Cataluña: texto de la declaración de independencia 

Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: “Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Este 10 octubre, Cataluña ha hecho pública, desde el Parlament su declaración de independencia (véase texto completo al final de esta nota). Su lectura es recomendada, en la medida en que incluye varias de las reivindicaciones catalanas no atendidas, o bien objeto de una interpretación del juez constitucional español. Recordemos para el lector poco familiarizado con este tema que una larga sentencia del Tribunal Constitucional con relación al Estatuto de Cataluña de 2006 fue hecha pública tan solo el 28 de junio de 2010, es decir cuatro años después de la presentación de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular (PP) en julio de 2006. Esta sentencia (véase texto completo) incluye las opiniones individuales disidentes de cinco magistrados recogidas en 197 folios de la misma (véase nota de El País de julio del 2010).

Entre otros considerandos de la declaratoria de independencia de Cataluña hecha pública durante esta semana, se lee que:

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas“.

Pese a múltiples llamados al diálogo por parte de diversas entidades, entre ellas la Unión Europea (UE) y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas (véase breve nota nuestra al respecto), las autoridades españolas y catalanas se han negado a entablar diálogo alguno, manteniendo ambas su posición con relación al referéndum celebrado en condiciones raramente observadas, el pasado 1ero de octubre.

El resultado de una negativa a entablar diálogo alguno

La violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante esta votación y la ola de repudio e indignación que causó, han aumentado la tensión en Cataluña, sin lograrse ningún tipo de acercamiento.

La solicitud de una mediación de las autoridades catalanas para facilitarlo fue rechazada por las autoridades españolas, aduciendo que una mediación es innecesaria y que la crisis en Cataluña debe resolverse con estricto apego al derecho constitucional español. La Unión Europea (UE) en su comunicado del 2 de octubre instó a las partes al diálogo al expresar que: “We call on all relevant players to now move very swiftly from confrontation to dialogue. Violence can never be an instrument in politics” (vease texto completo de su comunicado).

Con relación a las actuaciones del juez constitucional español, es de notar que ordenó, como medida cautelar, la suspensión de una sesión del Parlament catalán prevista para el lunes 9 de octubre (véase nota de prensa): en su sentencia del 5 de octubre (véase texto completo), la justicia constitucional decidió

“4. Suspender cautelarmente, conforme al artículo 56.6 LOTC, la eficacia de los acuerdos parlamentarios impugnados y, consiguientemente, suspender la celebración el 9 de octubre de 2017 del pleno ordinario convocado por el acuerdo de la mesa del Parlamento de Cataluña de 4 de octubre de 2017

Suspendida el 9 de octubre por esta orden (inusual) de la justicia constitucional desde Madrid, la sesión del Parlament tuvo lugar en Barcelona el día siguiente, es decir el 10 de octubre: durante esta sesión, los representantes de Cataluña procedieron a hacer pública la declaración de independencia.

Un nuevo compas de espera

El Presidente de la Generalitat declaró en esta sesión solemne del 10 de octubre que “El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada” (véase nota de prensa), sugiriendo lo que algunos analistas han denominado la “vía de Eslovenia” (que permitió negociar, luego de una declaratoria de independencia suspendida, los términos y plazos para lograr hacerla plenamente efectiva).

En un comunicado oficial adoptado menos de 24 horas después (véase texto completo), las autoridades españolas han anunciado que: “El Consejo de Ministros ha acordado esta mañana requerir formalmente al Gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña, al margen de la deliberada confusión creada sobre su entrada en vigor.

Este requerimiento, previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede adoptar al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y la seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia.

Con la decisión adoptada hoy, el Gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes, y quiere evitar la confusión generada por las autoridades de la Generalitat sobre una cuestión que tanto les afecta y les preocupa.

En la respuesta que el presidente de la Generalitat dé a este requerimiento ahí se marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. Si el señor Puigdemont manifiesta su voluntad de respetar la legalidad y restablecer la normalidad institucional, se pondría fin a un período de inestabilidad, tensiones y quiebra de la convivencia“.

Algunas reacciones en América Latina

Desde el punto de vista internacional, las reacciones oficiales han sido de apoyo a España. En América Latina, se han registrado los siguientes comunicados oficiales elaborados los dias 10 y 11 de octubre, y que se mencionarán a continuación de forma breve.Argentina circuló el mismo 10 de octubre un comunicado oficial mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores titulado “Comunicado de prensa: Sobre la situación en Cataluña” llamando a las partes al diálogo:

 Información para la Prensa N°: 451/17 En relación con la situación en Cataluña, inspirado por los profundos e intensos lazos de amistad entre Argentina y España, el Gobierno argentino renueva en este día que el diálogo es necesario para encontrar una solución consensuada, en el marco de la Constitución española y el respeto a las instituciones de ese país.

El Gobierno argentino manifiesta, asimismo, su plena confianza en el Gobierno y Pueblo español, quienes a través de este diálogo lograrán garantizar la unidad de España, su integridad territorial, así como los derechos y libertades de todos sus ciudadanos”. 

Por su lado, el mismo 10 de octubre, Colombia se expresó en un comunicado de prensa de su cancillería de la siguiente manera:

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, ha seguido con detenimiento la situación en España hoy, y en particular, la declaración hecha por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

Al respecto, manifestamos nuestro rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia y confiamos en la capacidad del Gobierno español para defender el orden constitucional y garantizar los derechos y libertades de todos sus ciudadanos.

Con España nos unen vínculos históricos y fuertes lazos de amistad y esperamos que se logre avanzar en soluciones negociadas y orientadas hacia el bienestar del pueblo español.

A diferencia del comunicado de Colombia que viene sin título, Méxicoha circulado un comunicado de prensa titulado “México no reconocerá a una Cataluña independiente” (véase texto completo del comunicado de la SRE) al tiempo que Costa Rica ha difundido un comunicado oficial titulado “Costa Rica insta a respetar el estado de derecho y reitera su compromiso por la unidad del Reino de España“en el que rechaza “los actos de violencia que se han generado en torno a las manifestaciones independentistas” (sic.): véase texto completo.

Por su parte, Perú circuló el siguiente comunicado titulado “Comunicado sobre la situación en Cataluña” el 11 de octubre, que merece ser repoducido, debido al uso de palabras particularmente fuertes usadas con relación a las autoridades de Cataluña y en razón de la ausencia de un llamado al diálogo, que los demás comunicados oficiales anteriormente citados sí incluyeron:

Comunicado Oficial 042 – 17

“Ante los recientes acontecimientos ocurridos en la fecha en la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Gobierno del Perú rechaza cualquier acto o declaración unilateral de independencia de Cataluña, sea de efecto inmediato o diferido, en tanto constituiría una acción abiertamente contraria a la Constitución y las leyes españolas, además de atentar contra la unidad de España y los derechos y libertades de todos los españoles. Asimismo, el planteamiento de un diálogo o mediación no constituye un derecho legítimo de Cataluña.

El Gobierno del Perú reitera su pleno respaldo al Gobierno español y reafirma una vez más su confianza en que las autoridades españolas defenderán el orden constitucional y el ordenamiento jurídico de manera que se pueda restituir el estado de derecho y preservarse la democracia y la unidad de España“.

A modo de conclusión: breves consideraciones en torno al reconocimiento de la calidad de Estado

Es de esperar que en estos próximos días se intensifiquen las presiones para lograr algún tipo de acercamiento, desde diversos sectores, tanto nacionales como internacionales. Desde la perspectiva más específica de la técnica jurídica del reconocimiento de la calidad de Estado por otros Estados, no se ha (aún) perfilado a ningún Estado que haya anunciado que reconocerá a Cataluña como Estado soberano. Es muy probable que dentro de la UE, ningun Estado proceda a ello.

Cuando en el mes de febrero del 2008, el parlamento regional en Kosovo proclamó a Kosovo como Estado independiente (sin previa consulta o referéndum a la población), el primer Estado en reconocerlo como tal fue Costa Rica.

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Texto de la declaración de independencia de Cataluña extraído de esta nota de prensa de La Vanguardia que contiene la versión en catalán.

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE CATALUNYA

Al pueblo de Catalunya y a todos los pueblos del mundo.

La justicia y los derechos humanos individuales y colectivos intrínsecos, fundamentos irrenunciables que dan sentido a la legitimidad histórica y la tradición jurídica e institucional de Catalunya, son la base de la constitución de la República catalana.

La nación catalana, su lengua y su cultura tienen mil años de historia. Durante siglos, Catalunya se ha dotado y ha disfrutado de instituciones propias que han ejercido el autogobierno con plenitud, con la Generalitat como máxima expresión de los derechos históricos de Catalunya. El parlamentarismo ha sido, durante los períodos de libertad, la columna sobre la que se han sustentado estas instituciones, se ha canalizado a través de las Cortes Catalanas y y ha cristalizado en las Constituciones de Catalunya.

Catalunya restaura hoy su plena soberanía, perdida y largamente anhelada, tras décadas de intentar, honestamente y lealmente, la convivencia institucional con los pueblos de la península ibérica.

Desde la aprobación de la Constitución española de 1978, la política catalana ha tenido un papel clave con una actitud ejemplar, leal y democrática para con España, y con un profundo sentido de Estado.

El estado español ha respondido a esta lealtad con la denegación del reconocimiento de Catalunya como nación; y ha concedido una autonomía limitada, más administrativa que política y en proceso de recentralización; un tratamiento económico profundamente injusto y una discriminación lingüística y cultural.

El Estatuto de Autonomía, aprobado por el Parlamento y el Congreso, y refrendado por la ciudadanía catalana, debía ser el nuevo marco estable y duradero de relación bilateral entre Catalunya y España. Pero fue un acuerdo político roto por la sentencia del Tribunal Constitucional y que hace emerger nuevas reclamaciones ciudadanas.

Recogiendo las demandas de una gran mayoría de ciudadanos de Catalunya, el Parlamento, el Gobierno y la sociedad civil han pedido repetidamente acordar la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Ante la constatación de que las instituciones del Estado han rechazado toda negociación, han violentado el principio de democracia y autonomía, y han ignorado los mecanismos legales disponibles en la Constitución, la Generalitat de Catalunya ha convocado un referéndum para el ejercicio del derecho a la autodeterminación reconocido en el derecho internacional.

La organización y celebración del referéndum ha comportado la suspensión del autogobierno de Catalunya y la aplicación de facto del estado de excepción.

La brutal operación policial de carácter y estilo militar orquestada por España contra ciudadanos catalanes ha vulnerado, en muchas y repetidas ocasiones, sus libertades civiles y políticas y los principios de los Derechos Humanos, y ha contravenido los acuerdos internacionales firmados y ratificados por el Estado español.

Miles de personas, entre las que hay cientos de cargos electos e institucionales y profesionales vinculados al sector de la comunicación, la administración y la sociedad civil, han sido investigadas, detenidas, querelladas, interrogadas y amenazadas con duras penas de prisión.

Las instituciones españolas, que deberían permanecer neutrales, proteger los derechos fundamentales y arbitrar ante del conflicto político, se han convertido en parte e instrumento de estos ataques y han dejado indefensa a la ciudadanía de Catalunya.

A pesar de la violencia y la represión para intentar impedir la celebración de un proceso democrático y pacífico, los ciudadanos de Catalunya han votado mayoritariamente a favor de la constitución de la República catalana.

La constitución de la República catalana se fundamenta en la necesidad de proteger la libertad, la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos de Catalunya y de avanzar hacia un Estado de derecho y una democracia de más calidad, y responde al impedimento por parte del estado español de hacer efectivo el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

El pueblo de Catalunya es amante del derecho, y el respeto a la ley es y será una de las piedras angulares de la República. El estado catalán acatará y hará cumplir legalmente todas las disposiciones que conforman esta declaración y garantiza que la seguridad jurídica y el mantenimiento de los acuerdos suscritos formará parte del espíritu fundacional de la República catalana.

La constitución de la República es una mano tendida al diálogo. Haciendo honor a la tradición catalana del pacto, mantenemos nuestro compromiso con el acuerdo como forma de resolver los conflictos políticos. Asimismo, reafirmamos nuestra fraternidad y solidaridad con el resto de pueblos del mundo y, en especial, con aquellos con los que compartimos lengua y cultura y la región euromediterránea en defensa de las libertades individuales y colectivas.

La República catalana es una oportunidad para corregir los actuales déficits democráticos y sociales y construir una sociedad más próspera, más justa, más segura, más sostenible y más solidaria.

En virtud de todo lo que se acaba de exponer, nosotros, representantes democráticos del pueblo de Catalunya, en el libre ejercicio del derecho de autodeterminación, y de acuerdo con el mandato recibido de la ciudadanía de Catalunya,

CONSTITUIMOS la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social.

DISPONEMOS la entrada en vigor de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

INICIAMOS el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante.

AFIRMAMOS la voluntad de abrir negociaciones con el estado español, sin condicionantes previos, dirigidas a establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones deberán ser, necesariamente, en pie de igualdad.

PONEMOS EN CONOCIMIENTO de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República catalana y la propuesta de negociaciones con el estado español.

INSTAMOS a la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea a intervenir para detener la violación de derechos civiles y políticos en curso, y hacer el seguimiento del proceso negociador con el Estado español y ser testigos.

MANIFESTAMOS la voluntad de construcción de un proyecto europeo que refuerce los derechos sociales y democráticos de la ciudadanía, así como el compromiso de seguir aplicando, sin solución de continuidad y de manera unilateral, las normas del ordenamiento jurídico de la Unión Europea y las del ordenamiento de España y del autonómico catalán que transponen esta normativa.

AFIRMAMOS que Catalunya tiene la voluntad inequívoca de integrarse lo más rápidamente posible a la comunidad internacional. El nuevo Estado se compromete a respetar las obligaciones internacionales que se aplican actualmente en su territorio y continuar siendo parte de los tratados internacionales de los que es parte el Reino de España.

APELAMOS a los Estados y las organizaciones internacionales a reconocer la República catalana como Estado independiente y soberano.

INSTAMOS al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República.

HACEMOS un llamamiento a todos y cada uno de los ciudadanos de la República catalana a hacernos dignos de la libertad que nos hemos dado y construir un Estado que traduzca en acción y conducta las inspiraciones colectivas.

Los legítimos representantes del pueblo de Catalunya:

Barcelona, ​​10 de octubre de 2017

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Nicaragua / Colombia: Colombia presenta contramemoria a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

Foto de reunión entre mandatarios de Colombia y de Nicaragua a raíz del fallo de la CIJ de noviembre del 2012, celebrada en México, durante la toma de posesión del Presidente Peña Nieto en diciembre del 2012, extraída de nota de prensa de Infobae titulada “Ortega y Santos se reunieron por el fallo de la CIJ“.

 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia


El 28 de setiembre del 2017, Colombia procedió a depositar formalmente ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) su documento escrito (contramemoria) en respuesta a una de las dos nuevas demandas presentadas en su contra por Nicaragua en el año 2013 (véase comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reproducido al final de esta nota).

Breve contextualización

Como se recordará, Nicaragua en el 2001 presentó una demanda contra Colombia en materia de delimitación marítima en el Caribe, la cual fue objeto de un fallo, dictaminado en La Haya en noviembre del 2012. Como es costumbre luego de leerse un fallo de la CIJ entre dos Estados, ambos jefes de Estado tuvieron la oportunidad de reunirse unas semanas después, con ocasión de la toma de posesión del nuevo Presidente de México, Enrique Peña Nieto. No obstante, conforme fue pasando el tiempo, el tono de voz en Colombia cambió, y Nicaragua optó por interponer dos nuevas demandas contra Colombia, a saber:

– Una primera demanda con fecha del 13 de setiembre del 2013, (véase texto en inglés y francés) en la que pide a la CIJ fijar el límite de su plataforma continental en la zona en la que hay traslapes con la de Colombia, y precisar las reglas aplicables con relación a la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas en el Caribe. Resulta oportuno precisar que pocos días antes, el 10 de setiembre del 2013, Colombia anunció oficialmente que el fallo de la CIJ del 2012 era “inaplicable” (Nota 1). La ofensiva verbal de Colombia se extendió luego a Naciones Unidas (Nota 2).

– Una segunda demanda presentada el 26 de noviembre del 2013 en la que Nicaragua pide a la CIJ que dictamine que Colombia ha violado la obligación que tiene de abstenerse de recurrir al uso o a la amenaza de la fuerza y que establezca que Colombia ha violado repetidamente los espacios marítimos de Nicaragua declarados como tal en el fallo del 2012 de la CIJ: la demanda viene acompañada de un juego de anexos (10 en total) que documentan de manera precisa la actitud y el tono hostil de las declaraciones de las máximas autoridades de Colombia (véase texto en inglés y en francés de la demanda). Es de notar que esta demanda se presentó a pocos días de surtir sus efectos la denuncia del Pacto de Bogotá por parte de Colombia, formalizada en noviembre del 2012 (Nota 3).

Un primer intento de Colombia para esquivar la competencia de la CIJ

La estrategia colombiana, como en el caso de la demanda interpuesta en el 2001 por Nicaragua, ha consistido en intentar evitar que la CIJ examine el fondo de ambas demandas. Pese a cuestionar la competencia del juez internacional, presentando Colombia para ambas demandas una serie de excepciones preliminares, la CIJ se declaró plenamente competente en su decisión de marzo del 2016, permitiendo que el procedimiento sobre el fondo continúe sin mayor dilación en ambas demandas (véase decisión de la CIJ en el caso de la primera demanda y decisión de la CIJ en el caso de la segunda demanda).

Ambos fallos dictaminados en La Haya el 17 de marzo del 2016 son muy similares en cuanto a su redacción, en la medida en que Colombia utilizó y repitió varios de los argumentos en ambos intentos para sustraerse de la competencia de la CIJ. En la parte final de ambas decisiones, se encuentra el resultado de la votación en el que aparece y reaparece con cierta regularidad en una de ellas un voto de quince contra uno, el único voto que se desmarcó siendo el de los jueces ad hoc designados por Colombia para cada demanda. Ello evidencia el poco eco a las posiciones de Colombia en el seno mismo de los integrantes de la CIJ, con unas excepciones en las que la decisión de tomó por el voto preponderante de su Presidente. Si analizamos uno a uno el rechazo a estas diversas excepciones en ambos casos, se notará que fueron descartadas en su mayoría de forma casi unánime por parte de los integrantes titulares de la CIJ, con unas cuantas excepciones. Ello podría augurarle tiempos difíciles a Colombia de cara al procedimiento ulterior sobre el fondo.

Con relación al uso de las excepciones preliminares y al riesgo que puede acarrear para el Estado que las presenta, remitimos al lector a nuestra breve nota sobre ambas decisiones de la CIJ, publicada en el sitio Ius360.

Hacemos notar que, pese a contar la ciencia del derecho internacional con un valioso instrumento como lo puede ser el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), no se ha encontrado análisis pormenorizado de ambas decisiones del 2015 que hubiésemos querido consultar, y, si fuese del caso, citar en las referencias bibliográficas (véase últimos números del ACDI).

Declaración sobre competencia y reanudación del procedimiento sobre el fondo

La presentación de excepciones preliminares constituye un incidente procesal mediante el cual el Estado demandado pretende demonstrar que la CIJ es incompetente para conocer sobre el fondo del asunto. Desde el punto de vista estrictamente procesal, las excepciones preliminares abren un primer compás de espera dentro del procedimiento contencioso, en el que, luego de leer y de oír a ambas partes, la CIJ decide si es o no competente.

En el caso de las dos demandas de Nicaragua contra Colombia, al declararse competente en ambos casos, el procedimiento contencionso se reanuda y la Corte procede sin mayor dilación a fijar los plazos para la presentación de escritos por parte de ambas partes:

– en el caso de la segunda demanda, la CIJ ordenó a Colombia entregar su contramemoria el 17 de noviembre del 2016 (véase ordenanza de la CIJ en francés el mismo 17 de marzo del 2016 en que se pronunciaba sobre su competencia). Al respecto, remitimos a la entrevista hecha por El Tiempo al coagente de Colombia en La Haya, al depositar Colombia su escrito en noviembre del 2016 a la CIJ (disponible aquí).

– en el caso de la primera demanda, la ordenanza del 28 de abril del 2016 (véase texto en inglés) indicó a ambos Estados los siguientes plazos: la memoria de Nicaragua, a ser entregada el 28 de setiembre del 2016; y la contramemoria de Colombia, el 28 de setiembre del 2017.

Un interesante detalle poco divulgado

Es de notar que en esta última ordenanza del juez internacional, se lee que Colombia optó por no asistir a una reunión convocada por la Secretaría de la CIJ con las partes y con el Presidente de la CIJ. En efecto se señala que:

Whereas, by a letter dated 1 April 2016, the Registrar informed both Parties that the President of the Court would hold a meeting on 21 April 2016, pursuant to Article 31 of the Rules of Court, in order to ascertain their views with regard to the further procedure in the case; Whereas, by a letter dated 20 April 2016, the Agent of Colombia indicated to the Registrar that neither himself nor the Co-Agent of Colombia would be able to attend the meeting convened by the President… /…

Considérant que, par lettre en date du 1er avril 2016, les deux Parties ont été informées par le greffier que le président de la Cour tiendrait une réunion le 21 avril 2016, conformément à l’article 31 du Règlement de la Cour, afin de s’enquérir de leurs vues sur la suite de la procédure ; Considérant que, par lettre en date du 20 avril 2016, l’agent de la République de Colombie a informé le greffier que ni le coagent ni lui-même ne seraient en mesure d’assister à la réunion convoquée par le président…”

No se ha podido tener acceso al texto de la carta enviada por Colombia 24 horas de la cita convenida con el Presidente de la CIJ, en aras de conocer las razones alegadas por la Embajada de Colombia en La Haya para justificar la ausencia de sus representantes a dicha reunión. Hemos revisado diversas ordenanzas de la CIJ sobre la fijación de plazos en otros casos contenciosos, para saber si existe algún precedente similar, sin éxito a la fecha. Tampoco se hizo notorio un documento oficial de Colombia anunciando que no participaría más a reuniones en La Haya (en razón, por ejemplo, de haber optado por no comparecer más ante la CIJ).

Ante la duda sobre lo que pudo impedir que un diplomático colombiano se hiciera presente, nos permitimos solicitar a nuestros estimables lectores colombianos (y en particular a los integrantes de círculos como la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI) o que forman parte de su aparato diplomático) remitirnos el texto de esta carta, con el fin de conocer las razones oficiales presentadas por Colombia a la CIJ para desistir del envío de su representante a una cita de esta naturaleza (se puede enviar al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com y se garantizará absoluta confidencialidad si así fuese requerida).

Usualmente, al estudiar el procedimiento contencioso ante la CIJ, se señala la importancia de estas reuniones con la Presidencia de la CIJ, al tomar esta última el parecer de ambas partes para fijar los plazos y resolver asuntos varios de carácter procesal. Por ejemplo, en el caso de la demanda de Costa Rica contra Nicaragua presentada en febrero del 2014 en materia de delimitación marítima, en su ordenanza del 1ero de abril del 2014 (véase texto), la CIJ fijó un plazo de diez meses para la presentación de las piezas escritas: nótese que Costa Rica había pedido un plazo de seis meses, mientras que Nicaragua había solicitado uno de doce meses para que cada parte redactara sus alegatos. Como se puede apreciar a partir de este ejemplo entre muchos otros, para ambas partes es recomendable asistir a estas reuniones.

No osbtante lo dicho anteriormente, estamos anuentes a incluir un acápite en el caso de Colombia, en particular si se logra avanzar la idea de alguna ventaja del Estado que no asiste. Salvo error de nuestra parte, no se ha oido de una sobrecarga de trabajo de la legación diplomática en La Haya o de un problema de salud generalizado a todo el personal de la misión colombiana durante la tercera semana de abril del 2016 que impidiera enviar a un representante a una cita con el Presidente del máximo órgano jurisdiccional de Naciones Unidas.

A modo de conclusión

Cuando, en marzo del 2016, la CIJ rechazó las excepciones preliminares presentadas por Colombia, el Presidente calificó la decisión de la CIJ de declararse competente como “algo injurioso” para Colombia (véase video de la Agencia Andes), anunciando posteriormente que Colombia optaría por no comparecer más ante la CIJ (véase video de Cablenoticias). Nos permitimos concluir, en aquella ocasión, nuestro análisis de marzo del 2016 (Nota 4) de la siguiente manera: “A la hora de redactar estas breves líneas, no queda claro si Colombia tiene claridad sobre la estrategia que está siguiendo desde el 2012 ante las pretensiones de Nicaragua. Su aparato estatal está exhibiendo ante los ojos del mundo un espectáculo raramente visto, con un lenguaje corporal inédito en los anales de la justicia internacional (que posiblemente sea explotada por los hábiles asesores de Nicaragua)“.

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Nota 1: Sobre este anuncio del Presidente de Colombia, remitimos a nuestra breve nota: BOEGLIN N., “La décision de la Colombie de déclarer « non applicable » l´arrêt de la CIJ : brèves réflexions“, Université de Laval, setiembre del 2013. Texto disponible aquí.

Nota 2: Como tuvimos la oportunidad de escribirlo,

En el plano internacional, el mismo Poder Ejecutivo anunció, días antes de iniciar la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York de septiembre del 2013, que enviaría una carta suscrita conjuntamente con Costa Rica, Jamaica y Panamá denunciando el “expansionismo” de Nicaragua en el Caribe ante los órganos de Naciones Unidas (ver nota de El Espectador). A la fecha no se tiene mucha certeza con respecto al documento objeto de este anuncio presidencial: pese a diversas solicitudes hechas por el suscrito a colegas diplomáticos y funcionarios en Naciones Unidas para conocer el contenido de esta carta, no aparece registro de este documento, ni se ha logrado saber si fue efectivamente suscrito (o no) por estos tres Estados mencionados y Colombia“: véase BOEGLIN N., “Nicaragua y Colombia a audiencias ante la CIJ“, Debate Global, octubre del 2015, ACCOLDI, texto disponible aquí. Pese a la solicitud hecha en esta nota del 2015, publicada en un sitio jurídico colombiano, no se ha tenido aún acceso a la carta colectiva anunciada por Colombia en el 2013, por lo que agradecemos nuevamente a nuestros estimables lectores su colaboración al respecto.

Nota 3: Véase sobre esta denuncia nuestra breve nota publicada en el boletín de la SFDI (Francia): BOEGLIN N., «Le retrait du Pacte de Bogota par la Colombie », SFDI, Sentinelle, Num. 326, Diciembre 2012, disponible aquí.

Nota 4: Véase BOEGLIN N., “Nicaragua / Colombia: la CIJ se declara competente“, OPALC (Sciences-Po, Paris), marzo del 2016, disponible aquí.

— Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia con fecha del 28/09/2017 —

Comunicado sobre los avances en la defensa de Colombia en el caso ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’ 28/09/2017

• En cumplimiento del cronograma establecido por la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno presentó hoy 28 de septiembre (12 p.m. hora de La Haya – 5 a.m. hora de Colombia) el documento por medio del cual Colombia respondió todos y cada uno de los puntos y argumentos planteados por Nicaragua en el proceso sobre la ‘Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense’.

• La presentación se da en cumplimiento de los plazos establecidos por la Corte luego de que esta se declarara competente para el caso y no significa que hoy se haya tomado ninguna decisión frente a este caso.

• En el proceso la Corte tiene que decidir si puede proceder a realizar una delimitación de la plataforma continental, es decir el subsuelo marino, más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. Así mismo, si Nicaragua tiene o no los derechos que alega.

• La Contramemoria es un documento en el cual Colombia responde, punto por punto y argumento por argumento, los alegatos planteados en la Memoria que Nicaragua entregó a la Corte.

• De conformidad con las reglas y prácticas de la Corte, los documentos sometidos a consideración de la Corte son de carácter confidencial y, por consiguiente, no es posible revelar su contenido hasta que se abra la fase oral del proceso judicial. No obstante, el Gobierno Nacional se permite informar a los colombianos que se sometieron a la Corte argumentos científicos, jurídicos e institucionales indicando las razones por las cuales esta no puede proceder con una delimitación como lo pretende Nicaragua. Su reclamación de una supuesta plataforma continental extendida no tiene ningún fundamento y Colombia demostró que tiene plena e indiscutible titularidad sobre el área marítima reclamada por Nicaragua.

• El Gobierno Nacional continúa defendiendo con firmeza la integridad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y los derechos de Colombia en el mar Caribe. 

Referéndum en Cataluña: Alto Comisionado de Derechos humanos de Naciones Unidas pide a España investigar violencia policial

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Foto tomada de nota de prensa de resumenlatinoamericano.org

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

A raíz de la violencia utilizada por las fuerzas de seguridad españolas durante la votación acaecida en Cataluña el pasado Domingo 1° de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas ha externado su profunda preocupación.

Como se recordará, la ley convocando a un referéndum para 1° de octubre del 2017 adoptada el 6 de setiembre del 2017 fue declarada ilegal por el juez constitucional español el 7 de setiembre pasado, invalidando el resultado en las urnas, cual haya sido este (con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360 titulada “Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional“). Con relación a las fuerzas de seguridad, cabe precisar que los Mossos d´Esquadracatalanes se negaron a desalojar los colegios electorales durante el referéndum, pese a una orden judicial.

Con fecha del 2 de octubre, una de las máximas instancias de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, insta a España a colaborar con los requerimientos de información que le serán notificados desde Naciones Unidas. El texto que a continuación se reproduce textualmente se lee de la siguiente manera:

Comment by the UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein on the situation in Catalonia, Spain GENEVA (2 October 2017) – I am very disturbed by the violence in Catalonia on Sunday. With hundreds of people reported injured, I urge the Spanish authorities to ensure thorough, independent and impartial investigations into all acts of violence. Police responses must at all times be proportionate and necessary.

I firmly believe that the current situation should be resolved through political dialogue, with full respect for democratic freedoms.

I call on the Government of Spain to accept without delay the requests by relevant UN human rights experts to visit. ENDS”

Como se puede observar, se invita a España a colaborar “without delay” con los distintos mecanismos previstos en materia de derechos humanos para examinar la actuación de sus fuerzas de seguridad: las imágenes de varias “cargas” policiales contra votantes, muchos de ellos adultos mayores, han conmocionado a España y al resto del mundo, denotando una clara intención que ahora es necesario investigar y sancionar. Intentar “blindar” estas cuestionables actuaciones policiales y permitir que la impunidad prevalezca sólo contribuirá, en nuestra modesta opinión, a exacerbar áun más los ánimos en el seno de la sociedad catalana.

Nótese que las advertencias fueron hechas en su momento: a tan solo 48 horas de realizarse el referéndum, en medio de fuertes movilizaciones en Cataluña a favor del referéndum y del envío de refuerzos policiales por parte de España a Cataluña, dos expertos de Naciones Unidas en derechos humanos advirtieron a España con relación a su obligación de resguardar los derechos de reunión, garantizar el derecho a manifestarse de forma pacífica y a otras libertades fundamentales (véase al respecto nuestra breve nota publicada en ElPais.cr).

El uso desproporcionado (e innecesario) de la fuerza contra los votantes durante el pasado 1ero de octubre por parte de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil españolas ha generado una ola de repudio y de indignación en diversas partes del mundo. No obstante, al momento de redactar estas líneas, no se registra ningún comunicado oficial de algún Estado condenando expresamente la situación que se vivió durante el referéndum en Cataluña, la cual contabiliza ya a 844 heridos, según las cifras dadas a conocer por las autoridades sanitarias catalanas (véase nota de prensa).

En un breve comunicado de prensa, la Unión Europea (UE) circuló el siguiente comunicado cuyo texto omite todo señalamiento a la violencia policial y precisa que: ” Para la Comisión Europea, tal y como el Presidente Juncker ha reiterado repetidamente, este es un asunto interno de España, que hay que abordar de conformidad con el ordenamiento constitucional de España“. La versión en inglés se encuentra disponible en este enlace. El mismo escueto texto concluye indicando que: “Confiamos en el liderazgo del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy para gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados“.

Salvo error de nuestra parte, no se registra ningun comunicado por parte del Consejo de Europa ni de ninguna otra organización internacional, sea de carácter universal, sea de carácter regional.

Como es sabido, España ha promovido, conjuntamente con Australia por parte del Grupo Occidental (véase sitio oficial de Naciones Unidas sobre los demás Estados postulados) su candidatura para ser electa miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una votación que tendrá lugar el próximo 16 de octubre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas: véase breve nota nuestra con respecto a los candidatos por América Latina y los votos obtenidos en los últimos cinco ejercicios de este tipo.

Comunicado de Naciones Unidas a España sobre Medidas Tomadas de Cara al Referéndum en Cataluña y Derechos Humanos

Foto extraída de nuestra nota publicada en HablandoClaro (Radio Columbia) titulada: “Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

Este 28 de setiembre, expertos de Naciones Unidas han hecho un vehemente llamado a España a respetar los derechos de los ciudadanos, de cara al referéndum previsto para este 1° de octubre del 2017, y declarado ilegal por las autoridades españolas. Con relación a aspectos jurídicos, tanto de carácter constitucional como internacional, remitimos al lector a nuestra breve nota publicada en el portal de Ius360.

Ante la negativa de la Generalitat de desconvocar la consulta, pese a haber sido declarada ilegal desde el pasado 7 de setiembre por el juez constitucional español, la tensión se ha incrementado en los últimos días, con movilizaciones de diversos sectores de la sociedad catalana favorables al “derecho a decidir” en las urnas su futuro. Las autoridades catalanas han procedido a reimprimir boletas decomisadas por las autoridades españolas, a reemplazar las urnas interceptadas por las autoridades por otras confeccionadas en los últimos días, y a crear sitios distintos a los desactivados por orden de la justicia española conteniendo información sobre los centros de votación. Estas y otras actuaciones se dan en medio de acciones legales contra algunas de las medidas decididas por las autoridades españolas.

Los expertos en derechos humanos de Naciones Unidas señalan, entre otros puntos, que

Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española“.

El pasado 23 de setiembre, fue la ONG Amnistía Internacional la que hizo ver en un comunicado que, además de cuidar el tono de sus declaraciones, las autoridades españolas debían resguardar y proteger los derechos a la libertad de expresión y a manifestarse de forma pacífica.

Mientras que desde Ginebra se circuló el comunicado de Naciones Unidas, desde Bruselas fueron las autoridades catalanas las que explicaron ante medios de prensa internacionales convocados para la ocasión que la jornada electoral se realizará pese a todas las acciones llevadas a cabo por España para impedirla: véase nota de prensa sobre declaraciones de Raul Romeva en Bruselas.

El uso del derecho penal para frenar las pretensiones de las autoridades catalanas (citación de alcaldes catalanes a declarar ante la Fiscalía, intercepción y decomiso del material previsto para las urnas, desactivación ordenada por la justicia española de los sitios que informan a los electores, penalización de quiénes son llamados a formar parte de las mesas electorales, entre otras medidas) constituye una peligrosa opción de las actuales autoridades españolas, renuentes a cualquier negociación política con las máximas autoridades de Cataluña en los últimos años.

A continuación se reproduce textualmente el comunicado circulado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (versión en español y en inglés), 48 horas antes de la consulta que la Generalitat ha convocado y mantenido como tal para este próximo Domingo 1ero de octubre.

España debe garantizar el respeto a derechos fundamentales en su respuesta al referéndum catalán 

GINEBRA (28 de septiembre de 2017) – Dos expertos de las Naciones Unidas* exhortaron a las autoridades españolas a garantizar que las medidas adoptadas antes del referéndum catalán del 1 de octubre no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública.

El gobierno catalán ha programado un referéndum sobre la independencia de la comunidad autónoma para el 1 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de España decidió el 6 de septiembre que el referéndum sería inconstitucional.

“Independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas”, dijeron los expertos.

Desde la sentencia, cientos de miles de catalanes han salido a la calle para protestar. Las tensiones han aumentado, con las autoridades registrando casas de imprenta y confiscando materiales electorales. Varios sitios web relativos al referéndum han sido bloqueados y las reuniones políticas al respecto han cesado.

Diferentes personajes políticos han sido arrestados, al tiempo que los dirigentes de las protestas masivas han sido acusados de sedición, un crimen que conlleva una pena máxima de 15 años de prisión.

“Las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, limitando el flujo de información pública y la posibilidad de un debate abierto en un momento crítico para la democracia española”, señalaron.

El 21 de septiembre, más de 4.000 agentes de policía fueron desplegados en la región autónoma, con una orden del Gobierno de ‘actuar en caso de que se celebrara el referéndum ilegal’.

“Nos preocupa que esta orden y la retórica que la acompaña puedan aumentar las tensiones y el malestar social”, dijeron los expertos.

“Instamos a todas las partes a ejercer la mayor moderación y a evitar actos violentos de cualquier tipo en el contexto de las protestas pacíficas que se den en los próximos días”, concluyeron.

Los expertos han estado en contacto con el Gobierno de España con respecto a la situación.
(*) Los expertos: el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión y expresión y el Sr. Alfred de Zayas, Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo.

English version

Spain must respect fundamental rights in response to Catalan referendum, UN rights experts 

GENEVA (28 September 2017) – UN experts* have called on the Spanish authorities to ensure that measures taken ahead of the Catalan referendum on 1 October do not interfere with the fundamental rights to freedom of expression, assembly and association, and public participation.

The Catalan government has scheduled a referendum on independence for the autonomous region for 1 October. However, the Constitutional Court of Spain decided on 6 September that the referendum would be unconstitutional.

“Regardless of the lawfulness of the referendum, the Spanish authorities have a responsibility to respect those rights that are essential to democratic societies,” the experts said.

Since the ruling, hundreds of thousands of Catalans have taken to the streets in protests. Tensions have escalated, with the authorities searching print houses and seizing referendum material. Websites have been blocked, and political meetings stopped.

Politicians have been arrested, and leaders of the mass protests have been charged with sedition, a crime which carries a maximum sentence of 15 years imprisonment.

“The measures we are witnessing are worrying because they appear to violate fundamental individual rights, cutting off public information and the possibility of debate at a critical moment for Spain’s democracy.”

On 21 September, more than 4,000 police officers were deployed to the autonomous region, with an order from the Government to “act in case the illegal referendum takes place”.

“We are concerned that this order and the accompanying rhetoric may heighten tensions and social unrest,” the experts said.

“We urge all parties to exercise the utmost restraint and avoid violence of any kind to ensure peaceful protests in the coming days”, they concluded.

The experts have been in contact with the government of Spain concerning the situation.

FORO LEGAL & EMPRESARIAL COMPLIANCE

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Por: Andrés Barreto, Miembro Fundador de ACCOLDI y Of Counsel Moncada Abogados

El próximo 23 de noviembre en la Ciudad de Panamá, Moncada Abogados, la Universidad de Salerno y Solutions, desarrollarán el Foro Legal y Empresarial sobre Compliance, el cual tendrá como escenario el Trump International Hotel & Tower de esa ciudad.

Expertos internacionales debatirán sobre la prevención de riesgos legales empresariales, novedades en cooperación judicial y rastreo de bienes en el mundo, inteligencia corporativa, tendencias en responsabilidad penal de personas jurídicas, inhabilidades por soborno y corrupción transnacional, novedades en intercambio automático de información entre autoridades tributarias de EE. UU., Suiza, Panamá y Latinoamérica, agencias de detectives y despachos de abogados, reflexiones sobre el lenguaje al uso en el crimen organizado, tendencias regulatorias después de los Panamá Papers, protección de datos y responsabilidad demostrada, prevención de lavado de activos, políticas y normas técnicas globales y listas restrictivas de aplicación para empresas.

Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer también la perspectiva del sector bancario regional en materia de compliance; aprender sobre el alcance de novedosas normas técnicas ISO y UNE, y de analizar experiencias en el manejo de crisis en las empresas por descubrimiento de fraudes. Los asistentes al Foro podrán ilustrarse, asimismo, sobre experiencias policiales en materia de inteligencia corporativa y financiera, experiencias en la problemática del rastreo internacional de bienes y en cuestiones prácticas que atañen a investigaciones sobre entramados societarios ocultos.

Los despachos de abogados podrán conocer qué servicios de investigación ofrece el mercado para apoyar la prestación de servicios legales. El foro ofrece un networking cara a cara de los asistentes con los mejores exponentes Europa y Latam en materia de cumplimiento normativo.

El evento será instalado por el Señor Procurador General de Colombia, Fernando Carrillo, y contará con la presencia de expositores internacionales de España, Italia y Perú, quienes desde una perspectiva multidisciplinaria se ocuparán de un tema de actualidad como es el Compliance. El evento será clausurado por el Señor Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Enrique Gil Botero.

Se puede obtener mayor información y realizar la inscripción en www.eventosmoncada.com.co así mismo Viajes El Corte Inglés ofrece los paquetes aéreos y turísticos.

Tercer Green Lunch: la responsabilidad internacional ambiental de la empresa privada en el sector extractivo

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En Colombia, al igual que muchos otros países latinoamericanos, las empresas multinacionales dedicadas al extractivismo (en todas sus formas) tienen gran influencia sobre la vida y el territorio. En la actualidad, muchas de sus actividades han sido cuestionadas desde distintos sectores a tal punto que la gestión de muchas de ellas ha sido puesta bajo la lupa en varias oportunidades; incluso en la opinión pública es posible identificar cierta reticencia al respecto. Uno de los impactos más discutidos, y, además, más trágicamente visibles, es y continuara siendo el ambiental.  Es por ello porque lo que son las empresas actores indispensables a la hora de ejercer un rol activo en el impulso de estrategias de producción sostenible y cuidado de la naturaleza.

De ese modo, y con la intención de sumarse a la discusión y cualificar argumentos para incrementar el entendimiento en la cuestión, el pasado 15 de septiembre la tercera versión del Green Lunch auspiciada por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Academia Colombiana de Derecho Internacional giró en torno a la Responsabilidad Internacional Ambiental de la empresa privada, y, de manera particular, al sector extractivo. Indiscutiblemente, una de las estrategias más sonadas para enfrentar la problemática ambiental de la extracción de recursos naturales a nivel global.

En su introducción, Fabián Cárdenas, director del Green Lunch y profesor titular de Derecho Internacional Ambiental de la UTadeo, explicó la relevancia del tema en el contexto contemporáneo y reseñó como el derecho internacional público ha reconocido a las empresas multinacionales como sujetos de derecho. Para el profesor Cárdenas el hecho de las más importantes organizaciones internacionales (entre ellas la ONU) hayan creado instrumentos estudien el alcance y los límites de la actividad de los grandes conglomerados productivos con relación a los derechos humanos y el medio ambiente dice mucho de la importancia de estas. Dicha importancia tiene que ver con el impacto que sus actividades tienen sobre lo que se denomina la res communis, o todos aquellos bienes que comparte la humanidad, y como ya se ha señalado, es negativo, por no decir destructivo. Lo anterior derivó en la creación participativa de una serie de principios, como, por ejemplo, la obligación de rendir de cuentas públicamente y la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, que permitirían ejercer una veeduría real sobre el estado de sus actividades y los potenciales riesgos de su intervención.

Desde su perspectiva institucional, Angela Rivera, asesora de la oficina de asuntos internacionales y de la dirección de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, centró su presentación en el Convenio de Minamata sobre el uso del mercurio en actividades productivas, y, para efectos de la presentación, reseñó el estado actual del instrumento y las posibilidades que abre este. Actualmente Colombia no hace parte del Tratado, es decir, no ha sido ratificado por el procedimiento ordinario a través del Congreso. Sin embargo, la delegación colombiana ha participado activamente en todos los escenarios de negociación y promoción a nivel regional. Particularmente se refirió al art. 7 del Convenio en donde es abordado específicamente el tema de la minería artesanal o a pequeña escala (en donde es utilizado el mercurio para la extracción de oro) señalando que debido a la especificidad de la situación en nuestro país (en donde la actividad se categoriza como de subsistencia, es decir, que las personas viven día a día de ello) no es posible prohibirla sin antes construir estrategias gubernamentales que permitan hacer el tránsito a otras actividades que no incluyan el uso de aquella sustancia.

Tal vez una de las de intervenciones más esperadas fue la de Almicar García, gerente de Asuntos Ambientales de la multinacional Drummond Ltd., quien encamino su presentación hacia lo que ha venido haciendo su empresa para posicionarse como una de las más progresistas y responsables ambientalmente en todos los momentos de la extracción y distribución del carbón. La responsabilidad ambiental desde su punto de vista corresponde a todos los esfuerzos que la empresa hace por devolver una parte de lo que gana a las comunidades que de algún modo se han visto afectadas por sus actividades. No sólo es cumplir lo que establece la ley sino ir mucho más allá y tratar de ser un ejemplo de buenas prácticas empresariales, afirmó, invirtiendo en proyectos de recuperación ambiental y en obras de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los territorios en donde la minería tiene lugar. Por otro lado, sentó su postura y condeno la minería ilegal, la cual calificó como el peor problema ambiental de país y aseguró que es necesario continuar con los esfuerzos que ha hecho el gobierno para erradicarla. Para finalizar su intervención, señaló la importancia de que la academia acompañe a la empresa para que cada vez sean mejores las maneras de realizar los procesos de extracción y transporte, y, así, se logren mitigar algunos de los daños producidos.

Desde su punto de vista de académico y consultor, Milton Montoya, director de investigaciones del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado, presentó un panorama actual de lo que viene aconteciendo en nuestro país respecto a la tendencia popular de rechazar algunas de las expresiones de la minería a gran escala.  Para Montoya la proliferación de consultas populares ha dejado claro que es necesaria la puntualización de las competencias de los entes territoriales sobre asuntos que potencialmente podrían significar aprietos para gobierno central, como, por ejemplo, eventuales demandas por incumplimiento de contratos en tribunales de arbitramento, disminución de ingresos por regalías, descalificaciones en los informes de confianza para inversión extrajera, entre otros. Para ilustrar su punto, según la Asociación Colombiana de Minería actualmente hay 49 consultas populares en proceso de convocatoria y 17 acuerdos municipales que pueden definir el futuro de algunos de los proyectos más ambiciosos en el país que tienen que ver directamente con la industria minero-energética.

Lejos de agotar las discusiones, esta versión del evento dejo más inquietudes que respuestas, y, del mismo modo, algunos argumentos de primera mano para evaluar el papel de las autoridades ambientales competentes y las empresas multinacionales siempre activas en su quehacer. No cabe duda de que el tema requiere especial atención a la luz de los hechos más recientes de nuestro país, sobre todo respecto a los paros mineros, movilizaciones sociales y movimientos sociales que han surgido como una síntesis de la inconformidad y rechazó hacia la minería a gran escala.

 

Referéndum en Cataluña: a propósito de la carta colectiva de profesores de derecho internacional 

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica (UCR). Doctor en Derecho de la Universidad de París, Máster en Derecho del Instituto Universitario Europeo de Florencia

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Foto extraída de nota de prensa de DiarioUCHile

Ante la tensión que se vive en España de cara al referéndum convocado por la Generalitat para este primero de octubre del 2017, una carta colectiva denominada “Declaración sobre la falta de fundamentación en el Derecho Internacional del referéndum de independencia que se pretende celebrar en Cataluña” ha circulado: en este texto, los firmantes hacen ver que no existe ningun fundamento jurídico existente en derecho internacional que permita sostener jurídicamente esta consulta popular.

Una ley catalana declarada inconstitucional en derecho español

El texto de la ley 19/2017 que faculta a las autoridades catalanas para realizarla, adoptada por el Parlament catalán el 6 de setiembre del 2017, puede ser consultado en este enlace. Esta ley fue suspendida por el Tribunal Constitucional 24 horas después de adoptada por el Parlament, en una escueta decisión escasamente fundamentada al acoger un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Poder Ejecutivo español (véase texto de la decisión del juez constitucional del 7 de setiembre del 2017)

Foto extraída de artículo de prensa de El Confidencial (2016)

Derecho internacional y derecho a la autoderterminación de los pueblos en el caso de Cataluña 

Con relación a la carta colectiva, remitimos al lector al texto completo de la misiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Los tres últimos puntos de este llamado colectivo se leen de la siguiente manera, intentando responder al preámbulo de la Ley 19/2017 y las referencias que hace a reglas existentes en el plano internacional aplicables al caso catalán:

4. Las normas generales del Derecho Internacional no prohíben que los Estados soberanos, atendiendo al principio de autoorganización, dispongan en sus propios ordenamientos jurídicos supuestos y procedimientos de separación de sus comunidades territoriales. La inmensa mayoría, lejos de hacerlo, proclaman la unidad e integridad territorial como principios básicos de su orden constitucional.

5. La Unión Europea respeta y protege la identidad nacional y la estructura constitucional y de autogobierno de sus Estados. Además, el Derecho de la Unión exige de éstos que respeten y hagan respetar el Estado de Derecho, de modo que todos los poderes públicos se sometan a la Constitución, a las leyes y a su aplicación por los tribunales.

6. Como Cataluña no es una entidad que disfrute de un derecho de separación del Estado reconocido por el Derecho internacional, el derecho de libre determinación no puede constituir el fundamento jurídico para consultar a los ciudadanos sobre su independencia, como pretende el referéndum previsto en la Ley 19/2017 del Parlament, actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional. “

Como se puede apreciar, el derecho de libre determinación no aplica al caso catalán, según los suscriptores del texto, que omite no obstante mencionar el “derecho a decidir” al que refieren algunos autores catalanes.

Si bien la lista de firmantes reúne a más de 300 profesores, el debate doctrinal queda abierto. La ausencia de fundamentación del Tribunal Constitucional al suspender la aplicación ley 19/2017 mantiene una serie de interrogantes. Especialistas catalanes llegan a una conclusión distinta, como el artículo titulado “Legalidad internacional y derecho a decidir” de Xavier Pons Rafols (disponible en la red) o bien este artículo de Josep Costa, para citar algunos de muchos autores favorables a la aplicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos en el caso de Cataluña. En el 2013, un reconocido profesor de Québec (Canadá) llegó a conclusiones similares a las de sus colegas catalanes sobre la potestad del Parlament en esta precisa materia (véase alocución de Daniel Turp).

En el 2013, un interesante ejercicio de derecho comparado entre España e Italia con relación a las diversas modalidades de consulta en las entidades territoriales puso de manifiesto la gran riqueza existente en el ordenamiento jurídico italiano (véase actas del coloquio celebrado en Barcelona). Por otra parte, las limitaciones del marco normativo español en materia de autodeterminación de los pueblos ha sido objeto de una reciente tésis doctoral en Oviedo, defendida por Lucía Payero López en el 2014, y cuyas conclusiones (pp. 471-480) revisten gran interés (véase texto integral)

La coraza legal del Poder Judicial en España ante las recurrentes reinvindicaciones de las autoridades de Cataluña y la persistente negativa del actual Ejecutivo español de entablar un diálogo político en los últimos años posiblemente hayan contribuido a la actual situación de crispación y de creciente polarización. En esta entrevista a José Montilla, se lee que: ” El Gobierno de Mariano Rajoy ha estado cinco años de vacaciones en lo que respecta a Cataluña, cuando no provocando algunos incidentes. Y ahora se ha dado cuenta del enorme problema que tiene encima de la mesa, que lo tenemos todos“.

Como ocurre habitualmente, una actitud poco conciliadora acarrea riesgos. En esta entrevista a Nicolas Levrat, se lee que “Si Madrid continue à créer des martyrs de la cause catalaniste en poursuivant ses arrestations au sein du gouvernement régional comme cela fut le cas mercredi, le camp indépendantiste devrait prendre de l’ampleur. Le gouvernement espagnol joue à un jeu dangereux“.

Los pueblos de Europa Occidental ante el derecho a la autodeterminación

Es la segunda vez en menos de tres años que en Europa Occidental se intenta realizar una consulta de cara a una posible secesión o separación por parte de una entidad infraestatal: Escocia realizó un ejercicio de este tipo en el 2014, con un resultado a favor de su permanencia en el Reino Unido que contabilizó 2.001.926 votos a favor del No (55.30%) y 1.617.989 votos a favor del Sí (44.70%).

A diferencia del Poder Ejecutivo del Reino Unido, el Ejecutivo español y sus autoridades judiciales consideran ilegal la consulta convocada por las máximas autoridades catalanas (previendo posiblemente, entre otros aspectos, un resultado adverso a la permanencia de Cataluña en el Estado español). Ello ha desatado en los últimos días un recurso al derecho penal para intentar frenar las aspiraciones de un importante sector político en Cataluña (indagatorias ante la Fiscalía cursadas a alcaldes catalanes a favor de la consulta, intercepción del material a usar para la jornada electoral del 1-O, y probable desactivación ordenada por la justicia de todos los sitios en los que los electores puedan ubicar sus respectivos centros de votación, entre otros).

Nótese que el 9 de noviembre del 2014, en Cataluña se intentó efectuar una “consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña” (en catalán “consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya“), suspendida mediante medida cautelar el 29 de septiembre del 2014, al darse curso a recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo español ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de convocatoria de la consulta y la Ley del Parlamento de Cataluña.

La práctica europea reciente en materia de derecho a la autodeterminación de los pueblos

Desde la perspectiva internacional, es de notar que la práctica ofrece algunos interesantes casos de disonancia: por ejemplo, España (a diferencia de Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea – UE) no reconoce a la fecha la independencia proclamada por las autoridades del Kosovo, acaecida en el 2008: ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), España, al igual que otros 35 Estados, hizo ver su posición al respecto en el marco del procedimiento consultivo (véase texto de su opinión en francés e inglés). A diferencia de la postura española, en la exposición escrita se lee que para Francia: “En d’autres termes, s’il est tout à fait clair qu’il n’existe aucun droit à la sécession en droit international, il est tout autant établi que celui-ci n’interdit pas la sécession ni, par voie de conséquence, une proclamation d’indépendance par une partie de la population d’un Etat” (véase punto 2.8, p. 38 del documento presentado por Francia a la CIJ).

España tampoco reconoce valor alguno, al igual que muchos otros Estados de la UE, a la consulta popular realizada en Crimea en el 2014 (véase al respecto breve nota nuestra sobre voto en la Asamblea General de Naciones Unidas contra la anexión de Crimea a Rusia publicada en el sitio jurídico de DI público en Argentina). No obstante, el referéndum sobre la independencia de Montenegro con el fin de separarse de la entidad denominada “Serbia y Montenegro” realizado el 21 de mayo de 2006, ha sido reconocido como válido por la comunidad internacional, España incluida (véase nota de junio del 2006 sobre el reconocimiento de España del Estado de Montenegro).

A modo de conclusión

Ante el clima social y político cada vez más tenso que vive Cataluña, es posible que este llamado de profesores de derecho internacional no logre apaciguar los ánimos. Es de prever mayores movilizaciones en los días venideros, así como el envio de refuerzos de fuerzas de seguridad por parte del Ejecutivo español. Cabe señalar que Cataluña cuenta con un cuerpo de fuerzas policiales propio (los denominados “Mossos d´Esquadra”), por lo que el mando de estas será probablemente objeto de un fuerte debate si el Ejecutivo español pretende ejercerlo.

Al cierre de esta tercera semana de setiembre, y ya no desde la perspectiva internacional, sino estrictamente nacional, más de 300 miembros de la Iglesia Católica firmaron una carta en favor de la consulta el próximo 1° de octubre (véase nota de prensa).

Colombia: país de dos océanos

DSC_0049Colombia es un país privilegio de muchas maneras por su posición geográfica. Como una de sus características más destacadas resalta el hecho de que dos océanos bañan sus costas y traen consigo todas las maravillas que en ellos habitan. Actualmente el 44.86%[1] del territorio nacional colombiano corresponde a espacio marítimo, en donde, por ejemplo, se encuentran lugares como el archipiélago de San Andrés y las Islas de Mapelo y Gorgona, en donde viven la segunda berrera de coral más gran del Caribe y dos de los lugares con mayor biodiversidad marina de esta parte del continente[2]. Si bien son grandes los beneficios, la responsabilidad y los retos que Colombia debe asumir son enormes, sobre todo en el ejercicio de su soberanía y el cuidado de lo que la naturaleza le ha dado.

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Reconociendo la importancia del tema y sumándose desde su posición académica la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario extendió su evento “Colombia país de dos océanos”, un espacio de encuentro en donde fueron abordados desde una perspectiva internacional e interdisciplinaria las discusiones y restos actuales sobre el mar y su importancia multidimensional para nuestro país. En espacio contó con gran participación y respaldo en donde figuraron importantes instituciones como la Comisión Colombiana del Océano y el Ministerio de Relaciones Exteriores, además de distinguidos representantes de la Armada Nacional y de universidades nacionales e internacionales.

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Sin lugar a duda el mar y su indiscutible relevancia fue el centro de todas las presentaciones y preguntas a lo largo de la discusión. No obstante, los ejes articuladores fueron el derecho, la seguridad y la política exterior y cómo estos han sido potentes herramientas para canalizar todos los esfuerzos nacionales e internacionales para que su potencial sea administrado de la mejor manera.

El hallazgo del Galeón San José desde su inicio ha sido un tema neural para Colombia. La propiedad de las grandes riquezas sumergidas, tanto económicas como culturales, fueron demandas por el Estado colombiano y la empresa extranjera Sea Search Armada en litigio que aún continua. Así, fue discutido en el Panel de Patrimonio Cultural Sumergido en donde fueron expuestos los distintos argumentos que ambas partes han esgrimido para alegar a su favor, tomando en cuenta experiencias similares y los posibles escenarios que derivarían de la controversia, sobre todo para Colombia.

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Los tesoros de la época de la Colonia no son la única que riqueza que reposa en nuestro lecho marino. Como uno de los países más biodiversos de la región, sino del planeta, la naturaleza situada en nuestro territorio es una bendición y una responsabilidad desde muchos puntos de vista. Desde el Panel de Biodiversidad Marina y Medio Marino fue discutida la importancia de que el derecho regule la actividad humana sobre aquellos espacios en donde la naturaleza hace presencia en todo su esplendor y complejidad.

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La Controversia Territorial y Marítima entre Nicaragua y Colombia fue un tema imprescindible en el encuentro. La disputa entre los dos países ha sido motivo para todo tipo de estudios. Algunas de las presentaciones expusieron: la importancia de practicar la diplomacia científica en orden de tener argumentos que excedan el derecho y la política para la finalización de controversias que aborden temas como la seguridad, defensa y protección de los recursos marítimos y fluviales de la nación; la posibilidad de ir más allá de la tradicional delimitación de la plataforma continental de doscientas millas náuticas a la luz de la experiencia de la Controversia en cuestión como una herramienta de política exterior desde el derecho internacional público; la relación existente entre el derecho del mar y todos sus instrumentos de derecho internacional y cómo estos han sido interpretados según haya sido la conveniencia a la luz de las constituciones nacionales entre la disputa entre Colombia y Nicaragua. El tema contó con su propio panel en el que fueron discutidos distintos puntos de vista sobre las demandas entre las partes.

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Desde el enfoque multidisciplinar que orientó el evento, fue posible contar con la invaluable presencia de algunos ponentes que desde su experiencia al servicio de la Armada Nacional de Colombia (ARC) expusieron algunos de los desafíos de ejercer la soberanía sobre nuestro mar territorial. Es así como el Contralmirante Juan Manuel Soltau Ospina -Secretario Ejecutivo de la CCCO-, el Vicealmirante Luis Espejo -Comandante Fuerza Naval del Pacífico- y el TN José Restrepo- ARC, relataron desde su ejercicio profesional la complejidad logística que implica cualquier operación en el mar, y, aún más, cuando tiene que ver con temas de seguridad y defensa en un país como Colombia.

Notas:

[1] Tomado de: http://www.cco.gov.co/mapa-esquematico.html

[2] Tomado de: http://www.colombia.co/esta-es-colombia/geografia-y-medio-ambiente/puertas-abiertas-en-dos-oceanos-la-respuesta-es-colombia/

 

Redacción

Daniel Alejandro Pardo, Pasante ACCOLDI, Universidad Nacional de Colombia.

Simposio “Repensando y renovando el estudio del Derecho Internacional: el Derecho Internacional dentro, desde y sobre América Latina

Foto extraída de artículo de prensa de uexternado.edu.co

Durante los próximos 26, 27 y 28 de septiembre, las Universidades de los Andes, del Rosario y Externado serán sede del simposio en el que se contará con la participación de más de setenta académicos del Sur global.

Por primera vez en nuestro país, se reunirán en un mismo evento, Martti Koskenniemi (Universidad de Helsinki), Anne Orford (Universidad de Melbourne) y Antony Anghie (Universidad de Utah), tres grandes exponentes de las escuelas críticas del Derecho Internacional.

El evento es organizado en conjunto por las Universidades de los Andes, del Rosario y Externado de Colombia, con el apoyo de Sección de Historia de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, Proyecto REDIAL (Repensar la Educación en Derecho Internacional en América Latina) y la Red de Aproximaciones Poscoloniales al Derecho Internacional.

Durante las tres mañanas del simposio, se realizarán sesiones plenarias en las que participarán tanto los tres invitados especiales, como profesores de las Universidades que serán sede del simposio, para reflexionar y discutir alrededor de tres grandes temas que llevan a cuestionarnos sobre la forma en la que tradicionalmente hemos entendido el Derecho Internacional en América Latina.

Temas:

Día 1 – 26 de septiembre: Colonialismo/Post-Neocolonialismo y el Derecho Internacional, dentro y desde la América Latina. Auditorio ML-A de la Universidad de los Andes

Día 2 –  27 de septiembre: Historia y la historiografía del Derecho Internacional en/desde/sobre América Latina. Auditorio de la Universidad del Rosario

Día 3 – 28 de septiembre: Perspectivas críticas y la enseñanza del Derecho Internacional. Auditorio D-200 de la Universidad Externado de Colombia

Además, en el marco del simposio internacional se presentarán los libros “Imperialismo y Derecho Internacional”, compilado y presentado por Liliana Obregón, René Urueña y Luis Eslava” (Siglo del Hombre Editores); “The hidden history of internacional law in the Américas: Empire and legal networks” de Juan Pablo Scarfi (Oxford University Press); “Bandung, global history and international law” compilado por Luis Eslava, Michael Fakhri y Vasuki Nesiah (Cambridge University Press) y el número especial (No. 39) de la Revista Derecho del Estado de la Universidad Externado de Colombia, sobre la Educación en Derecho Internacional en América Latina.

La entrada al evento es libre, hasta completar el aforo. Sin embargo, quienes tengan interés en asistir al primer día del evento, deben realizar un registro previo para poder ingresar a las instalaciones de la Universidad de los Andes, el cual pueden realizar a través del siguiente vínculo:

http://eventos.uniandes.edu.co/imperialismoyderechointernacional

Para mayor información general sobre el evento pueden visitar:

 https://www.uexternado.edu.co/imperialismo-y-derecho-internacional


Artículo adaptado para el Blog Debate Global, tomado de:

https://www.uexternado.edu.co/derecho/simposio-repensando-y-renovando-el-estudio-del-derecho-internacional-el-derecho-internacional-dentro-desde-y-sobre-america-latina