Repensando y renovando el estudio del derecho internacional dentro, desde y sobre la América Latina

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Foto extraída de publicación de liberiasiglo.com

Por: Paola Andrea Acosta Alvarado

Miembro ACCOLDI

Docente Investigadora, Universidad Externado de Colombia. Doctora en derecho internacional y relaciones internacionales, Instituto Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid. 

Un evento, dos publicaciones: oportunidades para el diálogo constructivo.

Hace un año vio la luz la primera edición de “Imperialismo y Derecho Internacional[1] un libro en el que varios colegas, amigos, pusieron su empeño y dedicación para ofrecer al público hispanohablante una importante reflexión sobre la educación en derecho internacional en Latinoamérica y, de la mano con ello, la traducción de tres importantes trabajos de la literatura internacionalista contemporánea.

La publicación de esta obra sirvió de motivación para organizar un evento académico y para editar un número monográfico de la Revista Derecho del Estado, de la mano con el Equipo REDIAL[2].

Sobre el primero, por ahora sólo podemos decir que estamos realmente satisfechos con la convocatoria (más de 100 proponentes) y muy ansiosos por su puesta en marcha. El seminario, que durará tres días (26, 27 y 28 de septiembre) tendrá lugar en las tres universidades que lo convocan: los Andes, el Rosario y el Externado. El programa equilibra dos aspectos que resultan de suma importancia para su Comité Académico del evento[3]. Por una parte, la importancia de escuchar a grandes voces iusinternacionalistas como las de Anghie, Koskenniemi, y Orford, la necesidad de darles a conocer a dichas voces el contexto y talante de nuestros debates, el anhelo de hacer accesibles sus reflexiones a nuestros estudiantes. Por la otra, nos interesa conocernos, (re)encontrarnos, escucharnos, debatirnos y, sobre todo articularnos a la par que debatimos temas de suma importancia para nuestra región (acá la tercera persona del plural hace alusión a todos aquellos, viejas y nuevas generaciones, a las que les interese estos temas). Esperamos poder dar noticias dentro de poco sobre los resultados de este experimento académico respecto del cuál tenemos enormes expectativas.

Sobre el número monográfico debemos decir que se trata de un intento por poner en contexto las reflexiones del proyecto REDIAL, para articular algunos de los análisis de su equipo ante la oportunidad que nos ofrecen las reflexiones a las que “Imperialismo y derecho internacional” invita en materia de educación iusinternacionalista.

En este el primer texto que allí aparece intentamos presentar el vínculo entre el libro y el proyecto REDIAL para luego dar algunos pincelazos sobre hacia donde podríamos apuntar en materia de educación e investigación en derecho internacional, ¿cuáles son las preguntas que debemos tener presentes? y, sobre todo, cuál es el papel del académico ius internacionalista.

A renglón seguido, encontramos el texto de Laura Betancur y Enrique Prieto quienes a partir de un estudio centrado en los programas de clase de varias universidades bogotanas dan cuenta de las preocupaciones que convocan a REDIAL. En tercer lugar, está el texto de Fabia Veçoso, quien sirviéndose del enfoque histórico propuesto por Orford hace un análisis de las conferencias latinoamericanas sobre educación que se celebraron en el pasado para resaltar su utilidad a la hora de leer la forma como hoy en día se enseña e investiga el derecho internacional. En cuarta instancia, tenemos el texto de Adriane Sanctis y Salem Nasser en el que se esbozan algunos de los resultados de un proyecto brasilero a través del cual se quiso hacer un diagnóstico sobre el qué, el porqué y el cómo se enseña el Derecho Internacional en Brasil. Los dos últimos textos de este monográfico conectan las reflexiones de REDIAL y de Imperialismo y Derecho Internacional con dos asuntos claves para la región: la protección a los pueblos indígenas. En el texto de Amaya Alvez y Arnulf Becker se estudia el asunto desde la subjetividad internacional de los pueblos indígenas; en el documento de Jimena Sierra se hace un llamado hacia la necesidad de leer el asunto de la consulta previa desde una perspectiva decolonial.

Esperamos que tanto las dos publicaciones, como el evento sean una oportunidad sin par para el desarrollo de un diálogo constructivo en torno a, justamente, el estudio del derecho internacional dentro, desde y sobre América Latina. Los invitamos a leernos, a acompañarnos y a hacernos llegar sus ideas y observaciones sobre estas iniciativas.

Correo electrónico: paola.acosta@uexternado.edu.co

Notas:

[1] Antony Anghie, Martti Koskenniemi, Anne Orford. Imperialismo y Derecho Internacional. Estudio Preliminar de Luis Eslava, Liliana Obregón y René Urueña. Nuevo Pensamiento Jurídico, Universidad de los Andes, Pontificia Universidad Javeriana. 2016

[2] Repensando la educación en derecho internacional en América Latina, REDIAL.

[3] Integrado por René Urueña, Laura Betancur, Enrique Prieto, Jose Manuel Álvarez, Jose Manuel Barreto, Liliana Obregón y la autora de estas líneas.

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¿A mayor umbral de responsabilidad, mayores posibilidades para defender una medida regulatoria? El caso del estándar de trato justo y equitativo como parte del estándar mínimo internacional de trato.

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Foto extraída de nota de prensa de WorldBank.com

Por: Yadira Castillo Meneses

Miembro ACCOLDI

PhD. en Derecho – Universidad de los Andes, maestría en Derecho Administrativo Universidad Externado.

 Los inconformismos alrededor de la dinámica del arbitraje inversionista-Estado han conllevado a una crisis de legitimidad sobre ese sistema de solución de diferencias. Las tensiones regulatorias que se crean entre los derechos concedidos al inversionista y los intereses públicos protegidos por el Estado, así como las restricciones regulatorias que estos asumen, cuando celebran tratados internacionales para proteger la inversión extranjera, han obligado a repensar el arbitraje de inversión extranjera. Varios son los factores que se articulan y apuntan a proponer cambios, entre ellos: el diseño ambiguo de las cláusulas y alcance dado a las mismas por algunos tribunales de arbitramento, la idea de que el derecho de inversión extranjera tiene un sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero,[1] las interpretaciones contradictorias e inconsistentes por parte de algunos tribunales arbitrales sobre principios comunes a la protección de la inversión y las desventajas para los Estados del sistema de solución de diferencias.[2]

 Al respecto, hay Estados de América Latina que han decidido denunciar tratados de inversión extranjera, así como el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados  -CIADI-,[3] con la idea de regresar a los postulados de la Doctrina Calvo. Con ello, pretenden exigir a los inversionistas que acudan  a las cortes domésticas, a fin de no concederles un mejor trato que a los nacionales.[4]  Hay otros que han preferido renegociar o negociar tratados que les proporcionen un mayor control a las partes contratantes, buscando delimitar las cláusulas.  Es esto último lo que está ocurriendo con el estándar de trato justo y equitativo. Las consecuencias y el protagonismo adquirido por esa obligación han despertado el interés de los Estados desarrollados y en desarrollo en relación con las precisiones al momento de su negociación, a fin de darle mayor claridad a su aplicación. Sobre este punto, se observa una tendencia en algunos Estados de América Latina, entre ellos Perú, Chile, Uruguay, Colombia y México, en negociar cláusulas de trato justo y equitativo ligadas al estándar mínimo de trato para los extranjeros de derecho internacional consuetudinario.[5] Luego, vale preguntarse si ese tipo de cláusulas, con la consecuente delimitación que se ha hecho sobre ellas, confieren a los Estados mayores herramientas para defender sus decisiones regulatorias a la luz del derecho internacional.

Pues bien, el estándar mínimo de trato para los extranjeros de derecho internacional consuetudinario fue objeto, hasta hace poco, de una persistente resistencia por parte de los Estados en desarrollo. Estos Estados desde su proceso de formación se opusieron al estatus consuetudinario del estándar mínimo de trato para los extranjeros, negando además que hiciere parte de la doctrina clásica de responsabilidad internacional de los Estados por daños a los extranjeros y sus propiedades. Para ellos era una imposición de los Estados de occidente, cuyo único propósito era proteger de forma estratégica los intereses de los nacionales inversionistas de estos Estados en el extranjero. El disenso alrededor de esa provisión se reflejó en el tipo de cláusulas negociadas por los Estados en desarrollo. En consecuencia, estos Estados pactaron cláusulas de trato justo y equitativo desprovistas de cualquier referencia al estándar mínimo de trato, es decir, se inclinaron por negociar provisiones abiertas o de carácter autónomo.

No obstante, el alcance y contenido dado al estándar de trato justo y equitativo como autónomo, ha conllevado a que los Estados prefieran negociar esa obligación ligada al estándar mínimo internacional de trato. Esa delimitación tiene como propósito proteger y garantizar los derechos de los inversionistas extranjeros, pero con mayores parámetros de rigurosidad en cuanto a la revisión de una medida que pueda afectarlos. De tal manera, ese tipo de cláusulas buscan incidir en el umbral de responsabilidad aplicado por los árbitros para establecer la responsabilidad internacional por violación a un tratado de inversión. Bajo esa lógica, los Estados construyen su defensa argumentando que su responsabilidad está ligada a la prueba de conductas graves, arropadas por una opinio iurus y práctica judicial, enmarcadas en un piso o mínimo absoluto construido con base en principios de derecho internacional consuetudinario (nada más y nada menos de ese piso).

Ahora bien, aunque el contenido del estándar de trato justo y equitativo a la luz del mínimo internacional de trato sigue siendo indeterminado, lo cierto es que los Estados cuando atan el estándar de trato justo y equitativo al estándar mínimo de trato envían a los tribunales un claro mensaje. Así, la imprecisión alrededor del contenido no es pretexto para que los tribunales desconozcan la voluntad de las partes expresada al momento y con posterioridad a la celebración del tratado.  La ausencia de precisión no significa que el umbral de responsabilidad pueda ser flexibilizado por los árbitros como si fuese un tema de libre disposición por parte de estos. Una postura del tribunal bajo esos parámetros desconoce que el umbral de responsabilidad que se fija al incluir el estándar de trato justo y equitativo como parte del estándar mínimo internacional de trato demanda mayores esfuerzos para el inversionista que desee demandar al Estado receptor de la inversión.[6]

De esa manera, atar el estándar de trato justo y equitativo al estándar mínimo de trato de derecho internacional consuetudinario no garantiza que los Estados no sean declarados responsables, pero si pone de manifiesto la intención de las partes de sujetar la prueba de responsabilidad a la demostración de una infracción que cumpla con los requisitos de una norma consuetudinaria enmarcada en el estándar mínimo internacional de trato. Ello implica la prueba de una obligación incumplida por parte del Estado lo suficientemente grave.

Notas:

[1] Yadira Castillo. El sesgo de debilidad a favor del inversionista extranjero. Un límite a la responsabilidad internacional de las corporaciones transnacionales. Bogotá: Ediciones Uniandes, junio 2015.

[2] Stephan W Schill. Derecho Internacional de Inversiones y Derecho Público Comparado en una Perspectiva Latino-americana. En: Attila Tanzi, Alessandra Asteriti, Rodrigo Polanco Lazo and Paolo Turrini (Ed).  International Investment Law in Latin America. Problems and Prospects. Leiden: Koninklijke Brill NV, p. 30

[3] Ese es el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela.

[4] José Gustavo Prieto Muñoz. International Investment Disputes in South America: Rethinking Legitimacy in the Context of Global Pluralism. In: International Investment Law in Latin America. Problems and Prospects.  Op. Cit. p.148

[5] A la fecha de 2575 acuerdos internacionales de inversión que registra UNCTAD, 1990 son clasificados como acuerdos con la cláusula de trato justo y equitativo no cualificada, es decir, la cláusula de trato justo y equitativo no está ligada al mínimo internacional de trato, tampoco al derecho internacional. Asimismo, de esos 2575 tratados, 80 hacen referencia al mínimo internacional de trato de derecho internacional consuetudinario. Finalmente, de esos 2575 tratados, 348 hacen referencia al derecho internacional-principios de derecho internacional en relación con el estándar de trato justo y equitativo. Fuente:

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/mappedContent#iiaInnerMenu

Consultado el 19 de julio de 2017.

[6] Kendra Leite. The Fair and Equitable Treatment Standard: A Search for a Better Balance in International Investment Agreements, Comment. 32 Am.U.Int´l L.Rev.1, 2016, p. 374. Ver también: Raphael de Vietri. “Fair and Equitable Treatment” for Foreign Investment: What is the Current Standard at International Law.  14 International Trade and Business Law Review. 2011, p.418

 

 

El nuevo AII Modelo de Colombia: una herramienta necesaria para re-balancear el sistema arbitral de inversiones

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Foto extraída de nota de prensa de Cancilleria.gov.co 

Por: Nicolás Palau van Hissenhoven y Samuel Trujillo Murcia*

Miembro ACCOLDI

Director de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio de Colombia

*Abogado Experto en Derecho Internacional de las Inversiones, Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) son tratados internacionales que protegen a los inversionistas extranjeros frente a expropiaciones o tratos discriminatorios o abusivos por parte de los Estados que reciben la inversión. Estos acuerdos, casi que como una novedad en el Derecho Internacional Público, otorgan al inversionista privado la posibilidad de demandar directamente al Estado, en su conjunto, ante un Tribunal internacional de arbitramento de inversiones, cuando considera que las medidas del Estado han afectado su inversión (este es el llamado ISDS – Investor State Dispute Settlement Mechanism). A menudo, estas disputas son administradas por el CIADI, órgano especializado del Banco Mundial en la materia.

Fruto de la reciente explosión de controversias inversionista-Estado bajo los AII en los últimos 15 años, ha habido fuertes críticas a la legitimidad del sistema ISDS. Varios laudos arbitrales (los cuales no admiten apelación) han condenado a los Estados a pagar cuantiosas sumas de dinero por decisiones estatales que una parte importante de la sociedad considera legítimas y previsibles para el inversionista. La elección de los tribunales arbitrales también ha sido duramente criticada bajo el argumento de que se trata de un cuerpo privado de árbitros, proveniente de un círculo cerrado, predominantemente masculino y anglosajón, generalmente más proclive a defender las pretensiones de los inversionistas que los intereses legítimos de los Estados. Asimismo, ha habido críticas poderosas frente a un grupo de laudos que esgrime la imposibilidad de exigirle al inversionista, a cambio de la protección, el cumplimiento de ciertos deberes de comportamiento, al entenderse que el inversionista no es una parte firmante del Tratado y que por lo tanto no podría comprometerse su voluntad en un Acuerdo entre dos países.

Los países han venido reaccionando de varias formas a esta crisis del sistema ISDS: algunos han denunciado los AIIs de los cuales hacen parte, otros han intentado reemplazar los tratados más viejos por otros más nuevos con mecanismos de defensa más fuertes para el Estado; otros han buscado interpretaciones conjuntas buscado balancear sus disposiciones de manera consensuada entre los dos Estados originalmente firmantes.

Una herramienta fundamental utilizada por algunos Estados ha sido la de publicar, y publicitar, su Modelo de AII (también conocido más coloquialmente como BIT Modelo, por sus siglas en inglés), Un AII Modelo expone el Acuerdo ´ideal´ de un país, y funciona como: i) una carta previsible de navegación para cualquier nueva negociación, re-negociación o interpretación conjunta y como: ii) una pauta interpretativa e integradora de cómo entiende y ha entendido un país sus compromisos y sus posturas en materia de Derecho Internacional de las Inversiones.

Previamente, Colombia ha tenido dos modelos de AII, en los años 2008 y 2011. Recientemente, acaba de publicar su Modelo de AII 2017, quizás el más audaz de todos. Con el Modelo, el Gobierno de Colombia expone una de las soluciones (no la única) que propone para devolverle equilibrio y legitimidad al sistema de adjudicación internacional existente en materia de inversiones. Este nuevo AII Modelo contiene propuestas para precisar el alcance de ciertas protecciones e incorpora ajustes a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, con el objetivo de buscar retornarle equilibrio y predictibilidad al sistema, manteniendo las protecciones del AII en niveles necesarios y razonables.

Encuentre una explicación completa de los avances del AII Modelo aquí. A continuación mencionamos solo algunos ejemplos de las propuestas completas explicadas en el hipervínculo. En efecto, esta entrada busca ser solo un abrebocas para la lectura y discusión de los puntos fundamentales y ambiciosos que incorpora el nuevo AII Modelo de Colombia:

  • Desarrollo sostenible y responsabilidad social de los inversionistas: desde el preámbulo del AII Modelo se reafirma que un AII tiene como objetivo el desarrollo sostenible, y que alcanzar dicho objetivo involucra también a los inversionistas. Esto va de la mano con un énfasis adicional al derecho a regular (que siempre ha existido) encaminado a proteger objetivos legítimos de bienestar como los derechos humanos y el medio ambiente. Adicionalmente, se fortalece la figura de denegación de beneficios ya que existen conductas del inversionista, como la financiación de grupos armados al margen de la ley, el causar daño grave al medio ambiente o violaciones serias a los derechos humanos, ante las cuales no puede ser merecedor de la protección del acuerdo.
  • Reclamos por parte del Estado: los países también tiene la opción de presentar reclamos contra el inversionista en el marco del procedimiento arbitral. Así lo ha entendido siempre Colombia, pero algunos tribunales arbitrales no han admitido la posibilidad de contrademandar. En el AII Modelo se aclara expresamente esta posibilidad.
  • Financiación por parte de terceros: esta práctica litigiosa, en virtud de la cual fondos especializados en adelantar litigios ´compran´ al inversionista un arbitramento de inversión bajo la expectativa de obtener una determinada participación de las indemnizaciones otorgadas, ha sido duramente criticada. En especial por su opacidad y ausencia de espíritu constructivo. En el AII Modelo se expresan, por primera vez, deberes fuertes de transparencia sobre terceros financiadores, así como límites al otorgamiento de daños ante la ocurrencia de dichos negocios.

Toda la comunidad académica interesada está invitada de manera permanente a comentar y discutir con la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio el alcance de esta herramienta, así como propuestas y alternativas frente a la posición que debe asumir Colombia relacionadas con el Derecho Internacional de las Inversiones.

Descripción general del AII Modelo

 

Por: Nicolás Palau van Hissenhoven y Samuel Trujillo Murcia*

Miembro ACCOLDI

Director de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio de Colombia

*Abogado Experto en Derecho Internacional de las Inversiones, Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio

Este documento tiene como objeto brindar una descripción resumida y conceptual del nuevo AII Modelo colombiano; principalmente de los elementos que buscan contribuir a una reforma razonable y equilibrada del sistema internacional de protección a las inversiones extranjeras.

A. Objetivos del AII: dándole prevalencia al desarrollo sostenible

El preámbulo es el lugar más idóneo para que los países detallen el objeto y propósito de los tratados que suscriben. Tradicionalmente, los acuerdos internacionales de inversión (AII) han señalado entre sus objetivos, aspectos como: la cooperación económica para el beneficio mutuo de los países, el estímulo de condiciones favorables para hacer inversiones a través de su protección y promoción, y en algunos casos hasta el deseo de mantener un marco estable para la inversión.

En el AII Modelo se enfatiza que el desarrollo que busca promover el instrumento, es un desarrollo sostenible, y que alcanzar dicho objetivo involucra responsabilidades tanto de los países como de los inversionistas. También se reafirma que el derecho a regular de cada Parte Contratante es necesario para alcanzar metas de desarrollo sostenible, promoviendo objetivos legítimos de bienestar público como los derechos laborales y el medio ambiente.

B. Qué se protege: equilibrando las definiciones de inversionista e inversión

1. Inversión

El concepto económico de inversión involucra tres elementos tradicionalmente reconocidos por los AII: (i) el compromiso de capital; (ii) la asunción de riesgo; y (iii) la expectativa de obtener ganancias. En el AII Modelo se introduce un elemento adicional para precisar el tipo de inversión que el instrumento va a proteger: la intención de mantener una presencia a largo plazo en el país. En el pasado, algunos enfoques de la academia e incluso de ciertos tribunales han pretendido exigir el desarrollo en el país receptor como un elemento de la definición. A pesar de que dicho enfoque busca un resultado deseable, impone una carga valorativa demasiado profunda al concepto de inversión, que debe ser un concepto tendiente a la objetividad de la actividad económica, y no a la subjetividad de una persona.

Aunque la intención de mantener una presencia a largo plazo tiene por definición un semblante de subjetividad (“intención”), dicha intención se materializa en esquemas y planes de negocio concretos y demostrables. Principalmente, la inclusión de este elemento adicional permite depurar actividades económicas que, desde un punto de vista estrictamente económico son una inversión pero no se alinean con los objetivos del AII Modelo, como lo son los flujos capitales que buscan una ganancia pronta y luego salen del país. Este tipo de operaciones son legítimas bajo el derecho interno y son comunes, frecuentemente se clasifican bajo la categoría “inversión de portafolio,” pero no son las actividades económicas que el AII Modelo busca proteger.

El AII Modelo contiene una lista taxativa de las formas que una inversión puede tomar. Inicialmente puede ser vista como una fórmula restrictiva, pero difícilmente se puede pensar en formas distintas a las listadas. Adicionalmente, el AII Modelo contempla una institucionalidad que permite la evolución del AII en el tiempo, y el día en que surja o se identifique una nueva forma de inversión, existirán herramientas para actualizar el contenido de la definición. El objetivo es mantener la libertad en el desarrollo de inversiones, sin que posteriormente tribunales de arbitramento otorguen las protecciones del AII a actividades económicas que eran imprevistas y posiblemente imprevisibles por los países.

2. Inversionista

Los inversionistas son y siempre serán personas naturales y personas jurídicas. Las precisiones que trae el AII Modelo van encaminadas a asegurar que tanto las personas naturales como las personas jurídicas, verdaderamente (i) sean nacionales de las Partes Contratantes y (ii) tengan la propiedad o el control sobre una inversión. En ese sentido, para demandar la protección del AII, una persona natural debe ser nacional de una sola Parte Contratante y dicha nacionalidad debe ser su nacionalidad efectiva. Adicionalmente, debió adquirir aquella nacionalidad antes de que fuera realizada la inversión, y debe conservarla luego de ello. Por otro lado, las personas jurídicas deben tener su asiento principal de operaciones en una Parte Contratante y desarrollar actividades sustanciales de negocio en dicho país, para ser considerados como inversionistas cubiertos.

Lo anterior está fundado en el principio de reciprocidad como una de las bases estructurales del derecho internacional y de las relaciones diplomáticas. La protección a un inversionista extranjero se otorga en la medida que a los inversionistas colombianos también les sea extendido el mismo trato en dicho país. En ese sentido, no existe fundamento para brindar protección (adicional al derecho interno) a inversionistas que aparentan ser nacionales de un Estado con el objetivo de acceder a los beneficios un AII, cuando la realidad económica muestra un origen distinto del capital invertido.

C. Responsabilidad Social del Inversionista y seguimiento por las Partes Contratantes

En algún momento, ciertas tendencias académicas popularizaban la idea de que (i) el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (“ISDS”) era, y debía estar, despolitizado y (ii) que los AII eran simples estipulaciones en favor de terceros, que extienden protecciones a inversionistas sin exigir algún comportamiento de su parte. En la realidad, ninguna de estas proposiciones es cierta. El AII Modelo parte de la base de que: (i) el ISDS involucra los intereses del país de origen del inversionista y dichos intereses afectan el proceso, (ii) los Estados deben velar por el adecuado comportamiento de sus nacionales, no solo dentro sino también fuera de su territorio, y (iii) el comportamiento de los inversionistas es un factor válido para determinar si ameritan o no una protección adicional a la que contempla el ordenamiento jurídico interno.

1. Comportamientos que permiten denegar protección

Tradicionalmente, los Estados pueden denegar beneficios cuando la verdadera nacionalidad de un inversionista, o la verdadera propiedad o control sobre una inversión apunta a un tercer Estado. El AII Modelo conserva estos supuestos, pero adiciona otras causales relacionadas con el comportamiento del inversionista que permiten denegar los beneficios del tratado en un caso concreto.

Baje el AII Modelo, un Estado Demandado también puede denegarle beneficios a un inversionista cuando se ha probado ante una autoridad judicial o una corte internacional que el inversionista ha: (i) cometido violaciones serias de derechos humanos; (ii) patrocinado a personas u organizaciones condenadas por violaciones serias de derechos humanos o violaciones en contra del Derecho Internacional Humanitario o patrocine organizaciones terroristas incluidas en listas internacionales; (iii) causado serio daño ambiental en su territorio; (iv) cometido serias acciones fraudulentas contra sus leyes y regulaciones fiscales y tributarias; (v) cometido actos de corrupción en violación de sus leyes; (vi) causado grave violaciones a sus leyes laborales; (vii) desarrollado actividades de lavado de dineros; o (viii) violado sus leyes penales en relación con las funciones de sus directivos o altos funcionarios.

2. Seguimiento por el País Emisor

Para (i) evitar abusos de la denegación de beneficios por el Estado Demandado y (ii) fomentar mayor control y seguimiento por parte del Estado de origen del inversionista, la denegación de beneficios debe ser notificada al inversionista y a la otra Parte Contratante. Dicha Parte Contratante tiene el derecho a oponerse a la denegación de beneficios, y dada la seriedad de los motivos por los cuales procede dicha denegación de beneficios, este ejercicio impone una carga sustancial para la Parte Contratante en asegurarse que su inversionista no ha incurrido en los actos alegados.

Lo anterior reafirma la obligación que tiene cada Parte Contratante de buscar que sus inversionistas cumplan con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, que no obstante ser una obligación de medios y no de resultados, no es un simple lenguaje decorativo en el AII Modelo.

3. Aceptación de reclamos del Estado Demandado

Tradicionalmente, la presentación de reclamos contra el inversionista por parte del Estado ha sido muy limitada. La piedra angular del arbitraje es el consentimiento de las partes y los AII contienen el consentimiento de los Estados suscriptores a ser demandados, pero no el consentimiento de los inversionistas a enfrentarse a contrademandas. Nadie puede expresar su consentimiento en un instrumento que no suscribe y los tratados, por definición, jamás son suscritos por entes privados.

En vista de lo anterior, el AII Modelo introduce un cambio que es a la vez sutil y radical: el AII Modelo no contiene una oferta incondicional por parte de los Estados para acudir a arbitraje. Acudir al mecanismo de ISDS le exige al inversionista aceptar que el Estado puede presentar reclamos en su contra en el mismo procedimiento arbitral. Este consentimiento por parte del inversionista consta por escrito siguiendo un formato que se anexa al AII. Naturalmente, el ámbito de las reclamaciones del Estado debe ser reducido y se limita a (i) los asuntos relacionados con el objeto de la disputa o (ii) los mismos comportamientos ilegales por los cuales se le puede denegar beneficios al inversionista (ver el parágrafo C.1 anterior).

D. Protecciones del AII

1. Trato Nacional y Nación Más Favorecida: aclarando la naturaleza de los principios y el propósito de la protección

El principio de no discriminación es el punto de partida de la apertura económica y una condición esencial para tener un mercado global. En ese sentido, el principio de no discriminación es anterior a los AII y se compone por dos pilares: no otorgar un trato menos favorable que aquel otorgado a, tratándose de compromisos de inversión, inversiones e inversionistas nacionales (Trato Nacional) o de terceros Estados (Nación Más Favorecida). La aplicación de estas protecciones en materia de inversión se ha desdibujado frente al sentido y propósito originalmente previsto por los Estados, particularmente por ligereza al interpretar el concepto de lo que es “trato.”

El efecto ha sido que en varios casos, para resolver una controversia entre un inversionista de un país A y un país B bajo un AII entre los países A y B, tribunales arbitrales han importado disposiciones tanto procedimentales como sustanciales de otro AII suscrito entre el país B y un tercer país C. Han importado disposiciones legales en abstracto, sin tener en cuenta el trato actual y efectivo que el país B mantiene hacia las inversiones y los inversionistas del país C.

Hace algunos años, los países ajustaron sus acuerdos para dejar claro que las cláusulas que gobiernan el procedimiento no son “trato” y se excluyen del alcance de los compromisos de Nación Más Favorecida. Sin embargo, lo mismo aplica a las disposiciones sustanciales, que en abstracto no constituyen trato alguno. El AII modelo le retorna la claridad a estas protecciones con el lenguaje estricto de la finalidad que el principio de no discriminación siempre ha buscado: la protección de la relación de competencia. Tratándose de inversiones e inversionistas, las protecciones de Nación Más Favorecida y Trato Nacional son aplicables ante una discriminación que afecta la relación de competencia que tiene la inversión o el inversionista cubierto frente a las inversiones o inversionistas nacionales o de terceros Estados, que se encuentran en situaciones similares. Esto es lo que significa el concepto de “trato.”

2. Trato justo y equitativo: la lista cerrada como una fórmula para evitar la interpretación laxa de los tribunales

El lenguaje más amplio de los AII reposa en el estándar de protección consistente en extenderle a los inversionistas y sus inversiones un “trato justo y equitativo,” en ocasiones vinculado al nivel mínimo que de acuerdo con la costumbre internacional se le debe otorgar a los extranjeros, y en otras ocasiones sin cualificaciones adicionales. Como una fuente principal de derecho internacional, la costumbre se compone de dos elementos: (i) una práctica generalizada, uniforme y reiterada por los Estados y (ii) la convicción de los Estados de que dicho actuar es obligatorio como una regla de derecho (opinio iuris), En principio, identificar una regla de costumbre internacional conlleva una alta carga probatoria y restringe el alcance de la literalidad del tratado a reglas que los Estados practican y reconocen como vinculantes. Sin embargo, esté atado o no el trato justo y equitativo a la costumbre internacional, la interpretación que varios tribunales de arbitramento le han dado a estos compromisos ha sido excesivamente laxa.

Se han popularizado ciertas interpretaciones que se apartan de las reglas que rigen la interpretación de tratados. También ha faltado suficiente rigor por parte de varios tribunales de arbitramento en identificar la costumbre internacional, muchas veces simplemente recurriendo a decisiones arbitrales anteriores que (i) a su vez no realizaron un análisis sobre las reglas consuetudinarias y (ii) únicamente son vinculantes frente a las partes de aquellas controversias específicas. En ese sentido, una aproximación liderada por Canadá y la Unión Europea, que recientemente han adoptado varios países, consiste en establecer con precisión cuáles son las protecciones de un trato justo y equitativo, de acuerdo con el propio convencimiento de los países cuáles son las reglas consuetudinarias que deben cumplir.

El AII Modelo se une a esta tendencia, ya que Colombia comparte que el trato justo y equitativo consiste en la prohibición de: (i) denegación de justicia en procedimientos penales, civiles o administrativos; (ii) violación material del debido proceso en procedimientos adjudicatarios o administrativos; (iii) arbitrariedad manifiesta; (iv) discriminación sobre bases manifiestamente indebidas como género, raza o creencias religiosas; o (v) trato abusivo hacia los inversionistas, como coerción, constreñimiento y acoso.

3. Protección y Seguridad Física: precisando el lenguaje al contenido consuetudinario del estándar

Tradicionalmente, los AII contienen la protección de otorgar una “protección y seguridad plena” al inversionista y su inversión. Como una regla de costumbre internacional, es claro que esta protección se refiere a una seguridad física, debiendo los Estados brindarle al inversionista y su inversión los esfuerzos policivos de los que gozan sus nacionales. En ese sentido, el término “plena” es reemplazado por “física”, sin que cambie el contenido del estándar de protección.

4. Expropiación: revaluando la incidencia de la legalidad de la expropiación en los daños indemnizables

La expropiación fue el eje alrededor del cual surgió el derecho internacional de las inversiones y siempre será la protección básica y fundamental de los AII. Por esta misma razón, la academia, los árbitros y los practicantes han construido castillos ideológicos sobre el concepto de expropiación. Una clasificación que ha tomado popularidad es la de expropiación legal e ilegal. En general, bajo dicho marco conceptual la legalidad depende de si la expropiación fue adoptada por razones de interés general, se llevó a acabo respetando el debido proceso y de forma no discriminatoria y estuvo acompañada de una compensación adecuada y efectiva.

El conflicto viene con las consecuencias de esta clasificación en los daños indemnizables, ya que esta línea argumenta que la ilegalidad afecta el momento en el cual se valora el activo, permitiendo cubrir mayores valores. Para nuestra tradición de derecho civil y también en el derecho internacional dónde la medida de la compensación es el daño y no se contemplan daños punitivos, no es justificable que el valor de la indemnización sea mayor ante una llamada “expropiación ilegal.” Lo anterior es agravado por el hecho de que una expropiación indirecta, según las redacciones imperantes siempre sería ilegal porque por definición no va acompañada de compensación, y cada vez más esta protección se usa ante expropiaciones indirectas.

En ese sentido, el AII Modelo establece que el momento en que se valora el activo (inmediatamente antes de tomada la medida, o del conocimiento público sobre la adopción inminente de la medida) es el mismo en todos los casos. La legalidad de la expropiación puede ser indirectamente relevante solo en la tasación de la compensación, en atención al criterio del propósito de la expropiación.

E. Derecho a Regular

Algunos académicos presentan la crítica que el sistema de protección de las inversiones tiene un efecto disuasivo tan fuerte que lleva a los países a una parálisis regulatoria por temor de enfrentarse a demandas de inversionistas. En el caso de Colombia esto no es cierto, ahora o bajo cualquier acuerdo internacional de las inversiones que haya suscrito. Como mencionado anteriormente, el derecho a regular de los Estados es necesario para alcanzar metas de desarrollo sostenible, promoviendo objetivos legítimos de bienestar público como los derechos laborales y el medio ambiente. Este es un ejercicio legítimo de soberanía que no requiere de una consagración expresa y detallada, pero el AII Modelo se hace énfasis en ello como hilo conductor de los aspectos que sí son innovadores.

Se enfatiza que el solo hecho de que una medida tomada por el Estado en ejercicio de este poder regulatorio afecte negativamente una inversión o reduzca la expectativa de ganancia de un inversionista, no equivale a una violación de alguna protección del AII. Adicionalmente se enfatizan objetivos legítimos como los derechos humanos y el medio ambiente y el carácter discrecional de las excepciones generales, que pueden ser tomadas para su protección.

En el AII Modelo se deja claro que los Estados no deben disminuir sus estándares en estas áreas como mecanismo para atraer inversiones (una práctica conocida coloquialmente como dumping social y ambiental). Cada Parte Contratante asume este compromiso ante la otra.

F. Otras propuestas novedosas para la eficiencia y legitimidad del sistema

Además de las precisiones en: (i) las definiciones que determinan qué y a quienes protege el AII, y (ii) las protecciones del tratado, que forman la parte sustancial del AII, en el modelo también se contemplan propuestas en el procedimiento de la solución de controversias inversionista – Estado, que buscan brindarle equilibrio al sistema.

1. Pensando en un defensor de la inversión (ombudsman)

El AII Modelo deja la puerta abierta para que la ley doméstica de las Partes Contratantes establezca un defensor de la inversión extranjera. De existir en el derecho interno, dicho ente debe contar con un plazo razonable para intentar resolver el caso del inversionista por medio de mecanismos no contenciosos.

2. Árbitros sin conflictos de intereses

Una de las mayores críticas al sistema de la protección internacional de las inversiones a través de arbitraje, tiene que ver con los árbitros mismos y las relaciones entre ellos que pueden generar conflictos de interés. Colombia considera que la crítica es válida pero que existe una solución muy simple y efectiva: exigir que quienes actúan como árbitros no actúen al mismo tiempo como abogados de parte en otras controversias internacionales de inversión. El AII Modelo incorpora este requisito para los árbitros que acepten su nominación.

3. Aclarando el estándar de prueba

Para nuestra tradición de derecho civil, el discurso sobre los “estándares de la prueba” resulta lejano. Salvo en materia penal, rige la sana crítica. Los sistemas jurídicos de tradición anglosajona son distintos, y el estándar más común es el de “balance de probabilidades” el cual también se ha usado en el arbitraje comercial internacional. No requiere que los hechos que fundamentan las pretensiones sean muy probables, sino más probables que su negación (51%). Tratándose de hechos internacionalmente ilícitos de los estados, este estándar (i) no existe en la costumbre internacional y (ii) es inaceptable. En vista de lo anterior, el AII Modelo aclara que el estándar de las pruebas es que las mismas deben ser claras y convincentes.

4. Financiación de terceros

El ISDS es un mecanismo de protección de inversiones, pero el mecanismo mismo no debe ser un negocio. La financiación de controversias por terceros a cambio de una remuneración sobre el resultado del proceso, es una conducta que incentiva la presentación de múltiples demandas frívolas, en detrimento de la legitimidad del sistema. Este esquema de financiación debe ser desincentivado, y el AII Modelo propone hacerlo limitando el valor máximo del laudo al valor de la financiación.

5. Equilibrio en la valoración de los daños

Dependiendo de la naturaleza de los activos que constituyen la inversión y de las afectaciones que la inversión puede sufrir, un método de valoración puede ser más valioso que otros. Lo importante es que el tribunal debe tener en cuenta la perspectiva de varias metodologías, reduciendo la posibilidad de aceptar especulaciones. En el AII Modelo se exige que el tribunal tenga en cuenta la comparación entre varios métodos de valoración junto con las declaraciones de contenido económico que han sido presentadas por el inversionista en el curso ordinario de los negocios, como declaraciones de importación, declaraciones cambiarias, tributarias, etc.

G. Institucionalidad para un AII vivo

Finalmente, el AII Modelo prevé mecanismos para que el lenguaje del AII no quede congelado en el tiempo. Se propone la creación de un consejo bilateral de inversión, integrado por miembros de ambas partes, con la capacidad de emitir interpretaciones autorizadas del AII y recomendar la inclusión de otras formas de inversión, entre otras funciones.

Individual opinions and their role and function in the publicity, transparency and authority of ICJ orders on provisional measures

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International Court of Justice. Image taken from BuzzKenya.com press realease. 

Por: Andrés Sarmiento L.

Miembro ACCOLDI

Profesor – Investigador, Universidad Sergio Arboleda y PhD Candidate, Leiden University

In one of the most recent orders on the request for the indication of provisional measures, judge Gaja appended a declaration where he noted that,

“when it comes to orders on provisional measures… [t]he Court states in the dispositif the decisions which grants, possibly in a modified form, the request of one of the Parties, but when indicates some measures, it does not record in the operative part the rejection of other requests. No reference is made by the Court in any part of the order to the opinions of individual judges with regard to the rejection of these requests.”

In fact, it is a common trend for the Court to omit any indication whatsoever in the dispositif with regard to provisional measures rejected. The Seizure and Detention of Certain Documents and Data and (the first request for the indication of provisional measures in) Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area, can be cited as recent examples of this trend.

Consequently, it is only through the individual opinions appended to the Court’s orders, that one can get an idea as to how the decision was taken (i.e. unanimously or by majority), as well as it is only in the light of a view on the contrary that the soundness and authority of the decision can be appreciated (see Gerald Fitzmaurice, ‘The Law and Procedure of the International Court of Justice: General Principles and Substantive Law’, (1950) 27 British Yearbook of International Law 2).

In the light of the two most recent orders on the request for the indication of provisional measures, this post will address the role and function of individual opinions in contributing to the publicity, transparency and authority of the decisions of the ICJ.

 

  • The request for a provisional measure indicating the suspension of all criminal proceedings against Teodoro Nguema Obiang (Immunities and Criminal Proceedings case)

In its application Equatorial Guinea requested from the Court a declaration as to the violation of article 4 of the Convention against Transnational Organized Crime (CTOC). Equatorial Guinea argues that Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, Second Vice-President of Equatorial Guinea, is immune from criminal jurisdiction from French courts. The offence allegedly committed by Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, falls within the exclusive jurisdiction of the courts of Equatorial Guinea. The initiation of criminal proceedings is therefore contrary to the principles of sovereign equality and non-intervention in domestic affairs. In consequence, it inter alia requested from the Court a provisional measure indicating that France shall suspend all criminal proceedings brought against Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue.

In paragraphs 41 to 50 of its order, the Court addressed the existence of prima facie jurisdiction concerning the CTOC. In this regard, it focused in ascertaining whether the acts complained by Equatorial Guinea were prima facie capable of falling within the provisions of the CTOC (para. 47). In analyzing this aspect, the Court noted that the obligations contained in the said treaty consist mainly in requesting states parties to introduce in their domestic legislation provisions criminalizing certain transnational offences (para. 48). In addition, the Court also noted that the purpose of article 4 is,

“to ensure that the States parties to the Convention perform their obligations in accordance with the principles of sovereign equality, territorial integrity and non-intervention in the domestic affairs of other States. The provision does not appear to create new rules concerning the immunities of holders of high-ranking office in the State or incorporate rules of customary international law concerning those immunities.” (para. 49)

Since the dispute concerns as to whether Mr. Teodoro Nguema Obiang Mangue enjoys immunity under international law, the Court concluded that prima facie a dispute with regard to the provisions of the CTOC does not exist (para. 50). The Court, however, did not state in the dispositif of its order, the rejection of the provisional measure requested. This omission from the Court was the fact that motivated the declaration from judge Gaja.

  • The request for a provisional measure indicating that Russia shall refrain from performing any action contrary to its obligations under the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (Ukraine v. Russian Federation case)

In its application Ukraine requested a declaration from the Court that Russia has violated its obligations under the Terrorism Financing Convention, together with full reparation for its actions and compliance with its obligations under the said convention. As a provisional measure, Ukraine requested the Court to order Russia that it shall (i) exercise control over its border to prevent further acts of terrorism financing in Ukraine; (ii) prevent the transfer of money, weapons, vehicles, equipment, training or personnel to groups engage in acts of terrorism in Ukraine; and (iii) ensure that groups within Ukraine, that have already received any sort of assistance from Russia, refrain from carrying acts of terrorism.

In assessing whether the rights asserted by Ukraine, under article 18 of the Terrorism Financing Convention were at least plausible, the Court noted that the said assessment should be made in the light of article 2, since the rights consecrated in article 18 are premised on the acts identified in article 2. In consequence,

“a State party to the Convention may rely on Article 18 to require another State party to co-operate with it in the prevention of certain types of acts only if it is plausible that such acts constitute offences under Article 2 of the ICSFT.” (para. 74)

For the Court, Ukraine did not put before it evidence affording a sufficient basis to find plausible that the elements of intention or knowledge set forth in article 2 were present (para. 75). It therefore concluded that the conditions for the indication of provisional measures under the Terrorism Financing Convention were not met. No subparagraph in the operative part of the order refers to the rejection of the provisional measures requested under the said treaty.

  • The contribution of the individual opinions to the publicity, transparency and authority of the decisions

Until the amendment of the Rules of Court effected in 1978, the Court had only to indicate in the dispositif, the number of judges voting in favour and against each of the subparagraphs contained therein. Their names were to remain secret, unless an individual opinion was appended and its author indicated how he voted. It was therefore argued that individual opinions would be an important instrument to ascertain the position from each of the members of the International Court. Nevertheless, article 95 of the current Rules of Court establishes that decisions should contain inter alia the number and names of the judges constituting the majority. Individual opinions seem not to be anymore, an important instrument contributing to the publicity and transparency of the decision of the Court.

Despite the above, in the case of provisional measures individual opinions still play an important role and function in the publicity and transparency of its orders. In fact, the two most recent orders from the Court are good examples in this regard.

In Immunities and Criminal Proceedings case, it is only through the individual opinions appended by judges Xue, Gevorgian and ad hoc Kateka that one get to know that, the decision from the Court on its prima facie jurisdiction ratione materiae of the CTOC was not unanimous. These three opinions reveal that a disagreement existed between the members of the Court on this point. They are also indicative of one of the aspects that will be under discussion during the preliminary objections phase.

In the same vein, in Ukraine v. Russian Federation case, the individual opinions appended by judges Owada, Bhandari and ad hoc Pocar reveal that a disagreement existed within the members of the Court, concerning the plausibility of Ukraine’s rights. Without a subparagraph in the dispositif indicating the rejection of the provisional measures requested, the order gives a false and misleading impression of the Court’s decision on the plausibility test. Hence, it is only through the said individual opinions that it is possible to get a clear and true idea of an aspect addressed by the Court in its order.

Lastly, the individual opinions appended to both orders, are also important in assessing the soundness of the Court’s reasons for rejecting the provisional measures requested. Since the decision of the majority is called into question, the views asserted by these dissenting judges are relevant for appreciating the persuasiveness of the reasons provided by the Court. This is an important aspect since individual opinions are helpful for the determination of the Court’s decisions as a precedent for future cases.

El drama venezolano y el principio no intervención: la desafortunada lectura errada y nefasta de muchos que ignora dimensiones humanitarias y comunitarias

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Multitudinarias manifestaciones en Caracas. Extraída de nota de opinión de Curiosohoy.com

Por: Nicolás Carrillo Santarelli 

Miembro ACCOLDI

Profesor de Derecho de la Universidad de La Sabana. Doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma De Madrid

 

Frente a la crisis venezolana, ante la cual los internacionalistas no podemos callar, se ha despertado una tardía y algo tímida reacción de Estados en la región, con la adopción de la Declaración de Lima o la suspensión de Mercosur, tras previos intentos en el marco de la OEA que fracasaron merced a estrategias basadas en la intimidación económica o a una perversa afinidad ideológica no exenta de doble moral en una región donde algunos son proclives a criticar (con toda justicia) los abusos de regímenes políticamente opuestos pero callan casi con complicidad ante los desmanes de otros. A aquellas iniciativas estatales se han sumado constantes condenas valientes (que generan shaming y efectos expresivos que legitiman protestas pacíficas internas en un contexto multi-nivel) del Secretario General de la OEA Luis Almagro y de ONGs como Human Rights Watch, de la CIDH, que recientemente adoptó medidas de protección a favor de la Fiscal General Ortega, y un pronunciamiento de expertos de la ONU que condena la comisión de torturas, detenciones arbitrarias y la “ruptura del Estado de derecho”, la que afecta derechos humanos en tanto existe una interdependencia entre éstos, las garantías y principios democráticos básicos, según dijo la CorteIDH en su Opinión Consultiva 9 y se sostiene en la Carta Democrática Interamericana.

Aquellas iniciativas, basadas en discursos que recurren al idioma común del derecho internacional y condenan la vulneración de la libertad, las torturas, las violaciones a la libertad de expresión y los derechos políticos, entre otras garantías menoscabadas, son un ejemplo de solidaridad y acciones en pos de la defensa de intereses jurídicos comunitarios supranacionales, según argumentó en su momento Antonio Cassese. No son sólo bienvenidas sino necesarias, toda vez que se han demostrado la inoperancia de los recursos internos, causada en parte por la erosión de la independencia judicial. Precisamente las normas internacionales sobre la protección de los seres humanos surgen tras la experiencia bélica y la constatación de la necesidad de normas mínimas comunes que reconozcan derechos con independencia de los vaivenes de las políticas y decisiones internas.

Sin embargo, el ejecutivo venezolano (que ha socavado al Parlamento y la división de poderes), y políticos de algunos países en la región, como Evo Morales y alguno colombiano, han cuestionado aquellas iniciativas al considerar que contravienen la no intervención, que ciertamente es un principio cardinal del derecho internacional (tiene por ejemplo un lugar prominente en el articulado y Preámbulo de la Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de la ONU sobre la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas). No obstante, sus acusaciones no coinciden con su sentido y alcance. En primer lugar, porque los principios generales del derecho internacional no sólo se refieren a la coexistencia, sino además a la cooperación; y no están en un vacío. Su interpretación ha de tener en cuenta otros elementos del derecho internacional (siguiendo la concepción de Dworkin), incluidos aquellos sobre derechos humanos, siguiendo un criterio de sistematicidad expuesto por la CDI, que reconoció el derecho de terceros Estados de denunciar abusos de intereses erga omnes (quedando dudas sobre la licitud de las contramedidas adoptadas por ellos, debate frente al cual veo la posible emergencia de una costumbre por la práctica y opinio juris crecientes, no exentas de críticas por otros como Rusia, que a su vez es un conocido abusador de garantías básicas), facultad a la que evidentemente se añade la posibilidad de adoptar medidas inamistosas o de retorsión como las referidas a rupturas de relaciones diplomáticas, que por ejemplo busquen aislar a un régimen percibido como autoritario y violador de derechos humanos para buscar promover un cambio en su conducta, lo cual es lícito e incluso loable. De hecho, al respecto acaba de anunciarse que Perú expulsó al embajador venezolano, como puede leerse en el comunicado oficial en este hipervínculo.

Adicionalmente, una postura teleológica permite observar que la no intervención protege, según expuso la CIJ en el famoso caso de Nicaragua contra los Estados Unidos de América, frente a la coerción (armada o no) sobre esferas en las que los Estados tengan una potestad decisoria libre, lo cual no se predica aquí en tanto los Estados no tienen la libertad de decidir si violan normas imperativas o de derechos humanos. La soberanía, como entendió en su momento la Corte Permanente de Justicia Internacional, supone el ejercicio de poderes con sujeción al derecho internacional. De hecho, en la concepción de la noción sostenida por Vattel (antes de su expresión en el artículo 8 de la Convención de Montevideo sobre derechos y deberes de los Estados) se argumentaba que la no intervención no supone una protección irrestricta a los gobernantes que abusen en perjuicio de los gobernados, según expresó Simone Zurbuchen -algo que conviene recordar en un época en la que no se debe considerar por un gobernante que ‘L’Etat c’est moi” y se habla de representatividad. Por estas razones, Myres McDougal criticó en la guerra fría la postura de algunos Estados que invocaban principios como el discutido para esconder abusos e ignorar otros componentes del derecho internacional. Si las autoridades venezolanas se empeñan en sus abusos y en ignorar el derecho internacional, pueden terminar enfrentándolo en juicios basados en la jurisdicción universal o penal internacional. La comunidad regional e internacional debe hacer algo, pues es inaceptable que persista una tragedia como la venezolana mientras el mundo, otra vez y a pesar de prometer infinitas veces que no lo hará, en gran medida calla. Los seres humanos han de ser el centro del derecho, no el Estado, pues para ellos ha de existir (como dijo Cançado Trindade en su voto a la OC-17de lege ferenda. Evidentemente, la fuerza, no sólo por su ilicitud sino además por sentido común, no es la vía, como bien insistieron hace poco representantes de Estados latinoamericanos en este caso frente a los más que inapropiados comentarios de Trump, pues puede empeorar las cosas (lo que, lamentablemente, siempre puede suceder) y generar violaciones adicionales; y cualquier sanción “inteligente” debe ser adoptada de forma tal que se garantice que no se menoscabarán el goce y ejercicio de derechos humanos de la población venezolana, siguiendo el acertado pronunciamiento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General número 8. Los internacionalistas, que según bien dijo Arnulf Becker Lorca en ocasiones hemos sido y podemos ser actores políticos (y estamos llamados a serlo) no podemos callar.

El principio de condicionalidad en la transición en Colombia: una mirada desde el derecho internacional y las experiencias comparadas

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Soldados de las Farc entregando armas. Extraída de nota de prensa de El Heraldo

Por: Juana Inés Acosta López y Cindy Espitia Murcia*

Miembro ACCOLDI

Directora de Profesores e Investigación, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de La Sabana.

*Comunicadora Social y estudiante de Derecho de la Universidad de La Sabana

El principio de condicionalidad es un eje rector de los procesos de justicia transicional. Existe cada vez más una conciencia en la academia y en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) frente a su necesidad, para equilibrar, realmente, la búsqueda de la paz – con las correspondientes concesiones, propias de la negociación – y la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición.

Una aproximación a las experiencias recientes de Estados que han orientado sus esfuerzos para alcanzar la reconciliación, mediante una salida negociada de la guerra, permite observar al menos dos modelos de aplicación de mecanismos de racionalización de la acción penal. El primero, reconocido como el “perdón amnésico”[1], que fue aplicado por Angola, Sierra Leona – con el Acuerdo de Abidján – y Senegal, concibe a la justicia como un elemento contingente del post-conflicto. Por lo tanto, mediante el otorgamiento de amnistías en blanco, fija su mirada en el futuro y restringe los espacios para cualquier evocación al pasado, incluyendo la rendición de cuentas de los beneficiarios de los tratamientos penales especiales y el esclarecimiento de la verdad.

El segundo modelo, sobre el que se profundizará en este texto, ha sido denominado como el “perdón responsabilizante”[2], y comprende una visión integral de la justicia transicional, en la cual la aplicación de mecanismos de racionalización de la acción penal se articula con mecanismos extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas y la construcción de la memoria histórica. La doctrina ha identificado a Sudáfrica y al Líbano como Estados que, aunque no lograron materializar en su totalidad los propósitos de este concepto, sí establecieron desde la concepción del proceso de justicia transicional un modelo de beneficios penales, condicionados a la participación de los beneficiarios en el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

A pesar de que los casos que han implementado el segundo modelo son reducidos, el DIDH lo ha reconocido como el escenario más idóneo para la construcción de la paz sin sacrificar los derechos de las víctimas. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un informe sobre la situación de Colombia, señaló que el otorgamiento y la irrevocabilidad de los beneficios penales deben supeditarse al cumplimiento, por parte de los eventuales titulares, de condiciones como i) la entrega de armas; ii) el reconocimiento de responsabilidad; iii) la no reincidencia en actos victimizantes; iv) la contribución al esclarecimiento de la verdad y v) el aporte a la reparación integral de las víctimas[3].

Esta postura, que ha sido respaldada por la doctrina[4] y por la Corte Constitucional colombiana[5], surge con la finalidad de que los victimarios que reciban la concesión del Estado no omitan su importante rol en la reivindicación de quienes vieron afectados sus derechos en el marco del conflicto y en la promoción de un escenario de paz y reconciliación[6].

Colombia ha optado por incorporar este modelo. Así, tanto en el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC como en la Ley de Amnistía[7] – recientemente aprobada -, se ha establecido que los actores del conflicto armado que se rehúsen a participar en los programas de reparación a las víctimas y a aportar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, de la Convivencia y No Repetición y a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, perderán el derecho a que se les aplique un tratamiento penal especial.

Si bien la concepción del principio de condicionalidad como eje del proceso de transición hacia la paz que actualmente adelanta el país es muy significativo; importantes cuestionamientos deberán ser abordados para dotar de seguridad jurídica el proceso.

Por un lado, resulta central que se defina la cualifiación de la participación que se requiere para acceder o mantener los beneficios de racionalización de la acción penal. Si bien es cierto que no resultaría adecuado establecer fórmulas rígidas, sí es necesario que se fijen criterios básicos que permitan evaluar la contribución de los excombatientes, pues sólo así se garantizará que no se burle el sistema, permitiendo que cualquier actuación se considere como adecuada para cumplir la condición – como ocurrió en Sudáfrica -, y que toda decisión que restrinja la titularidad del beneficio penal sea justificada, de conformidad con los estándares internacionales referentes a la debida motivación[8] – aspecto omitido en la implementación del Acuerdo de Lomé en Sierra Leona[9] -.

Por el otro lado, es muy importante que se fijen los parámetros del mecanismo que deberá ser adelantado para monitorear la materialización de las condiciones de los beneficiarios y revocar, tras la verificación del incumplimiento, el tratamiento penal especial. Así, definir el mandato del órgano que llevará a cabo tal labor y el procedimiento que deberá surtirse – garantizando siempre el derecho a la defensa de las partes – será central para evitar arbitrariedades que cercenen la confianza y la legitimidad en el proceso de implementación del Acuerdo; aspectos fundadores y necesarios para la construcción de la paz.

La respuesta a estos interrogantes en el actual proceso colombiano – que requerirá de una activa participación de la academia – no sólo permitirá materializar con eficacia, equidad y justicia el principio de condicionalidad como fundamento del posconflicto, sino que también sentará un precedente que será útil para los futuros procesos de paz promovidos en Colombia y en el mundo.

Notas:

[1] Cfr. AMBOS, Kai. The legal framework of transitional justice: a systematic study with a special focus on the role of the ICC. En Building a Future on Peace and Justice. Springer Berlin Heidelberg, 2009. p. 19-103; UPRIMNY, Rodrigo. Rodrigo Uprimny Yepes. ¿Justicia transicional sin transición?, 2006.

[2] UPRIMNY, Rodrigo. Rodrigo Uprimny Yepes. ¿Justicia transicional sin transición?, 2006.

[3] CIDH. Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/13. 31 de diciembre de 2013, pág. 154.

[4]  Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-579/13. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

[5] TRANSITIONAL JUSTICE INSTITUTE. Grupo de expertos: Las pautas de Belfast sobre amnistía y responsabilidad. 2013, pág. 9.

[6] Ibídem.

[7] Ley 1820 del 30 de diciembre de 2012.

[8] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, Párrafo 119; Corte IDH. Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, Párrafo 123.

[9] MALLINDER, Louise. Beyond the Courts? The Complex Relationship of Trials and Amnesties. 2011.

De Doha 2001 a Nairobi 2015: Una agenda para el desarrollo en la OMC que se desvanece, pero no muere.

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Foto extraída de galería de Xihuanet

Por: Laura Victoria García-Matamoros y Juan Sebastián Pereira Rico*

Miembro ACCOLDI

Profesora Asociada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, investigadora en el área de derecho internacional privado y derecho internacional económico.

*Estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, integrante del Observatorio de Derecho Internacional.

Después de intensas disputas sobre el futuro de la Organización Mundial del Comercio, iniciadas en la Conferencia Ministerial en Seattle en 1999, en 2001, los Estados Partes se reunieron en Doha para discutir una agenda para el desarrollo. Los principales aspectos a tratar, giraban en torno de la agricultura, los subsidios, la inversión extranjera y la propiedad intelectual, entre otros. Temas sobre los cuales los miembros hicieron promesas en cuanto al cronograma y al alcance esperado de las decisiones.

No obstante las promesas hechas, las discusiones se fueron extendiendo y la decisiones aplazando por la oposición de grupos conformados mayoritariamente por economías desarrolladas, que veían cómo su discrecionalidad cuasi ilimitada, generaba serias oposiciones. Así, en el marco de estos grupos, ha sido notoria la relevancia de economías emergentes como Brasil o India, no solo en la progresión de las Conferencias Ministeriales, sino en la construcción de bloques, que al unirse por sus intereses comunes, desestabilizan la forma tradicional en la toma de decisiones en la OMC, de manera tal las economías en desarrollo y particularmente las emergentes, ya no aceptan las imposiciones de las potencias desarrolladas, muestran sus desacuerdos y plantean nuevas soluciones a aspectos polémicos.

Así, quince años después de haberse iniciado la Ronda de Doha para el Desarrollo, el balance es más negativo que favorable, en el sentido de que no se ha avanzado como se esperaba en los temas de desarrollo, pero hay que reconocer que tampoco se han profundizado más en las medidas esperadas por las economías desarrolladas. Para ilustrar lo anterior, podemos revisar lo ocurrido en la Conferencia Ministerial de Nairobi en 2015, particularmente en el tema de Agricultura, en el que se ha avanzado en tres áreas centrales: subsidios a las exportaciones, el Mecanismo de Salvaguarda Especial (MSE) para países en vía de desarrollo y la participación en el mercado público en materia de seguridad alimenticia[1].

En lo relativo al MSE, mecanismo concebido para los países en vías de desarrollo, que les permite incrementar los aranceles de productos agrícolas cuando se presente un desequilibrio en la balanza comercial, de manera que se logre incrementar el precio de estos productos importados, como alternativa para proteger a los campesinos y productores locales. Lo anterior, junto con el reconocimiento del derecho a recurrir a un mecanismo especial de solución de controversias exclusivo para ellos.

El problema en este punto es que no ha sido delimitado, entre otras por la confrontación al interior del G-7 (Australia, Brasil, China, la Unión Europea, Estados Unidos, India y Japón), y entre el G-33 y el Grupo Cairns. La controversia gira en torno a la manera en la que se debería desarrollar el MSE.  Una posición la define como el medio de protección de la agricultura local y otra la concibe como mecanismo excepcional limitado por periodos de tiempo.  La primera expone que el MSE debe ser más abierto y fácil de usar, con factores de activación más laxos y una mayor capacidad del Estado de aumentar los aranceles, considerando que el desbalance es producto de los subsidios agrícolas de los países desarrollados, postura defendida por el G-33, conformado por países en vías de desarrollo de que buscan limitar el ingreso de productos agrícolas. El segundo considera que el MSE debe ser más restrictivo, y debe ser consistente con la reducción de aranceles a la que se había llegado antes de Doha. Los defensores del mecanismo más restrictivo son Estados Unidos y los miembros del Grupo Cairns (donde se encuentra Colombia), varios de ellos con economías emergentes o de desarrollo medio, exportadores de productos agrícolas que temen mayores limitaciones al ingreso de sus productos.

Por otro lado, en cuanto a la seguridad alimentaria, en Nairobi se dota a los Estados en vías de desarrollo de la posibilidad adquirir stocks de alimentos a precios regulados, que garanticen la seguridad alimentaria. El punto en cuestión ha sido controversial porque muchas economías emergentes temen que estas medidas sirvan para disfrazar subsidios y deformen compromisos comerciales. Para evitar mayores confrontaciones al respecto, la conferencia de Bali incluyó una cláusula de paz donde estas políticas quedarían excluidas hasta tanto no se logre una solución de fondo; tal solución espera ser lograda en la conferencia de Buenos Aires que se desarrollará este año 2017.  Se deja entonces abierto el foro para futuras discusiones en el tema, pero debiendo obedecer a una dinámica mas rápida y concreta que la de Doha[2].

Como se observa, la Conferencia Ministerial de Nairobi fue el espejo de la continua incapacidad de tomar decisiones definitivas cuando no se escucha a todas las partes de una negociación. Por un lado, la Unión Europea y los Estados Unidos no pudieron seguir conduciendo las negociaciones basados en sus exigencias, limitando su rol excluyente y exclusivo. Por otra parte, Estados que otrora no tenían capacidad decisoria han tratado de proteger sus intereses en el marco multilateral. Infortunadamente persisten las desigualdades negociales y las carencias económicas que impiden propuestas cohesionadas de países con niveles económicos cercanos, además de que los temas sensibles se han dejado a los tratados bilaterales o neoregionales, en los cuales la capacidad de negociación es más débil para aquellos Estados que en el foro multilateral han tratado de unir esfuerzos. Sin duda, la OMC está en crisis, pero desde la perspectiva de los intereses comerciales de los países en desarrollo, merece una defensa como escenario de negociación más equilibrado, en comparación con aquellos en los que se pactan los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Inversión.

[1] Suh J. y Hyo-young L. (2016),  Outcome and Implications of Nairobi Ministerial Conference, KIEP World Economy Update, p.3.

[2] World Trade Organization. “Agriculture Negotiations: Fact Sheet – The Bali decision on stockholding for food security in developing countries”, disponible en : https://goo.gl/qpQWWA

 

 

 

 

 

Obligaciones a inversionistas bajo Derecho Internacional: Por qué sí, por qué no, y la importancia del cómo.

Por: Rene Urueña

Miembro Fundador de ACCOLDI

Profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Los Andes, Presidente de Academia Colombiana de Derecho Internacional

Hace un par de semanas, hice une presentación sobre arbitraje de inversión y justicia transicional en el marco de una magnífica conferencia organizada por la Universidad del Rosario, la Universidad del Norte y la Universidad de Cornell.

En el segmento de preguntas, expresé dudas sobre la conveniencia de establecer obligaciones autónomas para inversionistas bajo el régimen de inversión. Para continuar la conversación, transcribo a continuación una nota que resume mi racionamiento sobre este punto, publicada como “Nicht küssen, schlucken!: Wie CETA und TTIP durch Investorenpflichten verbessert werden könnten”, en el Internationale Politik und Gesellschaft de Octubre de 2016.

Investor duties? Why, how …. And why not

The international investment regime, composed of a network of international treaties that provides strong protections to foreign investor all around the world, is under heavy fire.  Europeans of different walks of life are resisting the inclusion of an Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) or, at the very least, are demanding that its powers be limited.  Americans, in turn, seem to be having the same doubts:  whoever wins the next elections in the US, it seems clear that the TTIP will have a hard time passing through Congress, in no small measure due to ISDS.

By doing so, Europeans and Americans are joining a chorus of voices from Latin America, who for a decade have denouncing the effects of ISDS in their own countries.  After years of signing investment protection treaties without much reflection, the Argentinean experience in 2001 gave a moment of pause to many Latin-Americans.  The Argentinean financial crisis triggered an amazing cascade of investment litigation against that country, shaking many in the region. While, no doubt, much of the pain derived from the crisis was self-induced, it was also clear that ISDS prevented Argentineans to deal appropriately with the fallout of the emergency.  Similarly, in the early 2000’s Bolivians, Ecuadorians and Venezuelans also felt the pressure in their own economies, while Colombian and Peruvians are recently beginning to be the target of litigation.  While Brazil never did jump into the investment regime wagon, the landscape in the region will be familiar for civil society in elsewhere:  Latin-Americans are increasingly weary of ISDS, and they see it as a growing risk for the ability of the state to achieve its goals, particularly with regards to social and environmental rights.

Why start thinking about investor duties?

In this context, one idea that has gained some traction is the inclusion of investment duties in treaties such as the TTIP. The logic is clear.  Investment treaties include only investor rights, and correlative duties on behalf of states hosting the investment.  Nowhere to be found are investor duties, which seems to contradict basic fairness.  Moreover, as it stands, ISDS seems closer to an insurance scheme for the investor, where investment arbitration protects the investor against the risk of host state misconduct — but the investor pays no prime for its insurance.

Investor duties therefore emerge as a way, first, of balancing the overall architecture of the investment regime:  investor have rights and duties; host states have rights and duties.  In this fashion, the powers of ISDS seem less threating to states’ regulatory power. If the ISDS is there to enforce not only investor rights, but also investor duties, then much of the risk associated with a powerful ISDS seems to diminish.

Most importantly, though, by creating duties for the investor, the investment regime creates a threshold for investors to benefit from the generous privileges bestowed upon them by treaties, such as the TTIP.  The enjoyment of rights requires a minimal respect of basic duties.  The imposition of duties forces investors to realize that they, together with host states and civil society, are part of the same legal network to which they all contribute and from which they all benefit, just as we are all part of the same economic network that provides opportunities and imposes burdens on us all.

How to start thinking about investor duties?

Investment duties are currently not included in standard investment treaties, and have not been explicitly recognized by investment arbitrations tribunals.  This framework can be changed, through at least three mechanisms, which are non-exclusive.

Investor duties as part of the definition of “investment”

One particularly efficient way is for investor duties to be factored in the definition of “investment” that is subject to protection by the regime.  By and large, the investment regime and ISDS only operate when an “investment” exists.  The fulfilment of investor duties could be required for an economic undertaking to be considered an actual “investment” under the law, and hence liable to protection.

Consider, for example, that one investor duty should be to refrain from polluting.  In order to achieve the respect of that duty, investment arbitrators could decide that an investment that pollutes is not an actual “investment” under the law, and hence cannot be protected.  Some investment treaties already include clauses that require investments to “respect local law” of the host state (for example, environmental regulation). Such language could provide the legal basis for this strategy; but, even if treaties include no reference to respect of local laws, investment arbitrators could require the fulfilment of certain basic duties of good faith on behalf of the investor before claiming protection from the ISDS.

Unambitious as this may sound, a generalized move in this direction by arbitrators would have an important impact, as it would not require renegotiating treaties, but would send the important signal that, structurally, investment treaties and the ISDS are not solely for the protection of investors, but also allow for the review (however modest) of their behavior.

Investor duties as a defense in case of breach

A second alternative is that investment tribunals accept breaches of basic duties by investors as an acceptable defense for states, when they are accused of breaching their own obligation vis-à-vis the investor. Thus, if a state is accused of breaching an investment treaty, it might decide to accept responsibility, but defend itself by saying that the investor in turn has breached its basic duties of good faith, a fact that should be considered by the investment tribunal.

Consider, for example, if an investor is vastly negligent in planning its investment:  for example, failure to acknowledge (or willingness to ignore) a history of currency instability of the host state.  Clearly, there is no legal duty under the investment regime to be diligent.  In fact, what we see in practice is that investors allow themselves to be particularly risk embracing, under the understanding that ISDS will provide protection if they go bust.

However, if negligent investor files a claim against a state, and that state is allowed to present evidence of the investor’s negligence as a partial justification of the breach (eg: “I did change the pricing system of your investment, but you knew I have always had currency problems”), then the investor will be forced to take a second look at its investment practices.

Again, this may sound unambitious, and may only apply to a limited number of cases.  But if investor behavior is indeed studied in relation to the responsibility of the state, then it becomes possible to think of reducing the investor’s compensation due to its own non-fulfillment of duties of good faith. This simple move, while still finding the state responsible for the breach, would go a long way to reducing the impact of the ISDS on regulatory power, which is based on fear of large compensation to investors.

Creating free-standing investor duties? (and why not)

The final strategy would imply creating free standing duties for the investor, under a new, or renegotiated treaty, thus imposing all the rights that one may want to the investor (diligence, respect of human rights, labor standards or the environment, and so on). This option is not legally complex, and highly politically unlikely.  For example, one could include the duty to respect human rights, or respect the environment. States would be, therefore, able to use the ISDS to directly sue the state for breach of such duties. For some activists, this strategy appears like the ideal course of action. “Even if politically difficult”, some say, “this is what we should fight for:  that the treaty includes direct duties for investors”.

I often find myself doubting of the wisdom of this strategy.  At first sight, it might seem that, indeed, imposing direct obligations is indeed the highly ambitious goal that, if achieved, would really bring investors in line.  However, the reality is that imposing direct duties to investor would, in basic fairness, only call for the recognition of direct rights for investors under international law.  Up to now, what we have is a system in which investor rights are derivative; that is, investor rights are in fact an obligation of the host state towards the state of origin of the investor, that is a party to the treaty.  Technically, investor “rights” can be read as investor “privileges” that can be enforced via arbitration.  This makes investor rights different from human rights, that are bestowed directly to the individual because of the inherent qualities of dignity present in human beings.  By calling for direct duties, we are also implicitly invoking the possibility of direct rights of investors.  Do we really want this human rights vocabulary to start applying to investors? I think not.  We should beware what we wish for.

Investor duties?

Investor duties is a useful strategy to both check the unlimited powers of the ISDS, and have investors share some of the risks (and not only the benefits) of the investment regime. However, despite its apparent benefits, the most extreme solution of direct duties is counterproductive. In contrast, the other two indirect strategies described above may sound less ambitious, but may be ultimately more effective.

The ICC Preventive Function with Respect to the Crime of Aggression and International Politics.

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Por: Héctor Olasolo & Lucía Carcano*

Miembro ACCOLDI

 Presidente del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (“IIH”) y Director del Anuario Iberoamericano De Derecho Internacional Penal (Anuario Iberoamericano de Derecho Penal Internacional) 

*Estudiante de Derecho, Universidad del Rosario. Estudiante Auxiliar Curso Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y miembro de la Clínica de Derecho Internacional de El Rosario. 

In most national systems, criminal liability arises when a person agrees to commit an ordinary crime, participates in the design of a criminal plan, or contributes to establishing the conditions necessary for its execution. The extension of the scope of criminal law at the national level to criminalize preparatory acts for ordinary crimes, regardless of whether the crime is subsequently completed or even initiated, has been used, to an important extent, to confront situations in which a group of persons engages in criminal conduct to achieve economic (e.g., trafficking of human beings, drugs, and weapons, or money laundering) or political (e.g., terrorism) goals. The question that then arises is why preparatory acts for the international crimes that come under the jurisdiction of international criminal tribunals and hybrid tribunals are not criminalized in international criminal law, for the most part. In addition to constituting the most egregious attack on the core values of international society, such acts are of a unique magnitude, have a collective nature, and take place in an organizational context.

The interpretation of the definition of the crime of aggression adopted in 2010 at the Kampala Review Conference brings up this very same question[i]. According to article 8 bis(1) of the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC), the crime of aggression consists of the “the planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over or to direct the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations.”[ii] Paragraph 2 of this provision completes the definition by further elaborating on what must be understood by an “act of aggression”: “the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations.”[iii] It then includes a list of acts, “which regardless of a declaration of war, shall, in accordance with United Nations General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974, qualify as an act of aggression.”[iv]

For an external observer, the ordinary meaning of this definition leaves no room for doubt concerning the criminalization of the preparatory acts (e.g. planning) for a state’s act of aggression against another state, regardless of whether the act of aggression is ultimately completed or even initiated through a “substantial step.” This interpretation is further supported by the purpose of the Rome Statute and the functions entrusted to the ICC Prosecutor to achieve it. In this regard, it is important to highlight that acts of aggression are not unavoidable and often are not unforeseen. They usually take extensive planning and preparation by the highest political and military ranks of the aggressing state, as they require collective effort and organization within the state.[v] Furthermore, the international community usually has substantial information about impending acts of aggression, which, regrettably, is ignored or minimized by high-level national and international decision makers with competing political agendas.

The ICC´s mandate has a dual nature. On one hand, the ICC aims to end impunity for international crimes both to uphold international criminal law and reinforce the core societal values it protects and to send the message to the world’s leadership that those who engage in crimes within its jurisdiction will not get away with them.[vi] On the other hand, the ICC has a preventive function involving timely intervention in situations where there are tangible indicia of future crimes falling within the ICC’s jurisdiction, or where such crimes are already taking place.[vii] This second function is discharged primarily by the ICC Prosecutor through her preliminary examinations, which cover a broad range of situations.[viii]

Although the ICC Prosecutor cannot rely on coercive measures during her preliminary examinations and not all forms of States Party cooperation are available,[ix] the potential of preliminary examinations to incentivize national authorities should not be underestimated. Indeed, using diplomatic and media channels to bring the world’s attention to the plans of a state´s most senior leaders to execute acts of aggression—and highlighting the possibility that these leaders could escape ICC prosecution, should they abandon their plans and take the necessary preventive measures—has the potential to be a powerful tool. Moreover, from the perspective of ensuring a timely reaction to credible threats of aggression, the Rome Statute appears to offer unprecedented opportunities. While other international bodies, such as the UN Security Council and the UN General Assembly, usually engage in long negotiations before deciding to intervene in a situation, the ICC Prosecutor has greater flexibility and does not depend on interested stakeholders to open a preliminary examination.[x]

Furthermore, article 15 bis of the Rome Statute does not prevent the ICC Prosecutor from discharging her preventive function regarding the execution of acts of aggression. Under this provision, the Prosecutor can proceed with an investigation after concluding her preliminary examination only when the United Nations Security Council has made a determination that an act of aggression has taken place or with the authorization of the Pre-Trial Division, when two conditions are met: (i) the Security Council has not made a determination within six months of the ICC Prosecutor´s notification to the UN Secretary General of her conclusion that there is a reasonable basis to proceed; and (ii) the Security Council has not requested that the ICC Prosecutor refrain from opening an investigation under article 16 of the Rome Statute.[xi] The application of this provision, however, comes only at the end of the ICC Prosecutor´s preliminary examination. Therefore, it has no impact on the way in which the ICC Prosecutor may conduct her preliminary examination to discharge her mandate to prevent the execution of acts of aggression through timely intervention in situations where there are tangible indicia of their planning and preparation.

But, if an interpretation “in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms”[xii] of article 8 bis and the fundamental purpose of the ICC support the criminalization of preparatory acts, why is there so much opposition to this interpretation among scholars and practitioners? For some, it is a question of positive law. The interpretation outlined above is contrary to the ICC Elements of Crimes, which require the actual commission of the act of aggression for criminal liability to arise for either the executed or the preparatory acts.[xiii] The ICC Elements of Crimes, however, cannot amend the content of the definition of the crimes provided for in the Rome Statute, as the elements must always “be consistent with . . . [the] Statute” and their role is limited to assisting the ICC in the Statute’s interpretation and application.[xiv]

For others, it is a question of the general theory of criminal law because the interpretation outlined above runs contrary to the “harm principle,”[xv] as it leads to the criminalization of preparatory acts without “the actual causation of harm or the actual violation of a protected (legal) interest in order to justify the intervention of the criminal law without violating the principle of culpability.”[xvi] Yet one cannot assert that such preparatory acts do not affect a protected legal interest of the states concerned and international society at large when there are tangible indicia of the planning and preparation of an act of aggression by the most senior state officials. Moreover, if the planning of an illegal sale of weapons by a group of persons acting in a concerted manner is considered to fulfill the harm principle in many examples of domestic legislation, how is it possible that the planning of an act of aggression against another state by a state’s highest political and military ranks cannot fulfill this principle?

Finally, for many, it is a question of international politics. The most powerful military power in the international community (the United States) not only is unbound and unaffected by the definition of the crime of aggression in the Rome Statute, but it has also tried consistently to avoid any definition of this crime.[xvii] Other major world and regional military powers, both with nuclear weapons capabilities (such as China, India, Israel, North Korea, Pakistan, and Russia) and without such capabilities (such as Egypt, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and Turkey), also are not bound or affected by the definition of crime of aggression in the Rome Statute.

Furthermore, the only two nuclear powers and permanent members of the UN Security Council that are States Parties to the Rome Statute (the United Kingdom and France) want a myriad of safeguards to make sure that the ICC does not interfere with the UN Security Council’s power to decide when there is a threat to peace, a breach of the peace, or an act of aggression and to take any necessary diplomatic, economic, or military coercive measures to maintain and restore international peace and security.[xviii] Other important actors in the international community, like Japan, have also called into question the legality of the final agreement reached in Kampala by the States’ Parties,[xix] even though article 15 bis ensures (i) that in the absence of a UN Security Council referral, the Kampala amendments apply only to acts of aggression committed by States Parties that have not lodged a declaration with the ICC Registrar declaring that they do not accept the ICC jurisdiction over the crime of aggression and (ii) that the ICC shall not exercise its jurisdiction over the crime of aggression when the acts are committed by nationals or in the territory of non-party states.[xx]

In light of this opposition, one wonders whether there will ever come a time when the main state actors in international society will be prepared to have their use of armed force against third states reviewed by an international tribunal for the purpose of adjudicating the criminal liability of their most senior political and military leaders. Needless to say, only when such time comes will the ICC Prosecutor be in a position to carry out her preliminary examinations effectively, fulfilling her mandate to prevent the execution of acts of aggression by the main military powers of the world against third states through timely intervention in situations where there are tangible indicia of their planning and preparation.

Notes:

[i] International Criminal Court, Assembly of States Parties, Review Conference, The Crime of Aggression, ICC Doc. RC/Res. 6 Annex I, art. 8 bis(1) (June 11, 2010).

[ii] Rome Statute of the International Criminal Court, art. 8 bis(1), July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 90, rev. 2010 [hereinafter Rome Statute].

[iii] Id., art. 8 bis(2).

[iv] Id. On the perceived difficulties of defining the crime of aggression, see Benjamin B. Ferencz, A Nuremberg Legacy: The Crime of Aggression, 15 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 555, 556 (2016).

[v] See Kai Ambos, Epilogue: Future Developments of International Criminal Law in relation to the Responsibility of Superiors for International Crimes, in Héctor Olásolo, The Criminal Responsibility Of Senior Political And Military Leaders As Principals To International Crimes 331, 331–336 (2009).

[vi] Cf. R. CRYER ET AL., AN INTRODUCTION TO INTERNATIONAL CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 27 (3d ed. 2014).

[vii] Id.

[viii] Héctor Olásolo, The Role of the International Criminal Court in Preventing Atrocity Crimes Through Timely Intervention, in ESSAYS ON INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE 1, 3 (Héctor Olásolo ed., 2011).

[ix] Upon the initiation of an investigation, the ICC Prosecutor can use coercive measures, as well as all forms of State Party cooperation provided for in Article 93 of the Rome Statute. See Rome Statute, supra note 2, arts. 54, 57, 93.

[x] See Rome Statute, supra note 2, arts. 13–15.

[xi] See Rome Statute, supra note 2, art. 15 bis.

[xii] Vienna Convention on the Law of Treaties art. 31(1), May 23, 1969, 1155 U.N.T.S. 331.

[xiii] See CRYER, supra note 6, at 329; CARVAJAL CORREDOR ILICH FELIPE, EL CRIMEN DE AGRESIÓN EN DERECHO PENAL INTERNACIONAL: RESPONSABILIDAD DEL INDIVIDUO POR ACTO DE ESTADO [61-102] (2012); ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: A COMMENTARY [580-618] (Otto Triffterer & Kai Ambos eds., 3d ed. 2016).

[xiv] See Rome Statute, supra note 2, art. 9.

[xv] KAI AMBOS, 2 TREATISE ON INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: THE CRIMES AND SENTENCING 208 (2014).

[xvi] Id.

[xvii] Harold Hongju Koh, Legal Adviser, U.S. Department of State, Statement at the Review Conference of the International Criminal Court, Kampala, Uganda (June 4, 2010), https://2009- 2017.state.gov/s/l/releases/remarks/142665.htm.

[xviii] See AMBOS, supra note 15, at 190–96.

[xix] See Robert L. Manson, Identifying the Rough Edges of the Kampala Compromise, 21 CRIM. L. FORUM 417, 421–422 (2010); Claus Kreß & Leonie von Holtzendorff, The Kampala Compromise on the Crime of Aggression, 8 J. INT’L CRIM. JUST. 1179, 1212 (2010).

[xx] See Rome Statute, supra note 2, art. 15 bis.