Panamá rompe relaciones diplomáticas con Taiwán y abre relaciones con China Popular

Cancillera de panama isabel Saint Malo y Wang Yi su homologo chino

Foto de la canciller de Panamá Isabel Saint Malo de Alvarado con su homólogo chino Wang Yi durante una rueda de prensa, extraída de artículo de prensa de ABC

Por: Nicolás Boeglin

 

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Panamá anunció el pasado martes 13 de junio la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Taiwán y el establecimiento de relaciones con China (véase nota de El País). 

Se lee usualmente en manuales de derecho internacional público que:

mientras que el establecimiento de relaciones diplomáticas requiere del consentimiento del otro Estado, la ruptura es un acto de carácter unilateral” (véase artículo de Carles Pérez-Desoy i Fages, p. 2).

En el caso del juego político entre China Popular y Taiwán, esta afirmación sufre algunas leves alteraciones en la medida en que abrir relaciones con uno de los dos significa de forma automática romperlas con el otro. Ambos Estados asiáticos no permiten que, por alguna razón, un Estado mantenga durante un breve período de tiempo relaciones oficiales con ambos.

Después de Costa Rica en junio del 2007, Panamá se separa de los 20 Estados que aún reconocen diplomáticamente a Taiwán, a saber:

– Belice, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucia, San Vicente y Grenadinas en el hemisferio americano;

– así como, en el resto del mundo, Burkina Faso, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Palau, Salomon (Islas de), Suazilandia, Tuvalu y la Santa Sede (Vaticano).

América Latina y China Popular: un reconocimiento gradual

Nótese que el primer Estado en reconocer en América Latina a China Popular fue Cuba, en 1960. Seguirían luego Chile y Perú (ambos en 1971), y luego Argentina y México (en 1972), así como Brasil y Venezuela (ambos en 1974), y posteriormente Colombia y Ecuador (1980) así como Bolivia y Nicaragua (1985). Nótese la progresión sostenida en América Latina bajo la forma de “duplas” anuales, posiblemente como resultado de una hábil estrategia de las autoridades diplomáticas en Beijing, causando el desconcierto de las autoridades en Taipei.

El último Estado de América Latina que había procedido a reconocer a China antes de Costa Rica (en el año 2007) fue Uruguay, casi 20 años antes, en febrero de 1988: sobre el caso uruguayo, véase este muy detallado artículo publicado en el 2007.

Donaciones taiwanesas en Centroamérica y el Caribe

Se informó en su momento que el Presidente de Costa Rica para el período 2002-2006 recibió fondos de Taiwán para financiar su campaña electoral (véase nota de prensa). De la misma forma que su antecesor para el período 1998-2002, quién en el 2004 admitió que Taiwán también le financió su campaña con miras a ocupar la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos – OEA (véase nota de prensa).

La efectividad de las generosas donaciones taiwanesas puede explicar el caso peculiar de Nicaragua: el 7 de diciembre de 1985, sus autoridades reconocieron a China Popular al tiempo que suspendieron toda relación con Taiwán. En 1990, la Presidenta Violeta Chamorro optó por reconocer a Taiwán, obligando a China Popular a suspender de inmediato sus relaciones con Nicaragua, situación que se mantiene a la fecha (véase nota de El Pais del 8 de noviembre de 1990). De igual manera, después de 10 años reconociendo a China, Santa Lucía optó en el 2007 por entablar relaciones con Taiwán, provocando idéntica reacción de China (véase nota de prensa en inglés).

En el ámbito centroamericano, el gesto de Costa Rica del 2007 contribuyó a aislarla un poco más de sus socios regionales, al tener que ausentarse formalmente en varias reuniones del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), como la que tuvo lugar con presencia de las máximas autoridades taiwanesas (véase nota de prensa del 2007). Serán de ahora en adelante dos los ausentes a este tipo de reuniones, debiendo también prever Panamá modalidades en materia de protocolo cada vez que asista un delegado de Taiwán a un foro regional al que participe Panamá.

Recientemente, en el mes de marzo del 2017, se informó que el Embajador de Costa Rica en China fue cesado por falta de resultados (véase nota de CRHoy). En esa misma nota, se lee por parte del Presidente de Costa Rica una frase que posiblemente haya causado el entusiasmo de un sector empresarial y el estupor en sectores ecologistas costarricenses así como en círculos académicos preocupados por el insensato crecimiento de la producción de piña en Costa Rica desde el 2006:

Esperar que las relaciones con esa gran potencia se mantengan y fortalezcan, que son muy buenas. Si logramos generar con China el tipo de acuerdos como el de la exportación de piña, vamos a ir muy bien” (sic).

Una nota del Semanario Universidad del mismo mes de marzo del 2017 detalla la destrucción de miles de hectáreas de bosque por parte de productores de piña, que las autoridades costarricenses ignoran en los censos oficiales (véase nota). El estudioExpansión por omisión” del Estado de la Nación (2016) es en ese sentido más que revelador. Actualmente, Costa Rica lidera el mercado mundial de la piña con 2.126.929 toneladas exportadas: sus competidores en América Latina son Panamá, con tan solo 67.038 y Ecuador con 57.380 toneladas (véase informe de la UNCTAD 2016, p. 13).

El comunicado de prensa de Panamá del 12 de junio y la reacción taiwanesa

En el comunicado oficial emitido por Panamá mediante su Ministerio de Relaciones Exteriores, se lee que: “A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores” (véase texto completo del comunicado de Panamá reproducido al final de esta nota).

La reacción de Taiwán no se hizo esperar, procediendo a suspender de forma inmediata toda relación oficial con Panamá (véase comunicado de prensa de su MFA), por lo que en un segundo comunicado de prensa, con fecha del 15 de junio, Panamá dió a conocer las gestiones oficiales realizadas en favor de sus estudiantes en Taiwán, y que se lee como sigue:

Tras el anuncio del Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Panamá y la República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar el bienestar de los panameños que cursan estudios con becas otorgadas por Taiwán.

Tras la realización de los encuentros interinstitucionales respectivos, y el contacto con todos los estudiantes que mantienen estas becas, la Cancillería de Panamá informa que el Gobierno de la República de Panamá, a través del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), ofrecerá la colegiatura y protección a estudiantes que han iniciado sus carreras en universidades de Taiwán, hasta la culminación de las mismas.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que como parte de establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Popular China está en la disposición de recibir a todos los estudiantes panameños actualmente becados por Taiwán, ofreciéndoles la financiación según el estándar de la beca completa del Gobierno chino, reconociéndoles las materias ya cursadas en las universidades de Taiwán. Los panameños becados por Taiwán y no hayan iniciado aun los estudios, se beneficiarán con esta modalidad acordada.

Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores han convocado a los padres de los estudiantes beneficiados con estas becas para una reunión informativa en conjunto con el IFARHU, donde se explicará a detalle el procedimiento a seguir. El encuentro será el lunes 19 de junio, a las 10:00 de la mañana en la sede de la Cancillería”.

La situación de nacionales a raíz de un sorpresivo cese de relaciones oficiales entre dos Estados

La Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas (véase texto completo) prevé las garantías que el Estado receptor y el Estado acreditante deben respetar el uno y el otro en caso de ruptura de sus relaciones diplomáticas (véase artículos 45 y 46): estas disposiciones buscan resguardar, entre otros, el traslado del personal diplomático, así como el de los activos y de los archivos de las legaciones diplomáticas. Ninguna disposición de este instrumento internacional refiere a la situación de los nacionales de ambos Estados situados en el territorio del otro.

La angustia que viven varias familias panameñas desde la semana pasada recuerda la situación que se presentó en junio del 2007 con un centenar de estudiantes costarricenses becados en Taipei, los cuales debieron en algunos casos sufragar ellos mismos su regreso a Costa Rica al no contar con ningun apoyo de sus autoridades. En el caso de varios de ellos, les faltaba un mes para concluir sus estudios cuando se les notificó de la suspensión inmediata de su beca por parte de las autoridades universitarias taiwanesas.

Se ha intentado consultar algún artículo o trabajo de investigación público que recoja los diversos testimonios de estos estudiantes y los de sus familias, que bien podría llevar el título “Atrapados en Taipei“, sin mayor éxito a la fecha. Agradecemos desde ya a nuestros estimables lectores hacernos llegar información al respecto en caso de existir (al correo electrónico: cursodicr(a)gmail.com).

El cese de relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Taiwán en junio del 2007 significó también la sorpresiva pérdida de empleos para 20 costarricenses participando a la gestión de diversos proyectos de la cooperación taiwanesa en Costa Rica. Para muchos becarios costarricenses, la validación de su título se atrasó varios años debido al abrupto cierre de la oficina de Costa Rica en Taipei. Con relación a trámites de ciudadanos taiwaneses en Costa Rica, el consulado de Taiwán en Panamá fue designado para asistir a los nacionales taiwaneses en Costa Rica.

La sombra de Nicaragua en el reconocimiento de Costa Rica

La dificil situación vivida por nacionales de ambos Estados se debe a la sorpresa que causó el establecimiento de relaciones entre Costa Rica y China a inicios del mes de junio del 2017.

En este cable confidencial hecho público por Wikileaks, se lee que Costa Rica se adelantó a reconocer a China por temores a que Nicaragua fuera el primero en la región centroamericana en hacerlo:

On the Costa Rican side, Stagno,s Chief of Staff, Antonio Alarcon, was dispatched to Beijing to oversee the embassy opening there (although we understand he will not remain as ambassador). A confident-sounding Stagno told Ambassador Langdale on June 11 that the Arias administration expected the controversy about the sudden switch in relations to die down in a few weeks. “The decision has been made,” he stressed. Stagno asserted that the recognition timing was partly driven by regional dynamics. The GOCR was under the impression that other Central American countries, including Nicaragua, were considering recognizing China. Costa Rica did not want to be in the position of “following Nicaragua” on this issue. This was “not just about trade,” According to Stagno “.

En ese mismo cable confidencial de la Embajada de Estados Unidos en San José, se indica que ni el Ministro de Seguridad de la época, Fernando Berrocal, ni el Director de Migración, Mario Zamora, fueron advertidos del gesto de Costa Rica hacia China:

12. (C) The GOCR was clearly not prepared to face the practical consequences of its political decision to embrace China. Like Minister of Public Security Fernando Berrocal (Ref A), Zamora was kept in the dark, despite his key portfolio“.

Nótese la gran cantidad de información obtenida por la Embajada de Estados Unidos de parte del señor Zamora, quién, en el 2008, sustituiría a Fernando Berrocal como Ministro de Seguridad de Costa Rica.

Fondos taiwaneses e investigaciones en Costa Rica

En el ámbito estríctamente interno costarricense, se informó en el 2012 de una investigación de la Fiscalía General de la República(FGR) sobre el destino exacto de una donación de un millón de US$ de Taiwán a Costa Rica que pudo haber terminado, según indica la nota de prensa antes referida, en las arcas de una fundación privada (véase nota de prensa). En el mismo año 2012, esta misma fundación privada también fue objeto de una investigación por parte de un juez sobre una supuesta donación proveniente de una empresa minera canadiense de memoria poco grata en Costa Rica (véase nota de prensa). En este último caso, como en el anterior, la FGR optó finalmente por archivar los expedientes, confirmando la percepción de muchos sobre su peculiar accionar cada vez que se trata de asuntos que puedan afectar a ciertos sectores políticos costarricenses.

Siempre en Costa Rica, un estudio del Dr. Constantino Urcuyo publicado en el 2014 (véase estudio) señala que luego del entusiasmo inicial, las relaciones entre China y Costa Rica se han ido deteriorando, y ello debido a la dificultad encontrada para realizar grandes obras (proyecto truncado de refinería y laborioso proyecto de ampliación de la Ruta 32): según el autor de este informe,

la lectura china del proceso de formulación y ejecución de políticas públicas en Costa Rica no ha sido la más afortunada. Los chinos se han acercado a la jerarquía política costarricense para lograr la aprobación de sus proyectos; la cultura centralizada de su sistema político los ha llevado a pensar que los contactos a nivel de cúpulas eran suficientes, con olvido de la densa maraña burocrática costarricense y de la importancia de la sociedad civil en la decisión de estos asuntos” (p. 5).

La normativa ambiental y los mecanismos de participación ciudadana que establece la legislación costarricense son posiblemente un ámbito desconocido para quiénes estan acostumbrados a llevar a cabo proyectos de gran envergadura de manera expédita y sin preocuparse mayormente por sus efectos ambientales. Valiéndose de la experiencia de otros Estados, China logró en el 2015 que Costa Rica ratificara el tratado bilateral de inversiones (TBI) entre China y Costa Rica, el cual permitirá a las empresas chinas concesionarias amenazar con una demanda internacional a Costa Rica en caso de ser necesario (véase al respecto nuestro breve estudio publicado en el OPALC en el 2015).

A modo de conclusión

Con este nuevo reconocimiento por parte de Panamá, China consolida su posición en América Central, 10 años después de obtener similar reconocimiento por parte de Costa Rica. Mientras tanto, Taiwán deberá redoblar de esfuerzos para evitar gestos similares en el futuro: los altos montos que destina a apoyar el SICA y la cooperación que brinda de forma bilateral a Estados de América Latina y del Caribe deberán ser revisados a raiz de la experiencia reciente vivida con Panamá. Ello sin olvidarse de generosas donaciones a las campañas de posibles futuros Jefes de Estado centroamericanos.

Texto del comunicado de prensa de Panamá, con fecha del 13 de junio del 2017

A la luz de los intereses y el deseo de ambos pueblos, la República de Panamá y la República Popular China deciden otorgarse, a partir de la fecha de suscripción del comunicado, el reconocimiento mutuo y establecer relaciones diplomáticas a nivel de Embajadores.

Los dos Gobiernos convienen en desarrollar los lazos amistosos entre ambos países sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos del otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica.

El Gobierno de la República Panamá reconoce que existe una sola China en el mundo, el Gobierno de la República Popular China es el único Gobierno legítimo que representa a toda China y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. El Gobierno de la República de Panamá rompe hoy mismo sus “relaciones Diplomáticas” con Taiwán, y se compromete a dejar toda relación o contacto oficial con Taiwán. El Gobierno de la República Popular China expresa su aprecio a la posición arriba mencionada del Gobierno de la República de Panamá.

El Gobierno de la República de Panamá y el Gobierno de la República Popular China acuerdan, a tenor de las estipulaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y la práctica internacional, el envío pronto y mutuo de Embajadores y brindar, base de reciprocidad, toda la ayuda necesaria para la instalación en sus respectivas capitales de la Embajada de la otra Parte así como facilitar el desempeño de sus funciones.

Con la autorización de sus respectivos Gobiernos, los representantes de ambas Partes para la suscripción firman el comunicado en la ciudad de Beijing, a los trece (13) días del mes de junio de 2017, en dos ejemplares en los idiomas chino y español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, con fecha del 13 de junio del 2017

The ROC government has terminated diplomatic relations with Panama with immediate effect to uphold national dignity Date: 2017/06/13 Data Source: Public Diplomacy Coordination Council June 13, 2017

No. 001

The Republic of China has terminated diplomatic relations with the Republic of Panama with immediate effect June 13, in order to uphold the sovereignty and dignity of the nation. The ROC will close its embassy in Panama, recall its technical mission, and end all bilateral cooperation and aid programs. The ROC government expresses indignation and deep regret over Panama’s unilateral decision to sever diplomatic relations with the ROC and establish ties with the authorities in Beijing.

Following more than a century of diplomatic ties, the government of Panama led by President Juan Carlos Varela─disregarding the longstanding bonds of solidarity and friendship between the peoples of the ROC and Panama and the long-term assistance in many areas provided by the ROC in support of Panama’s national development─caved in to Beijing and decided to switch its diplomatic engagement toward the Beijing authorities for economic gain. In a highly disrespectful manner, it left the ROC in the dark about its decision until the final moments. The ROC government strongly condemns Panama’s act, and reiterates that it will not engage in checkbook diplomacy with the Beijing authorities.

In addition, the ROC government also vigorously protests and condemns the actions of the Beijing authorities, i.e., inducing Panama to break off relations with the ROC, interfering with the ROC diplomatic and international presence, and disrespecting the feelings of the Taiwanese people. As a constructive member of the international community, the ROC will remain committed to upholding peace and stability in the region, and will continue to promote steadfast diplomacy to expand its international participation and gain the international status it is entitled to. The Ministry of Foreign Affairs, and all of its diplomats at home and abroad, will not retreat in the face of challenges, and instead will work even harder in their firm dedication to safeguarding the national interest and protecting the people’s wellbeing. (E)

Tres últimas publicaciones de Héctor Olasolo

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Portada del libro Derecho Internacional Penal, Justicia Transicional y Delitos Transnacionales: Dilemas Políticos y Normativos. Disponible aquí.

 El profesor Héctor Olasolo es miembro de ACCOLDI y actualmente presidente del Instituto Ibero-Americano de la Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH, Holanda) y director de la Clínica Jurídica Internacional y el Anuario Ibero-Americano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP). Además, es catedrático de Derecho internacional en la Universidad del Rosario (Colombia).

El más reciente trabajo, Derecho Internacional Penal, Justicia Transicional y Delitos Transnacionales: Dilemas Políticos y Normativoscomprende los retos políticos y normativos que expone la interrelación entre el Derecho Internacional Penal (DIP), la Justicia Transicional (JT) y los Delitos Transnacionales. El libro muestra que la disyuntiva en la que se encuentra el DIP y los dilemas político-normativos a los que se enfrenta, se hacen cada vez más visibles frente al actual debilitamiento de sus mecanismos de aplicación directa e indirecta, la controversia sobre los fines a los que se dirige, y las cada vez más numerosas propuestas de recurrir a los mecanismos propios del DIP (tribunales internacionales y principio de jurisdicción universal) para perseguir los delitos transnacionales cometidos por la criminalidad organizada en la sociedad globalizada.

En el escenario de la Justicia Transicional, el texto profundiza en el debate sobre la inseguridad jurídica surgida a partir de medidas que chocan con el marco normativo internacional de los crímenes ius cogens.

 Conozca aquí el índice completo y el prólogo de la Magistrada Sylvia Steiner.

En ese orden de ideas, el profesor Olasolo ha abordado el problema entre la justicia de transición y el régimen jurídico internacional de los crímenes de ius cogens frente a los Acuerdos de Paz de Colombia. En el artículo La inseguridad jurídica de los acuerdos de paz a la luz del régimen jurídico internacional de los crímenes de ius cogens y la justicia de transición, recalca el autor que aunque el régimen jurídico de los crímenes de ius cogens tienen una prevalencia normativa sobre los elementos característicos de la justicia transicional, no es adecuado desconocer las preocupaciones de los teóricos de la justicia de transición que en los últimos veinticinco años ha cobrado relevancia. Sin embargo, señala el profesor, tal como los casos de Colombia, España o Irlanda del Norte, no es preciso tampoco recurrir a las vías de hecho por medio de “una política de hechos consumados” para forzar cambios en el régimen jurídico.

Profundizando en el caso del Acuerdo de Paz de Colombia entre las FARC y el Gobierno Nacional, Olasolo enfatiza en que este escenario se ha convertido en el auténtico laboratorio para la búsqueda de compromiso entre el contenido de las demandas de exención de responsabilidad civil y penal, y el actual régimen jurídico de los crímenes de ius cogens (al que se refieren Clamp y Doak). Frente a esta situación, las secciones 2 y 3 del artículo analizan el consolidado régimen jurídico internacional de los crímenes de ius cogens, y lo contrastan con la ausencia de reconocimiento en el Derecho Internacional de los diversos componentes de la justicia de transición, debido a la falta de consenso sobre la naturaleza, finalidad, alcance y contenido de los mismos. La sección 4 cuestiona la idoneidad de las vías de hecho para modificar dicho marco normativo, y la inseguridad jurídica a la que parecen abocados dichos esfuerzos. Para terminar, en la sección 5, el autor enfatiza en que es necesario que los teóricos y profesionales de la justicia transicional hagan un esfuerzo para llegar a unos mínimos de consenso como paso previo a una revisión comprehensiva del actual marco normativo internacional con miras a la inclusión de los elementos esenciales de la regulación jurídica de los crímenes de ius cogens; todo con el objetivo de articular los procesos políticos de transición que nos permitan superar las situaciones en que se comenten dichos delitos.

Consulte el texto completo aquí.

Dicha necesidad de lograr cierto grado de armonía entre el marco jurídico internacional de crímenes de ius cogens y la Justicia transicional es abordada en relación a los procedimientos penales y las Comisiones de Verdad en el artículo Reflections on the Need for Some Degree of Harmonization between the International Normative framework of Ius Cogens Crimes and Transitional Justice. Special Attention to Criminal Proceedings and Truth CommissionsEn este espacio, el profesor Olasolo, señala que procesos penales por crímenes de ius cogens deben ser, en cualquier caso, un componente necesario de cualquier proceso de transición:

In light of the absence of a legal framework for transitional justice under international law, any program of transitional justice must be compatible with the existing international law concerning ius cogens crimes. Hence, the existing international normative framework requires that transitional justice measures that further truth finding and the fight against impunity with respect to ius cogens crimes must be compatible with (i) the enforcement of international criminal responsibility for such crimes, (ii) the States’ duties to investigate, prosecute and punish the alleged perpetrators; and (iii) the victims’ rights to truth and justice. (pp. 114-115)

No obstante, como es nombrado en la publicación anterior, la actual regulación de los crímenes de ius cogens no aborda muchas las preocupaciones de los teóricos y profesionales de la Justicia de transición. Tampoco las iniciativas de facto unilaterales, como las emprendidas en Colombia, no ofrecen la mejor alternativa para fomentar el diálogo entre los partidarios del marco normativo internacional de los crímenes de ius cogens y los teóricos de la justicia transicional. El profesor Olasolo, con el enfoque específico del debate de los juicios penales y las comisiones de la verdad, propone la necesidad de fortalecer el diálogo para buscar cierto grado de armonía entre el régimen jurídico internacional de los crímenes de ius cogens y las necesidades derivadas de la aplicación de la justicia transicional para situaciones específicas de violaciones masivas de derechos humanos.

Lea el capítulo completo aquí.

Entre intimidación y criminalización: el caso de la protesta social en Costa Rica

Foto extraída de artículo de prensa del Semanario Universidad del 2015, titulado “Juez ordena juicio contra un profesor y dos estudiantes de UCR arrestados en 2012 Cinco de los seis imputados tras protesta en defensa de la CCSS del 8 de noviembre del 2012 irán a juicio”

Por: Nicolás Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina, desde varios años, busca considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, daños a la infraestructura, difamación, etc…) a diversos líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusión en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (véase declaración pública de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota de Redseca).

Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase texto) del 2015 presentó la situación particular de los defensores de los derechos humanos en el continente: son objeto de diversas acciones tendientes a criminalizar su labor, de la misma forma que las que suelen enfrentar sindicalistas, campesinos, ecologistas, indígenas, entre muchos otros movimientos.

En otras palabras, quiénes buscan defender de forma colectiva reclamos legítimos no solamente deben sufrir todo tipo de amenazas e intimidaciones por parte de algunos sectores, sino además, las que se gestan desde el mismo Estado. A mayor cercanía del Estado con esos sectores, mayor es el riesgo de que estas acciones criminalizantes del Estado prosperen … y que amenazas e intimidaciones de esos sectores se archiven o se desestimen.

En este informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina del 2012 elaborado por el CELS se lee algo que comparten muchos integrantes de colectivos sociales latinoamericanos:

El respeto por los derechos de las personas que demandan públicamente al Estado implica proteger su integridad física –responsabilidad más amplia, por otra parte, que la de “no reprimir”– y reconocer la legitimidad de estas acciones de modo que no prime el abordaje criminalizante del poder judicial, algo que en 2011 han padecido numerosos referentes sociales bajo figuras penales diversas. A la ya tradicional persecución penal por el corte de rutas se sumaron muchas otras. Incluso en algunos casos se los ha sometido a procesos en los que se pretende responsabilizarlos por las represiones que ellos mismos habían padecido. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni hizo un significativo pronunciamiento público al respecto al afirmar que, a su juicio, se trata de meras contravenciones y no de delitos, salvo los casos en que una protesta ponga en riesgo o peligro la vida o la integridad física” (p. 24).

 La protesta social en Costa Rica

En algunos informes sobre protesta social en América Latina, se puede leer, como en este informe auspiciado por el PNUD en el 2012, que : ” “en estos casos, como Chile y Costa Rica, hay pocos conflictos sociales, no tanto por la ausencia de necesidades y demandas, sino por la débil capacidad de movilización de los actores sociales” (p. 27). Esta manera de enfocar el problema pareciera haber cambiado con el tiempo: hoy en Costa Rica, hay movilizaciones constantemente y las fotografías de fuerzas de seguridad anti-motines frente a cartones o pancartas sostenidos por gremios o comunidades organizadas han venido a formar parte del acontecer informativo. Una unidad académica registra, consigna y cuantifica estas acciones de protesta (véase sitio oficial).

¿Cómo ha reaccionado el Estado costarricense ante esos reclamos? Con ocasión de un conversatorio realizado en el 2013 en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR), se hizo ver que la tendencia observada en Chile, en Guatemala y Perú también se podía apreciar en Costa Rica (véase nota del Semanario Universidad). En junio del 2015, el mismo Consejo Universitario de la UCR reafirmó públicamente su profundo repudio a cualquier forma de criminalización de la protesta social (véase pronunciamiento). En mayo del 2017, nuevamente debió de pronunciarse en términos similares (véase pronunciamiento del 2 de mayo del 2017).

En el 2015, se leyó en este comunicado en favor de la liberación de Orlando Barrantes en Costa Rica que:

Barrantes fue uno de los principales dirigentes de las luchas impulsada en el año 2000 por las y los trabajadores bananeros, afectados por un pesticida sumamente tóxico conocido como Nemagón, el cual produce terribles consecuencias para la salud humana. A Orlando Barrantes se le acusa de un secuestro de policías del cual no se tienen pruebas suficientes para una acusación. Sin embargo, Barrantes fue encarcelado y se mantiene en prisión preventiva pese a haberse mantenido durante todo el proceso judicial de más de quince años sin salir del país

El sector ambiental en Costa Rica: un sector expuesto 

De los diversos sectores sociales, el sector ambiental en Costa Rica es el que ha denunciado y hecho público con mayor determinación las diversas formas de intimidación de la que son a menudo objeto sus integrantes (véase nota detallada elaborada por Kioscos Ambientales / UCR del 2012). Un estudio del Estado de La Nación pormenoriza la protesta ambiental en Costa Rica y sus causas en le período 1994-2013 (véase estudio).

A pocos días de acaecida la muerte de un joven biólogo apasionado por la tortugas marinas, Jairo Mora Sandoval, en la playa de Moín, un artículo del 2013 del profesor Alvaro Sagot titulado “¿Es peligroso ser ambientalista en Costa Rica?” mantiene una interrogante de una sorprendente actualidad. A tres años de la muerte de Jairo Mora, nos permitimos hacer ver algunos pendientes irresueltos que plantea este caso (véase artículo publicado en Informa-tico).

Todo ello se inscribe dentro de una cuestionable deriva en la región latinomericana, la cual, mediante diversas reformas penales, busca acercar el derecho penal a la protesta social, con la finalidad de inhibir a los ciudadanos en la defensa colectiva de sus derechos. Un reciente caso, de una muy larga lista, lo constituye el juicio en Perú contra una quincena de líderes comunitarios opuestos al proyecto minero Conga (véase nota de Pressenza). Con relación a la pena de prisión impuesta a la dirigente argentina Milago Sala, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas señaló en el 2016 que:

Resulta sorprendente para el Grupo de Trabajo que diversas personas han presentado denuncias penales en 2016 por hechos de los que el Estado argentino supuestamente tenía conocimiento desde 2010 a partir de una auditoría y que sus efectos legales y procesales surtan efectos justo en el contexto en el que la Sra. Sala participa en una protesta social pacífica, y particularmente días después de que un juez estuviera por decretar su excarcelación. Llama la atención también al Grupo de Trabajo la información recibida acerca de que una de las personas que denuncian a la Sra. Sala expresó que el testimonio lo ofreció por presiones y amenazas, al parecer porque dos de sus hijos están vinculados a delitos similares y respecto de quienes no ha habido consecuencias penales ” (punto 107 de Resolución 31 del 2016, DocumentoA/HRC/WGAD/2016/31, disponible aquí. Escoger “S” para la versión en español).

 Una peligrosa deriva discursiva de las autoridades 

En años recientes, declaraciones de las máximas autoridades costarricenses denotan una deriva discursiva sumamente preocupante. El bloqueo de un puente por parte de familias campesinas desalojadas en febrero del 2016 en el Sur de Costa Rica dió lugar a una violenta acción policial, plenamente justificada, según el Presidente de Costa Rica, quién brindó declaraciones (en nuestra opinión infortunadas) sobre lo que denominó “los que buscan camorra” (véase nota de La Nación).

En octubre del 2010, su antecesora al cargo había llamado a los integrantes de la Cámara de Ganaderos de San Carlos a “ayudarla a luchar” contra sectores ecologistas, causando estupor en gran parte de las organizaciones sociales costarricenses. Nótese que esta insólita arenga presidencial nunca fue objeto de aclaración o rectificación alguna. En los meses siguientes, la misma Presidenta arremetió contra los “malos costarricenses” opuestos a la construcción en condiciones sumamente cuestionables de la denominada “trocha fronteriza”: la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia en diciembre del 2015 evidenciaría cuán correcta fue la posición de las (pocas) voces que se alzaron en contra de este ocurrente proyecto (véase declaraciones del jurista Alvaro Sagot en el programa radial Nuestra Voz de Amelia Rueda) (Nota 1).

En el caso del cuestionado proyecto minero Crucitas, apoyado por las autoridades costarricenses sin mayor reserva, que evidenció un verdadero “contubernio Estado-empresa” (véase nota del Semanario Universidad), la cercanía geográfica de este proyecto con Nicaragua dio lugar a interesantes coincidencias que plantean algunas interrogantes:

  • el segundo día de una memorable audiencia en la Sala Contitucional en noviembre del 2009 coincidió con la publicación de un artículo titulado “La mayor amenaza ambiental – El dragado del río San Juan afecta el río Colorado y los humedales” suscrito por dos asesores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en La Nación del 18 de noviembre del 2009;
  • la misma lluviosa tarde del 24 de noviembre del 2010 en la que el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) daba a conocer el portanto de su sentencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores convocaba a una reunión con organizaciones ecologistas sobre el dragado efectuado por Nicaragua en Isla Portillos.

Muertes de ecologistas e impunidad rampante

Con relación a los casos de asesinatos de ecologistas en Costa Rica, en los que el aparato represor estatal se destaca por su ineficacia, leemos en el informe elaborado a raíz de su visita a Costa Rica en el 2013, que el experto independiente de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos, John Knox, había recomendado a las autoridades que:

El Gobierno considera que las iniciativas tales como las comisiones de la verdad son innecesarias en un Estado que tiene un fuerte poder judicial, como es el caso de Costa Rica. Sin embargo, incluso la mejor de las judicaturas solo puede conocer de los casos que se le presentan. Por lo general no está facultada para estudiar los cuadros de amenazas y actos de violencia durante un período prolongado y formular recomendaciones para hacerles frente, lo que sí hacen las comisiones de investigación independientes

(véase informe A/HRC/25/53/Add.1 del 8 de abril del 2014, pobremente divulgado por las autoridades de Costa Rica, y reproducido en este enlace de DerechoAlDia, punto 57).

En sus recomendaciones finales, leemos (punto 67) que:

El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección. Tal iniciativa podría ser un modelo para muchos otros Estados respecto de la manera de abordar esta cuestión“.

Pocamente divulgadas en Costa Rica, esta y algunas otras recomendaciones muestran similar situación con relación a su implementación por parte de las autoridades costarricenses.

Al conmemorarse un año de la muerte de la líder indígena hondureña Berta Cáceres, en marzo del 2017, tuvimos la oportunidad de señalar que el clima prevaleciente de impunidad en este caso recuerda mucho el de ecologistas asesinados en Costa Rica (Nota 2).

La protesta social ante los tribunales penales: un ejemplo reciente

Recientemente concluyó (con la desestimación de la causa penal) un vergonzoso caso en Costa Rica en el que estaban acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) profesores y estudiantes de la UCR: ¿su “delito”? El haber participado activamente en una marcha en noviembre del 2012 en defensa de una entidad pública insigne en Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Pese a una fuerte movilización que trascendió incluso las fronteras (véase petición en línea del portal Change.org), el Ministerio Público mantuvo incólume la acusación penal contra los univesritarios.

Parte de las supuestas “pruebas” presentadas por la FGR se basaron en testimonios de los mismos integrantes de las fuerzas de seguridad, exhibiendo así Costa Rica una peligrosa deriva que han usado los aparatos represivos en Chile, Honduras, Perú y Guatemala (véase nota de ElPais.cr del 19 de mayo y nota de Teletica del 22 de mayo del 2017). Si bien cinco fueron los imputados, más de treinta personas fueron capturadas durante la manifestación, como se puede apreciar en esta nota publicada por NODAL (Argentina) en el 2015:

El 08 de noviembre de 2012 finalizó con la detención ilegal de 35 personas, de las cuales 1 persona fue presentada esa misma noche en el Juzgado de Flagrancia y fue absuelta una semana después; al menos 10 personas fueron presentadas en el Juzgado Contravencional donde fueron juzgadas y declaradas libres de toda culpa, sin embargo 5 de estas personas agredidas y detenidas injustamente hoy enfrentan juicios políticos en su contra con cargos penales por sólo el hecho de estar en la manifestación por la defensa de la CCSS ese día“.

Nótese que la FGR se muestra muy presta para acusar penalmente a manifestantes que exigen el respeto a sus derechos, pero se muestra mucho menos eficiente a la hora de acusar a funcionarios públicos responsables de graves irregularidades: en este artículo del 2012 sobre la insensatez del desarrollo inmobiliario en Guanacaste y el repudio de las comunidades a esta política, se lee que:

Gadi Amit, dirigente de la organización Confraternidad Guanacasteca, dijo que parece mentira, pero a pesar de todas las irregularidades comprobadas, ninguno de los funcionarios corruptos ha sido llevado a la justicia. Los únicos que fueron acusados penalmente son los compañeros de Sardinal que fueron detenidos por la policía en las manifestaciones contra el acueducto. Cuatro miembros del comité de defensa del agua de Sardinal fueron sobreseídos, pero otros cuatro, por inadecuada asesoría legal, se declararon culpables y fueron condenados a una multa, añadió“.

La protesta social ante un debate público

En el marco del Primer Foro Inter-Institucional del 2017 de la UCR titulado Libertad de Expresión, Comunicación y Democracia (véase nota con programa completo y formulario de inscripcióneditada por Surcos Digital), una mesa redonda fue dedicada al tema de la protesta social en Costa Rica. En ella se analizó la situación de quiénes, Constitución en mano muchas veces, claman por el respeto a sus legítimos derechos ante la sinrazón estatal y la voracidad de algunos sectores a los que poco interesa el bienestar de una comunidad y los recursos naturales que las rodean (y mucho menos los derechos que los asisten).

También se abordaron algunas figuras legales en materia penal que, de manera más sutil, buscan inhibir e intimidar a quiénes alzan la voz en Costa Rica. En esta nota de Radio Mundo Real (Uruguay) del 2010 sobre un juicio por presunta difamación contra el lider comunitario y sindical Carlos Arguedas por parte de una empresa piñera operando en Siquirres, se lee que:

Como ser humano, como cristiano y como padre de familia que tengo mis retoños dándome muchos nietos, no estoy en condición de permitir que esta empresa quede impune ante tanto daño a la comunidad”, señala Arguedas en su misiva dirigida a las comunidades de El Cairo, Luisiana y La Francia“. La demanda penal por presunta difamación fue interpuesta en el 2009 por declaraciones dadas por Carlos Arguedas ante el Consejo Municipal de su localidad, acompañada de una demanda civil resarcitoria por 10 millones de colones (véase nota de Kioscos Ambientales).

En este enlace de FECON se detallan los daños causados a la comunidad por parte de la empresa piñera. En siete ocasiones, los abogados de la empresa piñera no se presentaron a las audiencias convocadas por el juez penal, y Carlos Arguedas falleció en el 2011 sin que el juicio reanudara. En el 2015, cansadas de esperar desde el 2007 una resolución al problema del agua contaminada, las comunidades de Siquirres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (véase nota sobre audiencia celebrada en marzo del 2015).

La “técnica” consistiendo en no presentarse a audiencias por parte de los abogados de las empresas que demandan a personas se volvió a verificar cuando la empresa minera canadiense Infinito Gold acusó penalmente en el 2011 por presunta difamación a cinco personas: un lider comunitario, dos profesores universitarios y dos diputados. En un artículo de opinión suscrito por tres de ellas, titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” , se lee que:

los suscritos quisiéramos hacer ver que estas ausencias repetidas nos impiden, en el marco de una audiencia, demostrar ante el sistema judicial costarricense que lo expresado por cada uno de nosotros tiene amplio asidero probatorio, motivo por el cual no encontramos razón alguna para retractarnos. De igual manera, nos impide hacer ver a los jueces que, lejos de “engañar al pueblo de Costa Rica en forma canallesca”, o de tener alguna animadversión particular que califique como “animus difamandi” para con la imagen de la empresa querellante (tal como lo indican estas demandas en nuestra contra) nuestra conducta siempre buscó desmenuzar, con base en el conocimiento técnico, científico y jurídico, aspectos del discurso de las autoridades de turno y de la empresa que buscaron minimizar muy convenientemente“.

En el caso de uno de los acusados, la empresa no envió a su representante legal en cinco ocasiones (véase nota de la Prensa Libre de noviembre del 2016).

Foto de marcha en san José en contra del proyecto minero de Crucitas en Costa Rica referenciada en este artículo del Tico Times.

A continuación, remitimos el lector al enlace de este mesa sobre la protesta social realizada el pasado 14 de junio del 2017 en la sede central de la UCR Rodrigo Facio:

Cuarta Mesa Redonda, Miércoles 14 de junio del 2017, 10:30 a.m. a 12:30. Auditorio CICAP, UCR

“Protesta social como manifestación de la libertad de expresión”

Primera exposición: Dr. Jorge Lobo Segura, Catedrático Escuela de Biología, UCR

Segunda exposición: Dr. Nicolás Boeglin Naumovic, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR

Comentarista: Licda. Eva Carazo Vargas, investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED

Moderador: Dr. Jorge Blanco Roldán

El debate se dió en momentos en que el juez constitucional costarricense exhibe una regresión total al no querer reconocer más el derecho a la participación ciudadana en materia ambiental como un derecho humano fundamental (véase nota del Semanario Universidad de febrero del 2017 así como breve nota nuestra publicada en ese mismo sitio). Sobre este mismo retroceso de la justicia constitucional, un reciente artículo de opinión del Profesor Jorge Cabrera publicado en mayo del 2017 detalla la inconsistencia de esta línea jurisprudencial con los esfuerzos a los que Costa Rica participa en el plano regional e internacional.

Foto de protesta frente al Ministerio de Salud por intento de legalizar valores de bromacil en el agua potable en Siquirres, 2008. Foto de nuestro archivo personal. Sobre esta insólita propuesta de las autoridades sanitarias, véase artículo de Gabriela Cuadrado, “Legalización de la contaminación de aguas para consumo humano (caso del diurón y el bromacil)“, Ambientico (UNA), Número 177, 2008, pp.11-12

Notas 

Nota 1: En este análisis del fallo de la CIJ, se incluye el listado de las pocas organizaciones sociales que criticaron en su momento las condiciones en las que se efectuaron los trabajos de construcción de este proyecto. Por tratarse de entidades que desafiaron abiertamente a las autoridades de la época, en un clima hostil ante cualquier crítica a la denominada “trocha”, merecen ser mencionadas, recordadas y reconocidas: Arte por la Paz, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (Conceverde), Asociación Conservacionista Yiski, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo, Comité Cívico de Cañas, Confraternidad Guanacasteca, Movimiento Patriótico Juanito Mora, Palabra Cero y la Unión Norte por la Vida (UNOVIDA) (véase texto de comunicado colectivo).

Nota 2: Véase nuestro breve artículo publicado en el medio digital Contexto.cr, titulado: “A un año del asesinato de Berta Cáceres: impunidad campante“. Nótese que para la conmemoración del cuarto año de la muerte de Jairo Mora Sandoval (finales de mayo del 2017), no se oyó de alguna actividad que haya dejado rastro en la red

Segundo Green Lunch: Diálogo internacional ambiental sobre el “Postconflicto y Medio Ambiente”

Green Lunch Version 2
El Green Lunch es un espacio auspiciado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y acompañado por la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), que cuenta con la dirección del Profesor Titular de Derecho Internacional Ambiental de la misma universidad y miembro de ACCOLDI, Fabián Augusto Cárdenas. El evento se realizará periódicamente y tiene como objetivo posicionarse como un espacio de dialogo amplio e interdisciplinar en torno a los temas ambientales globales más relevantes, con el fin de que sus participantes encuentren en el intercambio de sus experiencias, elementos para retroalimentar su labor y así avanzar, en el propósito común, la protección ambiental.
El próximo jueves 22 de junio de 2017 a las 12 m. se llevará a cabo el segundo Green Lunch, que en esta oportunidad versará sobre “Postconflicto y Medio Ambiente” y  estará auspiciado -en su segunda ocasión- por la firma Moncada Abogados, quienes prestarán sus instalaciones y ofrecerán un almuerzo para la realización de los diálogos académicos.
Las presentaciones principales de esta sesión estarán a cargo de los Drs. Fabián Cárdenas, Jorge Andrés Charry y Gustavo Petro Urrego; posteriormente, los asistentes expertos podrán establecer una discusión académica acerca de las temáticas propuestas.
El Green Lunch es un espacio de construcción académica entre diversos sectores de la sociedad, para expertos y entre expertos. 
Fecha: 22 Junio 2017
Lugar: Moncada Abogados Calle 90 18-16
Hora: 12 m
La asistencia así mismo estará sujeta a previa inscripción al correo: greenlunchutadeo@gmail.com
Facebook /GreenLunchUTadeo
Twitter @GreenLunchUtadeo

Transmisión del IV Seminario de Pensamiento Iberoamericano de la Justicia Internacional en la Haya.

Semana Iberoamericana de la justicia Internacional

Mañana 6 de junio a las 16h00  (hora de Holanda) comenzará el IV Seminario de Pensamiento Iberoamericano de la Justicia Internacional, cuya ceremonia inaugural y primera sesión se retransmitirá en directo a través de la página de Facebook del Instituto Iberoamericano de la Haya: https://es-la.facebook.com/InstitutoIIH/

En esta misma página también se podrán seguir el resto de sesiones del IV Seminario de Pensamiento (miércoles 7 de junio de 8h30 a 11h00, jueves 8 de junio de 9h00 a 18h00 y viernes 9 de junio de 8h30 a 12h30), así como la Ceremonia Inaugural del I Día Polifónico de la Justicia Internacional (miércoles 7 de junio de 11h00 a 11h30)  y los paneles incluidos en el mismo sobre (i) la Corte Permanente de Arbitraje como foro para arbitrajes entre inversionistas extranjeros y Estados (7 de junio; 11h30-13h30); y (ii) la relación entre las jurisdicciones internacionales penales y las jurisdicciones nacionales a la luz de la relación entre la soberanía de los Estados y la doctrina de la Responsabilidad para Proteger (7 de junio; 17h30-19h30).

Como muchos nos habéis preguntado expresamente, la Profesora Concepción Escobar (relatora sobre Inmunidad de Jurisdicción Penal de la Comisión de Derecho Internacional), impartirá la conferencia de apertura del IV Seminario de Pensamiento sobre “Los Trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la Inmunidad de Jurisdicción Penal de los Representantes del Estado” (martes 6 de junio; 16h30-17h30).

Por su parte, el Sr. Paulo Abrau Pires Junior (Secretario Ejecutivo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos), llevará a cabo la Conferencia de Clausura del IV Seminario de Pensamiento sobre “Los retos y desafíos de los derechos humanos en las Américas” (viernes 9 de junio; 11h30-12h30).

Ambas conferencias de apertura y de clausura, como el resto de seminario se podrá seguir en directo y en diferido, a través de la mencionada página de Facebook del Instituto Ibero-Americano de la Haya (todos los horarios mencionados en este correo así como en el programa que se adjunta al final de este mensaje, se refieren a la hora holandesa).

Reacciones en América Latina a anuncio de retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático.

Foto extraída de nota de prensa de DW

Por: Nicolás Boeglin 

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Ante el anuncio hecho por el Presidente Donald Trump de proceder a “retirar” a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre Cambio Climático adoptado en diciembre del 2015 (véase texto del acuerdo, versión en español), varios Estados de América Latina han reaccionado mediante comunicados de prensa. Se trata de documentos oficiales en los cuales los Estados de la región latinoamericana externan, cada uno a su manera, su preocupación al respecto.

Cabe recordar que el Convenio suscrito en París en diciembre del 2015 fue ratificado en el siguiente orden en la región latinoamericana, iniciado por Perú (véase comunicado oficial de sus autoridades ambientales) y concluído por El Salvador hace pocos meses:

– Perú (julio del 2016);

– Argentina, Brasil, Honduras, México y Panamá (setiembre del 2016);

– Bolivia, Costa Rica, Paraguay y Uruguay (octubre del 2016);

– Cuba (diciembre del 2016);

– Guatemala (enero del 2017), cerrándose la lista con Chile (febrero del 2017) y El Salvador (marzo del 2017).

La ratificación de Perú (25 de julio del 2016) se contabilizó a nivel global como la número 21, mientras que la de Costa Rica (14 de octubre del 2016) se registró como la ratificación número 79 (véase breve nota nuestra al respecto). Para completar el panorama regional, en el hemisferio americano, los primeros Estados en ratificar este instrumento fueron Belice, Granada, Saint Kitts y Nevis y Santa Lucia (22 de abril del 2016), un dato usualmente pasado por alto.

Los Estados que se manifiestan y los demás Estados de América Latina

La decisión del Presidente de Estados Unidos ha sido objeto de una amplia cobertura mediática desde su anuncio. No obstante, no todos los Estados se han manifestado, al menos a la hora de redactar estas breves líneas (2 de junio del 2017): en América Latina, entre los Estados omisos, se contabilizan a Bolivia, Cuba, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay. Se trata de Estados Partes a este convenio multirateral. Dicha omisión es confirmada al consultar los sitios oficiales de sus respectivos aparatos diplomáticos. En el caso de Panamá, la omisión es una, sin serla del todo: veremos que el texto circulado constituye, sin lugar a dudas, un interesante caso en el que el arte de expresarse sin manifestarse sale a relucir.

En el caso de Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana y Venezuela, al haber firmado pero no ser Estados Partes (ausencia de ratificación), resulta entendible que ninguno de ellos se haya manifestado. No obstante, como lo veremos a continuación, Ecuador sí ha procedido a hacerle ver a Estados Unidos su parecer.

Con respecto a Nicaragua, que ni tan siquiera ha firmado el convenio de París (único caso en América Latina), la ausencia de manifestación es de igual manera entendible.

Cabe recordar que en la actualidad, este instrumento ha sido firmado por 195 Estados, y ratificado por 148 (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). La última ratificación registrada es la de Rumanía (1ero de junio del 2017).

Las diversas formas de expresión de pesar de los Estados

Los Estados, al igual que los individuos, expresan su malestar o su decepción de muy diversas maneras. Como lo veremos brevemente a continuación, mientras que algunos Estados lamentan la decisión y externan su profunda decepción en sus comunicados oficiales (Argentina, Brasil, Ecuador y Chile), otros optan por formas y expresiones más neutras (Costa Rica). Otros evitan valorar o emitir juicio alguno sobre la decisión anunciada por el Presidente de Estados Unidos: es el caso de México.

Mientras que algunos Estados dan por un hecho que se trata de una denuncia del acuerdo de París, otros como Brasil sugieren más bien que se trata de un retiro provisional para reinsertarse a dicho tratado.

Recientes denuncias de tratados multilaterales en materia ambiental

De proceder a una denuncia (prevista en el artículo 28 del mismo Acuerdo de París), Estados Unidos se convertiría en el primer Estado Parte a dicha convención en acudir a esta figura, que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. En cambio, no sería la primera vez que un tratado en materia ambiental es objeto de una denuncia. Para citar un ejemplo reciente, el 15 diciembre del 2011, Canadá procedió a denunciar el Protocolo de Kioto adoptado en 1997: la solicitud fue inmediatamente notificada (véase carta oficial) a los demás Estados Partes por el depositario (véase nota al respecto). La peculiar visión (un tanto estrecha) de los problemas globales del Primer Ministro canadiense Stephen Harper (2006-2015) explica que en la casilla correspondiente al mismo Canadá, se lea, con relación esta vez a la Convención para la lucha contra la Desertificación de Naciones Unidas de 1995 que:

the Government of Canada had notified the Secretary-General of its decision to withdraw from the Convention. The withdrawal took effect on 28 March 2014. On 21 December 2016, Canada deposited with the Secretary-General an instrument of accession to the Convention” (veáse cuadro oficial nota 4).

Ante la ausencia de notificación formal a Naciones Unidas dada a conocer al momento de redactar estas líneas, resulta prudente esperar a conocer el detalle exacto de lo que se solicitará al depositario de dicho instrumento por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el pasado, los funcionarios de esta entidad se han mostrado particularmente creativos con, por ejemplo, el “retiro de la firma” (“unsignature“) acaecido en el 2002 del Estatuto de Roma adoptado en 1998 estableciendo la Corte Penal Internacional (CPI): véase al respecto nuestra nota publicada por la SLADI con relación a esta inédita actitud de los Estados Unidos.

Nótese que el artículo 28 del Acuerdo de París precisa que hay un plazo de tres años antes del cual no hay manera de proceder a denunciar el acuerdo por parte de un Estado. El texto se lee así:

1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para esa Parte“.

Ello significa que antes del 5 de noviembre del 2019, no hay denuncia posible. Aunado a este primer plazo, hay otro de un año adicional que estipula el inciso 2 del mismo artículo: ” “2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la fecha que se indique en la notificación“.

Estamos por lo tanto ante una denuncia que surtiría efectos el 5 de noviembre del 2020. Este plazo de cuatro años explica que es muy posible que el Departamento de Estado de Estados Unidos esté en estos momentos ideando otra opción jurídica, distinta a la denuncia: su Presidente es un hombre apurado.

El contenido de las reacciones de los Estados de América Latina

Como se detallará muy brevemente a continuación (en cada nota de pie de página se reproduce el texto integral del comunicado de prensa), cada Estado escoge la extensión y el contenido de su texto. Algunos textos son largos, otros mucho más cortos. Nos limitaremos a reproducir únicamente la parte en la que se externa la preocupación o malestar causados.

Para Argentina (Nota 1), se lee que:

El Gobierno argentino lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Paris. Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación demostrado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático“.

Por otro lado, para Perú, primer Estado en haber procedido a ratificar este instrumento multilateral en América Latina, se lee (Nota 2) que:

El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático.

El histórico Acuerdo de París, adoptado en el marco de la COP21 en diciembre de 2015 y ratificado hasta la fecha por 147 países, siendo el Perú el primer país de Latinoamérica en ratificarlo, se obtuvo luego de una intensa y compleja negociación multilateral, proceso en el cual el Perú ejerció un liderazgo al presidir la COP 20 de Lima, donde se sentaron las bases del acuerdo con la aprobación del “Llamado de Lima para la Acción Climática”.

Para Costa Rica (Nota 3), Estado que procedió a depositar el instrumento de ratificación el 14 de octubre del 2016, después de Perú, Honduras, Argentina, Brasil, Panamá, México y Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto), leemos que:

El Gobierno de Costa Rica lamenta que la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París pueda significar un retroceso en materia climática al desconocer sus responsabilidades como uno de los principales emisores del globo“.

En el caso de Brasil (Nota 4), un comunicado conjunto de los Ministros de Relaciones Exteriores y de Ambiente señala que:

O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e “renegociar” sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais“.

La misma modalidad dual se lee en el caso de México (Nota 5), cuyo comunicado circulado por la Secretaría de Relaciones Exteriores omite lamentar o expresar decepción alguna con Estados Unidos, reafirmando los compromisos asumidos por México en este instrumento multilateral adoptado en París en el 2015.

En el caso de Chile (Nota 6), se lee que:

“El gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático. El Acuerdo de París es uno de los más importantes logros de la comunidad internacional. Es un marco de acción para hacer frente al cambio climático en el siglo XXI. En este sentido su implementación es fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones“.

Al caer la tarde de este viernes 2 de junio en San Salvador, leemos por parte de El Salvador (Nota 7) que:

El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación frente al retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París.

Las investigaciones científicas en materia de medio ambiente evidencian que nuestro país, junto al resto de Centro América, están entre las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, situación que se ha ido manifestando con más fuerza en los recientes años”.

En el caso de Ecuador (Nota 8), quién no es Estado Parte, se leyó, también al bajar el sol de un laborioso viernes 2 de junio, que:

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a nombre del pueblo y gobierno del Ecuador, lamenta el anuncio realizado por los Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de París acordado en 2015 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992” /…/ “La decisión de retiro de los EEUU y una posible renegociación unilateral, representa una clara amenaza para el multilateralismo, los derechos de la naturaleza y la capacidad del Ecuador y de los países en desarrollo de contribuir de manera efectiva a la lucha contra esta amenaza global“.

Como se puede apreciar en el caso de Ecuador, el no ser Estado Parte al acuerdo no inhibe en lo más mínimo a sus autoridades a lamentar el anuncio de retirarse del mismo por parte de Estados Unidos. Savo error de nuestra parte, es el único Estado no Parte en haberse manifestado oficialmente mediante un comunicado de su diplomacia.

En el caso de Panamá, se cuenta con un texto de interés un tanto peculiar, al no mencionar ni en su título, ni en su contenido ninguna alusión a Estados Unidos. El escueto texto de dos párrafos permite no obstante ejemplificar las técnicas originales a las que a veces los Estados pueden recurrir para expresarse sin tomar posición alguna. Dejamos al lector descubrir él mismo si estamos ante una huella sin rastro o ante un rastro sin huella… El texto del comunicado de Panamá se lee (texto integral) de la siguiente manera :

Panamá reitera su compromiso para mitigar efectos del Cambio Climático Creado: 02 Junio 2017 comunicado

El Gobierno de la República de Panamá recalca la importancia del acuerdo de París, producto de un arduo trabajo de 196 países, que luego de más de 23 años, logró un consenso en cuanto a la mitigación del cambio climático. Este esfuerzo multilateral debe continuar con firmeza para asegurar los resultados.

Panamá más que nunca reafirma su compromiso de fortalecer las acciones en esta dirección y continuar liderando iniciativas locales y regionales como el Centro Internacional de Implementación de la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación del Bosque REDD+ (ICIREDD)”.

Tal y como se puede apreciar, el tono y contenido del comunicado de cada Estado varía en función de diversos parámetros, y la comparación de cada uno de los textos exhibe diferencias sustanciales que dejamos descubrir a cada uno de nuestros estimables lectores.

A modo de conclusión

Para algunos observadores, la posición del Presidente de Estados Unidos es poco seria: “Thus the reasons offered by President Trump for withdrawing the US from the Paris Agreement are truly baffling. One can only assume that yet again the international climate regime is being held hostage to the vicissitudes of domestic politics in the US” (véase artículo de la profesora Lavanya Rajamani (India) titulado “Reflections on the US withdrawal from the Paris Climate Change Agreement” publicado en EJIL-Talk).

No obstante, al haberse demostrado en meses recientes que la poca seriedad no constituye limitante alguna al accionar del Presidente de Estados Unidos, las reacciones se han multiplicado. En el caso de América Latina, ocho reacciones oficiales a este insólito anuncio del Presidente Donald Trump de catorce posibles es un primer buen inicio. Al contarse entre estas a las de Argentina, Brasil y México, así como las de Perú, Chile y Ecuador en la región andina y las voces de Costa Rica y de El Salvador en Centroamérica, el balance es positivo. Ojalá no obstante que el movimiento se expanda con mucha mayor determinación: cabe recordar que una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático es Centroamérica.

Como indicado, al momento de redactar esta breve nota, no se ha tenido conocimiento de algun documento formal de Estados Unidos para saber con exactitud si se trata de denunciar este tratado, como lo asumen algunos Estados, o bien de pedir un retiro provisional en aras de reintegrarse al convenio. El anunciar esta decisión en aras de medir el tipo de reacción que provoca fuera (y también dentro) de Estados Unidos podría también formar parte de la estrategia del nuevo (y ocurrente) ocupante de la Casa Blanca: el escoger el inicio del mes del ambiente (junio) para ello podría confirmar esta estrategia.

Más allá del estilo tan peculiar de anunciar cosas (y luego reflexionar sobre el impacto que causan) que exhibe desde su llegada a la Casa Blanca el Presidente Donald Trump, desde el punto de visto estríctamente jurídico, la prohibición expresa de hacer reservas a este tratado como tal (véase artículo 27 del Acuerdo de París) conlleva la imposibilidad de limitar o de modular el alcance de algunas de sus disposiciones. Técnicamente, Estados Unidos deberá en este caso proceder a denunciar el tratado, o bien proceder a una inédita solicitud que esperan (ansiosos) tanto el depositario del convenio de París como sus Estados Partes, así como también los especialistas en derecho internacional.

NOTAS

Nota 1: El texto del comunicado de Argentina se lee así: ” 01 Junio 2017 Información para la Prensa N°: 216/17

“El Gobierno argentino lamenta profundamente la decisión de los Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de Paris. Dicha decisión tiene impacto no solamente en la efectividad de dicho Acuerdo como instrumento de respuesta a la amenaza global del cambio climático sino también en el espíritu de solidaridad y cooperación demostrado por las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático durante las negociaciones que llevaron a la adopción y posterior ratificación casi universal del Acuerdo de Paris.

Argentina mantiene firme su compromiso con el Acuerdo de Paris y continuará participando activamente junto a los demás Estados Parte en el proceso preparatorio para la 23° Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención con miras a obtener allí avances concretos en la aplicación del Acuerdo de Paris.

El cambio climático es un problema gravísimo y transversal con impactos económicos y sociales, y que demanda la acción urgente y unificada de la sociedad civil y de la administración nacional. Por ello el gobierno argentino reafirma la voluntad de continuar trabajando en la implementación de la contribución nacionalmente determinada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de adaptación al cambio climático de la Argentina en el ámbito del Gabinete Nacional de Cambio Climático”.

Nota 2: El texto del comunicado de Perú se lee como sigue: “El Gobierno del Perú recibe con preocupación y decepción el anuncio efectuado en la fecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América de denunciar el Acuerdo de París sobre cambio climático.

El histórico Acuerdo de París, adoptado en el marco de la COP21 en diciembre de 2015 y ratificado hasta la fecha por 147 países, siendo el Perú el primer país de Latinoamérica en ratificarlo, se obtuvo luego de una intensa y compleja negociación multilateral, proceso en el cual el Perú ejerció un liderazgo al presidir la COP 20 de Lima, donde se sentaron las bases del acuerdo con la aprobación del “Llamado de Lima para la Acción Climática”.

El Gobierno del Perú reitera su firme compromiso con los objetivos del Acuerdo de París y su implementación, orientados hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y hacia la integración de la adaptación climática a las políticas de desarrollo sostenible, en un marco de provisión de financiamiento, tecnología y capacitación en favor de los países en desarrollo y los que tienen vulnerabilidades especiales frente a los efectos del cambio climático.

Para un país como el Perú, afectado por la intensidad y variabilidad de los patrones climáticos asociados al Fenómeno de El Niño, la adopción de medidas eficaces para la adaptación al cambio climático, en línea con la ejecución de nuestros compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, refuerza la convicción de desplegar los mayores esfuerzos a nivel nacional para cumplir con las obligaciones de este importante instrumento internacional, a fin de generar un desarrollo sostenible, en favor de las futuras generaciones”.

Nota 3: El comunicado de prensa de Costa Rica se lee como sigue:

Costa Rica aboga por incrementar y acelerar los compromisos climáticos frente a decisión de EE.UU de salirse del Acuerdo de París PUBLICADO EL 01/06/2017 06:36 PM

El Gobierno de Costa Rica lamenta que la decisión del Presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París pueda significar un retroceso en materia climática al desconocer sus responsabilidades como uno de los principales emisores del globo.

Para nuestro país, este hecho, lejos de impedir un avance en la materia, deberá ayudar a profundizar y acelerar el trabajo que están realizando el resto de los Estados en vías al alcance de objetivos y compromisos nacionales más ambiciosos, permitiendo alcanzar la meta que evite que la elevación de la temperatura del planeta sobrepase los 1,5°C.

La realidad del cambio climático está basada en una evidencia científica contundente y sus efectos son visibles y hasta catastróficos, particularmente en los países más vulnerables e, incluso, dentro del mismo territorio de los Estados Unidos de América. Esto significa que todos los países debemos elevar el nivel de ambición en plazos más cortos que lo acordado en París. Para esto, debemos seguir trabajando con la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos subnacionales, incluyendo a aquellos Estados de los Estados Unidos de América que están anuentes a aumentar los niveles de ambición en materia climática.

A su vez, será necesario redoblar los esfuerzos en temas como el del financiamiento climático, que apoye a los países más vulnerables y con menos recursos para atender sus necesidades y compromisos de reducción de emisiones y adaptación.

Por su parte, Costa Rica seguirá trabajando fuerte con otros países aliados, como lo ha venido haciendo en foros globales y regionales y aquellas instancias de la que forma parte, como es el caso de la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC) y el Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF, por sus siglas en inglés); además de seguir avanzando en la iniciativa de convertirse en un laboratorio de descarbonización con el apoyo de gobiernos amigos.

“Costa Rica exige el cumplimiento integral de los Acuerdos de París como compromiso con el futuro de nuestra especie. Ratifico nuestra voluntad inquebrantable en la acción mundial contra el cambio climático”, afirmó el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís. El país reafirma igualmente su aspiración de orientar su economía hacia la Carbono Neutralidad para el año 2021, como parte de sus acciones voluntarias pre-2020, y su compromiso de 1.73 toneladas C02e per cápita al 2030, como parte de su Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), que busca lograr la descarbonización profunda y convertirnos en un país con emisiones netas cero.

Esto es consistente con la meta del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzo para limitar ese aumento a 1.5°C, la cual seguiremos defendiendo en las negociaciones climáticas e impulsando a lo interno con nuestras políticas y acciones.

Costa Rica, fiel a su fuerte compromiso y alta ambición en el proceso de implementación del Acuerdo de París, reitera la necesidad de que todas las partes del Acuerdo permanezcan firmes en sus compromisos y que juntos trabajemos por alcanzar los objetivos que acordamos en la COP 21 y que sumaron tantos esfuerzos y una decidida voluntad política por parte de los principales emisores y los países más vulnerables al cambio climático”.

Nota 4: El comunciado de Brasil se lee de la siguiente forma:

Nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Meio Ambiente

Mudança do Clima

O governo brasileiro recebeu com profunda preocupação e decepção o anúncio no dia de hoje, 1° de junho, de que o governo norte-americano pretende retirar-se do Acordo de Paris sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e “renegociar” sua reentrada. Preocupa-nos o impacto negativo de tal decisão no diálogo e cooperação multilaterais para o enfrentamento de desafios globais.

O Brasil continua comprometido com o esforço global de combate à mudança do clima e com a implementação do Acordo de Paris. O combate à mudança do clima é processo irreversível, inadiável e compatível com o crescimento econômico, em que se vislumbram oportunidades para promover o desenvolvimento sustentável e para novos ganhos em setores de vanguarda tecnológica. O governo brasileiro continua disposto a trabalhar com todos os Países Partes do Acordo e outros atores na promoção do desenvolvimento sustentável, com baixas emissões de gases de efeito estufa e resiliente aos efeitos adversos da mudança do clima.

O Acordo de Paris estabelece o arcabouço para que as Partes apresentem esforços nacionais refletindo as responsabilidades e capacidades de cada um. O Acordo dá margem para que cada país defina medidas e políticas para regular a emissão de gases de efeito estufa, da forma que melhor atenda a suas circunstâncias domésticas, conciliando o crescimento econômico com a defesa do meio ambiente.

Nota 5: En el caso de México, se lee que:

México reafirma su apoyo y compromiso con el Acuerdo de París para detener los efectos del Cambio Climático Global

Comunicado conjunto SRE-SEMARNAT.- Frente al anuncio del día de hoy del Gobierno de los Estados Unidos de denunciar el Acuerdo de París, el Gobierno de México expresa lo siguiente:

COMUNICADO

México reafirma su apoyo y compromiso con el Acuerdo de París para detener los efectos del Cambio Climático Global Autor Secretaría de Relaciones Exteriores Fecha de publicación 01 de junio de 2017

1. México reitera su apoyo irrestricto al Acuerdo de París, y continuará implementando las metas establecidas en su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (NDC), e implementando su Estrategia Nacional de Cambio Climático.

2. El cambio climático global es un hecho incontrovertible, basado en evidencia científica. Contrarrestarlo exige la cooperación de todos los países, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

3. El Acuerdo de París contiene los compromisos concretos de todos los países para hacer frente al cambio climático y el calentamiento global. Es un acuerdo que fue negociado a lo largo de cinco años. Es uno de los grandes éxitos de la cooperación multilateral de este siglo. La ratificación de este tratado internacional por parte de la mayoría de los Estados, incluyendo a los grandes emisores, en tiempo récord, reflejó la voluntad compartida de actuar con urgencia, y lograr la meta fijada, que es evitar un calentamiento global superior a 1.5 grados centígrados.

4. El Acuerdo de París es uno de los pilares más importantes para lograr un mundo más estable, próspero, justo y sustentable. La acción global concertada, a través de este Acuerdo, es la única vía para responder al reto que representa el calentamiento global. Es imperativo mantener la unidad de toda la comunidad internacional frente al problema.

5. México se distinguió como uno de los principales líderes en la negociación del Acuerdo de París. Continuaremos fomentando la cooperación internacional, sin restricciones, para que el Acuerdo se aplique en su totalidad.

6. Mantener nuestro compromiso con el Acuerdo no sólo es una demanda de nuestra sociedad, sino que es indispensable para avanzar hacia una economía más sustentable, competitiva y resiliente.

7. Las acciones para frenar el cambio climático son un imperativo moral, porque se las debemos a las futuras generaciones. Son acciones socialmente necesarias, porque responden al interés inmediato de nuestras sociedades, y son económicamente viables, porque fomentan nuevas tecnologías que generan desarrollo y bienestar en nuestros países.

Nota 6: El comunicado de Chile tiene el siguiente contenido:

Declaración sobre el retiro de Estados Unidos del acuerdo de París:

El gobierno de Chile manifiesta su profunda decepción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París sobre cambio climático.

El Acuerdo de París es uno de los más importantes logros de la comunidad internacional. Es un marco de acción para hacer frente al cambio climático en el siglo XXI. En este sentido su implementación es fundamental para el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático. En los últimos años, hemos sido afectados por inundaciones e incendios devastadores, asociados con las variaciones climáticas. A ello se suman procesos de larga duración, pero no por ello menos graves, como el largo ciclo de sequía y acidificación del océano.

El Acuerdo de París fue promulgado por la Presidenta Bachelet el 24 de abril y es ley de la República desde el 23 de mayo pasado cuando fue publicado en el Diario Oficial.

En virtud de ello, Chile ha presentado compromisos concretos de reducción de emisiones y de aumento de la capacidad adaptativa de nuestros territorios. En materia de mitigación, la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Chile consiste en la reducción de un 30% por unidad de PIB al 2030 con esfuerzos propios, y hasta un 45% con ayuda internacional.

El gobierno de Chile seguirá trabajando en la consolidación de alianzas internacionales para la construcción de un mundo más sostenible, incluyendo a través de una eficaz implementación del Acuerdo de París”.

Nota 7: El texto circulado al finalizar la tarde el viernes 2 de junio por El Salvador se lee de la siguiente manera:

Viernes, 02 Junio 2017 17:16 Pronunciamiento de El Salvador ante recientes hechos relacionados con el Acuerdo de París

“El Gobierno de El Salvador, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresa su preocupación frente al retiro de los Estados Unidos del Acuerdo de París.

Las investigaciones científicas en materia de medio ambiente evidencian que nuestro país, junto al resto de Centro América, están entre las naciones más vulnerables a los efectos del cambio climático, situación que se ha ido manifestando con más fuerza en los recientes años.

El Salvador considera que existe una oportunidad histórica para consolidar las alianzas en la región y con otras regiones del mundo en cuanto al impulso de los compromisos asumidos bajo el Acuerdo de París.

Actualmente, como Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), nuestro país lleva a cabo los preparativos para la próxima cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de este organismo y la Unión Europea.

Este encuentro, al más alto nivel, se desarrollará en San Salvador a finales de octubre y tendrá entre uno de sus ejes temáticos centrales el cambio climático, por lo que consideramos que este espacio podrá contribuir a fortalecer la alianza birregional y avanzar así en nuevos caminos que nos permitan concretar medidas conjuntas para enfrentar este fenómeno”.

Nota 8: El comunicado de Ecuador emitido al finalizar la tarde del 2 de junio reza que:

Ecuador lamenta anuncio de retiro de EEUU de Acuerdo de París sobre Cambio Climático, 2 de Junio , 2017 , 4:47 pm

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a nombre del pueblo y gobierno del Ecuador, lamenta el anuncio realizado por los Estados Unidos de América de retirarse del Acuerdo de París acordado en 2015 bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992.

El Acuerdo de París es la principal respuesta de la comunidad internacional ante la amenaza del cambio climático. El documento incluye los compromisos de cada país para lograr su implementación en materia de mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia y desarrollo de tecnologías y construcción de capacidades, de conformidad con los principios de la Convención, en particular la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países.

El Ecuador, como Presidente del Grupo de los 77 más China reitera su firme compromiso con el objetivo, principios y propósito de la Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París.

“Ecuador será un puntal en la defensa de los derechos de la naturaleza, en aportar con soluciones a la crisis ambiental global y en particular al Cambio Climático que es para nosotros una prioridad como país de alta vulnerabilidad”, declaró la Canciller María Fernanda Espinosa, acorde al fomento de la diplomacia verde que caracteriza al Gobierno del Ecuador.

La decisión de retiro de los EEUU y una posible renegociación unilateral, representa una clara amenaza para el multilateralismo, los derechos de la naturaleza y la capacidad del Ecuador y de los países en desarrollo de contribuir de manera efectiva a la lucha contra esta amenaza global”.

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA sobre Venezuela: balance y perspectivas.

La actual jefa de la diplomacia venezolana y el Secretario General de la OEA, abril del 2017. Foto extraída de artículo de La Nación (Costa Rica) del 27 de abril del 2017

Por: Nicolás Boeglin 

Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

Este Miércoles 31 de mayo del 2017, la Organización de Estados Americanos (OEA) auspició una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros para examinar la situación imperante en Venezuela. La reunión concluyó con una falta de acuerdo entre los presentes sobre el texto final a adoptar, posponiendo (por consenso) la reunión a una futura fecha sin mayor precisión, ello después de cuatro horas. Se trata de un esfuerzo diplomático para intentar encontrar una salida política a la crisis que se polariza con el paso del tiempo en Venezuela y que ya contabiliza 62 muertes.

El desafío era mayor que en ocasiones anteriores, al tratarse de la máxima instancia de la OEA, y al tener lugar pocas semanas después del anuncio por parte de Venezuela de retirarse definitivamente de la OEA (cuyo procedimiento se formalizó el pasado 27 de abril del 2017).

¿Cómo explicar lo ocurrido? Es lo que se intentará responder en las líneas que siguen, a partir de algunos datos sobre este tipo de reuniones al más alto nivel que generan usualmente una gran expectativa pero cuyo éxito depende de la habilidad política de quiénes las convocan. Premura y torpeza diplomática son usualmente hábilmente aprovechados por quiénes objetan este tipo de convocatoria, tal y como lo veremos a continuación. En este caso no obstante, otros elementos también deben ser considerados, ya que para muchos Estados, cualquier iniciativa debe necesariamente contar con la anuencia de Venezuela.

La Reunión de Consulta en el seno de la OEA 

¿Qué es una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores? Los artículos 61 a 65 de la Carta de la OEA (véase texto) preven las reglas vigentes con relación a su funcionamiento. Toda decisión que se apruebe debe adoptarse sea por consenso, sea con un voto que reúna 23 votos necesarios (las dos terceras partes de los 34 Estados Miembros). Se lee en el mismo sitio de la OEA (véase enlace oficial) que:

La Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores se celebra con el fin de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados americanos, y para servir de Órgano de Consulta. Cualquier Estado Miembro puede pedir que se convoque la Reunión de Consulta. La solicitud debe dirigirse al Consejo Permanente de la Organización, el cual decide por mayoría absoluta de votos si es procedente la Reunión“.

Como se puede leer, “urgencia” e “interés común” son nociones que responden a apreciaciones por parte de cada Estado con relación a una determinada situación. La facultad de solicitar la convocatoria recae en un Estado. En el caso de Venezuela, la convocatoria a esta reunión fue decidida, en aplicación del artículo 62 de la Carta, por un voto: 18 a favor, uno en contra (Nicaragua), 13 abstenciones (incluyendo la de Costa Rica) y 2 ausencias (véase nota de prensa con detalle del voto acaecido el pasado 15 de mayo). Costa Rica se abstuvo debido a que se pospusó la fecha inicial proyectada del 22 de mayo al 31 de mayo, según explicó su representante ante la OEA al externar su “profunda decepción” y las dificultades de su canciller para viajar a Estados Unidos en la fecha del 31 de mayo (véase nota de La Nación).

La encargada de negocios de Costa Rica en Venezuela (Costa Rica no cuenta con Embajador en Caracas desde mayo del 2014) fue llamada a consultas a San José al iniciar el mes de mayo del 2017 (véase nota de prensa), días después de anunciarse en Venezuela la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de su Presidente. No se tiene información sobre algun otro Estado de América Latina que carezca de un embajador en Caracas (y se agradece desde ya a nuestros estimables lectores proporcionarnos alguna información al respecto).

En este enlace oficial de la OEA se reseñan las diversas Reuniones de Consulta efectuadas desde 1939: nótese la mención “documento reservado” que acompaña los dígitos de algunas de las actas o memorias.

Venezuela y la OEA en los últimos meses 

Cabe recordar que el pasado 26 de abril del 2017, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución en ese sentido: véase texto del Documento CP/RES. 1079 (2111/17) reproducido al final de esta nota (Documento 1 en español). El 3 de abril, una memorable tarde vivida en el Consejo Permanente, con la presencia de la canciller de Argentina y del vice canciller de Costa Rica, concluyó con la adopción de una resolución, luego de la salida de la sala de los delegados de Venezuela y de Bolivia, ante una maniobra consistente en otorgar la dirección del debate a Honduras en vez de la Presidencia de turno del Consejo Permanente, a saber Bolivia (véase breve nota nuestra al respecto). Anterior a ello, el 23 de marzo del 2017, una declaración conjunta suscrita por Estados Unidos, Canadá y 12 Estados de América Latina sobre la situación en Venezuela circuló en la que se lee que los firmantes de la misma “reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas, a fin de considerar los próximos pasos necesarios” (véase texto reproducido por DIPúblico).

Ante lo ocurrido el 26 de abril en el Consejo Permanente de la OEA, el 27 de abril del 2017, Venezuela inició formalmente el trámite de denuncia de la Carta de la OEA suscrita en 1948, convirtiéndose en el primer Estado Miembro de la OEA en acudir a esta figura que prevé el derecho de los tratados y consagrada como tal en la Convención de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados (véase nota de prensa). En este enlace se puede leer la nota oficial de Venezuela con fecha del 27 de abril del 2017 detallando las razones que fundamentan su decisión.

La Reunión de Consulta como instancia suprema 

Los diversos documentos oficiales de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada este 31 de mayo están desde ya disponibles en este enlace. Es una pena que no estén en línea los diversos discursos pronunciados por los cancilleres presentes: salvo algunas excepciones, todos leyeron un texto que ameritaría poder ser revisado concluída la reunión. De particular interés resulta el punto de saber, entre otros, quiénes aludieron expresamente a la Carta Democrática de la OEA adoptada en el 2001, exigiendo aplicarla en el caso de Venezuela (y quiénes evitaron mencionarla esta vez). Recordemos que en junio del 2016, un proyecto de resolución sobre Venezuela refiriendo a la Carta Democrática concluyó con una resolución del Consejo Permanente de la OEA omitiendo toda mención a este instrumento interamerciano (véase nuestra breve nota al respecto con ambos textos reproducidos).

Una Reunión de Consulta puede analizarse desde diversas perspectivas. Para muchos, es la cita política de mayor importancia y relieve dentro de la OEA y la medición de fuerzas que en ella se da es seguida con mucha atención. Agotada esta vía, no queda ninguna de mayor alcance a la que se pueda acudir.

En una declaración dada por el portavoz del Secretario de Estado de Estados Unidos 24 horas antes de la cita, se lee que Estados Unidos “anticipaba” desde ya una participación “robusta“:

As to the participation level, I think many countries are still accrediting representatives, so I think it’s too early to worry about the number you mentioned. And we’re anticipating quite robust participation. We’ve already got many or most of the leading foreign ministers in the region coming” (véase texto completo).

Políticamente, se trata en efecto de convocar a los cancilleres de todo el hemisferio americano, una meta raramente alcanzada en la historia reciente. Enviar a un canciller desde su capital no es igual a enviar a su subalterno (vice canciller) o a un embajador. En ese sentido, la presencia física de los ministros reflejó el apoyo a la iniciativa. Los cancilleres acreditados que se hicieron presentes fueron en total 19, a saber los de Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Santa Lucía (véase listado de jefes de delegación). Como previsto, Estados Unidos no envió a su Secretario de Estado: raramente recorre los pocos bloques que separan su oficina de la sede de la OEA en Washington.

Se ignoraba si Venezuela optaría por enviar a su canciller o si escogería no enviar delegación alguna en señal de protesta. A pocas horas de iniciar la cita, Venezuela anunció que sí acudiría (véase nota de El Mundo). Finalmente, la silla de la delegación venezolana permaneció vacía durante toda la reunión.

Luego de los discursos de rigor, en los que se pudo medir la percepción de cada Estado de la situación imperante en Venezuela (con un interés marcado por lo expresado por el representante de Brasil, recientemente objeto de un comunicado conjunto de dos órganos de derechos humanos rechazado vehementemente por el Palacio del Itamaraty- véase nota), la cita debió consensuar alguna decisión. En materia resolutiva, circularon dos borradores de resolución, tal como lo informó la prensa en estos días (véase nota El Universal): se trataba de un proyecto de resolución presentado conjuntamente por Perú, Canadá, Estados Unidos, México y Panamá (véase texto al final de esta nota Documento 3 en inglés) y por otro lado, de un borrador de resolución presentado por Antigua y Barbuda. Un tercer borrador propuesto por el CARICOM el mismo día de la reunión fue presentado, al tiempo que Antigua y Barbuda anunció cuando tomó la palabra el retiro de su texto, inclinándose por la propuesta del CARICOM (Documento 2 en inglés). Al comparar a ambos documentos reproducidos al final (Documentos 2 y 3), el lector podrá apreciar que uno de ellos aún contiene citas no definitivas e indicaciones de Estados a consultar para ciertos párrafos, evidenciando la premura con la que se presentó.

Como bien se sabe, los 13 Estados anglófonos del Caribe suelen a veces tomar sus distancias con relación a iniciativas provenientes de los Estados de América Latina.

De última hora, también circuló la idea de establecer un “grupo de contacto” para mediar entre las autoridades venezolanas y la oposición (véase cable de EFE recogido en El Periódico). Al final, y luego de una larga suspensión en aras de encontrar un consenso, se debió reconocer falta de acuerdo y concluyó la cita.

Se ignora si el Departamento de Estado “anticipó” también la perfecta coordinación de los Estados del CARICOM en lo que pareciera ser una hábil estrategia diplomática previamente definida: una propuesta inicial de un solo de sus integrantes, permitiendo desviar la atención para luego presentar en bloque un solo texto el mismo día de la reunión. Diplomáticamente, la maniobra merece mención, y sorprende que haya sorprendido a algunos. Es probable que los recortes presupuestarios anunciados por parte del nuevo Presidente de Estados Unidos al Departamento de Estado estén empezando a surtir sus efectos.

Presencia de cancilleres en citas similares 

En agosto del 2012, a raiz del tono y de la actitud de las autoridades del Reino Unido con relación al asilo diplomático concedido a Julian Assange en Londres, Ecuador había solicitado una urgente Reunión de Consulta (véase documentos oficiales aprobados): esta cita, objetada por Estados Unidos y Canadá, se realizó con la presencia de 12 cancilleres, un Vice canciller (Guatemala) y los demás 20 delegados. Los Estados que enviaron a su canciller a la cita fueron Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela (véase nota en este mismo sitio al respecto): un mensaje claro de solidaridad con Ecuador enviado al Reino Unido sobre la imperiosa necesidad de respetar una institución como el asilo diplomático, la cual encuentra sus orígenes en … América Latina.

Nótese que la última Reunión de Consulta convocada por Costa Rica (véase nota de La Nación) se realizó en diciembre del 2010, con relación a la ocupación ilegal de Isla Portillos por parte de Nicaragua detectada en octubre del 2010: en aquella ocasión (véase documentos oficiales aprobados), de 34 posibles ministros asistiendo a la cita, solamente la presenciaron dos cancilleres (incluyendo en esta cifra al canciller René Castro Salazar de Costa Rica).

Mapa de Google Earth usado por Eden Pastora en octubre del 2010 para ubicarse en el extremo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua y exacavar un caño artificial en Isla Portillos (izquierda). A la derecha, mapa corregido por Google Earth en noviembre del 2010. Figura extraída de esta esta breve nota nuestra

En el caso de la Reunión de Consulta solicitada por Ecuador a raiz de la incursión de un comando militar colombiano en su territorio, celebrada en marzo del 2008 (véase documentos oficiales aprobados), asistieron a la cita 16 cancilleres y 3 vicecancilleres (Costa Rica, Estados Unidos y Perú) (véase información disponible aquí): en este enlace se encuentran disponibles los diversos informes realizados de previo a dicha cita, relacionados a la profunda crisis diplomática causada por la denominada “Operación Fénix” ordenada por las autoridades militares colombianas. Nótese que la información contenida en una de las computadoras incautada perteciente a Raúl Reyes fue trasladada por Colombia a las autoridades de Costa Rica con datos muy precisos sobre las relaciones de las FARC en Costa Rica. Ello llevaría, luego de algunas declaraciones anticipadas, a destituir al Ministro de Seguridad de Costa Rica pocos días antes de su esperada comparecencia ante una Comisión del Poder Legislativo (véase nota de prensa).

Ultimos altercados de Venezuela con Estados de América Latina 

Con respecto a las relaciones de Venezuela con los demás Estados de la región latinoamericana, al iniciar el mes de marzo del 2017, las diplomacias peruana y venezolana intercambiaron fuertes comunicados de prensa a raiz de declaraciones consideradas ofensivas por parte de Perú hechas por la jefa de la diplomacia venezolana (véase nota de este mismo sitio).

Hace pocos días, Venezuela reaccionó airadamente a un inédito comunicado de Honduras en el que se lee “es crucial mayor derramamiento de sangre” en Venezuela (sic.): véase nota de prensa sobre la protesta de Venezuela con texto – a todas luces inusual – de Honduras y esta nota con fotografía del texto de Honduras reproducida. El diplomático hondureño responsable de la redacción del texto fue removido días después (véase nota de prensa): nótese, a diferencia de lo que ocurre con comunicados de prensa redactados de manera bastante precipitada, la gran rapidez con la que las autoridades de Honduras procedieron a destituir al agente diplomático responsable de este extraño comunicado circulado por su legación diplomática en Belice.

El último cruce de comunicados oficiales entre Venezuela y Costa Rica remonta a los primeros días del año 2016 (véase texto de ambos comunicados precedidos de nuestro breve análisis publicado en el sitio jurídico de Ius360).

A modo de conclusión

No cabe duda que la crisis política en Venezuela es objeto de una particular atención por parte de la comunidad internacional y de los medios internacionales desde varios años. En los últimos meses, los acontecimientos violentos y las muertes ocurridas durante las manifestaciones han recrudecido dicha atención: los diversos llamamientos a la cordura y a una actitud más conciliadora por parte de algunos sectores en Venezuela no han aún logrado encontrar eco alguno. Durante esta nueva cita en la OEA, los diplomáticos exhibieron en algunos casos un vocabulario muchos más acorde a los usos y a los protocolos vigentes, en aras de acordar algún mecanismo más efectivo de diálogo político en Venezuela y algún acompañamiento a este. Otros, por el contrario, aprovecharon el espacio para lanzar duras críticas a las autoridades de Venezuela, lo cual no fue objeto de ninguna reacción ante el vacío persistente de la silla de la delegación venezolana.

El desafío consistió para muchos en cambiar de tono en aras de intentar recobrar la confianza que Venezuela pareciera haber perdido por completo en esta entidad hemisférica. Como todo desafío, algunos lo lograron, otros no.

Es posible que lo escuchado por parte de varios delegados a la cita sea usado en Venezuela para confirmar el distanciamiento con la OEA, contribuyendo a reactivar los esfuerzos de otros foros regionales tales como la UNASUR, la misma CELAC, o inclusive, alguna iniciativa proveniente de los Estados del CARICOM.

ANEXOS 

DOCUMENTO 1

CP/RES. 1079 (2111/17)

CONVOCATORIA A UNA REUNIÓN DE CONSULTA DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES PARA CONSIDERAR LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

(Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2017)

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONSIDERANDO la creciente preocupación de los Estados Miembros de la OEA ante la situación en la República Bolivariana de Venezuela;

TENIENDO EN CUENTA lo establecido en el Artículo 61 de la Carta de la Organización de Estados Americanos sobre la posibilidad de convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar problemas de carácter urgente y de interés común;

RESUELVE:

1. Convocar una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para considerar el tema “Situación en la República Bolivariana de Venezuela”.

DOCUMENTO 2

PROPUESTA DE RESOLUCION PRESENTADA POR EL CARICOM, RC19/Doc.2917 

DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,

Reiterating its commitment to the principles of non-interference and of non-intervention as set forth in the Charter of the OAS, as well as to representative democracy which is essential to the stability, peace, and development of the Region.

REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.

RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, including the principles of state sovereignty and independence, as enshrined in Article 3 of the Charter of the OAS

EXPRESSING:

Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community.

Its deep concern regarding the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition.

The urgent need to put in place a renewed process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith.

CALLS FOR:

1. The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.

2. The establishment of concrete plans for the restoration of peace and stability as soon as possible.

3. Absolute respect for human rights, the rule of law and the constitutional processes of Venezuela.

4. All parties to commit to engage in a renewed dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the wellbeing of the nation.

5. The Government of Venezuela to reconsider its decision to withdraw from the OAS.

DECLARES:

The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, as may be requested by the Government of Venezuela.

Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a renewed dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.

Its willingness to remain seized of the situation with due regard to the principles earlier enunciated

DOCUMENTO 3 

DRAFT DECLARATION ON THE SITUATION IN THE BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA

(Presented by the Permanent Missions of Peru, Canada, United States, Mexico, and Panama)

THE TWENTY-NINTH MEETING OF CONSULTATION OF MINISTERS OF FOREIGN AFFAIRS,

REITERATING its commitment to representative democracy, which is essential for the stability, peace, and development of the region, as well as to the principles of non-intervention and solidarity, as set forth in the Charter of the Organization of American States (OAS).

REAFFIRMING that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms is a basic condition for the existence of a democratic society.

RECOGNIZING that the OAS is an organization of nations that share principles and values constructed collectively to which Venezuela has contributed since the Organization’s inception, we invite Venezuela to reconsider its decision to withdraw from it.

EXPRESSING:

Its deep concern regarding the deterioration of the political, economic, and social situation in Venezuela, in particular the increase in violence and polarization between the government and the opposition, as well as the need to address the humanitarian situation in the country.

(Its concern regarding the interruption of the democratic order, and) (PAR), The urgent need to put in place a new process of dialogue and negotiation, with the full participation of all political actors, based on the principle of good faith, in order to establish concrete plans for the peaceful restoration of the democratic order as soon as possible.

Its friendship and solidarity with the Venezuelan people and its conviction that it is up to the Venezuelans to find their own solutions to the current situation with facilitation and support from the international community, (as requested by the parties by mutual agreement).

(AYB) CALLS FOR:

1. The immediate cessation of violence and hostilities committed by any of the parties, especially those that could cause injury or loss of life.

2. Absolute respect for human rights and the rule of law.

3. A halt to the convocation of a National Constituent Assembly as presently conceived.*

4. The cessation of arbitrary detention, respect for the due process of law, and the suspension of trials of civilians by military tribunals.*

5. The fulfilment of the commitments undertaken by the parties, made by the Working Groups during the previous process of national dialogue, with regard to the liberation of political prisoners, respect for the constitutional powers, and the establishment of an electoral calendar with the presence of international independent electoral observers.*

6. All parties to commit to a new process of dialogue and negotiation leading to a comprehensive, political agreement with established timetables, concrete actions and guarantees to ensure its implementation for the well being of the nation.

7. The government of Venezuela to seek international humanitarian assistance

DECLARES:

The willingness of member states to offer their help in meeting the serious challenges facing Venezuela, including steps to provide humanitarian assistance, as may be requested, with support of organizations specialized in this area, and their readiness to establish a humanitarian support group for that purpose.

Its willingness to establish a group or other mechanism of facilitation to support a new process of dialogue and negotiation between the government and opposition in Venezuela, and to accompany and promote the timely implementation of the parties´ commitments.

Its intention to remain seized of the situation.

*In consultation by the delegation of TT

 

Convocatoria Pasantías 2017-II con la Academia Colombiana de Derecho Internacional ACCOLDI

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La Academia Colombiana de Derecho Internacional es una asociación sin ánimo de lucro cuyo propósito es “promover y realizar estudios e investigaciones sobre todos los temas concernientes con el derecho internacional, en los que se analicen los diferentes principios y conceptos, los sujetos, las fuentes y, en general, todos aquellos fenómenos tendientes a la codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional”, así como promover, participar, auspiciar, patrocinar y realizar estudios, análisis, investigaciones, foros y publicaciones sobre el estudio y/o la aplicación del derecho internacional, de áreas afines al mismo y de áreas que llegaren a relacionarse con el Derecho Internacional de forma puntual.

El Blog Debate Global, surge ante la necesidad de generar espacios para que los socios se pronuncien desde su especialidad frente a temas de coyuntura nacional e internacional, así como a debates fundamentales en la doctrina contemporánea del Derecho Internacional, se ha convertido en una herramienta de divulgación del conocimiento, interacción virtual y generación de debates no sólo entre miembros de la organización sino también entre distintos sectores de la sociedad civil colombiana y latinoamericana. Además, el Blog se proyecta como una herramienta comunicacional que -en conjunto con otro tipo de estrategias- permite visibilizar la perspectiva de sus miembros en relación a asuntos de interés global desde una óptica técnico-jurídica, potenciando el papel de ACCOLDI en la escena nacional, regional e internacional. Como escenario a través del cual los miembros de ACCOLDI

tienen la posibilidad de pronunciarse frente a temas de derecho internacional.

Deberes y responsabilidades de las/os pasantes

Bajo la supervisión directa del Coordinador de Contenidos del blog y el Editor General del Blog, los pasantes deberán desempeñar las siguientes funciones:

1. Realizar análisis de tipo técnico jurídico sobre asuntos de derecho internacional

  1. Asistir en la organización de los cronogramas de publicación previstos por el Comité.

  2. Ajustar los contenidos divulgados conforme a las normas editoriales del blog

  3. Apoyar en la búsqueda y ampliación de la base de datos del blog

  4. Apoyar las estrategias de fortalecimiento institucional con organizaciones académicas

  5. Mantener comunicación permanente con los miembros honorarios del blog

  6. Realizar entrevistas sobre temas de relevancia para el derecho internacional

  7. Apoyar la estrategia de comunicación y divulgación de los contenidos publicados

Elegibilidad y Requisitos

  • La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado en disciplinas como Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales que requieran el cumplimiento de pasantía para optar por el respectivo título profesional.
  • Conocimiento básico sobre el marco general del derecho internacional(sujetos, fuentes, sistema de solución de controversias). Se privilegiarán aquellas candidaturas de estudiantes que hayan participado en proyectos de investigación o concursos en cualquiera de las subespecialidades del derecho internacional.
  • Capacidad para la conducción de investigaciones, redacción de documentos y búsqueda de información.
  • Familiaridad con temas de actualidad nacional e internacional.
  • Manejo de herramientas ofimáticas.
  • Nivel intermedio-alto en inglés.
  • Se valorará el desempeño académico a lo largo de la carrera

Criterios de evaluación

  • Hoja de vida e historia académica: 50%
  • Entrevista: 50%

Envío de documentos

Las/os aspirantes a pasantía deberán remitir la hoja de vida al correo accoldi@gmail.com, junto con su historial académico y soportes de ser necesario. La fecha límite para la recepción de documentos será el viernes 9 de junio de 2017. Las personas seleccionadas serán convocadas para la realización de una entrevista.

Tipo de vinculación

Pasante. Los pasantes no tendrán calidad de empleados, trabajadores o contratistas. Su relación es académica y no constituye un vínculo laboral ni contractual con ACCOLDI. La pasantía no será remunerada y requiere del cumplimiento de 15 horas de dedicación semanal. Los pasantes se verán beneficiados en la participación de proyectos de investigación y en la organización de eventos de la Academia.

Cronograma de la convocatoria

ACTIVIDAD                                                                                FECHA

Publicación de la convocatoria                                             Miércoles 17 de mayo de 2017

Recepción de documentos                                                     Hasta el 9 de junio de 2017

(únicamente por correo electrónico)

Caso Timoteo Mendieta: a propósito de la segunda exhumación ordenada.

Foto extraída de artículo de prensa titulado: “La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: “Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad”

Por: Nicolás Boeglin
Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).

En días recientes se pudo leer en España que los familiares de Timoteo Mendieta Alcalá, un lider sindical fusilado en 1939 por las fuerzas franquistas, han procedido a una nueva exhumación en una fosa común situada en Guadalajara (Castilla-La-Mancha, España): ello en aras de recuperar los restos mortuarios de esta víctima del franquismo. Se lee en esta nota de prensa de El Pais (España) del pasado 10 de mayo del 2017 que:

El equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha encontrado este miércoles un cráneo en la fosa común del cementerio de Guadalajara donde busca, desde el martes, los restos de Timoteo Mendieta, carnicero y presidente de UGT en su pueblo, Sacedón, que fue fusilado el 15 de noviembre de 1939. Su hija Ascensión, de 91 años, lleva toda la vida buscándolo para darle una digna sepultura“.

El integrante de la ARMH a cargo de los trabajos, René Pacheco, precisa en esta otra nota de prensa la principal razón por la que no se logró encontrar la osamenta de Timoteo Mendieta con ocasión del primer intento: “En esta exhumación observamos lo mismo que en la primera, que estaba muy bien documentada, pero luego comprobamos que los cuerpos se han arrojado de forma aleatoria y no corresponde a lo recogido en la documentación”, ha afirmado René Pacheco quien, no obstante, espera que esta vez sí sea posible encontrar los restos de Timoteo Mendieta“.

Un primer intento realizado en el 2016

En enero del 2016, equipos forenses españoles habían procedido a la excavación de esta fosa común en España en busca de los restos mortales de Timoteo Mendieta. Cuando en el año 1939 fue fusilado, aduciendo las fuerzas franquistas “auxilio a la rebelión”, su hija Ascensión Mendieta Ibarra tenía 13 años. Ante los obstáculos de la justicia española para acceder a los restos mortales de esta víctima de la guerra civil española enterrada en una fosa común con otros 22 cuerpos, Doña Ascensión decidió acudir a la justicia argentina.

La exhumación de la fosa común de Guadalajara inició el 30 de enero del 2016, con un emotivo acto muy concurrido al iniciar los trabajos (véase video); estos se mantuvieron por varias semanas. En los últimos días del año 2016, se informó que el análisis ADN de los huesos extraídos correspondientes a 11 de los cuerpos, realizado en Argentina, confirmó que ninguno de ellos pertenecía a Timoteo Mendieta (véase nota de CadenaSER del 30/12/2016). Nótese que los análisis de laboratorio para identificar los restos mortales se efectuaron en Argentina.

El hermetismo del Estado español ante el clamor de las víctimas del franquismo

Es gracias a la inclaudicable perseverancia de los familiares de Timoteo Mendieta, quienes interpusieron una demanda en Argentina en el 2010, que la jueza argentina María Servini de Cubría logró obtener de las autoridades de España, en aplicación del principio de jurisdicción universal, que sea exhumada una fosa común ubicada en Guadalajara. Se estima a unos 150.000 los desaparecidos durante la guerra civil española.

En este Boletín de Medicina Legal y Forense de Galicia (2012) se ofrecen diversos estudios sobre la labor realizada por expertos y colectivos en España a solicitud directa de familiares de víctimas del franquismo ante el mutismo de la justicia (véase texto). La nota introductoria de este documento concluye con un vehemente llamado a la clase política española:

…deseo hacer desde estas páginas un llamamiento a nuestros nuevos representantes políticos. Apelo a su sentido humanitario para que sigan apoyando a todos los ciudadanos de nuestro pais que quieren saber donde están sus familiares desaparecidos en un conflicto que nunca tuvo que haber ocurrido“.

La justicia argentina al servicio de las víctimas españolas

Timoteo Mendieta se convierte en la primera víctima del franquismo en ser objeto de una orden de exhumación que emane de la justicia … de Argentina. No existe nada similar originado en España desde un juzgado español en materia de exhumación de víctimas del franquismo.

¿Cómo puede explicarse que la exhumación de una persona fusilada en 1939 en España (y cuyos restos mortales yacen con otros en una fosa ubicada en territorio español) deba ser tramitada por sus familiares españoles ante un juzgado ubicado en Buenos Aires? ¿Cómo explicar que procesos similares hayan tenido lugar en América Latina después de oscuros años vividos en el Cono Sur y en América Central en los años 80, permitiendo a familiares de desaparecidos acudir a su sistema judicial para exigir el respeto a la memoria de sus abuelos o padres, víctimas de la violencia política?

¿Cómo entender que mientras que en América Latina es el mismo Estado (a veces obligado por una sentencia judicial) el que concurre con sus recursos a permitir que familiares puedan cerrar un doloroso proceso de duelo, en España las familias y las asociaciones deben sufragar ellas mismas los costos que conlleva su búsqueda?

Las respuestas a estas y a muchas otras preguntas se encuentran revisando el largo camino recorrido por los familiares de Timoteo Mendieta. Muchas de estas respuestas exhiben la incómoda situación de España con respecto a los avances logrados en América Latina y en diversos foros internacionales en materia de derecho a la verdad y derecho al duelo (ambos consagrados en sentencias de jueces nacionales y por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La unión de dos excepciones: España y el derecho a la verdad – Argentina y la impunidad

El derecho a la verdad constituye un tema que ha cobrado particular atención en diversos órganos de Naciones Unidas en la última década, y sería de sumo interés conocer la posición de los delegados de España en sus intervenciones cuando el foro al que participan delibera sobre sus alcances.

Entre muchos textos de Naciones Unidas sobre el derecho a la verdad, activamente promovido por Estados de América Latina, podemos citar la resolución 2005/66 adoptada, a iniciativa de Argentina, por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005, la cual “reconoce la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos“. En el 2010, a iniciativa de El Salvador, la resolución A/RES/65/196 de la Asamblea General de Naciones Unidas “Proclama el 24 de marzo Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas” (véase texto). En el 2013, la misma Asamblea aprobó la resolución 68/165 (véase texto) sobre este preciso derecho.

En un ámbito como el del hemisferio americano (al que España participa en su calidad de Estado observador), se puede mencionar la resolución AG/RES. 2267 (XXXVII-O/07) adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2007, la cual insta a todos los Estados del hemisferio americano:

a tomar medidas pertinentes para establecer mecanismos o instituciones que divulguen la información sobre violaciones de los derechos humanos, y aseguren el acceso adecuado de los ciudadanos a esta información, con el fin de promover el ejercicio del derecho a la verdad“.

Un detallado informe presentado en el 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad (véase texto completo) señala que pese a notables avances en la región, varios desafíos aún persisten en el hemisferio en materia de justicia transicional, en aras de vencer la resistencia de algunos sectores políticos, de los aparatos militares y de varios sistemas judiciales.

En un artículo sobre su experiencia en España como voluntaria con las víctimas del franquismo (publicado en el 2012), la antropóloga forense costarricense Roxana Ferllini Timms explica que:

España constituye una excepción dentro del proceso de transición de justicia, ya que el paso a la democratización no buscó conciliar la violencia y abusos de los derechos humanos que ocurrieron durante la Guerra Civil y el régimen Franquista. La transición en 1977 creó el pacto del olvido, el cual fundamentalmente dio cabida al silencio, neutralizando toda temática concerniente a ese pasado, incluyendo la exclusión de dichos temas en cursos de historia española” (véase artículo, página 78).

En una entrevista en el 2013, el juez español Baltasar Garzón había declarado:

Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España en su día paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerraba todas las vías para las víctimas“.

No es casualidad si los familiares de Timoteo Mendieta debieron viajar para presentarse ante un juzgado situado en Buenos Aires. Argentina, desde hace muchos años, lidera la lucha contra el olvido y la impunidad en América Latina: los jueces argentinos han logrado avances que sus hómologos latinoamericanos conocen y observan sin poder replicarlos. En el 2016, con relación a una histórica sentencia condenando por vez primera a los responsables del denominado “Plan Cóndor”, cuya lectura fue transmitida en directo por varias embajadas argentinas en América Latina, habíamos tenido la oportunidad de señalar que la justicia de Argentina se sitúa a la vanguardia en la región: “esta decisión leída el pasado 27 de mayo representa un sustantivo avance en la lucha contra la impunidad por crímenes del pasado en América Latina. Una lucha en la que pareciera que la justicia argentina cuenta con herramientas legales mucho más efectivas y con jueces mucho más determinados que las de otros Estados afectados por esta misma operación regional” (véase nuestra breve nota publicada por el OPALC).

Foto de Ascención Mendieta Ibarra, su hija y una de sus nietas, extraída de nota titulada: “Una jueza deniega la exhumación de una fosa común porque no se cree los documentos oficiales. La jueza es la titular del Juzgado de Instrucción Nº1, María Lourdes Platero”.

La orden judicial expedida por una jueza en Buenos Aires para excavar una fosa común en España

La solicitud hecha en el 2014 por la jueza desde Argentina precisaba (ver nota) a sus homólogos españoles que:

Líbrese exhorto diplomático al Titular del Juzgado Territorial, que por razones de turno corresponda, con jurisdicción en Guadalajara (…) a fin de solicitarle arbitre los medios necesarios para que en presencia de quien suscribe se proceda a la exhumación del cuerpo sin vida que se encontraría inhumado en la fosa n° 2, ubicada en el patio n° 4 del cementerio de Guadalajara, ocupando el penúltimo lugar, comenzando de arriba hacia abajo, o segundo lugar de abajo hacia arriba, de diecisiete cuerpos que se hallarían apilados en forma vertical“.

Se lee en este sitio sobre la memoria histórica en Guadalajara que el ayuntamiento respondió al juez español que:

El informe, fechado el 27 de junio de 2014 y remitido al Juzgado de Instrucción Número 1 de Guadalajara, explica que la fosa en la que fue enterrado Timoteo es una fosa común cuyo primer enterramiento data del 16 de noviembre de 1939 y el último el 9 de septiembre del mismo año. En la fosa se enterraron, según consta en el informe, 22 o 23 personas ejecutadas por el Juzgado Especial de Ejecuciones, según los distintos registros“.

El documento del ayuntamiento de Guadalajara y sus anexos está disponible en esta nota, con relación a una primera respuesta negativa de la justicia española en febrero del 2015, aduciendo incertidumbre sobre la localización exacta del cuerpo para proceder a una exhumación.

El sufrimiento y el dolor ante la coraza institucionalizada del Estado español

El malestar de gran parte de la sociedad española con respecto a la falta de respuestas a sus legítimos reclamos por parte del Estado español es profundo. En esta nota de prensa se lee, con referencia a la hija de Timoteo Mendieta, Asunción Mendieta Ibarra, que:

En 2013 se echó a la espalda sus 88 años y viajó hasta Buenos Aires para declarar voluntariamente ante la jueza Servini. “En España no ha habido justicia para las víctimas ni solidaridad, lo ha impedido la tan cacareada ley de amnistía, que en realidad a quien amnistió fue a los personajes que participaron en las atrocidades que se cometieron contra los ciudadanos de este país”, se queja María Ascensión Vargas, y añade que las víctimas de la dictadura no tienen “un estatuto jurídico como sí otras víctimas, por ejemplo las del terrorismo, que me alegro mucho por ellas, pero hemos viajado muy solitos“.

La determinación de los familiares de las víctimas del franquismo es compartida con las nuevas generaciones y, contrario a la percepción errónea de algunos círculos políticos españoles, se va fortaleciendo conforme avanza el tiempo. Como bien lo expresa una de las nietas de Doña Ascensión, la periodista Aitana Vargas, en este reportaje publicado en el 2015 y titulado “La nieta de Ascensión cuenta la lucha de su abuela: “Tal vez su luto sea de esos que conviven en los confines de la eternidad“: :

Creo que tal vez el luto de mi abuela sea de esos que conviven en los confines de la eternidad. No hay consuelo para una anciana cuyo padre fue acribillado a balazos cuando era una niña, acribillado a sangre fría como a miles de españoles que compartieron la misma desgracia. A quienes apretaron el gatillo no les tembló el pulso, ni les falló la puntería. Sistemáticamente mataron, asesinaron, torturaron, arrebataron niños de los brazos de sus padres. No hay consuelo ni para ella, ni para los familiares de quienes compartieron semejante destino. Porque no olvidemos que la causa de mi abuela es la causa de cientos de miles de españoles. Y esa causa, en una España democrática, no se puede olvidar ni sepultar bajo toneladas de tierra, piedra, escombros y presiones políticas – jamás“.

En este artículo de Página12 (Argentina) sobre el caso de la familia Mendieta, las lágrimas que brotaron en los ojos de Doña Ascensión, al momento de ser informada del tan anhelado “sí” de la justicia española para poder finalmente proceder a la exhumación de los restos de su padre, ilustran el dolor lancinante de muchas familias en España:

“–¿Por qué llorás? –preguntó la abogada argentina.

–Lloro porque pienso en él; toda la vida bajo tierra –respondió.

En opinión de la letrada, esa expresión revela el sufrimiento del familiar de un desaparecido, al que no ha visto morir ni sabe dónde está.

“Para el familiar, el desaparecido no está muerto hasta que ve sus restos”.

Doña Ascensión: una inclaudicable voluntad que exhibe a España ante el mundo

La tenacidad de Doña Ascensión viene ahora a interpelar ante los ojos de España y del mundo el sistema judicial español y ponerlo a prueba. El hermetismo de las autoridades centrales españolas y del sistema judicial han sido tales que desde las comunidades autónomas, se han gestado valiosas iniciativas. Por ejemplo, lo que se ha calificado como el “insultante menosprecio del Estado” recientemente dió lugar a una iniciativa en Cataluña (véase nota de prensa de enero del 2017), mientras que desde el 2015, se cuenta en el País Vasco con un “Plan Vasco 2015-20 de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil” (véase documento). Hace pocas semanas entró en vigor la “Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía” (véase texto de la Ley 2/2017).

Conclusión

Esta reivindicación colectiva se ha convertido en una verdadera onda expansiva. Encuentra su origen en muchas familias cuyos hijos o nietos han decidido romper con silencios de antaño y miradas evasivas, encontrando el apoyo de activas asociaciones de familiares de víctimas. En este contexto, la exhumación de Timoteo Mendieta puede convertirse en un emblemático precedente para muchas víctimas de la guerra civil española y para sus familiares, y contribuir a relanzar el debate en el seno de la sociedad española sobre la pesada deuda que mantiene consigo misma.

Lista de personas enterradas en la fosa común de Guadalajara, según registros de la ARMH, publicada en esta nota de CadenaSer

Nota: Para un análisis, desde la perspectiva del derecho internacional, de las diversas obligaciones que incumple el Estado español al no facilitar en lo más mínimo la labor de los familiares de las víctimas del franquismo y al mantener su sistema judicial hermético ante los constantes reclamos de las víctimas, remitimos al lector a un breve análisis escrito con ocasión de la primera exhumación realizada a inicios del 2016 por los familiares de Timoteo Mendieta. El mismo fue publicado en la Revista Los ojos de Hipatia (Valencia, España) y titulado: “JusticiA con A de Ascensión: a propósito de la exhumación de una fosa española a solicitud de una jueza de Argentina“, enero del 2016, texto disponible aquí.

Abierta Convocatoria Vol. 6 del Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal ANIDIP.

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A partir del volumen 5 (2017) del ANIDIP, los ensayos seleccionados a través del Certamen de Ensayos, son acompañados por artículos de investigación escritos desde el Derecho internacional penal (Sección I) o desde cualquier otro área de conocimiento de las ciencias humanas y sociales (Sección III). En ambos casos los artículos han de ser autoria de candidatos al doctorado, profesores universitarios o profesionales con al menos diez años de ejercicio de la profesión. Los artículos, que han de ser en todo caso inéditos, son elegidos mediante convocatoria pública tras un proceso de evaluación por evaluadores anónimos. Estos trabajos se reciben de manera continua a lo largo del año a través de la dirección de correo electrónico: info@iberoamericaninstituteofthehague.org .

Los artículos y ensayos de investigación recibidos hasta el 31 de julio de cada año, se publican en el volumen de enero/febrero del año siguiente. En este momento se reciben artículos y ensayos de investigación para el Volumen 6 del ANIDIP (enero/febrero 2018), a través de la VI Convocatoria del Certamen de Ensayos Blattmann, Odio Benito y Steiner (cuyo plazo expira el 31 de julio de 2017),y de la Convocatoria Continua para artículos de investigación (que se extenderá hasta el 31 de julio de 2017 para los artículos que deseen ser publicados en el Volumen 6 del ANIDIP). Ambas convocatorias, que incluyen las reglas de estilo y citación que han de seguir los trabajos, se pueden encontrar al final de esta sección

Toda la información de la Convocatoria Publica Continua para Articulos de Investigacion ANIDIP

Aquí las Normas APA Sexta Edición