelaria con categorías como la 84011000 (reactores nucleares), la 87100000 (tanques y demás vehículos automóviles blindados de guerra incluso con su armamento) o la 93020000 (revólveres y pistolas), el acuerdo comercial debería ser inconstitucional si se toman en cuenta los razonamientos anteriores de los magistrados” ).

La imperiosa necesidad de revisar el marco legal existente

En los últimos años, el plan de modernización nuclear en Estados Unidos ha tenido efectos en Rusia y China, replanteado el tema. Estos Estados destinan programas cada vez más costosos para reforzar sus programas: véase al respecto los datos aportados por el SIPRI en su informe del 2017 titulado “Trends in world nuclear forces, 2017” en que se lee que: “The current US administration is continuing the ambitious nuclear modernization plans set out by President Barack Obama“. Se trata de un plan de modernización de unos 400 billones de US$ para el 2017-2026.

En este artículo publicado en Argentina sobre la imperiosa necesidad de redefinir las reglas en materia de arsenal nuclear, se lee que:

” “El punto de inflexión llegó en 2014, cuando el gobierno austriaco, tras organizar la tercera Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, se comprometió a “identificar y promover medidas efectivas para cubrir el vacío legal para la prohibición y eliminación de armas nucleares”. Con ello, Austria metió el dedo en la llaga: señaló el defecto de base del TNP, ya que legalmente no prohíbe la posesión de armas nucleares por parte del P5. Un año después, la denominada “promesa austriaca” fue asumida por la Asamblea General de la ONU, lo cual fue posible porque este órgano funciona por principio de mayorías, no por consenso. Del mismo modo, la Asamblea decidió convocar para el presente año un “grupo de trabajo” (Open-Ended Working Group, OEWG) para identificar medidas legales concretas necesarias para lograr el desarme nuclear“.

Lo que en la literatura especializada se conoce como el “Austrian Pledge” de diciembre del 2014 puede ser leído en este enlace oficial de Austria.

Nótese que en el 2012, a iniciativa de Noruega, la Asamblea General de Naciones Unidas votó una resolución que solicitaba la constitución de un grupo de trabajo sobre desarme en materia de desarme y prohibición de armas nucleares (véase texto de la resolución A/RES/67/56 adoptada por 147 votos a favor, 4 en contra – Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia – y 31 abstenciones).

Leemos en esta publicación sobre los objetivos buscados al acordar un tratado vinculante en materia de prohibición de armas nucleares que:

” This treaty has the transformative potential to codify the illegality of nuclear weapons, stigmatise their possession, and facilitate nuclear disarmament. A legally binding international instrument that prohibits nuclear weapons based on their unacceptable consequences would put nuclear weapons on the same footing as the other weapons of mass destruction, which are subject to prohibition through specific treaties“.

Un texto de 20 artículos que desafía a las potencias nucleares

El tratado universal sobre prohibición de armas nucleares adoptado este viernes 7 de julio del 2017 – una fecha difícil de olvidar de ahora en adelante – en Nueva York consta en total de 20 artículos (véase versión oficial), negociados entre 129 Estados que participaron a su elaboración (véase listado oficial). No admite reserva alguna (artículo 16).

Dejamos a nuestros estimables lectores identificar de los 129 Estados quiénes no aparecen entre los 122 que votaron a favor del texto, y quiénes optaron por el “No Show” de manera a que puedan apreciar la inconsistencia de unos.

En esta nota de The Guardian se señala que votaron en contra los Países Bajos, quedando expuestos en una soledad raramente apreciada ante la comunidad internacional (véase nota). O bien la directriz de la Unión Europea (UE) solicitando un “No Show” a sus 28 integrantes no llegó a tiempo, o bien el delegado de los Países Bajos se equivocó de botón a la hora de emitir el voto, o bien decidió de forma inconsulta con sus autoridades exponer de esta manera a su Estado. Solicitamos el concurso de nuestros estimables lectores para referirnos a algún voto en Naciones Unidas en el que los Países Bajos hayan quedado así expuestos (correo electrónico: cursodicr@gmail.com).

Esta clara victoria diplomática en Naciones Unidas reafirma la férrea voluntad de gran parte de la comunidad internacional de terminar con armas que, lejos de contribuir a “un mundo más seguro” como rezan sus promotores, han contribuido a la situación de convulsión que lo azota desde varios decenios.

Por su parte, Japón, único Estado en haber sufrido un ataque nuclear (cuyos sobrevivientes participaron activamente, pese al estado avanzado de su edad, en la campaña a favor de este tratado), optó finalmente por retirar a su delegado al momento de esta votación (véase nota del Japan Times). Las explicaciones que dé su representante posiblemente no convenzan mayormente a la opinión pública japonesa. Hace pocas semanas se leyó en Japón que: “Japan should take part in the negotiations and seriously seek ways to bridge the differences between the nuclear weapons powers, which oppose the treaty, and the non-nuclear weapons states that are pushing forward with the accord. A failure to take concrete action in this direction could imperil Japan’s credibility as a country serious about nuclear disarmament” (véase nota del Japan Times). En abril del 2017, se leyó que Japón no participaría a las negociaciones sobre el futuro tratado prohibiendo armas nucleares (véase nota de prensa de Mainichi).

La histórica lucha llevada por la dupla AustraliaNueva Zelandacontra los ensayos nucleares en el Océano Pacífico en los años 70 y 90 tampoco logro imponerse ante las presiones recibidas. Nueva Zelanda, fiel a sus convicciones, votó a favor del texto, mientras que Australia optó por el “No Show“.

La opción del “No Show” cuando no se quiere revisar un marco legal favorable pero obsoleto

Más allá de las explicaciones que ahora deberán exigirse en Australia y en Japón, y en algunos otros Estados, es de recalcar la gran cantidad de “No Show” registrados: se trata de Estados que no participaron en la votación, y ello posiblemente debido a presiones de todo tipo ejercidas por las potencias nucleares, la UE y la OTAN (según registros, son 193 los Estados Miembros de Naciones Unidas). Entre los pocos Estados de Europa que votaron a favor del texto, destacan AustriaChipreIrlandaMalta, y Suecia (miembros de la UE) así como Liechstenstein y Suiza (que no lo son).

En el hemisferio americano, los dos Estados miembros de la OTAN (Estados Unidos y Canadá) optaron por el “No Show“, como era previsible. Un poco menos previsible, los acompañaron en esta cuestionable opción BarbadosDominica y Nicaragua.

Tablero de la votación del pasado 7 de julio del 2017 extraído de nota de prensa

El proceso de firma tendrá lugar durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas a celebrarse en setiembre, y el acuerdo entrará en vigor 90 días después de que 50 Estados lo hayan ratificado (en aplicación del artículo 15 del texto de dicho instrumento). Si bien la cifra es alta, un instrumento como el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional (CPI) adoptado en 1998, entró en vigor en el 2002, después de reunir 60 ratificaciones.

A modo de conclusión

No cabe duda que lo acontecido este 7 de julio del 2017 es inédito, y no solamente para los delegados de los Paises Bajos. Tener que afrontar las presiones de los cinco Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad y la de los Estados Miembros de la OTAN, contando en esta oportunidad con una muy activa UE para contrarrestar esta iniciativa es algo poco común. El equipo de diplomáticos de Costa Rica supo encontrar siempre mayores apoyos, mantener un texto acorde con los principios rectores enunciados desde el inicio, y esquivar los diversos intentos de unos de torpedear la discusión.

De manera a poder apreciar los cambios de posición de octubre del 2016 a junio del 2017, remitimos a la imagen del tablero al votarse una resolución en octubre del 2016 en el marco de la Asamblea General para crear un grupo de trabajo en aras de elaborar un tratado multilateral vinculante sobre armas nucleares (véase texto), extraído de esta nota de prensa. La votación fue de 123 a favor, 38 en contra y 16 abstenciones. Aparecen votando en contra (por parte de la UE): Bélgica, Bulgaria, España, Eslovenia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Rumanía.

El proceso de firma de este novedoso tratado iniciará el próximo mes de setiembre en Nueva York, y se vaticina una pronta entrada en vigor del mismo. En efecto, la presión de la comunidad internacional es manifiesta para prohibir este tipo de armas. Tal y como se leyó recientemente en la conclusión de un artículo del Profesor Dan Joyner sobre este tratado negociado en un tiempo muy recogido con relación a otras negociaciones en el marco multilateral,

The nuclear-weapons-possessing-states can of course avoid signing the treaty. But it is now much more difficult for them to avoid seriously addressing the expressed will of the international community that nuclear weapons should be understood to be just as immoral as any other banned weaponry, and that as such their development, possession, and use should be prohibited in international law

Breve bibliografía selectiva sobre armas nucleares, desarme y normativa internacional vigente en la materia:

Obras:

Agence pour l´Energie Nucléaire (Obra colectiva), Le droit nucléaire international : Histoire, évolution et perspectives, 466 páginas. OCDE, 2010, Texto disponible aquí

Artículos:

ARREDONDO R., “El plan nuclear iraní a la luz del derecho internacional“, REEI, 2006. Texto disponible aquí

COUSSIRAT-COUSTERE V., “Armes nucleaires et droit international. A propos des avis consultatifs du 8 juillet 1996 de la Cour internationale de Justice (CIJ)“, AFDI, 1996, pp. 337-356. Texto disponible aquí

ELBARADEI M., NWOGUGU E. & RAMES J., “El derecho internacional y la energía nuclear: Panorama del marco jurídico“, OIEA, 1995. Texto disponible aquí

GROS ESPIELL H., “Contribución del tratado de Tlatelolco al desarme nuclear y a la no proliferación“, AMDI, 2008. Texto disponible aquí

VALLE FONTROUGE M., “Desarme nuclear Regímenes internacional, latinoaméricano y argentino de no proliferación“, UNIDIR, 2003. Texto diponible aquí.

COMITÉ DE LA CEDAW: OBSERVACIONES FINALES HECHAS A COSTA RICA

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“Mujeres en Costa Rica tienen acceso limitado a la justicia” Cedaw. Extraída de nota de prensa de TeleSur

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

El Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (más conocida por sus siglas en inglés de CEDAW – véase texto), dio a conocer el pasado 21 de julio sus observaciones finales al informe presentado por Costa Rica en aplicación del Artículo 18 de dicho convenio. El documento, disponible únicamente en inglés, es accesible en este enlace oficial de Naciones Unidas. La última comparecencia ante la CEDAW de Costa Rica corresponde a las observaciones finales que fueron hechas en el 2011 a los informes V y VI presentados de forma conjunta (véase Documento en español CEDAW/C/CRI/CO/5-6 de agosto del 2011). El ejercicio trasanterior tuvo lugar en el 2003 (véase texto de observaciones finales).

En el 2005, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) procedió a compilar las observaciones hechas a los Estados de América Latina y del Caribe para el período 1982-2005, cuya lectura permite entender un poco mejor la mecánica de estas comparecencias periódicas de los Estados partes a dicha convención (véase documento).

Como es sabido, algunas entidades económicas se interesan cada vez más por las recomendaciones de la CEDAW, en la medida en que la desigualdad, la pobreza y la exclusión afectan mucho más a las mujeres. Al respecto, la incapacidad de Costa Rica para revertir el aumento vertiginoso de la desigualdad social medida por el coeficiente Gini (constituyéndose en América Latina en una excepción con relación a la tendencia general observada) debiera de ser comprendida como una clara advertencia para sus autoridades (véase artículo de La Nación). Con ocasión de la posición 66 ostentada a nivel global por Costa Rica en la medición 2016 sobre el Indice de Desarrollo Humano (IDH), tuvimos la ocasión de detallar las razones que explican en parte que Costa Rica sea considerado como un “modelo de desigualdad social” en América Latina (véase nota nuestra de marzo del 2017). Nótese que el proceso de deterioro en materia social (coeficiente Gini y medición del IDH) se agudizan a partir del año 2007.

Gráfico sobre evolución del coeficiente Gini en América Latina y en Costa Rica, extraído de artículo de prensa de La Nación, edición del 31 de julio del 2017, titulado “Desigualdad baja en América Latina, menos en Costa Rica“, página 14A 

La publicación de estas observaciones finales en esta última semana del mes de julio del 2017 coincide con un reportaje sobre la ausencia de mujeres en las papeletas presidenciales para las próximas elecciones a realizarse en Costa Rica en el 2018 (véase artículo del Semanario Universidad), así como con el exitoso estreno de la obra de teatro “Manuelita, la Libertadora del Libertador“, que presentó este 28 de julio el talentoso y siempre innovador Teatro Espressivo: una original propuesta, de gira por América Latina, sobre la vida de quién fuese la compañera de vida de Simón Bolivar y mucho más (véase nota de La Nación y entrevista del Semanario Universidad).

El contenido de las recomendaciones finales hechas a Costa Rica en breve

El lector podrá apreciar mejor el alcance de las recomendaciones del 2017 revisando el texto mismo antes señalado, disponible únicamente en inglés por el momento. El poder compararlas con las que se le hicieron en el 2003 y en el 2011 permite ponerlas en pespectiva. A continuación, nos limitaremos a mencionar tan solo algunas de ellas.

Las limitaciones en cuanto al acceso a la justicia de las mujeres (Recomendación Número 9), en cuanto a la lucha contra estereotipos y prácticas discriminatorias (Número 14-15), contra la violencia de género (Número 17), y las deficiencias detectadass en materia de lucha contra la trata de mujeres (Número 21) preocupan profundamente al Comité de la CEDAW, entre muchos otros puntos. En el punto 23, recomienda que:

the State party ensure that health care and social protection are available to women in prostitution, strengthen income-generating opportunities for women and provide exit programmes for women who wish to leave prostitution“.

En materia de aborto, se lee que el Comité CEDAW recomienda a Costa Rica (punto 31):

” (a) Amend the Penal Code to legalize abortion in cases of rape, incest, or severe foetal impairment and decriminalize abortion in all other cases as well as provide women with access to quality post-abortion care; (b) Accelerate the adoption of technical guidelines for therapeutic abortion and conduct awareness raising campaigns to prevent stigmatization of women seeking abortion;”.

Sobre este último ámbito, remitimos al lector al artículo titulado “La gran deuda histórica de Costa Rica en materia de aborto“, publicado el pasado 8 de marzo del 2017 por dos jóvenes y valientes juristas en el sitio de la Asociación Costarricense para el Derecho Internacional (ACODI).

Otras recomendaciones sobre la imperiosa necesidad de proteger de manera mucho más efectiva a las mujeres indígenas y afrodescendientes (Número 37), así como a las mujeres migrantes (Número 39), constituyen señalamientos que, en el pasado, Costa Rica ha recibido por parte de otros órganos de Naciones Unidas, sin lograr avances notables.

El Comité de la CEDAW reitera además su recomendación hecha a Costa Rica en el 2003 sobre medidas temporales especiales (Recomendación Número 13). Sobre el mismo ejercicio realizado en el 2003 ante el Comité de la CEDAW por Costa Rica, remitimos al lector a esta publicación muy completa de la ONG internacional OMCT.

El punto de las medidas temporales especiales pareciera no lograr mayores avances, como muchos otros. En sus observaciones finales del 2011 (véase texto), ya se leía que (punto 17):

El Comité recomienda al Estado parte que ponga en marcha nuevas iniciativas para contribuir a que se comprenda mejor el concepto de medidas especiales de carácter temporal y promover su aplicación, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, como parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva de la mujer, en particular en beneficio de los grupos desfavorecidos de mujeres, en ámbitos como la salud, la educación y el empleo“.

La importancia de los informes alternativos

A diferencia de lo que ocurre con otros informes presentados por Costa Rica ante órganos de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los integrantes del Comité de la CEDAW pudieron tener acceso esta vez a informes alternativos preparados por entidades de la sociedad civil.

En términos generales, se trata de información no estatal que los integrantes de órganos de tratados siempre aprecian, en particular cuando se trata de informes de gran calidad: en algunos casos, desdicen formalmente lo sostenido por las autoridades, en otros, evidencian lagunas y vacíos que los Estados intentan eludir o maquillar al elaborar su informe de cumplimiento. Las 42 páginas del informe alternativo coordinado por CLADEM-Perú en el 2014 son, por ejemplo, contundentes (véase texto completo), al igual que este informe elaborado por un colectivo de ONG colombianas en el 2013 (véase texto) y ese otro informe; lo mismo se puede decir, en el caso de Argentina, del informe de la ONG ELA del 2011 y, en el 2016, del informe elaborado por la misma Amnistía Internacional (véase informe).

Sin estos informes alternativos, los expertos de la CEDAW no tienen cómo contrastar la información oficial, salvo la que haya podido ser objeto de alguna cobertura de prensa en el Estado examinado (con las limitaciones que ello a veces conlleva este tipo de información).

En el preciso caso de esta comparecencia de Costa Rica, se contó con los informes de la Coalición feminista para el avance de los derechos de las mujeres (véase documento completo) y de la ONG IBFAN – International Baby Food Action Network, así como con un informe proviniente de estudiantes del American University Washington College of Law. En el 2003, para un ejercicio similar de Costa Rica, se publicó por parte de la coordinadora denominada Agenda Política de Mujeres un muy detallado Informe Sombra(véase texto completo).

Para esta sesión del 2017, la Defensoría de los Habitantes elaboró un informe también denominado “alternativo” (véase texto completo), lo cual plantea algunas interrogantes: la Defensoría de los Habitantes, al igual que otros órganos fiscalizadores del Estado costarricense, forma parte del mismo Estado. Desde el punto de vista interno, se trata de un órgano que apoya a los administrados en sus reclamos, presenta acciones legales contra el Estado, o bien puede llamar la atención sobre problemas en derechos humanos, entre los cuales los que afrontan las mújeres costarricenses, como por ejemplo la violencia obstétrica (véase discurso del 2015). Desde el punto de vista internacional, esta muy válida (y necesaria) disonancia interna debe verse como tal: se trata de información que emana de una dependencia del Estado, cuya máxima representación recae en sus autoridades diplomáticas.

La palabra “alternativa” sugiere informes que permitan a los expertos que sesionan en un órgano internacional de tratados tener una visión de los problemas distinta de la oficial, conocer en detalle las limitaciones de las medidas tomadas por el Estado, y cotejar datos y estadísticas oficiales con los de entidades civiles. Es deseable que cada vez que un Estado presenta un informe de cumplimiento, las ONG hagan ver la otra parte de realidad que no siempre se deja entrever en los datos oficiales aportados: por ejemplo, indicar que para que una ley sea efectiva, debe aprobarse su respectivo reglamento es algo que permite apreciar mucho mejor los alcances de las reformas legales. En ese sentido, es altamente recomendable que las ONG de Costa Rica presenten informes propios e independientes cada vez que Costa Rica es llamada a comparecer en Naciones Unidas en materia de derechos humanos ante uno de estos órganos de tratados (Nota 1). La información adicional que puedan producir entidades estatales especializadas es por supuesto valiosa, en particular cuando se trata de instituciones nacionales de derechos humanos. No obstante, y como apuntado anteriormente, no deberían usar la palabra “informe alternativo”.

Informe del Estado y observaciones finales al informe: una divulgación integral necesaria 

Nótese que las observaciones finales del Comité de la CEDAW a este informe de Costa Rica son pocamente divulgadas, como ocurre a menudo con otros señalamientos que emanan de órganos internacionales. Esperemos no obstante que su versión en inglés sea prontamente traducida al español y que las ONG difundirán ampliamente su contenido: y ello de manera integral.

En efecto, a diferencia de lo externado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica (véase texto del comunicado de prensa con fecha del 7 de julio reproducido al final de esta misma nota), los integrantes del Comité de la CEDAW no se limitaron a felicitar y alabar a Costa Rica.

Desde el punto de vista de la ciencia de la comunicación, es de señalar la habilidad con la que las autoridades diplomáticas valoran una parte las observaciones finales hechas por el Comité de la CEDAW, sin tan siquiera mencionar las demás y mucho menos los alcances de algunos señalamientos.

A modo de conclusión

Como es sabido, pese a su buena imagen internacional en materia de derechos humanos, Costa Rica arrastra una pesada deuda para varios de ellos: mujeres, indígenas, comunidades afrodescendientes, portadores del VIH-SIDA, privados de liberdad, población LGBTI, comunidades rurales afectadas por megaproyectos, ecologistas objeto de acciones intimidatorias, entre muchos otros sectores, deben afrontar situaciones en las que se vulneran sus derechos ante un parco aparato estatal. El caso de la sentencia del 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Fecundación in Vitro (FIV), que Costa Rica desacató durante más de dos años, evidenció las resistencias institucionales en esa precisa materia: tuvimos la oportunidad de reseñarlas con ocasión del nacimiento de la primera bebé procreada mediante la FIV en Costa Rica desde el fallo, quién nació … el pasado 8 de marzo del 2017 (Nota 2).

Ante una actitud omisa por parte del Estado que mantiene irresueltos los reclamos y las reinvindicaciones de varios sectores de la sociedad costarricense, estas comparecencias en Naciones Unidas por parte del Estado costarricense deberían de servir de base para relanzar el debate sobre álgidos temas de la agenda nacional en materia de derechos humanos. Teniendo claro que justo después de su comparecencia, el Estado siempre buscará presentar la parte más conveniente y favorable de los informes que emanen de una entidad internacional y que es menester completar la información presentándolos de manera completa.

Una sensación de disonancia informativa muy similar se pudo verificar en el 2016, con relación esta vez a las observaciones finales hechas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDH) al informe presentado por Costa Rica (véase nuestra nota al respecto publicada en DerechoalDia), ejercicio en el que se presentó un “informe alternativo” proviniente de la misma dependencia estatal precitada (Nota 3).

Nota 1: Se trata de los siguientes órganos de tratados que revisan los informes periódicos sobre cumplimiento que deben presentarles los Estados Partes: el Comité de Derechos Humanos (CCPR), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Comité contra la Tortura (CAT), el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), el Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD) y el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED). Al no haber firmado ni ratificado la convención correspondiente, Costa Rica no debe comparacer ante el Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW).

Nota 2: Véase nuestra breve nota, publicada en el sitio de Ius360 y disponible aquí.

Nota 3: Para este ejercicio del 2016 de Costa Rica ante los miembros del CDH, se presentó un informe “alternativo” elaborado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (véase informe), lo cual plantea algunas interrogantes en la medida en que se trata de un órgano adscrito al aparato estatal. Desde el punto de vista terminológico, se recomienda no usar el adjetivo “alternativo” para este tipo de documentos, sino denominar este tipo de informes como lo que son: “Informe de una Institución Nacional de Derechos Humanos” (usando el léxico consagrado como tal en la materia en Naciones Unidas).

Documento de interés:

Comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, con fecha del 7 de julio del 2017

JULIO 07, 2017 03:42 PM

El CEDAW felicita a Costa Rica por los progresos alcanzados en la eliminación de discriminación contra la mujer

Ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos Esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas.

Los expertos del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) felicitaron Costa Rica por los progresos alcanzados, específicamente la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y los esfuerzos significativos en materia de créditos para las micros, pequeñas y medianas empresas. Además, la Presidenta del Comité reconoció todos los esfuerzos de Costa Rica e instó al país a considerar las recomendaciones del Comité en aras de mejorar las condiciones de las mujeres costarricenses.

También, los expertos del Comité alabaron la metodología utilizada para presentar el informe y la sinceridad con la que la delegación se refirió a los desafíos imperantes en el contexto actual para el avance de la implementación de las recomendaciones. En la defensa del sétimo informe sobre el cumplimiento por parte de Costa Rica de los compromisos estipulados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Ministra de la Condición de la Mujer, Alejandra Mora, el Director de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Christian Guillermet, la Magistrada Doris Arias; la Directora General de Áreas Estratégicas del INAMU, Yolanda Delgado y el Coordinador del Programa Sectorial de Género del Ministerio de Agricultura, Robin Almendares, respondieron las diversas consultas planteadas por los expertos del Comité relativas a los primeros dieciséis artículos de la Convención.

Los miembros del Comité realizaron preguntas exhaustivas a la delegación costarricense en los temas de paridad de género, violencia doméstica, datos desagregados, coordinación interinstitucional, acceso a la justicia, aplicación de la normativa internacional en la legislación interna, mecanismos de seguimiento de las recomendaciones del comité, capacitación en cuestiones de género de distintos grupos de profesionales, acceso a la educación y la salud.

La Ministra Mora, en su calidad de jefa de la delegación, hizo una actualización de los avances en las normativas, políticas y acciones del Estado para propiciar la igualdad y equidad de género y para potenciar y proteger los derechos de las mujeres. El Embajador Guillermet se refirió a la articulación interinstitucional para la implementación de los Objetivos de Desarrollo de Sostenible (ODS) y la representación de las mujeres en el Servicio Exterior de Costa Rica.

La Magistrada Arias hizo uso de la palabra para aclarar las dudas sobre la aplicación de los tratados en la legislación sobre violencia doméstica y el tema de acceso a la justicia.

Por su parte, la señora Delgado explicó varias de las iniciativas que se están ejecutando en Costa Rica para impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y las acciones orientadas específicamente a las mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y migrantes. El señor Almendares comentó acerca del rol de las mujeres rurales en los procesos de planificación territorial y los derechos que han adquirido en la tenencia de tierras.

La Ministra Mora agradeció los comentarios del Comité y expresó su profunda convicción sobre cómo un cambio en el mundo de las mujeres se traduciría en un cambio del mundo; enfatizando que los cambios deben realizarse de manera estratégica; y para eso es necesario contar con retroalimentación.

COSTA RICA / NICARAGUA: CONCLUSIÓN DE AUDIENCIAS ESTE JUEVES 13 DE JULIO ANTE LA CIJ

 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

Costa Rica / Nicaragua: conclusión de audiencias orales este 13 de julio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

El pasado jueves 13 de julio, se dieron por concluidas las audiencias públicas entre Costa Rica y Nicaragua iniciadas el pasado lunes 3 de julio en La Haya. Esta última etapa oral del procedimiento contencioso entre Costa Rica y Nicaragua se relaciona con dos demandas presentadas por Costa Rica, que fueron objeto de una unión de procedimientos, en aplicación del principio de economía procesal (véase ordenanza de la CIJ del pasado 2 de febrero del 2017). Debido a ello, las audiencias se extendieron por dos semanas, del 3 al 13 de julio del 2017 en este cálido mes del verano europeo, según el cronograma anunciado por la CIJ en su comunicado del 1º de junio pasado (véase texto).

En abril del 2015, tuvimos la oportunidad de analizar las audiencias orales que se extendieron esta vez por tres semanas en La Haya entre ambos ribereños del río San Juan (véase nota publicada en el OPALC).

Concluidas las audiencias orales, inicia la fase de deliberaciones internas de la CIJ (también llamada el “délibéré”), que culminará con la lectura de la sentencia. Esta etapa puede ser de unos meses hasta más de un año: el fallo entre Perú y Chile del 2014 fue precedido por 13 meses de deliberaciones y el fallo entre El Salvador y Honduras de 1992 por uno de 15 meses. En cambio la decisión de la CIJ entre Costa Rica y Nicaragua del 2009 fue antecedida por tan solo 4 meses de “délibéré” y de 5 meses y medio en el caso del esperado fallo entre Nicaragua y Colombia del 2012 (la demanda de Nicaragua fue interpuesta en el 2001). La variabilidad de este plazo obedece a varios factores, entre ellos:

– el grado de dificultad del caso para los quince jueces titulares de la CIJ así como su carga de trabajo;

– la disonancia inter pares que puedan eventualmente producir en ellos los dos jueces ad hoc designados por las partes (en el precitado fallo, Costa Rica optó por no designar un juez ad hoc en la parte final del procedimiento);

– así como la fragilidad (o solidez) del consenso que logren construir los tres integrantes del Comité de Redacción del futuro fallo de la CIJ, entre otros. Su sólidez se apreciará en función de la cantidad de opiniones individuales o declaraciones conjuntas que se adjuntarán al fallo una vez dado a conocer.

Un plácido y caudaloso río fronterizo entre dos Estados y una inédita marca mundial 

De manera a tener una idea un poco más precisa que explique la presencia inusualmente recurrente de ambos en La Haya, cabe recordar que:

– en el 2010 Costa Rica demandó a Nicaragua por la incursión ilegal en Isla Portillos debido a la operación de dragado del río San Juan;

– en el 2011, fue Nicaragua quién demandó a Costa Rica por la construcción de la denominada “trocha fronteriza” larga de 160 kilómetros que colinda con el San Juan.

A ello hay que añadir dos nuevas demandas planteadas por Costa Rica registradas en el 2014 y 2017 que se ventilaron en esta etapa oral entre el 3 y el 13 de julio del 2017.

En sí, las cuatro demandas presentadas en seis años y tres meses (noviembre 2010-enero 2017) constituyen una marca mundial absoluta sin precedente alguno en La Haya. Ahora bien, el hecho de presentarse tres demandas en tres años y medio(correspondientes a la administración 2010-2014 de la Presidenta Laura Chinchilla) evidencia algo que va más allá de lo absoluto y de lo inédito.

Para ser completos, habría que señalar que en el 2005, Costa Rica demandó a Nicaragua por los derechos de navegación en el Río San Juan (obteniendo Nicaragua en la sentencia del 2009 de la CIJ un reconocimiento a su potestad para reglamentar la navegación y una prohibición absoluta hecha a Costa Rica de navegar con sus fuerzas policiales: véase párrafo 156, en particular incisos 1)h y 1)i adoptados ambos por unanimidad): el hecho que un Estado, titular de una competencia en materia de vigilancia fluvial, reconocida en un tratado vigente desde 1858 presente una demanda, y … regrese de La Haya con una sentencia negándole ejercerla es poco casual y merece mención.

Las controversias entre Estados: breves apuntes

Esta sostenida presencia en La Haya no tiene ningun precedente en la historia y es menester recordar la práctica seguida por los Estados al surgir una disputa.

En efecto, por más conflictivas sean algunas duplas de Estados, sus autoridades siempre han privilegiado una salida negociada a sus disputas, pidiendo la intervención de terceros (buenos oficios, mediación, conciliación, comisión de investigación) si no se logran crear condiciones para reiniciar el diálogo y la negociación. No es sino una vez descartada toda posibilidad de encontrar una solución política y transcurrido un tiempo prudencial, que se opta por acudir a medios jurisdiccionales: el arbitraje o la vía judicial (menos costoso que la CIJ, el arbitraje supone una capacidad negociadora previa entre dos Estados).

Con relación al factor temporal, notemos que Honduras y El Salvador, cuya “guerra del fútbol” en 1969 propició una grave crisis, dió lugar al acuerdo de Lima (Perú) en 1980, y a la presentación de un compromiso conjunto ante la CIJ en 1986, resuelto por la CIJ en su fallo de 1992; o que la denuncia en 1979 por parte de Nicaragua de un tratado de delimitación con Colombia suscrito en 1928, originó una crisis que se resolvió con el fallo de la CIJ del 2012, ante la demanda presentada por Nicaragua en el 2001.

Estos y muchos otros ejemplos de la región latinoamericana (Perú-Chile o Bolivia-Chile) indican que los Estados se otorgan un tiempo, a veces extenso, en el que sus aparatos diplomáticos exploran diversas vías en aras de resolver sus disputas antes de accionar la vía judicial. Para citar otro ejemplo, el largo litigio que encontró su origen en el cuestionado préstamo de Italia a Costa Rica suscrito en 1985 (para financiar un dique seco en Puntarenas) fue objeto de una convención de arbitraje negociada en 1997 y culminó con el laudo arbitral de 1998 entre ambos Estados.

Al abanico de posibilidades existentes y al tiempo que veces los Estados dejan correr para ir apaciguando los ánimos, hay que incluir las diversas figuras que constituyen el lenguaje corporal de los Estados ante una crísis diplomática, y que puede culminar con la suspensión de las relaciones diplomáticas. Este lenguaje (no siempre bien entendido por las opiniones públicas) busca hacer ver al Estado que infringió una regla cambiar de actitud o bien reconocer su error.

Nada de lo escrito anteriormente aplica en el caso de ambos ribereños del San Juan: sin haber en ningún momento suspendido sus relaciones diplomáticas, la CIJ es percibida como la única opción para resolver sus controversias. Esta situación anómala se evidencia aún más en el caso de Costa Rica, autor de cuatro demandas de las cinco registradas en La Haya entre el 2005 y 2017. Es de observar en los últimos años en el caso de Costa Rica, que cualquier intento por parte de otras dependencias del Estado costarricense de acercamiento con sus homólogas de Nicaragua (para discutir incluso temas totalmente ajenos a los que se ventilan en La Haya) es inmediatamente declarado “inoportuno” por su cancillería.

El costo de una demanda en La Haya para un Estado: breve recapitulativo sobre una zona gris-oscura 

El gasto exacto que le significa una demanda en La Haya a un ribereño del río San Juan se desconoce, pese a cifras que aparecen de vez en cuando en la prensa de ambos lados del San Juan. Los montos anunciados no se sustentan, a la fecha, en algún informe oficial para conocer el detalle de los rubros ahí consignados. No obsante, el monto extremadamente preciso señalado por la Contraloría General de la República de Nicaragua, de 6.169.029 US$para enfrentar la única demanda en aquel mes de mayo del 2011 ante Costa Rica (véase nota de El Nuevo Diario) es, en nuestra opinión, un indicador a considerar. Agradecemos desde ya el concurso de nuestros estimables lectores para hacernos llegar el informe detallado en este preciso caso, de manera a revisar el desglose de los rubros que contiene (correo electrónico: cursodicr@gmail.com). De igual forma con relación al gasto por 8.070.891 US$ por parte de Uruguay en su demanda contra Argentina (2006-2010) que se lee esta nota de julio del 2010.

En términos generales, los Estados que acuden al juez internacional se muestran extremadamente discretos sobre este preciso punto. En algunos casos se aduce “secreto de Estado“, en otros, alguna figura como la de la “seguridad nacional” que permite omitir el dar a conocer un dato exacto con base en un informe detallado. Una prensa un poco más curiosa como la colombiana logró obtener datos sobre únicamente los honorarios devengados por asesores internacionales y nacionales para definir la mejor estrategia después del fallo entre Nicaragua y Colombia del 2012 (véase nota de Semana); con relación a las acciones antes del 2012, el mismo medio colombiano accedió a la lista de honorarios devengados por la veintena de juristas contratados por Colombia (véase artículo). En Argentina se pudo tener acceso a la “tarifa horaria” de los asesores internacionales contratados para hacerle frente a la demanda uruguaya (véase nota de prensa del 2010).

El rubro de honorarios puede ser de interés, pero no cubre la totalidad de los gastos que genera una demanda en La Haya para el erario público: peritajes, viajes, funcionarios abocados a tiempo completo o casi, elaboración de mapas, fotos satelitales, reuniones en capital o en La Haya, impresiones, traducciones, gastos secretariales y muchos otros rubros deben consignarse. Para tener idea de los costos de un peritaje, en Costa Rica la Contraloría General de la República rechazó en su momento el otorgamiento de 37 millones de colones (unos 74.000 US$) al Centro Científico Tropical (CCT) para realizar un diagnóstico ambiental solicitado con algo de premura por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores (véase oficio de la DCA). Este diagnóstico respondía a un pedido expreso del experto Colin Thorne contratado por Costa Rica en materia de sedimentación (cuyos honorarios debieron ser mayores y a la fecha se desconocen).

Se estima que el gasto, para una demanda en La Haya, oscila entre 5 a 9 millones de US$ para cada Estado, según publicaciones encontradas en la literatura jurídica especializada.

En el caso de Costa Rica, el 10 de diciembre del 2010, el canciller de Costa Rica René Castro indicó en una nota publicada en La Nación “País presupuesta $2 millones por año para juicio en La Haya” la previsión presupuestaria hecha para el único caso de Isla Portillos en aquel momento, la cual se ubica en el rango antes aludido (5 a 9 millones de US$) si tomamos en consideración que como mínimo, el procedimiento en La Haya dura cuatro años. No obstante, tres años después de la previsión anunciada, con un caso adicional al del 2010, se informó en el 2013 que Costa Rica había gastado un millón de US$ por año (véase nota de La Nación), sin hacer público ningún informe detallado.

En el caso de Nicaragua, en noviembre del 2010, dos ex cancilleres estimaron el costo de una demanda a un monto situado entre 5 a 7 millones de US$ (véase nota). En reportes de la prensa de Nicaragua de diciembre del 2015 (y sin que se haya logrado consultar por parte nuestra algún documento oficial más preciso) se indicó que se habían destinado más de 10 millones de US$ con relación a las demandas con Costa Rica ante la CIJ (véase nota de prensa)

Ante cifras anunciadas en prensa sin mayor sustento documental, se puede mantener el precitado rango de entre 5 a 9 millones de US$. Sin embargo, algunos casos recientes arrojan nuevas luces sobre esta zona gris-oscura:

a) en el caso de Chile, el Ejecutivo debió reconocer en el 2015 (y ello contra su voluntad) haber gastado 20,3 millones de US$ para enfrentar la única demanda de Perú ante la CIJ (véase nota de prensa). Una decisión de la Corte Suprema chilena de enero del 2014 (véase texto ) dejó sin efecto la decisión judicial anterior que ordenó dar a conocer el dato, evidenciando las resistencias del aparato judicial chileno para transparentar del todo algunas cosas.

b) por su parte, Colombia, al obtener el retiro de la demanda planteada por Ecuador ante la CIJ por aspersiones químicas aéreas interpuesta en el 2008, optó por depositar a Ecuador en el 2013 la suma de 15 millones de US$ (que incluye, entre otros, los gastos de Ecuador en el procedimiento ante la CIJ – ver punto 9 del acuerdo entre Colombia y Ecuador del 9/09/2013)

En Costa Rica, en junio del 2015, se leyó en la prensa que: “A lo largo del primer juicio, estos especialistas en materia limítrofe cobraron al país $1 por sus servicios profesionales” (véase nota de CRHoy): un dato verdaderamente curioso, que despierta algunas interrogantes, y que habría tal vez que dar a conocer (discretamente) a los que velan por la buena salud de la hacienda pública chilena y colombiana.

La unión de las dos demandas de Costa Rica: recapitulativo del contenido de la primera demanda (2017) 

El primer procedimiento contencioso que la CIJ unió es la demanda interpuesta por Costa Rica a raíz de la colocación de una carpa militar de Nicaragua en la playa contigua al último sector del San Juan en Isla Portillos a finales del 2016 (véase texto de la demanda y juego de fotos satelitales que la acompañan). Nicaragua desde un inicio ha planteado que este playón corresponde a su territorio y que la CIJ no redefinió la frontera en su fallo del 2015: Nicaragua volvió a ratificar esta tesis en sus conclusiones finales oídas el 13 de julio ante los jueces. Un artículo de la BBC de julio del 2017 describe la particularidad de esta carpa colocada por Nicaragua y vigilada por tres policías de Costa Rica.

Costa Rica planteó formalmente su demanda a la CIJ el 16 de enero del 2017. Con relación a la etapa previa escrita de este procedimiento contencioso, en su precitada decisión de febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos de entrega de la siguiente forma: 2 de marzo del 2017 para el depósito de la memoria de Costa Rica y 18 de abril para el depósito de la contramemoria de Nicaragua (véase nota nuestra sobre estos plazos extremadamente cortos): en aquella oportunidad nos permitimos señalar que “es probablemente el plazo más corto ordenado por la CIJ a dos Estados en la preparación de alegatos escritos” en toda su historia. Al ser tan recogidos los plazos con relación a todos los demás casos anteriores, será probablemente la demanda resuelta de la forma más expedita por la CIJ desde su creación en 1945: una nueva marca en La Haya en perspectiva.

La segunda demanda (2014) unida a la primera

El segundo procedimiento contencioso que la CIJ unió al anterior se refiere a la demanda interpuesta por Costa Rica a Nicaragua en febrero del 2014, solicitando al juez internacional determinar la frontera marítima entre ambos océanos en una sola sentencia (véase texto de la demanda, que no viene acompañado de algun mapa sobre las líneas pretendidas por Costa Rica). Esta demanda se presentó ante la CIJ el 25 de febrero del 2014, pocas semanas después de la primera vuelta electoral en Costa Rica, y de forma un tanto sorpresiva.

Se trata de un ejercicio raramente visto ante en La Haya, en la medida en que se le pide a la CIJ delimitar las costas en los dos océanos: como bien es sabido, los argumentos jurídicos muy sólidos para una costa no necesariamente aplican o son tan favorables para la otra costa, debido a la diferencia de estas en cuanto a su configuración geográfica. En su sentencia de 1984 entre Estados Unidos y Canadá, la misma CIJ notó que “Cada caso concreto es en definitiva diferente de los demás, y constituye un unicum” (párrafo 81): en efecto, a la configuración geográfica, la presencia de recursos marinos o de minerales en el subsuelo, la existencia de islas o formaciones rocosas así como otros factores pueden venir a matizar posiciones. El fenómeno conocido como Domo Térmico frente a las costas de ambos Estados en el Pacífico es otro aspecto a tomar en consideración (véase mapa de ubicación en este enlace), debido a la gran cantidad de recursos marinos que atrae.

Cabe recordar que ambos Estados comparten en ambos mares dos bahías comunes, según lo establecido en el tratado de límites de 1858: en el Pacífico, la Bahía de Salinas, cuyo centro constituye el punto terminal sobre el que hay que alinear el último segmento de la frontera terrestre y en el Caribe la Bahía de San Juan del Norte que quedó totalmente enclavada en Nicaragua a raíz de los trabajos de demarcación realizados conjuntamente entre 1897 y 1900, al fijarse el punto de inicio de la frontera en Punta Castilla.

En el Caribe, un tratado de Costa Rica con Colombia suscrito en 1977 (no ratificado) y que fue invocado por Costa Rica para intervenir en la controversia entre Colombia y Nicaragua en el 2010 ante la CIJ (véase solicitud de intervención) fue objeto de arduos debates entre Costa Rica y Nicaragua. Costa Rica, al contestar en el 2010 a uno de los jueces, dejó entender que la suerte de este tratado no tenía relación alguna con el futuro fallo de la CIJ (véase respuesta de Costa Rica). Estas y otras posiciones de Costa Rica son ahora invocadas por Nicaragua para intentar frenar las pretensiones costarricenses en el Caribe.

Resulta oportuno recordar que, ante la inmensidad de los espacios marítimos a delimitar, los intentos de negociación iniciados en el 2002 permitieron varias reuniones bilaterales, pero que el proceso fue suspendido por Nicaragua a raiz de la demanda presentada por Costa Rica en el 2005 ante la CIJ. Nótese el intercambio de notas de abril del 2013 entre ambos (véase pp.158-172 de estos anexospresentados por Costa Rica a la CIJ), en el que Costa Rica le propone a Nicaragua retomar las negociaciones sobre las fronteras marítimas en ambos océanos y al que Nicaragua responde haciendo ver que se omite precisar las razones por las que Nicaragua las suspendió. Se trata de un interesante episodio en el que se evidencia la poca disposición de ambos de crear condiciones reales para retornar a la mesa de negociación. A través de este intercambio, se evidencia el efecto colateral (perturbador) de una demanda ante la CIJ presentada de manera unilateral, que algunos denominan la “sanjuanizacíón” de las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua: un fenómeno tendiente a congelar la totalidad de la agenda bilateral mientras la CIJ adopta su decisión. Más allá del punto de saber si no hubiese sido tal vez más oportuno esperar que la CIJ fallara sobre los dos asuntos pendientes (al 2013) para reactivar paulatinamente el diálogo con Nicaragua, sería interesante conocer qué fue lo que motivó a Costa Rica a solicitar formalmente el reinicio de negociaciones en abril del 2013 (habiendo la CIJ resuelto la controversia marítima entre Nicaragua y Colombia en noviembre del 2012): en una emisión de televisión reciente, tuvimos la oportunidad de lanzar públicamente esta pregunta (véase emisión de RTN Noticias, 13 de julio del 2017, minuto 23:00).

Unos meses después, en julio del 2013, Costa Rica emitiría una enérgica protesta por un mapa de Nicaragua sobre bloques de concesión en ambos océanos editado en el año 2012 (véase nota de La Nación). A la pregunta anterior, otra nueva surge al observar la fecha de edición de este mapa por parte de Nicaragua.

Mapa de áreas ofrecidas para ser concesionadas por Nicaragua a empresas interesadas en explorar posibles yacimientos de hidrocarburos, publicado en el 2003, extraído de nota publicada en CRHoy en el 2013

Mapa de Nicaragua sobre áreas a concesionar en materia de exploración de hidrocarburos incluído en una material de promoción editado en el 2012, extraído de nota anterior

Con relación a la etapa escrita preliminar de este segundo asunto, en su ordenanza del 1° de abril del 2016, la CIJ fijó los plazos de la siguiente manera: 3 de febrero del 2015 para el depósito de la memoria de Costa Rica, 8 de diciembre del 2015 para la contramemoria de Nicaragua. Nótese que Costa Rica pidió un plazo de seis meses, mientras que Nicaragua pidió uno de doce meses para que cada parte redactara sus alegatos, optando el juez por uno de diez meses en su ordenanza.

La unión de procedimientos ordenada por la CIJ 

En su jurisprudencia, la CIJ ha procedido a unir dos procedimientos contenciosos en uno con el acuerdo de ambas partes. La primera vez en que una unión fue decidida pese a la objección de una parte, fue entre Costa Rica y Nicaragua en el 2013: Nicaragua solicitó la unión de la demanda por Isla Portillos presentada por Costa Rica con la que presentó contra Costa Rica por la denominada “trocha fronteriza”. Esta solicitud de unión fue objetada por Costa Rica. En su ordenanza de abril del 2013, la CIJ rechaza las objecciones de Costa Rica, que se leen como sigue:

Costa Rica contended that there was no close connection between the two cases such as might justify a joinderIn particular, according to Costa Rica, the Costa Rica v. Nicaragua case concerns an area which is geographically distant from the road the construction of which is the subject of the present case / Il soutient qu’il n’existe entre les deux affaires aucun lien étroit qui puisse justifier une jonction. En particulier, selon lui, l’affaire Costa Rica c. Nicaragua concerne un secteur géographiquement éloigné de la route dont la construction est en cause dans la présente affaire” (párrafo 11).

En el caso de las demandas del 2014 y 2017, la solicitud de unión provino de Costa Rica, y fue objetada por Nicaragua. Leemos en efecto en el texto de la ordenanza del mes de febrero del 2017 que:

13. Costa Rica stated that it maintained its request for a joinder of the proceedings, observing in particular that it was necessary for the Court to settle all of the questions at issue between the Parties concerning the northern part of Isla Portillos. It was therefore in favour of short time-limits being granted for the filing of written pleadings in the new proceedings, so as to allow the Court to deal with both cases in its current composition. To that end, Costa Rica proposed that each Party be given a time-limit of 45 days, or a maximum of two months, in which to prepare its written pleading. It further suggested that the experts’ report in the case concerning Maritime Delimitation should not be communicated to the Parties until after the filing of the written pleadings in the case concerning Isla Portillos.

14. For its part, Nicaragua stated that in its opinion the conclusions reached by the experts in the case concerning Maritime Delimitation would be essential to the case concerning Isla Portillos, and that therefore it would not be logical for Costa Rica to file its Memorial in the second case before reading the said report. Nicaragua added that it would not be able to comment on the appropriateness of a joinder or determine the time needed to prepare its Counter-Memorial until it was in possession of the experts’ report and Costa Rica’s Memorial. It was currently of the view that, in any event, each Party should be given a time-limit of six months to prepare its written pleading”.

Mapas oficiales desactualizados ante modificaciones del litoral: el juez internacional en busca de un punto en una playa caribeña

Ante coordenadas e interpretaciones muy diferentes por parte de Costa Rica y de Nicaragua sobre la localización exacta del punto inicial de su frontera terrestre, el 23 de junio del 2016 la CIJ optó por recurrir a dos expertos independientes (un español y un francés): este peritaje independiente se ordenó con el fin de ubicar en la playa un punto que fue fijado en 1897 por ambos Estados, y que constituye el punto inicial de la frontera terrestre (el cual debería de coincidir con el punto inicial de la frontera marítima en el Caribe): véase nota nuestra al respecto. Ambos expertos visitaron el sitio en diciembre del 2016 y en marzo del 2017 (sobre esta última visita, véase nota de prensa). En junio del 2017, ambos expertos respondieron a una solicitud de aclaración de un juez de la CIJ sobre el carácter permanente (o no) de un canal hacia la laguna de Isla Portillos (véase texto completo en el que se lee que los mapas cartográficos oficiales de Costa Rica y Nicaragua no reportan con exactitud la realidad de la zona observada in situ:

 As we indicate in the report, “topographie maps produced by Costa Rica and Nicaragua show that in the recent past there used to be a channel-like water gap between the spit and firm land, and that the Los Portillos/Harbour Head lagoon was connected to the sea via the San Juan River” (see paragraph 100 and figure 26 of the Report). The observations carried out during our site visits unambiguously revealed that such water gap or continuous channel has disappeared due to coastal recession, and that nowadays Los Portillos/Harbor Head Lageon is a water body commonly enclosed by a sand barrier“). Los expertos también respondieron a los comentarios que hizo Costa Rica a su informe (véase respuesta de ambos expertos a Costa Rica).

Mapa cartográfico publicado por el Instituto Geográfico Nacional o IGN (Costa Rica) en el que se detalla cómo la frontera bordea la Laguna de Portillos (Mapa “Punta Castilla” 3448-II, 1:50.000). Nótese que el playón ubicado al Norte de la laguna de Portillos no es considerado como perteneciente a Costa Rica en su cartografía oficial, al menos hasta el 2015

En el 2001, en un artículo publicado en La Nación, tuvimos la ocasión de señalar el problema de los cambios en las desembocaduras de los ríos de la vertiente caribeña de cara a la operación de delimitación marítima: “Finalmente, varios geógrafos han puesto en evidencia la morfología particularmente dinámica en Centroamérica de las desembocaduras de varios ríos internacionales en el Atlántico (río Coco entre Honduras y Nicaragua, río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua), que podría dificultar la fijación del punto de partida de la frontera marítima, tradicionalmente coincidente con el punto terminal de la frontera terrestre“.

Si Costa Rica y Nicaragua no han procedido a actualizar (por una suma módica) sus mapas con base en imágenes satelitales y visitas conjuntas de campo en aras de reportar cambios en la configuración geográfica de la zona que corresponde a la parte terminal de su frontera, es inevitable que se originen controversias entre ambos. En el caso de Costa Rica, cabe recordar que la empresa Google Earthseñaló que el error de interpretación en la zona de Portillos en sus mapas nunca le fue señalado por alguna autoridad costarricense antes de octubre del 2010, lo cual plantea interrogantes interesantes sobre quiénes desde una oficina pública navegan revisando los mapas de Costa Rica sin percatarse de algunas cosas.

Ahora bien, de cara a la delimitación marítima, es importante que el punto inicial en el mar coincida con el punto inicial de la frontera terrestre: Perú y Chile debaten sobre el “triángulo la discordia” situado a poco metros del denominado “Punto Concordia” debido a que la CIJ en su fallo del 2014 no considero necesario unir ambos puntos, dejando abierta la posibilidad de efectuar triangulaciones inconsultas (véase foto satelital de esta triangulación en este artículo de prensa). Sería deseable que la CIJ no dejara un espacio indefinido entre el punto terminal de la frontera terrestre y el punto inicial de la frontera marítima entre Costa Rica y Nicaragua, y ello en ambos océanos, con el fin de prevenir futuras discusiones entre ambos.

Cabe señalar que en junio del 2015, Costa Rica anunció a la prensa haber advertido a la empresa noruega Statoil de sus pretensiones: revisando el mapa de bloques concesionados por Nicaragua a la empresa Statoil (en azul celeste en esta nota, reproducido infra), se plantean algunas interrogantes sobre las reglas que podrían permitirle a Costa Rica extender su jurisdicción a estas zonas concesionadas. Hemos hecho la consulta a diversos especialistas sin obtener referencia a alguna disposición de la Convención de Derecho del Mar de 1982 a la que son parte ambos Estados.

El momento de las audiencias orales: breve recapitulativo desde el punto de vista procesal

Como indicado al iniciar este análisis, las audiencias orales constituyen la última etapa antes de la cual los jueces entran a deliberar. En efecto, posteriormente a la presentación de una demanda formal registrada por la Secretaría de la CIJ, se abre una primera ronda de alegatos (memoria y contra memoria) seguida, si así lo disponen las partes, de una segunda ronda (réplica y dúplica). Esta etapa escrita del procedimiento dura usualmente varios años ya que el plazo otorgado por el juez internacional a cada una de las partes para elaborar sus escritos puede ir de seis meses a un año. Finalizada la etapa escrita, se procede a preparar la etapa oral, la cual consiste en convocar a las partes a audiencias finales para oír dos rondas de alegatos de ambos Estados y sus respectivas conclusiones. El último minuto de estas audiencias coincide con el inicio de la fase del “délibéré” de la CIJ que puede tomar varios meses y hasta más de un año. En el caso de la demanda entre Perú y Chile (delimitación marítima), la deliberación interna que culminó con la sentencia del 2014 se extendió por trece largos meses.

Desde el punto de vista del acceso a la información, la etapa escrita no permite que los alegatos trasciendan más allá del juez y de las partes. Lo único que se publica es el texto de la demanda inicial registrada, un documento de pocas páginas con relación al argumentario desarrollado en la fase escrita (véase por ejemplo los seis volúmenes de la memoria de Costa Rica en el caso de los derechos de navegación del 2005).

¿Porqué no permitir acceder a documentos escritos por los Estados en esa fase previa que puede durar varios años? Porque el juez internacional se muestra particularmente receloso en que no se divulgue ningun tipo de información. Este verdadero blindaje informativo obedece a la imperiosa necesidad de evitar azuzar los ánimos, con la divulgación de pretensiones claramente abusivas con las que los Estados inician usualmente sus alegatos escritos o los responden. Concluída la fase escrita, se abre la fase oral, y el panorama cambia sustancialmente desde el punto de vista informativo.

En efecto, la fase oral es pública, acuden a ella los medios de prensa a presenciarlas: en algunos casos hasta se opta por una transmisión en vivo a través de los canales de televisión. Por su parte, el sitio oficial de la CIJ pone a disposición en tiempo casi real los alegatos presentados oralmente por las partes (así como las preguntas que eventualmente hagan los jueces a las partes o a sus peritos o testigos). La amplia cobertura mediática podría explicar que algunas autoridades políticas vean en esas audiencias una tribuna nada desdeñable y decidan ir a encabezar personalmente a una siempre muy nutrida delegación (que disimula un gran vacío ya que son pocos los llamados a tomar la palabra ante los jueces). Para mencionar un ejemplo reciente, podemos citar el caso de la canciller de Colombia (véase nuestro análisis sobre audiencias con Nicaragua celebradas en el 2015, publicado en el sitio colombiano de Debate Global): como previsible, la estrategia colombiana no surtió mayores efectos y la CIJ se declaró competente en marzo del 2016 (véase nota nuestra publicada en Nodal).

Cabe precisar que al iniciar la fase oral, la CIJ puede decidir (si las partes son anuentes a ello), hacer público lo relacionado a la etapa escrita: es así como desde esta primera semana de julio, están disponibles los informes de los peritos, la memoria y contra memorias presentados por Costa Rica y Nicaragua en el asunto de la delimitación marítima (véase enlace). Si por alguna razón, las partes no están de acuerdo, no es sino hasta leída la última línea de la sentencia sobre el fondo que la CIJ procede a publicar el contenido de los alegatos escritos correspondientes a la primera fase del procedimiento. Como se puede apreciar, estamos ante una maquinaria perfectamente ajustada, tendiente a evitar a toda costa el agravamiento de las tensiones entre Estados, entidades políticas extremadamente susceptibles, como bien es sabido.

Nótese que el blindaje antes aludido aplica tanto para sentencias sobre excepciones preliminares, sobre el fondo que para ordenanzas de la CIJ. No obstante el circuito hermético establecido por la CIJ, este es a veces ignorado por los Estados, y algún tipo de información es filtrada a medios de prensa: por ejemplo, el 4 de febrero del 2013, una artículo de La Nación (Costa Rica) titulado “Managua formaliza en La Haya reclamo para usar río Colorado” fue antecedido por la presentación, tres días antes, del escrito de Nicaragua los jueces solicitando demandas reconvencionales al juez internacional (véase documento del 30 de enero del 2013 colgado en el sitio de la CIJ). Esta pretensión de Nicaragua en aras de que se le concedieran derechos provisionales de navegación en el Colorado fue rechazada por la CIJ en su ordenanza del 18 de abril del 2013. Lo que nunca se logró saber es cómo esta información llegó a la redacción de La Nación. Un artículo del mismo medio sobre una pretensión de Nicaragua sobre Isla Bolaños en julio del 2016 (titulado “Nicaragua reclama copropiedad de la costarricense isla Bolaños“) pareciera responder a una filtración similar. Remitimos al lector a debate en el programa “RTN Noticias” en julio del 2016, en el que se abordaron estos y otros aspectos (véase vídeo disponible en YT).

Al iniciar las audiencias orales el pasado 3 de julio en La Haya, un artículo de La Nación extrajo uno de los mapas de Nicaragua y se tituló “Nicaragua elimina península de Nicoya del mapa de Costa Rica en juicio ante La Haya“. Se trata del mapa publicado en el escrito de Nicaragua (véase texto de la Contramemoria, p. 52), documento hecho público el mismo día del inicio de la etapa oral, en el que Nicaragua intenta convencer a la CIJ del efecto desfavorable para sus pretensiones que tiene la punta de Santa Elena.

La Haya: el recinto al que se acude cuando no se logra negociar una solución entre dos Estados

El canciller de Costa Rica participó personalmente en los primeros días de estas audiencias, siguiendo la práctica – bastante original – de sus dos predecesores, René Castro (2010-2011) y Enrique Castillo (2011-2013) quiénes también creyeron que su presencia podría ser de alguna utilidad ante los jueces de la CIJ.

Los asuntos que se examinan en La Haya (y que se discuten desde el punto de vista jurídico entre dos delegaciones de asesores, consejeros internacionales, y demás expertos en derecho internacional frente a 15 o 17 jueces también muy versados en la materia) se deben a la incapacidad de las autoridades políticas de los Estados para negociar una solución política a sus diferencias. Tal y como lo indicamos en una nota de 2015 sobre las audiencias entre Colombia y Nicaragua, en las que Colombia optó por enviar a su canciller a encabezar a la delegación colombiana,

Se trata de un aspecto meramente formal, cuyos efectos en algunos jueces (más susceptibles que otros en no dejar que la CIJ se convierta en una tribuna política) no parecieran haberse analizado mayormente por parte de la doctrina

Los debates entre Costa Rica y Nicaragua de este mes de julio del 2017 se efectúaron en los dos idiomas de trabajo de la CIJ (inglés y en francés) como en la etapa escrita del procedimiento, por lo que el aspecto linguístico es un factor a tomar en cuenta a la hora de presentar los últimos argumentos orales de un Estado ante los jueces. Los alegatos y contraalegatos de ambos Estados (dos rondas) así como su respectiva petitoria final están disponibles al final de este texto: el Agente de cada Estado presentó inicialmente el historial de los hechos y anunció las pretensiones, luego cada asesor internacional de cada una de las partes detalló los argumentos, y el mismo Agente cerró con las conclusiones finales de su Estado.

En esta ocasión, Costa Rica se presentó a la barra con un solo jurista francófono (Marcelo Kohen, de Argentina, radicado en Suiza), siendo los demás asesores internacionales (cuatro en total) de habla inglesa; mientras que el equilibrio lingüístico se repartió en el equipo de Nicaragua con la tradicional dupla francófona Alain Pellet (Francia) – Remiro Brottons (España) completada con el jóven Benjamin Samson (Francia), y, en la parte anglosajona, con cuatro juristas (véase listado de los equipos en las primeras páginas del acta del la primera jornada de audiencias del 3 de julio del 2017). La distribución lingüística en cada equipo jurídico se verificó con ocasión de las audiencias entre Chile y Bolivia celebradas en marzo del 2015 que tuvimos la oportunidad de analizar más en detalle en cuanto a los denominados “Consejales de la Corona” (véase estudio editado en Ius360). Sobre la repartición que los Estados hacen entre juristas anglosajones y los pertenecientes a la escuela francesa del derecho internacional, remitimos a una nota que tuvimos la ocasión de publicar en La Nación en el 2011. Varios de estos juristas forman parte del “invisible college of international lawyers” (según la expresión del profesor Oscar Schachter (Nota 1) o “barreau occulte” / “barreau officieux”, según expresiones usadas por el profesor Alain Pellet (Nota 2) que gravita alrededor del microcosmo de la CIJ en La Haya. Se trata de un selecto grupo de prestigiosos universitarios: unos 12-15 juristas a lo sumo, cuyos nombres aparecen regularmente en los equipos de 4 a 5 profesionales contratados usualmente por los Estados para asesorarlos en la mejor definición de su estrategia jurídica en La Haya.

Es de notar que nuevamente en estas audiencias del 2017 (tal y como ocurrió en las del 2015, 2013 y 2011), Costa Rica, a diferencia de todos los demás Estados que acuden a La Haya, procede a intercalar entre los alegatos orales de asesores internacionales las palabras de diplomáticos nacionales, lo cual constituye una verdadera innovación: el dirigir la palabra a los jueces de la CIJ es usualmente reservado al Agente, seguido inmediatamente por los asesores internacionales contradados por las partes.

La petitoria final de Costa Rica a la CIJ se encuentra en las últimas páginas del acta del 10 de julio (pp. 25-27). Notemos que ninguna se relaciona con un tema de interés como lo es el régimen jurídico en ambas bahías comunes (San Juan del Norte y Salinas), ni a Isla Bolaños (situada dentro de la bahía de Salinas): se trata de temas que no refieren a la delimitación marítima propiamente dicha, pero que han sido objeto de declaraciones oficiales encontradas en años recientes. Sobre la Isla Bolaños se leyó en los alegatos de Nicaragua que: ” Island of Bolaños in the Bay of Salinas 38. This question was raised in the Nicaraguan Counter-Memorial in this case. There was no response offered by Costa Rica in writing or during the first round of oral pleadings. This is why Nicaragua in its first oral pleading simply made a cross reference to this point which is not presently at issue. Therefore, apart from reiterating and reserving the position of Nicaragua on this question, I will make no further remarks” (véase acta, p. 31). La petitoria final de Nicaragua a los jueces se puede leer en el acta del 13 de julio del 2017 (pp. 26-28).

A modo de conclusión: dos Estados con una voluntad conciliadora inexistente

Desde hace varios años, Costa Rica y Nicaragua acuden de forma regular a audiencias en La Haya, exhibiendo ante el mundo un espectáculo que no cuenta con precedente alguno.

Actualmente, de los quince casos contenciosos registrados ante la Secretaría de la CIJ (al 29 de junio del 2017), tres son casos relacionados a la intensa contienda que se libran Costa Rica y Nicaragua. A los dos casos antes señalados unidos en un solo procedimiento, hay que añadir el asunto pendiente de resolución relacionado al monto compensatorio que Nicaragua debe reconocer por los daños ambientales causados en Isla Portillos a partir de octubre del 2010. En su sentencia del 2015, la CIJ indicó en su fallo a ambos Estados que debían de entablar negociaciones para fijar un monto (véase párrafo 142). En junio del 2016, Costa Rica optó por anunciar de forma unilateral (y con amplia cobertura mediática) el monto solicitado, el cual fue rechazado por Nicaragua, como era previsible. En febrero del 2017, la CIJ fijó los plazos (de dos meses) para la presentación de los alegatos escritos (véase ordenanza de febrero del 2017).

Sobre esta peculiar manera de “negociar” un monto compensatorio entre dos Estados, remitimos al lector a nuestra nota editada en el OPALC y cuya conclusión nos permitimos reproducir:

Se estima al 2018 o 2019 el año en que la CIJ fijará mediante un fallo este monto indemnizatorio, el cual se origina en los trabajos iniciales realizados por el denominado “Comandante 0” en octubre del 2010 en Isla Portillos con base en un error de ubicación propiciado por un mapa erróneo de Google Earth“.

[Nota 1]: Véase SCHACHTER O., “Invisible College of International Lawyers”, Northwestern Univesity Law Review, Vol. 72 (1977), pp.217-226.

[Nota 2]: Véase PELLET A., “Remarques sur le « métier » de Conseil devant la Cour Internationale de Justice », in NATIONS UNIESRecueil d´Articles de conseillers juridiques d´Etats, d´organisations internationales et de praticiens du droit international, Nations Unies, New york, 1999, pp.435-458, p. 437 y p. 440.

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Documentos presentados por Costa Rica y Nicaragua antes y durante las audiencias públicas realizadas del 3 al 13 de julio del 2017 en La Haya / Documents presented by Costa Rica and Nicaragua before and during public hearings that took place from July 3rd to 13th, 2017

I. Etapa escrita del procedimiento / Memorial and Counter Memorial

I.A). Memoria de Costa Rica / Memorial of Costa Rica (texto disponible aquí)

I.B). Contramemoria de Nicaragua /Counter Memorial of Nicaragua (texto disponible aquí)

II. Etapa oral del procedimiento / Verbatim records of public hearings:

II.A). Alegatos orales de Costa Rica:

Acta del 3 de julio del 2017 (mañana):

Acta del 3 de julio del 2017 (tarde)

Acta del 4 de julio del 2017 (mañana)

II.B). Contra alegatos de Nicaragua

Acta del 6 de julio (mañana)

Acta del 7 de julio (mañana)

Acta del 7 de julio (tarde)

II. C). Segunda ronda de alegatos y petitoria / Second round and final submissions :

Costa Rica

Acta del 10 de julio (mañana)

Acta del 10 de julio (tarde) que incluye conclusiones finales (pp.25-27) / Final submissions at pp. 25-27

Nicaragua

Acta del 13 de julio del 2017 (mañana)

Archipiélago de Chagos: Asamblea General de Naciones Unidas solicita opinión consultiva a la CIJ pese a intentos de Reino Unido Y Estados Unidos en Contra

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia.

El pasado 22 de junio, la Asamblea General de Naciones Unidas optó por solicitar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una opinión consultiva con relación a la controversia que opone desde su independencia a Mauricio (también conocida como Isla Mauricio) al Reino Unido. El texto de la resolución A/RES/71/292 fue adoptado, pese al intenso cabildeo por parte del Reino Unido, por una amplia mayoría de 94 votos a favor, 15 en contra, y 65 abstenciones (véase nota de prensa de Naciones Unidas). La misma prensa británica había advertido del iminente riesgo de un voto desfavorable pocos días antes de la votación (véase nota de The Guardian).

Foto aérea del archipiélago de Chagos, en el que se localiza una base militar norteamericana (isla de Diego García), extraída de artículo de prensa de The Guardian de noviembre del 2016, titulada “Chagos islanders cannot return home, UK Foreign Office confirms

Chagos o la historia de un exilio forzado por más de 40 años 

Las islas de Chagos fueron separadas de Mauricio justo antes de su independencia en 1968, con la garantía dada expresamente por el Reino Unido que serían devueltas a Mauricio el día en que se cerraría la base militar norteamericana situada en la parte más extensa de este archipiélago, la isla de Diego García. Mauricio siempre ha pretendido recuperar su plena soberanía sobre la islas de este archipiélago en el Océano Índico y reinstalar a quiénes fueron sus habitantes y sus descendientes. En este reportaje de MailonLine se puede apreciar la exuberancia de su playas.

Reino Unido procedió a deportar a todos los habitantes de las Islas Chagos entre 1965 y 1973, por lo que las fotografías en ese mismo reportaje de casas, iglesias y barcazas abandonadas a su suerte evidencian también el dolor que ha significado este exilio forzado por más de 40 años años vivido por personas que nacieron en estas islas. Regularmente, esta situación totalmente anómala es objeto de examen por parte de órganos de supervisión en materia de derechos humanos de Naciones Unidas (véase nota). Por otra parte, imágenes satelitales (véase video titulado “The Raping Of The Chagos Island” confirman la expansión de las instalaciones de Estados Unidos en su base militar, la cual, a diferencia de todas las demás, está rodeada por la inmensidad del mar y la ausencia de comunidades humanas.

En un artículo del Profesor André Oraison publicado en 1990, se lee que:

Étrangers au monde de la géopolitique, les Ilois ont bien été les premières victimes des desseins stratégiques des U.S.A. et, plus généralement, de la rivalité Est-Ouest dans l’océan Indien. Au surplus, leur sort a été pendant longtemps tragique. Aucune structure n’a été mise en place pour les accueillir à Maurice (119). Exilés dans un pays relativement lointain, plutôt pauvre et déjà surpeuplé, ceux qu’on a parfois appelé les «Palestiniens de l’océan Indien », ont été simplement « dispatchés » dans les bidonvilles de PortLouis. Nombreux sont ceux qui n’ont pas trouvé de travail ou qui ont eu des difficultés à s’insérer dans une société pourtant multiraciale et multiculturelle (120)” (Nota 1).

Si bien el Reino Unido ha implementado un programa de “compensación” desde lo años 80 para los habitantes de Chagos deportados, las sumas percibidas por estas personas y sus familiares son módicas. En un artículo publicado en España por el Profesor Antoni Pigrau Solé en el 2016, al analizar la “inhibición” de la Corte Europea de Derechos Humanos para conocer los reclamos de la población deportada de Chagos, basándose precisamente el juez europeo en estas “compensaciones“, se lee que:

Se ha estimado que el monto necesario para compensar a los chagosianos por los daños sufridos entre 1970 y 2008 estaría entre 5.400 y 13.200 millones de dólares, justificado de cuatro conceptos: la gravedad de las pérdidas sufridas; el hecho de que estos daños incluyen no sólo las pérdidas sufridas individualmente por cada miembro de la comunidad chagosiana, sino también las pérdidas que han sufrido colectivamente como pueblo indígena desposeído de su tierra natal; el hecho de que estos dos tipos de daños se han seguido acumulando como consecuencia del exilio continuado, y la larga duración del período de exilio” (Nota 2).

En el 2016, las ONG exigieron lo siguiente a los órganos de Naciones Unidas:

Minority Rights Group drew attention to the issue of the Chagos Islands located in the Indian Ocean, specifically the island of Diego Garcia, which the United Kingdom had leased to the United States to be used as a major military base. It was noted that the continued exile of the Chagossian people was a violation of the rights to an adequate standard of living under Article 11 of the Covenant. It recommended that the United Kingdom Government recognize the violations endured by the Chagossians’ right to return immediately, pay them adequate compensation for the violation of their rights over the previous 40 years, and to appropriately seek informed consent of the Chagossians in relation to return and compensation process” (véase nota de Naciones Unidas).

El sufrimiento de quiénes no pueden regresar a su tierra natal, y ello por varias generaciones, fue objeto de esta interesante tesina de antropología social y cultural realizada en Francia, titulada “Les éxilés de l´Océan Indien: Du malheur de soi au meilleur d’eux-mêmes” (2006).

Chagos: una injusticia persistente que desborda el marco estríctamente bilateral

Para muchos Estados, el tema debe resolverse de forma bilateral, y no hay espacio para algo distinto a ello. Por ejemplo, en enero del 2017, se leyó, en una respuesta del Ejecutivo galo a una pregunta de una senadora francesa de l´Ile de la Réunion en la que viven varias familias deportadas de Chagos, que:

Je voudrais tout d’abord apporter quelques précisions sur ce différend qui oppose le Royaume-Uni et la République de Maurice, différend sur lequel le gouvernement français ne saurait prendre position. Le gouvernement mauricien revendique cet archipel de l’océan Indien, dont la population a été déplacée entre 1965 et 1973. Louée par le Royaume-Uni aux États-Unis, Diego Garcia, la principale île des Chagos, est devenue une base militaire américaine. Depuis leur départ forcé, les Chagossiens, estimés à 9 000 personnes, vivent principalement à Maurice, aux Seychelles et au Royaume-Uni. Soyez assurée, madame la sénatrice, que la France n’est pas indifférente au sort des Chagossiens. Après plus de quarante ans d’exil, les Chagossiens et leurs descendants continuent de rencontrer des difficultés d’insertion économique et sociale. Le devenir de cette population déplacée doit, bien sûr, être pris en compte lors de la résolution du différend relatif à la souveraineté des Chagos. Le gouvernement français continuera d’encourager le Royaume-Uni et la République de Maurice à régler ce différend et à trouver des solutions à la situation des Chagossiens par la voie diplomatique et du dialogue, lequel est engagé depuis plusieurs mois.” (véase respuesta de Harlem Désir, Secretario de Estado delegado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia).

Nótese que el acuerdo de cesión territorial del Reino Unido a Estados Unidos en la isla Diego García llegó a su término (que era de 50 años) en noviembre del 2016, y que fue reconducido hasta el 2036 de forma expédita por las autoridades británicas y la administración saliente del Presidente Obama (véase nota de prensa de USNews). Ante este detalle (pasado por alto por algunos), la expresión de pesar externada por el delegado británico en Naciones Unidas el pasado 22 de junio, minutos antes de proceder al voto, cobra particular interés, al señalar que: “So I regret that this issue has come to the General Assembly. It saddens us that a dispute between two UN members, two Commonwealth partners, should have reached this Chamber in this way. A more constructive path is still available and I call for the withdrawal of this draft resolution to keep that path open” (véase texto completo de su larga alocución).

La votación en Naciones Unidas acaecida el pasado 22 de junio: una contundente victoria diplomática de Mauricio 

En el tablero del voto obtenido por la resolución A/RES/71/292, registrando 94 votos a favor, 15 en contra, y 65 abstenciones, se pueden apreciar varias cosas: el estallido de la solidaridad entre los 52 Estados del Commonwealth y el aislamiento del Reino Unido con respecto a Europa y como Miembro Permanente del Consejo de Seguridad (órgano en el que solo pudo contar con el voto de su único aliado, Estados Unidos). También destaca la abstención de casi todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). No obstante, cuatro optaron por votar en contra con Reino Unido, mientras uno de los Estados miembros de la UE – isleño, como Mauricio – se apartó de la consigna acordada por Bruselas: se trata de Chipre (votó a favor).

Foto de manifestantes oriundos de Chagos desplazados por las autoridades británicas debido a la base militar norteamericana ubicada en la Isla de Diego García, extraída de nota de prensa 

Votaron, con el Reino Unido, y en contra de esta solicitud de opinión consultiva a la CIJ únicamente los siguientes Estados: Afghanistán, Albania, Australia, Bulgaria, Corea del Sur, Croacia, Estados Unidos, Hungría, Israel, Japón, Lituania, Maldivas, Montenegro y Nueva Zelanda.

Lo más cercano a una unanimidad de algun grupo en las Naciones Unidas correspondería – si obviamos la abstención de Canadá – al JUSCANZ al que Israel participa desde hace varios años. En Naciones Unidas, en particular desde el 11/S, las posiciones del JUSCANZ son fáciles de prever. Cabe recordar que Estados Unidos cuenta con una base militar en la mayor de las islas que forman ese archipiélago, la isla Diego García, usada para esconder al mundo las exacciones a las que se sometió a personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas durante su interrogatorio después del 11/S (véase declaraciones de un colaborador de Colin Powell en el 2015 a la prensa británica y reportaje del Time).

En la precitada alocución, el representante británico externó en Nueva York que: “Many of you here today have told us privately that you too see this as bilateral business and have urged us to use bilateral means to resolve it. So in turn, let me urge all of you who have told us this – and not only you – to vote against the draft resolution today. In particular, any of you planning to abstain because this is bilateral, please vote no precisely because this is bilateral“.

En América Latina, todos sus integrantes votaron a favor del texto, con excepción de Chile, Colombia, México, Panamá y Paraguay, quiénes se abstuvieron. Honduras por su parte se registra como el único en América Latina en ausentarse al momento de votar, conjuntamente con otras 17 delegaciones que entran en la categoría designada por la expresión “No Show” (véase nota de The Guardian con el tablero de votación reproducido dentro de la misma nota). No cabe duda que conocer la justificación exacta del voto sería de cierto interés en aras de entender mejor a qué puede haber obedecido la decisión de abstenerse por parte de esos cinco Estados.

En términos numéricos, esta votación constituye un estrepitoso fracaso del aparato diplomático británico (y también del de su fiel aliado norteamericano). En términos políticos, contribuye a aislar un poco más al Reino Unido de sus socios europeos.

Las preguntas hechas al juez internacional

En la resolución adoptada, se leen las siguientes dos preguntas que serán formuladas a los jueces de la CIJ:

a)¿Se completó con arreglo a derecho el proceso de descolonización de Mauricio cuando Mauricio obtuvo la independencia en 1968, después de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio y teniendo en cuenta el derecho internacional, incluidas las obligaciones recogidas en las resoluciones de la Asamblea General 1514 (XV), de 14 de diciembre de 1960, 2066 (XX), de 16 de diciembre de 1965, 2232 (XXI), de 20 de diciembre de 1966, y 2357 (XXII), de 19 de diciembre de 1967?”;

b) “¿Cuáles son las consecuencias en virtud del derecho internacional, incluidas las obligaciones reflejadas en las resoluciones mencionadas, que se derivan de que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte siga administrando el archipiélago de Chagos, entre otras cosas respecto a que Mauricio no pueda aplicar un programa para reasentar en el archipiélago de Chagos a sus nacionales, en particular los originarios del archipiélago de Chagos?”.

Tal y como se puede apreciar, ambas preguntas se relacionan con el derecho a la autoderterminación y con los derechos conculcados desde décadas por el Reino Unido a los habitantes de estas islas al privarlos de la posibilidad de regresar a vivir en ellas. Sin pedir expresamente a la CIJ determinar quién es el titular de los derechos soberanos en el archipiélago, la sutileza de ambas preguntas obligará ineludiblemente al juez internacional a proceder a un minucioso ejercicio en el que deberá aclararlo. La formulación de la primera pregunta impide al Reino Unido objetar la competencia de la CIJ. En la segunda, la expresión refiriendo al Reino Unido que sigue “administrando el archipiélago de Chagos” es inobjetable: en la versión en inglés la expresión usada es “the continued administration by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland of the Chagos Archipelago“.

Desde el punto de vista diplomático, la estrategia es extremadamente ingeniosa, y merece ser saludada. Desde el punto de vista jurídico, se trata de una maniobra magistral, que merece similar reconocimiento.

La vía consultiva: una opción cuando la contenciosa permanece bloqueada 

Como bien se sabe, la justicia internacional entre dos Estados se basa en el consentimiento de ambas partes. Como Estados soberanos, no siempre reconocen competencia al juez internacional: es parte de sus atribuciones soberanas. Cuando una de las dos partes no reconoce la jurisdicción de un órgano judicial, no hay posibilidad de presentar una demanda contenciosa. El procedimiento consultivo ante la CIJ permite, ya no a través de la solicitud de un Estado, sino a través de la de órganos de Naciones Unidas, obtener una decisión del juez internacional: ello, además, en el marco de un procedimiento abierto que contempla la recepción de las opiniones de los demás integrantes de la comunidad internacional. En el caso de la controversia sobre Chagos, se intentará obtener una decisión favorable a las pretensiones de Mauricio, ante la imposibilidad de demandar en un procedimiento contencioso al Reino Unido.

En otro ámbito muy distinto, es lo que se obtuvo con la opinión consultiva del 2004 de la CIJ muy desfavorable para Israel, sobre las consecuencias jurídicas de la edificación de un muro en el territorio palestino ocupado (veáse decisión de la CIJ y lista de opiniones jurídicas que fueron presentadas, en las que, por parte de América Latina solamente se registran las de Brasil y las de Cuba): esta opinión consultiva fue solicitada por la Asamblea General en el 2003. En aquella ocasión, el voto registrado fue de 90 a favor, 8 en contra y 74 abstenciones: los votos en contra: Australia, Estados Unidos, Etiopía, Israel, Micronesia, Marshall (Islas de), Nauru y Palau (véase nota de Naciones Unidas).

El arbitraje sobre Chagos del 2015: breve recapitulativo sobre un burdo intento británico de maquillaje verde

La disputa entre Mauricio y el Reino Unido sobe estas islas se evidenció en años recientes en el ámbito del derecho del mar, con un Area Marina Protegida (MPA) decretada unilateralmente por Reino Unido en el 2010, declarándose “Estado costero” sin serlo del todo. La iniciativa dió lugar a una decisión arbitral del 18 de de marzo del 2015, a solicitud de Mauricio, en el marco de los procedimientos de solución pacífica de controversias que ofrece la Convención sobre Derecho del Mar de 1982. El laudo arbitral dado a conocer por la Corte Permanente de Arbitraje (véase sitio), reconoce la ilegalidad de la decisión británica del 2010 y ofrece una renovada lectura del principio del “estoppel” en derecho internacional público.

a) Un cable Wikileaks muy revelador

Con relación a la intención detrás de la siempre muy loable preocupación por proteger el ambiente del Reino Unido, leemos en este cable confidencial hecho público por Wikileaks del 2009 que otras razones menos loables fueron las que impulsaron esta iniciativa:

He asserted that establishing a marine park would, in effect, put paid to resettlement claims of the archipelago’s former residents. Responding to Polcouns’ observation that the advocates of Chagossian resettlement continue to vigorously press their case, Roberts opined that the UK’s “environmental lobby is far more powerful than the Chagossians’ advocates.” /… /”She also asserted that the Conservatives, if in power after the next general election, would not support a Chagossian right of return. She averred that many members of the Liberal Democrats (Britain’s third largest party after Labour and the Conservatives) supported a “right of return.” /…/ “Indeed, MP Keith Simpson, the Conservatives’ Shadow Minister, Foreign Affairs, stated in the same April parliamentary debate in which Merron spoke that HMG “should take into account what I suspect is the all-party view that the rights of the Chagossian people should be recognized, and that there should at the very least be a timetable for the return of those people at least to the outer islands, if not the inner islands.” Establishing a marine reserve might, indeed, as the FCO’s Roberts stated, be the most effective long-term way to prevent any of the Chagos Islands’ former inhabitants or their descendants from resettling in the BIOT. End Comment“.

En un análisis sobre este laudo arbitral publicado en el 2016, el profesor José Juste Ruiz concluye que:

Dans le cas présent, le processus suivi par le Royaume-Uni pour déclarer l’AMP à Chagos présente en plus certains aspects douteux. Tout d’abord, le déplacement des populations locales pour faciliter la création de l’AMP n’est pas juridiquement recevable; car la préservation des droits de la nature ne doit jamais se faire aux dépens de la protection des droits de l’homme. Ensuite, la consultation adressée urbi et orbi à quiconque peut avoir un intérêt sur la question ne satisfait pas aux exigences du droit international de l’environnement qui demande de prendre en compte la volonté des « citoyens concernés » notamment au niveau local” (Nota 3).

Como se puede apreciar, el decretar de foma inconsulta áreas de protección en materia ambiental sin consultar a las comunidades aledañas o por lo menos a las autoridades de Mauricio constituyó sin lugar a dudas un ejercicio original por parte del Reino Unido, denotando no obstante que el fín perseguido era muy distinto.

b) Una operación de maquillaje que no convenció mayormente

En el precitado artículo del Profesor Antoni Pigrau Solé, el autor indica que la operación británica “envoltorio” no logró su cometido, y más bien, evidenció la intención velada sus gestores:

A pesar de su envoltorio ambientalmente muy justificable y políticamente correcto en el marco de los preparativos de la Conferencia Rio+20 sobre desarrollo sostenible 93, con esta medida, en realidad, se pretendía consolidar la actividad militar de la base de Diego García y blindar la decisión de impedir el regreso de sus habitantes originales. Su presencia siempre se había juzgado incompatible con aquella actividad, pero ahora será la incompatibilidad con la protección del medio ambiente, la fauna y la flora de la zona, el argumento público para impedir el regreso de los indígenas de Chagos. Además esta estrategia de greenwashing permitiría distraer la atención respecto de los impactos negativos de imagen asociado a la historia de la creación y el funcionamiento de la base” (página 25).

En otro análisis sobre esta decisión arbitral del 2015, se concluye por parte del jurista Michael Waibel que con este nuevo episodio, quiénes quedan en una incómoda situación ante la comunidad internacional, son las mismas autoridades británicas:

Even if the tribunal upheld only one of Mauritius’s four claims, the award plus the dissent could help mobilize opinion in favour of a negotiated settlement on the Chagos Archipelago, including the return of the Chagossians. The arbitration itself put the UK in the awkward position of having to defend a colonial legacy in the Indian Ocean whose establishment is at least in tension with the legal principles applicable to decolonization” (Nota 4).

La decisión contó con las opiniones disidentes de los árbitros James Kateka y Rüdiger Wolfrum. En su laudo, el tribunal arbitral adujo no tener competencia para determinar la soberanía sobre las islas del archipiélago de Chagos.

El antes mencionado artículo del Profesor Antoni Pigrau Solé del 2016, finaliza su análisis señalando que el rechazo por parte del tribunal arbitral abría una ventana de oportunidades que se pudo aprovechar:

La reciente decisión del Tribunal arbitral en relación con el establecimiento unilateral de la MPA, parece forzar una negociación entre el Reino Unido y Mauricio, en la que difícilmente se podrá hacer abstracción de la cuestión del retorno de los desplazados. La finalización en 2016 del plazo inicial de 50 años del acuerdo de cesión de Diego García para la creación de la base militar de Estados Unidos es otro dato que favorecería una reconsideración del caso, a pesar de que la posición de los Estados Unidos no ha variado un ápice en cuanto a su interés militar en la continuidad de la base” (página 36).

A modo de conclusión

El drama vivido por los habitantes del archipiélago de Chagos constituye un verdadero lunar (de muchos más), que la comunidad internacional ha tardado en atender, como mucho más, y ello desde 1968. Dada la reconducción inconsulta por parte del Reino Unido a Estados Unidos del acuerdo relativo a la base militar en Diego García, y ello hasta el 2036, se perdió una valiosa oportunidad para resolver la controversia mediante negociaciones directas entre Mauricio y Reino Unido. Por lo tanto, será ahora la CIJ la llamada a aclarar, en una opinión consultiva, el alcance de las pretensiones de ambos Estados. Se trata, sin lugar a dudas, de una ocasión propicia para que la justicia internacional se pronuncie sobre este drama humano, y que merece ser saludada.

Adoptada la resolución A/RES/71/292 en Nueva York, esta fue notificada por el Secretario General de Naciones Unidas al juez internacional (véase comunicado de la CIJ con fecha del 29 de junio). Sin aún haber sido recibida dicha notificación, la actitud de las autoridades del Reino Unido para impedir que la CIJ conociera del asunto ya había sido registrada en La Haya.

Notas —

Nota 1: Véase ORAISON A., “À propos du litige anglo-mauricien sur l´archipel des Chagos (La succession d’États sur les îles Diego Garcia, Peros Banhos et Salomon)“, Revue Belge de Droit International (RBDI), 1990, pp. 5-53, p. 39. Texto del artículo disponible aquí.

Nota 2: Véase PIGRAU SOLÉ A., “El caso de la isla De Diego García: Territorio sin Derecho Internacional, personas sin derechos“, Revista electrónica de Estudios Internacionales (REEI), Núm. 31, 2016, p. 22. Texto disponible aquí.

Nota 3: Véase JUSTE RUIZ J., “Création par le Royaume-Uni d’une aire marine protégée autour de l’archipel des Chagos. Différend entre le Royaume-Uni et l’Ile Maurice. Procédure arbitrale fondée sur la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer“, Revue Juridique de l´Environnement (RJE), 2016, Núm.1, pp. 141-152, p. 151.

Nota 4: Véase WAIBEL M., “Mauritius v. UK: Chagos Marine Protected Area Unlawful“, EJIL-Talk, 2015, Texto disponible aquí.

Foto de una mujer nativa de Chagos, observando el océano desde una playa en Mauricio, extraída de artículo de la BBC titulado “Chagos, las islas en el centro de una tenaz disputa entre Reino Unido y Mauricio en la que los británicos sufrieron un fuerte revés diplomático

Panamá rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y abre relaciones con China Popular

Cancillera de panama isabel Saint Malo y Wang Yi su homologo chino

Foto de la canciller de Panamá Isabel Saint Malo de Alvarado con su homólogo chino Wang Yi durante una rueda de prensa, extraída de artículo de prensa de ABC

Por: Nicolás Boeglin

 

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Panamá anunció el pasado martes 13 de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China (véase nota de El País). 

Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público que:

mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento del otro Estado, la ruptura es un acto de carácter unilateral” (véase artículo de Carles Pérez-Desoy i Fages, p. 2).

En el caso del juego político entre China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro. Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos.

Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de los 20 Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber:

– Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano;

– así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano).

América Latina y China Popular: un reconocimiento gradual

Nótese que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. Seguirían luego Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de “duplas” anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando el desconcierto de las autoridades en Taipei.

El último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China antes de Costa Rica (en el año 2007) fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007.

Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe

Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién en el 2004 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos – OEA (véase nota de prensa).

La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés).

En el ámbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuyó a aislarla un poco más de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las máximas autoridades taiwanesas (véase nota de prensa del 2007). Serán de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo también prever Panamá modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwán a un foro regional al que participe Panamá.

Recientemente, en el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo de un sector empresarial y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006:

Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

Una nota del Semanario Universidad del mismo mes de marzo del 2017 detalla la destrucción de miles de hectáreas de bosque por parte de productores de piña, que las autoridades costarricenses ignoran en los censos oficiales (véase nota). El estudioExpansión por omisión” del Estado de la Nación (2016) es en ese sentido más que revelador. Actualmente, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña con 2.126.929 toneladas exportadas: sus competidores en América Latina son Panamá, con tan solo 67.038 y Ecuador con 57.380 toneladas (véase informe de la UNCTAD 2016, p. 13).

El comunicado de prensa de Panamá del 12 de junio y la reacción taiwanesa

En el comunicado oficial emitido por Panamá mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, se lee que: “A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores” (véase texto completo del comunicado de Panamá reproducido al final de esta nota).

La reacción de Taiwán no se hizo esperar, procediendo a suspender de forma inmediata toda relación oficial con Panamá (véase comunicado de prensa de su MFA), por lo que en un segundo comunicado de prensa, con fecha del 15 de junio, Panamá dió a conocer las gestiones oficiales realizadas en favor de sus estudiantes en Taiwán, y que se lee como sigue:

Tras el anuncio del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar el bienestar de los panameños que cursan estudios con becas otorgadas por Taiwán.

Tras la realización de los encuentros interinstitucionales respectivos, y el contacto con todos los estudiantes que mantienen estas becas, la Cancillería de Panamá informa que el Gobierno de la República de Panamá, a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ofrecerá la colegiatura y protección a estudiantes que han iniciado sus carreras en universidades de Taiwán, hasta la culminación de las mismas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que como parte de establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán, ofreciéndoles la financiación según el estándar de la beca completa del Gobierno chino, reconociéndoles las materias ya cursadas en las universidades de Taiwán. Los panameños becados por Taiwán y no hayan iniciado aun los estudios, se beneficiarán con esta modalidad acordada.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han convocado a los padres de los estudiantes beneficiados con estas becas para una reunión informativa en conjunto con el IFARHU, donde se explicará a detalle el procedimiento a seguir. El encuentro será el lunes 19 de junio, a las 10:00 de la mañana en la sede de la Cancillería”.

La situación de nacionales a raíz de un sorpresivo cese de relaciones oficiales entre dos Estados

La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro.

La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas.

Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes y los de sus familias, que bien podría llevar el título “Atrapados en Taipei“, sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com).

El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica.

La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica

La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017.

En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:

On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. “The decision has been made,” he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of “following Nicaragua” on this issue. This was “not just about trade,” According to Stagno “.

En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:

12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio“.

Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.

Fondos taiwaneses e investigaciones en Costa Rica

En el ámbito estríctamente interno costarricense, se informó en el 2012 de una investigación de la Fiscalía General de la República(FGR) sobre el destino exacto de una donación de un millón de US$ de Taiwán a Costa Rica que pudo haber terminado, según indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundación privada (véase nota de prensa). En el mismo año 2012, esta misma fundación privada también fue objeto de una investigación por parte de un juez sobre una supuesta donación proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (véase nota de prensa). En este último caso, como en el anterior, la FGR optó finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepción de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores políticos costarricenses.

Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (véase estudio) señala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinería y laborioso proyecto de ampliación de la Ruta 32): según el autor de este informe,

la lectura china del proceso de formulación y ejecución de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos” (p. 5).

La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales. Valiéndose de la experiencia de otros Estados, China logró en el 2015 que Costa Rica ratificara el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre China y Costa Rica, el cual permitirá a las empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (véase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015).

A modo de conclusión

Con este nuevo reconocimiento por parte de Panamá, China consolida su posición en América Central, 10 años después de obtener similar reconocimiento por parte de Costa Rica. Mientras tanto, Taiwán deberá redoblar de esfuerzos para evitar gestos similares en el futuro: los altos montos que destina a apoyar el SICA y la cooperación que brinda de forma bilateral a Estados de América Latina y del Caribe deberán ser revisados a raiz de la experiencia reciente vivida con Panamá. Ello sin olvidarse de generosas donaciones a las campañas de posibles futuros Jefes de Estado centroamericanos.

Texto del comunicado de prensa de Panamá, con fecha del 13 de junio del 2017

A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores.

Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

El Gobierno de la República Panamá reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy mismo sus “relaciones Diplomáticas” con Taiwán, y se compromete a dejar toda relación o contacto oficial con Taiwán. El Gobierno de la República Popular China expresa su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la República de Panamá.

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Popular China acuerdan, a tenor de las estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío pronto y mutuo de Embajadores y brindar, base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así como facilitar el desempeño de sus funciones.

Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los representantes de ambas Partes para la suscripción firman el comunicado en la ciudad de Beijing, a los trece (13) días del mes de junio de 2017, en dos ejemplares en los idiomas chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, con fecha del 13 de junio del 2017

The ROC government has terminated diplomatic relations with Panama with immediate effect to uphold national dignity Date: 2017/06/13 Data Source: Public Diplomacy Coordination Council June 13, 2017

No. 001

The Republic of China has terminated diplomatic relations with the Republic of Panama with immediate effect June 13, in order to uphold the sovereignty and dignity of the nation. The ROC will close its embassy in Panama, recall its technical mission, and end all bilateral cooperation and aid programs. The ROC government expresses indignation and deep regret over Panama’s unilateral decision to sever diplomatic relations with the ROC and establish ties with the authorities in Beijing.

Following more than a century of diplomatic ties, the government of Panama led by President Juan Carlos Varela─disregarding the longstanding bonds of solidarity and friendship between the peoples of the ROC and Panama and the long-term assistance in many areas provided by the ROC in support of Panama’s national development─caved in to Beijing and decided to switch its diplomatic engagement toward the Beijing authorities for economic gain. In a highly disrespectful manner, it left the ROC in the dark about its decision until the final moments. The ROC government strongly condemns Panama’s act, and reiterates that it will not engage in checkbook diplomacy with the Beijing authorities.

In addition, the ROC government also vigorously protests and condemns the actions of the Beijing authorities, i.e., inducing Panama to break off relations with the ROC, interfering with the ROC diplomatic and international presence, and disrespecting the feelings of the Taiwanese people. As a constructive member of the international community, the ROC will remain committed to upholding peace and stability in the region, and will continue to promote steadfast diplomacy to expand its international participation and gain the international status it is entitled to. The Ministry of Foreign Affairs, and all of its diplomats at home and abroad, will not retreat in the face of challenges, and instead will work even harder in their firm dedication to safeguarding the national interest and protecting the people’s wellbeing. (E)